A consolidar la implementación

La Corte Constitucional debe adoptar en las próximas semanas decisiones que pueden consolidar el Acuerdo Final y la terminación del conflicto armado ¿Saldrá fortalecido el proceso de implementación?

Juan Carlos Ospina
Juan Carlos Ospina
Coordinador de Incidencia Nacional - Comisión Colombiana de Juristas
32 Seguidores10 Siguiendo

0 Debates

11 Columnas

Columna

170

0

20 de Agosto de 2017

En las próximas semanas la Corte Constitucional deberá adoptar decisiones sobre las normas que fueron expedidas durante los primeros seis meses de la implementación del Acuerdo Final, las cuales resolverán buena parte de las discusiones públicas sobre la constitucionalidad de las medidas incorporadas en el Acuerdo Final y la utilización de facultades extraordinarias para organizar instancias y definir asuntos complejos.

Este proceso podría denominarse de consolidación por tres razones: i) las 3 reformas constitucionales, 3 leyes y 35 decretos leyes expedidos durante los seis meses iniciales de la implementación normativa del Acuerdo Final deben contar con control automático (40) o previo (1) de la Corte para su permanencia en el ordenamiento jurídico (); ii) las normas expedidas fueron consideradas como prioritarias por las partes que hoy siguen dialogando en un espacio denominado CSIVI - Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final- ; y iii) sin los ajustes normativos efectuados no solo se incumple el Acuerdo Final sino que se elimina el sentido innovador y de cambio que requiere la construcción de la paz en nuestro país.

Si bien toda clasificación es arbitraria por responder a la finalidad del clasificador, quisiera resaltar cinco decisiones que son fundamentales para el proceso de consolidación de la paz:

i) Acto legislativo 01 de 2017: esta es la reforma constitucional más grande efectuada desde 1991 y es la piedra angular de la realización del Acuerdo Final pues sobre esta se soportan algunos de los elementos esenciales del proceso a saber: la satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas; el juzgamiento aceptado por las partes  en relación con las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario que se hará en la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-; la extradición; y la participación política. La decisión sobre esta norma es tan importante que la Corte Constitucional ha suspendido el proceso de revisión de otras siete normas hasta definir sobre su constitucionalidad. Además de importante, la decisión de la Corte será compleja y sin precedentes, por ser la primera vez que se revisa automáticamente una reforma constitucional, por la dificultad de utilizar los criterios ordinarios para la revisión y por constituir un solo cuerpo que transitoriamente genera cambios en el funcionamiento del entramado constitucional.

ii) Acto legislativo 02 de 2017: la reforma constitucional determina que los contenidos del Acuerdo Final que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales y conexos, serán un parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas que se expidan para su implementación y establece la obligación de las autoridades de cumplir de buena fe lo acordado. Lo consignado en esta norma es la fórmula que resuelve la inquietud sobre , abordado en este mismo espacio, por lo que tendrá efectos sobre todo el proceso de implementación futura.

iii) Ley 1820 de 2016: Esta norma, en conjunto con el decreto ley 277 de 2017, establece las condiciones de la amnistía e indulto para exintegrantes de la guerrilla y de tratamientos penales especiales para los exintegrantes de la fuerza pública, responsables de diversos delitos cometidos en el marco del conflicto. Esta norma, a pesar de tener algunas dificultades desde el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional, que deben ser corregidas por la Corte, es necesaria para generar confianza en la terminación del conflicto y para que las partes resuelvan sus deudas con la justicia condicionando los beneficios, entre otros, a su reconocimiento de verdad y responsabilidad sobre lo ocurrido.

iv) Decreto ley 587 de 2017: Se organiza la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD), creada mediante el acto legislativo 01 de 2017, la cual espera saldar una de las más grandes deudas del Estado con las víctimas del conflicto armado y la sociedad: buscar, encontrar, recuperar, identificar y entregar dignamente a los desaparecidos. Según datos del , desde 1970 más de 60 mil personas fueron desaparecidas forzadamente. Para hacernos una idea de la importancia de la UBPD debe señalarse que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, desde su creación en 1980, ha transmitido 55.273 casos de desaparición forzada en 107 Estados de todo el mundo. La decisión de la Corte en relación con la Unidad es el primer paso para el inicio de una tarea inmensa y maratónica que debe emprender la sociedad con el fin de conocer no solo el paradero, sino las razones y consecuencias de la desaparición forzada en nuestro país.

v) Decreto ley 588 de 2017: Esta norma organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, creada mediante el acto legislativo 01 de 2017, la cual tiene tres propósitos a) esclarecer lo ocurrido en el marco del conflicto y ofrecer una explicación amplia del mismo; b) promover el reconocimiento de los derechos de las víctimas, el reconocimiento de la verdad y responsabilidad de los victimarios, y el reconocimiento de los ocurrido por parte de la sociedad; y c) promover la convivencia para construir una cultura de respeto y tolerancia en democracia. Los mencionados propósitos explican con suficiencia la importancia de la Comisión y de su organización inmediata, teniendo en cuenta que, como dice el viejo adagio, la primera víctima de la guerra es la verdad.

¿Saldrá fortalecida la implementación normativa del Acuerdo Final? Nadie le pide a la Corte imposibles. Por ejemplo, nadie podía esperar que esta declarara exequible el decreto ley 298 de 2017, pues modificaba una ley orgánica (el decreto tenía efectos de ley ordinaria), y esto es claro sin importar el contexto de terminación del conflicto en que nos encontremos. Lo que se espera es que la Corte, soportada en el orden fundamental que permite la garantía y protección de los derechos en un orden marco constitucionalmente posible, consolide las normas enunciadas, con ajustes necesarios y comprensibles, para que puedan producir efectos materiales sobre la sociedad en el menor tiempo posible.