Derechos humanos y corrupción

La intrínseca relación entre corrupción y violación de los derechos humanos pueden dar al traste con la construcción de paz en un país en el que los esfuerzos por combatir ambos son infructuosos.

Alirio Calderón Perdomo
Alirio Calderón Perdomo
Abogado
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14 de Diciembre de 2016

Esta semana se celebró sin mayores ecos, el día de los derechos humanos y contra la corrupción, que solo muestran la vergüenza e incapacidad estatal, para combatir el gigantesco y devastador daño que hace a la sociedad colombiana.

La vergüenza es mayor porque la institucionalidad, el sector privado y muchas organizaciones no gubernamentales, enarbolan y se inspiran en postulados para su defensa y salvaguarda; con resultados estrepitosamente desalentadores y sus nefastos alcances, tienen cada día mejores y más calificados protagonistas.

Entender y sobre todo actuar en defensa de los derechos humanos de una sociedad y la cultura de respeto por las reglas de moralidad y de legalidad, que rigen cualquier sistema de gobierno, se encuentran hoy seriamente amenazados por convivencia.

En el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2015 de Transparency International, Colombia obtiene un puntaje de 37 sobre 100 (siendo 0 mayor percepción de corrupción y 100 menor percepción de corrupción), exactamente la misma calificación del año anterior, ocupando el puesto 83 entre los 168 países evaluados.

En derechos humanos las cifras son igualmente desalentadoras, de más de 3.500 casos de ejecuciones ilegales, tan solo hay condenas en 402 casos. Y, frente a los crímenes de defensores de derechos humanos, el resultado es peor, pues de más de 300 crímenes cometidos en los últimos 6 años, solo hay una sentencia.

A pesar de los aislados y relegados esfuerzos del Gobierno Nacional, el sector privado y la sociedad civil, por combatir la corrupción en Colombia y la violación de los derechos humanos, no se vislumbra acciones concretas que garanticen una seria y eficaz manera de lograrlo.

Elisabeth Ungar Bleier, Directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia, sostiene que “la corrupción puede ser el mayor riesgo para una paz estable y duradera y olvida que el irrespeto a los derechos humanos, es igual o peor; pues lo ocurrido recientemente en Colombia, con el aciago y sistemático asesinato de líderes, son una combustión muy peligrosa para dar al traste con esa paz estable que anhelamos todos.

Están intrínseca y simbióticamente coaligados, estos dos grandes monstruos; que no solo amenazan la paz, sino que apuntan contra la estabilidad y existencia misma de un orden democrático justo; por tanto las acciones que los combata, pasan por entender que el uno existe por el otro y viceversa y que en consecuencia su prevención y erradicación, pasa por la misma quimioterapia.

Lamentablemente, la solución es difícil y compleja, pero una ruta seria de solución, comporta una decidida voluntad política del Estado; pues con ejemplos como los dado por el ex Magistrado Pretel, reficar, agro ingreso seguro, los falsos concursos públicos, la puerta giratoria, la criminalidad en la política y muchos otros; es casi un imposible lograr resultados serios, por cuanto esos ejemplos, como tantos otros, que a diario vemos, acrecientan la desconfianza de los hombres y mujeres que realizan con honestidad sus trabajos y paralelamente contagian e invitan a muchos otros a repicar ese colosal y dañino actuar.

Por eso es tan doloroso ver en la provincia cada vez más alcaldes, gobernadores, jueces y policías entre tantos otros funcionarios públicos, que tengan la coima, como asesora de sus actos administrativos, porque por el contacto directo entre sus gentes y los funcionarios públicos, el daño es devastador y pandémico; lo que hace imperioso que los de arriba entiendan, que sus malas e indecentes actuaciones, son un fuego permanente para los de abajo, que impiden apagar la llama fulgurante de la corrupción y violación de derechos humanos en Colombia y solo una justicia incólume, puede hacer posible esta dura tarea.