¿Cómo apoyar la implementación y no fracasar en el intento?

La falta de autocrítica por parte de funcionarios del estado es un gran obstáculo para la implementación del acuerdo de paz

Andrei Gómez Suárez
Andrei Gómez Suárez
Analista Político
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20 de Mayo de 2017

Alguna vez le escuché a Kristian Herzbolheimer, director del programa Filipinas-Colombia de Conciliation Resources, una ONG británica que lleva 25 años apoyando procesos de construcción de paz en diferentes latitudes del mundo, que el 70% de los procesos de paz fracasan en la implementación. Vale la pena que los casi 50 millones de colombianos tengamos presente esto para evitarnos otros millones de víctimas.

Desde que se cerró la negociación, el 24 de agosto de 2016, Colombia ha tenido que sortear varios obstáculos para implementar lo acordado; hasta ahora se ha logrado mantener la esencia del acuerdo. Ojalá siga siendo así, pero esto depende de la convicción profunda de amplios sectores de colombianos de que las transformaciones son necesarias para alcanzar la paz.

El primer gran obstáculo fue la refrendación. El presidente Santos decidió arriesgar el legado de la difícil negociación con las FARC abriendo una consulta popular a la que no estaba obligado. Por eso, el 26 de agosto de 2016, día que convocó al Plebiscito por la Paz ante el Congreso afirmó: “Soy consciente que no tenía esta obligación legal, pero tenía esa obligación moral porque soy un demócrata.”

Sin entrar a discutir que tan demócrata es Santos, su decisión que finalmente acogieron las FARC, puso al país al borde de volver a la guerra cuando por un estrecho margen (0,005%) ganó el No en el plebiscito. La renegociación del acuerdo, que implicó mesas paralelas para escuchar a los sectores que hicieron campaña en contra, más las gigantescas movilizaciones en Bogotá y otras ciudades de Colombia permitieron resolver el obstáculo recurriendo al Congreso para refrendar los acuerdos el 30 de noviembre de 2016.

Desde el día siguiente, cuando empezó la implementación en pleno, se han presentado los proyectos de ley necesarios para que las 310 páginas de un acuerdo político se conviertan en un marco de acción para el Estado. La Ley de Amnistía fue la primera en aprobarse antes de acabar el año 2016. Pero su aplicación por los operadores jurídicos tardó más de dos meses. Para resolver este problema, el gobierno sacó el Decreto Ley 277 de 2017. Sin embargo, aún hoy, avanza de manera lenta la amnistía que debería garantizar la libertad de guerrilleros que no hayan participado en crímenes internacionales.

Otro obstáculo para la implementación se observó en la adecuación de las Zonas Veredales de Transición y Normalización (ZVTN). El gobierno no logró tenerlas listas para el día que las FARC terminaron de hacer su última marcha hacia estos territorios, donde tiene que ocurrir la dejación de armas, dando inicio a la fase de reincorporación. Para superar este impase las FARC decidieron ayudar a construir las ZVTN.

A pesar que se resolvió el tema de las ZVTN, las FARC no cumplieron con el protocolo acordado para la dejación de armas, el cual establecía que el 30% de las armas se entregaran a los 60 días, otro 30% a los 90 días y el último 40% a los 120 días. Hoy, después de la decisión de la Corte Constitucional de declarar inconstitucional los aspectos del fast-track que establecían que los congresistas debían votar en bloque los proyectos de ley que implementaban los acuerdos y que las modificaciones a estos proyectos sólo se podrían hacer con aprobación del gobierno, está en entre dicho si las FARC cumplirán con la entrega de las armas individuales programada para el día 180, es decir el 29 de mayo de 2017. Superar este obstáculo implicará un gran esfuerzo.

Los debates en el Congreso durante la aprobación del Acto Legislativo 01 de 2017 y la decisión de la Corte Constitucional de tumbar parte del Acto Legislativo 01 de 2016 revelan la dificultad de implementar un acuerdo que busca transformar un poco el país con la misma institucionalidad creada en medio de la guerra y con actores que defienden dicha institucionalidad sin una perspectiva autocrítica.

Tratar de hacer transformaciones profundas para la paz manteniendo una actitud triunfalista por parte de funcionarios del estado es, desde mi perspectiva, el gran problema de fondo que enfrenta Colombia. Transformar un país al que la guerra le ha dejado más de 8 millones de víctimas, más de 8 millones de hectáreas despojadas y una sociedad profundamente fragmentada requiere autocritica y corresponsabilidad.

Por ejemplo, en Irlanda del Norte y Sudáfrica después del proceso de paz se convocó a elecciones para elegir un nuevo gobierno y a una Asamblea Nacional Constituyente, respectivamente.

En Colombia, la implementación está en riesgo desde que se perdió el plebiscito. Éste no sirvió para sensibilizar a la gente sobre los retos de dejar la guerra atrás y los grandes esfuerzos necesarios para construir una sociedad que tramite sus conflictos, producto de las necesidades de diferentes sectores sociales, de manera pacífica. Por el contrario, profundizó la polarización y convirtió la implementación en blanco de ataques de amplios sectores sociales.

En vez de ignorar esta realidad, los que apoyamos la implementación del acuerdo de paz deberíamos convencernos de la necesidad de promover una conversación difícil y profunda sobre la inclusión de las FARC y el ELN en nuestro proyecto futuro de país. No hacerlo podría resultar en una catástrofe electoral en las elecciones de 2018, dejándonos atrapados en el mismo circulo vicioso de siempre: la intensificación de la guerra después de años de negociación. ¿Será que ese diálogo para definir un proyecto conjunto de país pasa por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, o un Pacto Político Nacional, o quizá hay otra opción que aún no hemos imaginado?  Se escuchan propuestas.