Comunicar la paz es hacer la paz

El apretón de manos entre el presidente de la República y el comandante de las FARC hace mucho más que una campaña publicitaria o un esfuerzo pedagógico: es un acto de reconciliación política y augura la paz por venir.

Santiago Rojas Quijano
Santiago Rojas Quijano
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24 de Septiembre de 2015

Santos, Castro y "Timochenko" en La Habana. Foto: AP

Hace algunas horas, en transmisión directa desde La Habana, y ante la mirada atónita de millones de colombianos, el presidente de la República de Colombia Juan Manuel Santos Calderón y Timoleón Jiménez, jefe máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se vieron por primera vez frente a frente y de cara a la comunidad nacional e internacional.

Fue un gesto profundo, sincero y definitivo. No nos garantiza la paz, pero asegura como nunca la voluntad política de ambas partes y demuestra una confianza que se contagia. Celebro por mi país, celebro por las víctimas que todavía no han sido y que ojalá no lleguen nunca a ser, celebro por las víctimas que demandan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y celebro por las partes de la Mesa que han sacado adelante con rigor, responsabilidad y honestidad un acuerdo que parecía imposible.

Habrá que ver ahora qué será de los enemigos del proceso. Por un lado, el acuerdo en materia de justicia desmantela hasta donde es posible y conveniente el grito contra la impunidad que ha sido el arma retórica de preferencia para el uribismo. Con la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, encargada de la investigación, el juzgamiento y la sanción de graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario se legitima la conciencia moral del acuerdo y de las partes negociadoras. Al margen de la complejidad histórica, política, social, cultural y económica del conflicto armado colombiano, todos consentimos en que hay conductas que no merecen ningún análisis o explicación que subsane o minimice su gravedad. Ante todo reclamamos la verdad y la sanción social sobre estos hechos.

Por otra parte, el acuerdo en materia de justicia abre las puertas del proceso de par en par y es la base para un tratamiento inclusivo de los diversos actores que han participado en él. El acuerdo no sólo neutraliza el argumento contra la impunidad de las FARC hasta donde es posible, sino que lo devuelve con una carga de profundidad. Porque para nadie es un secreto que existen graves vacíos de verdad, justicia y reparación frente  las acciones de las élites -locales o nacionales- y de agentes del Estado que de manera directa o indirecta participaron en la ola de terror y reconquista antisubversiva que vivió el territorio nacional en los últimos 25 años. Y es una carga de profundidad porque, si bien los colombianos tenemos un resentimiento profundo por las atrocidades que han cometido agentes de la guerrilla en su impulso por controlar territorios y comunidades y en su loca aspiración por la conquista del Estado y las instituciones, también es cierto que sabemos quiénes son, a qué se dedican y de qué pueden ser acusados  -a grandes rasgos, pero suficientemente- . Por el contrario, los financiadores del paramilitarismo y sus grandes aliados en el Estado han evadido por completo la mirada pública y permanecen en la sombra.

A ellos les corresponde decir la verdad para acceder a los mismos beneficios jurídicos que las FARC se han ganado a pulso en la Mesa de La Habana. Pero se enfrentan también a los mismos riesgos en que incurrirán los guerrilleros que decidan callar y pasar de agache: de cumplirse el acuerdo, no habrá inmunidad ni fuero que valga para resistir a la justicia. ¿O sí?