Crimen organizado, violencia homicida e impunidad.

Con la presentación del Censo Delictivo de la FGN, se pone en evidencia problemas de fondo que las autoridades de seguridad y justicia, incluida la propia Fiscalía, deben abordar para solucionar el incremento de la violencia homicida en los primeros cinco meses de 2018.

Hugo Acero
Hugo Acero
Experto en seguridad y convivencia
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10 de Julio de 2018

Bandas criminales, disidencias y ELN.

Los mayores crecimientos de los homicidios dolosos se están presentando en algunos de los departamentos y zonas donde actualmente las bandas criminales, las disidencias de las Farc y el ELN se disputan el control de los territorios dejados por las FARC y por el manejo del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, entre otros negocios ilegales.   

De acuerdo con la Fiscalía, el departamento de Córdoba encabeza la lista con un aumento del 72,8% de los homicidios, especialmente en Montería, Cereté, Sahagún y en el sur San José de Ure y Ayapel, en límites con Antioquia, otro de los departamentos donde aumentó este delito (45,7%), especialmente en Tarazá, Ituango, Cáceres y Caucasia, territorio interdepartamental donde los distintos grupos criminales se disputan, de manera violenta, el control del narcotráfico en la zona conocida como el “triángulo de las Bermudas”, que está en medio de la jurisdicción de tres unidades militares. También se registra incremento de este delito en Medellín y en los municipios del Urabá antioqueño.

En el sur de país, Nariño es el departamento donde más ha aumentado este delito (26,7%), siendo Tumaco y Barbacoas los municipios más afectados. Siguen Arauca (19,5%), especialmente en Arauquita y Arauca; Norte de Santander (18,3), en Tibú, Tarra y San Calixto; Caquetá (17,9%), en San Vicente del Caguán y Montañita; Cauca (9,5%), en Buenos, Aires y Santander de Quilichao, en Meta, Macarena y Puerto Concordia y Valle del Cauca, en Cali y Buenaventura.

En la mayoría de estos territorios, no solo hay que continuar con los procesos de copamiento, presencia y accionar de las instituciones de seguridad y justicia, sino que es necesario desarrollar intervenciones integrales de desarrollo económico y social, reconociendo y haciendo participes a las comunidades y a las organizaciones sociales que han trabajado desde hace muchos años en esos territorios.

A pesar de que en el conjunto del país el incremento de los homicidios es de no más del 7%, las autoridades nacionales y territoriales tienen que prestar toda la atención al crimen organizado, para que no se constituya en el factor desestabilizador de los logros hasta ahora alcanzados en materia de reducción de los homicidios.

Hay que anotar que, a partir de 2003, Colombia registra una disminución sostenida de la violencia homicida. Según cifras reportadas por la Policía, se pasó de 28.837 homicidios en 2002 a 12.160 en 2017, es decir una reducción del 58%, tendencia que se puede considerar estable a pesar del incremento que se registró entre 2008 y 2009, después de la extradición de los lideres paramilitares a los EE. UU. en mayo de 2008.

 

Esclarecimiento de los homicidios e impunidad.

De acuerdo con las cifras suministradas por el Censo Delictivo, del total de los homicidios cometidos en 2017 (11.822), solo el 25.4% de los casos fueron esclarecidos, sin que esto implique una condena efectiva de los responsables del hecho. Es decir, solo en uno de cada cuatro homicidios se sabe quién fue el “presunto” homicida, presunto porque la última palabra la tiene el juez, quien, con base en las pruebas que aportan la Fiscalía y la Policía, determina si fue o no un homicidio doloso.  

En los primeros cinco meses de 2018 el porcentaje de homicidios esclarecidos es del 20.4%. Es decir, de 4703 casos, solo se tienen 960 con “presunto” responsable del hecho, uno de cada cuatro homicidios. Desagregando estos 960 homicidios, 360 presuntos homicidas fueron capturados en flagrancia, 315 tienen orden de captura materializada, a 258 no se les ha podido aplicar la orden de captura, 97 se entregaron voluntariamente y 34 fueron dados de baja. Con todas estas cifras, sin decisión en firme de un juez, se puede asegurar que más del 85% de los homicidios van a quedar en la impunidad.

Cabe anotar que, de acuerdo con la modalidad referenciada (3853 homicidios), se está ante una violencia homicida mayoritariamente ejercida por estructuras criminales organizadas, dado que 2290 personas fueron asesinadas por sicarios.

 

Confiabilidad de las cifras.  

Hay que reconocer que el país ha avanzado de manera importante en el manejo y confiabilidad de las cifras de violencia y delincuencia, en especial de las cifras que tienen que ver con las muertes violentas (homicidios dolosos y culposos, suicidios y muertes accidentales). Sin embargo, todavía existen algunos problemas que no permiten que las cifras sean mas confiables.

Por ejemplo, todavía algunas autoridades pretenden sacar de las cifras globales de los homicidios dolosos, los muertos producidos por la fuerza pública en su accionar, como lo hace el Censo Delictivo de la Fiscalía. Esos casos no deben ser excluidos y solo los jueces podrán determinar si sucedieron en uso legítimo de la fuerza por parte de las autoridades legítimamente constituidas.

Hay que anotar que esa exclusión no solo es una omisión estadística anti técnica e inadecuada, sino que se puede prestar para comportamientos ilegales de algunos miembros de los organismos de seguridad y justicia.

Por otro lado, cuando se comparan las cifras de homicidios dolosos que maneja la Policía con las de Medicina Legal, se tiene que todavía existen diferencias importantes en estas dos fuentes, situación que no ha podido ser solucionada a pesar de las mesas interinstitucionales para la unificación de homicidios dolosos.

Como se puede ver en la siguiente gráfica, de acuerdo con las cifras de homicidios suministradas por Medicina Legal y la Policía la diferencia supera los 1000 casos en los años 2013, 2015 y 2017. Al esfuerzo que viene haciendo la Fiscalía y la Policía para unificar las bases de datos de los hurtos, hay que tratar de conciliar las cifras de homicidios y el general las muertes violentas.  

 

 

Cifras distintas que dan tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes distintas, como se puede ver en la siguiente grafica:

 

 

Retomar la senda de la disminución de los homicidios.

Para seguir reduciendo la violencia homicida que se tiene desde comienzos de este siglo y en general los demás delitos, hay que reconocer que cada vez más la seguridad se ve afectada por hechos que son protagonizados por estructuras criminales organizadas ligadas al narcotráfico, a la minería ilegal, al contrabando, a los hurtos de autos, motos, autopartes, celulares, joyas e implementos valiosos de fácil comercialización en mercados locales e internacionales, además de las actividades relacionadas con el cibercrimen.

El Estado, además de garantizar la seguridad rural y el bienestar y desarrollo de los territorios dejados por las Farc, debe concentrar los esfuerzos en desarticular las cadenas de crimen organizado, como es el caso de las bandas criminales dedicadas al narcotráfico, donde no basta con perseguir y detener las cabezas de estas organizaciones, es necesario, con labores de inteligencia e investigación criminal, atacar la estructura completa y la cadena de esta actividad, desde la producción, embalaje, transporte, almacenamiento, comercialización al por mayor y al menudeo y blanqueo de recursos, con apoyo de la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF- del Ministerio de Hacienda.

Igual trabajo hay que hacer con el hurto de celulares, que según la Fiscalía en 2017 se robaron más de medio millón de celulares, muchos de los cuales son re empacados, exportados y vendidos como nuevos en otros países. Cadena criminal que comienza con el hurto, sigue con la receptación, almacenamiento, embalaje y proceso de exportación hacia otros países en grandes cantidades, donde seguramente participan funcionarios corruptos. Igual, en Colombia se deben estar recibiendo y vendiendo celulares robados en otros países. También sucede con el robo de autos, motos, autopartes y otros productos que se hurtan y se venden en países de la región como nuevos, delitos que en muchos casos cuentan con la complicidad de algunos funcionarios del Estado.

Igual, hay que reducir la impunidad en torno a los homicidios, en particular los que son ejecutados por sicarios al servicio de estructuras criminales organizadas, profundizando las labores de inteligencia e investigación criminal para acopiar y entregar pruebas contundentes a los jueces, para que estos criminales sean juzgados y condenados como corresponde.  Frente a estos hechos no puede suceder lo que la Revista Semana reseñó en su última edición, que, por culpa de algunos fiscales, reconocidos sicarios quedaron en libertad https://www.semana.com/nacion/articulo/sicarios-quedan-en-libertad-porque-justicia-no-les-imputo-cargos/572687.

Estas acciones las deben ejecutar el Gobierno Nacional y las autoridades de seguridad y justicia en coordinación con los alcaldes y gobernadores. En particular los mandatarios locales y sus administraciones, deben implementar programas y proyectos preventivos para evitar que muchos jóvenes terminen engrosando las filas de las estructuras criminales organizadas. Programas y proyectos que también deben apuntar a prevenir las lesiones y los homicidios que se presentan por problemas de convivencia.    

Todo esto, en el marco de una política nacional e integral de convivencia y seguridad ciudadana que vaya de la disuasión y la prevención a la represión de las conductas violentas y delincuenciales; un trabajo en equipo entre el gobierno nacional, las instituciones de seguridad, justicia los alcaldes y gobernadores y la ciudadanía en general. El nuevo gobierno tiene la palabra.