¿Argumentos contra la justicia?

Cuando se persigue la impunidad, no hay justicia que sirva.

Juan Ospina
Juan Ospina
Abogado
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01 de Octubre de 2017

El propósito de la justicia es vencer la impunidad. Para tal efecto, el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas que sean necesarias para que las personas sospechosas de tener alguna responsabilidad sean investigadas, juzgadas y sancionadas en el marco del debido proceso y, a su vez, las víctimas vean garantizados sus derechos a la justicia, la verdad y la reparación.

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas la impunidad es la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria por parte de los autores de violaciones porque: i) escapan a toda investigación dirigida a su inculpación, detención, procesamiento; y ii) en caso de ser reconocidos culpables, no son objeto de sanciones apropiadas, incluyendo la indemnización del daño causado a sus víctimas[1].

Por lo tanto, sin importar la denominación que se dé a la justicia, esta requiere la adopción de procedimientos para luchar contra la impunidad con el propósito de garantizar la vigencia de los derechos humanos.

Las últimas semanas han sido especialmente críticas para la justicia por las acusaciones existentes en contra de algunos de sus integrantes las cuales se ha extendido inescrupulosamente a todas aquellas personas honorables que hacen parte de la misma y sobre quienes no caben señalamientos como los que han sido efectuados. Todo ello bajo una falacia por inducción precipitada.

Con base en algunas situaciones, se ha dicho que la justicia ordinaria es ilegítima por estar politizada, ser corrupta y responder a intereses particulares sobre la impunidad. Es decir, se ha atacado a la justicia de tal manera que se pretende generar un ambiente que permita afirmar, aunque falazmente, que cualquier decisión adoptada en el marco de la administración de justicia está viciada por los hechos referentes a algunas de las acusaciones mencionadas. Obviamente dicha situación beneficiará a quienes deben responder ante la justicia, a nadie más.

A estas críticas contra la legitimidad de la justicia se han sumado señalamientos infundados en contra de la elección de los magistrados que integrarán la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), denominación de justicia transicional que conocerá de forma exclusiva de las conductas cometidas contra los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno -antes del 1° de diciembre de 2016- respecto de quienes participaron en el mismo. Esencialmente, los señalamientos se basan en que dicha jurisdicción es ilegítima por surgir del Acuerdo Final suscrito para la terminación del conflicto armado con las Farc-EP, y al  integrarse por personas que, por ejemplo, han sido defensoras de derechos humanos o críticas de ciertos sectores de la sociedad.

La JEP fue creada constitucionalmente en el mes de abril de este año y responde a la obligación internacional del Estado colombiano de impedir la impunidad. Adicionalmente, es resultado de una decisión sin antecedentes en el mundo, en la que dos partes (Fuerzas militares y Farc) aceptan ser juzgados por las violaciones a los derechos humanos y los excesos de la guerra, entendiendo que ambas situaciones se presentaron en el conflicto armado.

Ahora, los argumentos contra la justicia -sin importar su denominación- se concentran en deslegitimar sus decisiones, funcionamiento o integración pues cuando se pretende que algunos de los responsables se mantengan al margen de las investigaciones, enjuiciamientos o sanciones no hay justicia que funcione.

De esta manera, estamos frente a argumentos vacuos o vacíos, es decir, con justificaciones nulas o ausentes, que generan continuamente falacias por vacuidad. Por ejemplo, atacar a un juez por defender los derechos humanos; a un abogado por haber representado judicialmente a procesados, sean culpables o inocentes; o a un profesional por haber contratado con entidades públicas, o incluso, en el abuso de la falacia ad hominem, por sus creencias personales o su origen profesional.

En la discusión planteada, el uso de falacias del testaferro o del espantapájaros toman forma por simplificación, olvidando precisiones sutiles relevantes, como por ejemplo que la JEP juzgará a todos los responsables sin importar a que parte del conflicto corresponden o que la justicia es absolutamente relevante para la construcción de la paz; por reconstrucción distorsionada, por ejemplo al decir que la JEP busca perseguir inocentes cuando por el contrario pretende impedir la impunidad, sin importar quién sea el responsable; y por extrapolación ilícita, realizando inferencias no implicadas por su contenido, como que a los procesados les van a ser vulnerados sus derechos al debido proceso per se o que se trata de una cacería de brujas.

De otra parte, si el problema es el Acuerdo Final cualquier consecuencia que se derive del mismo va a ser atacada y esto es lo que ocurre con la JEP. Los argumentos que señalan que su integración, composición o alcance es ilegítima es solo una consecuencia, estando frente a una falacia de relación causa-efecto.

Así las cosas, la falaz presunción de que tanto la jurisdicción ordinaria como la JEP en general son esencialmente parcializadas, sin que medien argumentos jurídicos idóneos, no constituye una crítica ni un llamado de atención contra dichos sistemas de justicia, por el contrario, generan un desconocimiento del imperio de la ley que debe proveer los recursos y las herramientas para evitar la arbitrariedad o imparcialidad. La idea de que no existe justicia legitima es parcializada, genera arbitrariedad y deteriora cualquier acción del Estado para luchar contra la impunidad.

Aun no se conoce la dimensión del conflicto armado ni la participación de distintos poderes en sus causas o mantenimiento, y esta parece ser una preocupación para quienes esperan impunidad utilizando para tal efecto falacias contra los criterios argumentativos de claridad, relevancia o suficiencia[2], sin embargo, las falacias no dejan de ser falacias por el mero hecho de que se pongan de moda[3].

 [1] “Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad” (principios de Joinet, actualizados por Diane Orentlicher), aprobados por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, resolución sobre impunidad número 2005/81, Doc. ONU E/CN.4/RES/2005/81

[2] Bordes Solanas, Monserrat. Las trampas de Circe: falacias lógias y argumentación informal. Ediciones Cátedra. 2011. Páginas 352.

[3] G- K. Chesterton.