Apuntes sobre los diálogos en La Habana

Colombia vive un momento histórico como pocos al trabar un proceso de diálogo con la mayor fuerza insurgente y terrorista del mundo entero.Ello requiere de creatividad, de generosidad, de cambio de actitud, de entrega, máxime cuando el proceso no es de absoluta impunidad como en los años 90 ni de sometimiento al Estado de Derecho, como en la década del 2000.
Se trata de una negociación entre iguales, así declarada por las altas Cortes judiciales y por el Gobierno nacional. Pero una cosa es una negociación entre iguales que amerite grandes concesiones de parte del Estado como por ejemplo la aplicación de los mínimos cánones de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición; a un sometimiento del Estado a las FARC que implique insospechadas concesiones en favor de éstas como la sustitución de la Constitución Política y el establecimiento de facultades tiránicas, napoleónicas y cesaristas para alcanzar un importante pero no el principal valor constitucional.

Rodrigo Pombo
Rodrigo Pombo
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17 de Noviembre de 2015

 

“En memoria de las víctimas de Mitú,

 recordadas por las recientes víctimas de París”

El punto de partida.

Eran 6 que no 5 los puntos que el Gobierno Nacional y los terroristas de las FARC acordaron para alcanzar “la Paz”.

Al momento de anunciar los diálogos y para evitar la conmoción, el desespero y cierto grado de indignación popular, el señor Presidente comunicó que los diálogos se limitarían a 5 puntos exclusivamente; que no se iban a suspender o disminuir los controles ni las arremetidas policiacas ni militares (cese del fuego, por ejemplo) y que la nación podía dormir tranquila porque todo cambiaría para bien y nada cambiaría de fondo (sustituciones a la Carta Política, por ejemplo).

Corría el mes de agosto del año 12 de este siglo y todavía se percibía en el ambiente nacional la sensación de victoria y la esperanza de futuro como legado de la era de Pastrana y Uribe.

De eso hace 3 años cuando las condiciones anímicas y económicas nacionales volaban en otra frecuencia. Hoy tenemos, en suma, lo siguiente:

 

a. Preacuerdo sobre Desarrollo Agrícola Integral, que por su abstracción y vaguedad puede decir tanto como sus intérpretes ambicionen.

b.Preacuerdo sobre participación en política, que permite que los más grandes violadores del DIH, genocidas y narcotraficantes del globo puedan contratar con el Estado y participar en Política una vez hayan “cumplido” la restricción de su libertad por 5 años.

c. Preacuerdo sobre solución al problema de las drogas, donde inexplicablemente se conserva la prohibición legal de su oferta pero no se entregan herramientas para combatir su ilegalidad.

d. En trámite el preacuerdo sobre el fin del conflicto, el cual acusa una postura más de venganza y revanchismo contra los sectores de derecha que una verdadera sed de justicia y recomposición comunitaria.

e. En veremos el pre acuerdo sobre reconocimiento y reparación a las víctimas, el cual, según se dijo, era el más importante de todos comoquiera que éste era el proceso de Paz para las víctimas.

 

Poco se mencionaba el punto 6, el de la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Poco se mencionó el punto más importante, -el que realmente lo revestirá de legitimidad y lo hará sostenible en el tiempo-, así como verdaderamente estable y duradero.

Nosotros hemos mantenido, desde siempre, que éste último era el punto capital de las negociaciones. Los otros eran previsibles y, tal y como sucedió, se llenarían de verborrea barata y politiquera plagada de abstracciones y generalidades, al tal punto que el mismo Presidente ha señalado que con acuerdo o sin él esas son reformas que el Estado colombiano deberá emprender sin necesidad, si quiera, de modificar la Constitución Política.

Pero para lograr el cometido de refrendación de los acuerdos, el alto gobierno ha descartado las 3 formas institucionales enseñadas en nuestra Carta Política para el efecto.

Ha descartado la consulta popular y el referendo porque “son mecanismos muy complejos y engorrosos que requieren de mayorías especiales”, esto es, de alta votación popular lo cual parece natural si lo que se busca es legitimidad y sostenibilidad del acuerdo a través del respaldo comunitario.

La Asamblea Nacional Constituyente, sin voceros preferentes ni curules por derecho propio, -en donde ganen las mayorías según la voluntad popular y que fuera iniciativa tanto de las FARC como de los doctrinarios conservadores-, ha sido descartada de plano porque se considera que, por una parte, ello genera una inconmensurable incertidumbre: es, se afirma, como “abrir la caja de pandora” lo cual aterra al establecimiento. Y por la otra, porque ello implicaría sustituir la Constitución del 91 lo cual sería altamente peligroso para la sociedad colombiana.

De manera que la elitista idea gubernamental consiste en que el pueblo ratifica pero nunca elige su destino.

 

La propuesta de los negociadores.

Para suplir esos mecanismos constitucionales, el gobierno pretende cambiar nuevamente la Constitución a través de un dictatorial acto legislativo mediante el cual se estatuyen unos mecanismos especiales de reforma legislativa y constitucional y se entregan facultades extraordinarias de implementación al Presidente.

No valió de nada el famoso Marco Jurídico para la Paz también reformatorio de nuestra magna carta y que las FARC descartaron de plano, incluso antes de su entrada en vigencia. No han valido de nada las más de 30 reformas al texto original de 1991 y no ha servido para mucho que las altas Cortes hayan igualado judicialmente al Estado colombiano con las FARC y que el gobierno nacional haya hecho lo propio desde la política mediante el otorgamiento del status político.

Ahora lo que se busca es sustituir la columna vertebral y axiológica de la Constitución Nacional a través de la creación de un congresito dentro del Congreso de la República y mediante el otorgamiento de facultades habilitantes al ejecutivo para “facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto

En otras palabras, se pretende sustituir la Constitución en nombre del valor supremo constitucional: La Paz.

El resumen de la iniciativa, es el que sigue:

 

1. Se buscan dos objetivos distintos y contradictorios: por una parte se pretende facilitar y asegurar la implementación de los acuerdos para la terminación del conflicto y así alcanzar la Paz estable y duradera. Pero para tal propósito se pretende agilizar un procedimiento de reforma constitucional y legislativa para poder ofrecer garantía de cumplimiento.

El problema reside en 2 cuestiones: (i) que para asegurar la implementación de los acuerdos no es necesario sustituir la constitución política y (ii) que para alcanzar la estabilidad y perpetuidad se requiere de legitimidad y sostenibilidad, aspectos que harta falta le hacen al proyecto de reforma constitucional.

Así las cosas, tenemos una yuxtaposición entre asegurar la implementación Vs. Conseguir la estabilidad del acuerdo.

2. Se crea un congresito dentro del congreso, con no más del 10% de sus miembros, esto es, se crea una célula legislativa especial, la cual no fue elegida por los colombianos para esos menesteres; que representan menos del 5% del censo electoral y cerca del 3% de la población colombiana.

3. Ese congresito podrá deliberar pero nunca decidir, con lo cual su deliberación se torna en una abierta mofa a la institucionalidad democrática. En efecto, son 4 los límites que le imponen al congresito con la reforma propuesta:

 
a. La iniciativa legislativa es exclusiva y excluyente del Gobierno nacional.
b. Límite formal: Los proyectos sólo podrán tener modificaciones en el primer debate, previo aval del gobierno nacional.
c.Límite material: Los proyectos no podrán incluir nada que no haga parte del acuerdo de La Habana.
d.Las Planearías de cada cámara o el congreso en pleno solamente podrán aprobar o improbar las iniciativas mediante mayoría absoluta.

 

4. Toda esa irrupción constitucional se dará hasta por 1 año a voluntad del señor Presidente y sus votaciones serán exprés, huelga decir, una sola votación de aprobación o improbación en bloque y listo.

 

La crítica.

Sobre esta iniciativa existen infinidad de cuestiones para anotar. Vamos con las principales, y las más notables y sugerentes.

1. La Paz como valor constitucional supremo: Si bien es cierto que la Paz se ha tipificado en la Carta del 91 tanto en el preámbulo como en el tantas veces citado artículo 22, no es cierto que éste se erija como el valor supremo constitucional.

Basta con leer las sentencias de nuestras altas Cortes, en especial la constitucional para concluir que es la vida el más grande derecho, valor y principio constitucional de los colombianos. Y no es cuestión de naturaleza sino también de grado, ha dicho la Corte. Se trata del eje y núcleo vector sobre el cual gira nuestro ordenamiento jurídico.

La Paz es un valor y un derecho colectivo como también un deber de comportamiento social pero ni siquiera es un principio constitucional y no se trata ni del único ni del más relevante valor constitucional. Tenemos otros de igual calado como la convivencia, la justicia o el trabajo, al decir de nuestro propio preámbulo.

También es un fin del Estado al tenor del artículo 2 superior, pero no es el único telos del mismo y por lo tanto debe convivir y coexistir con otros tantos como la prosperidad general o la garantía de la vida, honra y bienes de los habitantes o, la aplicación de la recta e imparcial justicia.

Por lo demás, hay que anotar que aun cuando sea cuantitativamente, la Paz es uno de los valores, derechos y fines del Estado más pobremente estudiados por nuestra jurisprudencia. Así por ejemplo, han sido mucho más debatidos, explicados y promulgados valores como el pluralismo, la defensa a las minorías o la igualdad.

Y en lo que hace a la lectura gubernamental la cuestión no es menos polémica y conceptualmente equívoca: en unas ocasiones el gobierno nacional ha entendido y comunicado La Paz como el desarrollo integral y el progreso material. En otras la entiende como ausencia de guerra y conflictividad y, en otras, simplemente como la cesación del conflicto armado de cara a la organización guerrillera FARC o por decirlo más coloquialmente, como el desmonte del letrero FARC. Esa es la razón por la cual hoy en día se escucha cada vez más la necesidad de “terminar con el conflicto armado” antes que la búsqueda de La Paz.

Las elecciones tanto nacionales como regionales ya pasaron y con ellas empieza a morir el discurso de La Paz. Las razones para ello son variadas:

a. La Paz es un discurso alentador y motivante pero tan hueco como lo es su definición.

b. No cuenta con un soporte doctrinario ni jurisprudencial homogéneo y fuerte que lo haga respetable y coherente. Así, las Paz se puede usar en distintas formas y escenarios y su alcance dependerá de la circunstancia más que de su naturaleza. De ese modo, el concepto Paz es más una bandera que un ancla.

c. La Paz holística e integral que tanto sirvió en época electoral es insuficiente en asuntos de gobierno. Se nos dijo inicialmente que su implementación nos costaría algo así como 54 billones de pesos, sin incluir reparación de las víctimas directas de la “guerra”, lo cual implicaba el sacrificio de 2 generaciones de colombianos en favor de la Paz.

 

Así se presentó el Plan Nacional de Desarrollo y porque así se le vendió al electorado.

Pero con un empobrecimiento del 23,4% en los hogares colombianos en el último año en términos relativos; una disminución de 41.6% de las exportaciones; un déficit comercial superior a los 6.5 mil millones de dólares; con una disminución superior al 22% de la Inversión extranjera medida por anualidades; con la subida del gas y de la electricidad a tasas del 25% anual; con un precio del barril del petróleo por debajo de los 60 US; con una tasa de cambio desbordada e incontrolable; con el precario crecimiento del consumo de los hogares cercano al 3% y una inflación superior al 3.5% anual. Con un desempleo que apuntala volver a los 2 dígitos prontamente y una industria y un comercio con crecimiento negativo sostenido y con una vasta lista de similares condiciones y tendencias como la tantas veces advertida por los profesores Fernando Zarama en materia tributaria y de recaudo fiscal o del Ex Ministro Juan Camilo Restrepo en asuntos de déficit y endeudamiento; fue menester modificar las proyecciones macroeconómicas del Plan de Desarrollo, inicialmente concebido para una economía que crecía al 4.2% en su PIB anual a una que crece a tan sólo el 2.8%. Lo suyo se reflejó también en el presupuesto nacional el cual bajó sus billones a invertir en cerca de 5, esto es, de 45 billones pasó a 40 billones anuales.

A todo lo anterior se le añade el notable incremento de la inseguridad por cuenta de la minería ilegal, de la droga, de las Bacrim y del ELN, éste último sin mostrar aún serios acercamientos de Paz.

Todo lo cual ha forzado a que el Gobierno Nacional empiece a hablar más de terminación del conflicto armado o, incluso de “Paz con las Farc” que de la Paz como modelo institucional o como valor supremo constitucional.

 

2. El Acuerdo de Paz como cláusula Pétrea o inmodificable. Y como el discurso de la Paz ya rindió los frutos electorales que podía capitalizar y cada vez resulta más difícil su manejo, el efecto útil del mismo tiene una altísima significancia constitucional.

De manera que ahora el discurso de “La Paz” apuntala a convertirse en una especie de acuerdo fundante e inmodificable de los colombianos. Esa es la utilidad del discurso de La Paz después de las pasadas elecciones.

Se trata que sea un acuerdo político trascendental e inmodificable aun cuando con él se deje por fuera a organizaciones terroristas tan convalidadas como las FARC como lo son el ELN y las BACRIM, y un acuerdo jurídico fundante, huelga decir, intocable en el futuro inmediato y a mediano plazo y por eso urge una reforma constitucional.

En otras palabras: la Constitución actual se puede sustituir para darle entrada a los acuerdos finales pero éstos y las normas que los implementen, a su vez, no podrán ser tocados bajo ninguna circunstancia y ningún pretexto en el futuro, por lo menos, no en el inmediato futuro.

Esas cláusulas normativas de rango constitucional que no se pueden modificar o por lo menos NO si no media referendo popular para el efecto, se les denomina en el argot constitucional como “cláusulas pétreas”, como las tienen algunas constituciones occidentales como la Alemana de 1948, aún vigente.

Lo que sucede es que para llegar a esas cláusulas Pétreas se tiene que contar con una vasta mayoría popular o, si se me apura, con un consenso social indiscutible, lo que no tenemos hoy en nuestro país, de tal manera que hablar de Paz estable y duradera resulta, cuando menos, discutible.

La gente duda de las bondades del proyecto de sustitución de la Carta más que todo por ignorancia pero, a contrario sensu,  la gente indudablemente no quiere ciertas reformas constitucionales como, por ejemplo, permitir que los máximos cabecillas no purguen cárcel o que puedan contratar con el Estado o que puedan ocupar cargos públicos después de reinsertarse a la vida civil o que, así mismo, puedan elaborar una constitución a espaldas del pueblo y con contenido pétreo, es decir, inmodificable, como el que se sugiere ahora.

Por manera que ese es el nuevo significado del Discurso de La Paz: un discurso que de visos de legitimidad y valor jurídico a unas trascendentales reformas ya no digo sólo a nuestro cuerpo constitucional sino a la axiología ética de nuestra patria.

Para ello se valdrán de una reforma política que permitirá que menos del 10% de los congresistas (poder constituyente derivado) sustituya la esencia de la constitución de 1991 para que primeramente se incorporen los textos finales de La Habana y, posteriormente, el congresito y el Presidente los implementen a través de unas normas con pretensión de conservación o, pétreas o, inmodificables.

Todo lo cual trascurre a espaldas del pueblo, del poder constituyente primario, del verdadero y, según nuestra constitución, único poder soberano.

 

3. Sobre la Refrendación: Dicho, como está, que el 6 punto, el de la refrendación era el punto más importante de los diálogos por cuanto con él se garantizaba la trasparencia, el respeto por el principio democrático, el valor del poder constituyente primario y su puesto en nuestro ordenamiento jurídico, amén de la legitimidad que ameritan este tipo de negociaciones y pactos; inexplicablemente ha sido el más olvidado y, quizás, el más conscientemente desdeñado.

Basta con leer el proyecto de acto legislativo para demostrar que es la última carta que los negociadores quieren destaparle a la gente. Dice el texto propuesto en relación con la modificación constitucional estudiada: “El procedimiento sólo podrá aplicarse una vez se haya firmado y refrendado popularmente el Acuerdo Final, a través del mecanismo que se defina para el efecto

¿Por qué no se establece primero el mecanismo de refrendación y después sí, el procedimiento legislativo especial? ¿No es más consecuente saber qué y cómo se va a refrendar para decidir qué le dejamos al mecanismo especial y excepcional del congresito y de las leyes habilitantes? ¿Qué tal que, por ejemplo, el mecanismo de refrendación sea tan completo que no se necesite un procedimiento especial legislativo (congresito etc…) que irrumpa con el orden constitucional actual?

En suma, ¿por qué seguimos jugando con cartas tapadas de cara al pueblo a estas alturas del proceso? Que los acuerdos se den a puerta cerrada parece recomendable y sensato, pero que los mecanismos de refrendación así lo hagan, parece más una táctica bonapartista y cesarista que una condición de efectividad de los propios diálogos.

Empero, ya conocemos qué mecanismos de refrendación NO se van a utilizar: (i) Asamblea Constituyente; (ii) referendo normativo; (iii) Consulta popular. Es decir, no se va a utilizar mecanismo alguno que permita que el pueblo verdadera y conscientemente decida.

El problema reside en que nuestra Corte Constitucional, en línea jurisprudencial pacífica e ininterrumpida, ha ordenado que no puede acudirse nunca a una refrendación maniquea, vale decir, que tenga como propósito preguntarle al pueblo SI o NO frente a asuntos tan trascendentales como la reforma constitucional. Como ocurriría, por ejemplo, con un interrogante que indagase si el pueblo colombiano quiere Paz o guerra o si quiere que se apruebe el Acuerdo Final mediante un SI o un NO.

Ese tipo de refrendación, por su avisada manipulación y su postura abiertamente antidemocrática, hasta hoy esta proscrita por nuestro máximo tribunal constitucional.

En lo que hace al proyecto de plebiscito este no deja de ser menos cuestionable. Se trata de utilizar una figura diseñada para respaldar a un gobernante con el propósito de reformar la Constitución por vía indirecta. Me explico: con un amañado plebiscito, con mayorías exiguas y con la pregunta maniquea de paz o guerra se pretende refrendar unos acuerdos para que posteriormente sean desarrollados vía congresito y facultades habilitantes.

Total, para alcanzar la implementación de la Paz acudimos a la exclusión política y a la alteración de la participación democrática, factores éstos que en su momento se entendieron como las causas de la violencia.

 

4. Se trata de una verdadera sustitución de la Constitución Nacional. En varias providencias de Constitucionalidad la Corte ha sentenciado que “Al Congreso de la República le está vedado sustituir la Constitución Política en forma total o parcial, permanente o transitoria

Y aun cuando la teoría de la sustitución entre nosotros resulta extremadamente controversial habida consideración al hecho de que nuestra carta no contiene cláusulas pétreas o que únicamente puedan ser reformadas por el pueblo como poder constituyente primario, lo cierto es que nuestro máximo Tribunal Constitucional decidió implantar esta tesis con el ánimo de proteger la esencia y la axiología constitucional.

Para tal efecto introdujo de su cosecha y pluma, los siguientes límites conceptuales para poder establecer cuándo se está en presencia de una simple reforma que bien pueda ser adelantada por el Congreso o cuándo se está, más bien, en presencia de una verdadera sustitución, lo que ameritaría la participación popular.

Así las cosas, nos encontramos ante una verdadera sustitución constitucional cuando: 

a. Se invade el ámbito de libertades y competencias básicas de los ciudadanos.

b. Se afecta el funcionamiento de las ramas u órganos del poder público otorgándole a una rama u órgano tanto poder que desequilibre la estructura fundamental del Estado.

c. Cuando con la reforma se afecte la identidad axiológica de la constitución estaremos en presencia, dice la corte, de una sustitución constitucional.

 

Cabe precisar que no se requiere irrumpir o violentar los 3 requisitos o condiciones para poder hablar de sustitución constitucional. Cuando tan sólo uno de ellos opera, podemos hablar de sustitución de la carta.

Como se puede observar a simple vista, con el proyecto bajo estudio se rompen los 3 criterios enseñados por la Corte Constitucional.

En efecto, al impedir que sea el poder constituyente primario (pueblo) el que mediante votación se forje su destino, con las mayorías calificadas establecidas para el efecto y pudiendo decidir sobre la viabilidad o no de textos jurídicos determinados, se está vulnerando la condición No. 1.

La estructura del Estado se ve severamente afectada otorgándole todos los poderes legislativos y constitucionales al Presidente de la República convirtiendo al Congreso en un convidado de piedra y al congresito en un recinto notarial de constancias y aprobaciones. (Condición No. 2)

Y para finalizar, atenta contra la axiología ya no digo solamente constitucional sino nacional al trasgredir valores como el de participación democrática; inclusión de cláusulas y acuerdos pétreos no validados por el pueblo; irrupción de los estándares éticos establecidos en la constitución de 1991 como el desestimulo al acceso a cargos públicos y contratos con el Estado a través de operaciones terroristas y dispositivos armados de opresión o, cesación de pena privativa de la libertad para los perpetradores de delitos graves. (Condición No. 3)

Nótese que muy pocas constituciones del mundo occidental prohíben de manera expresa en sus textos que los que incurrieron en delitos como los de lesa humanidad, genocidio, narcotráfico o violación del DIH puedan acceder a cargos públicos o a contratar con el Estado. ¿Por qué lo hizo Colombia? Porque su razón histórica la condujo a desincentivar el uso de las armas, de la fuerza y de la violencia para hacer valer los credos políticos y sus doctrinas ideológicas.

Ese fue el pacto de paz de 1991 y así lo ha entendido nuestra Corte Constitucional en recientísima sentencia (C- 579 de 2013).

 

5. La confianza en la Corte Constitucional: en otra época se enseñaba que el derecho constitucional era el “encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos” y para ello los Tribunales Constitucionales jugaban un papel protagónico de dique a los excesos políticos que el congreso o el ejecutivo podían cometer contra el pueblo.

De allí su relevancia y en ello residía su poder. Pero con el total desprestigio de la justicia colombiana, en particular de la Corte Constitucional; con la politización de la justicia y la judicialización de la política y con los ya cantados votos de los miembros de la Corte amén de la fragilidad de su jurisprudencia, de ella se puede esperar cualquier cosa menos que sea ese dique iluminado que demanda nuestro sistema democrático.

Así las cosas, el hecho de que la reforma propuesta sea estudiada y validada por la Corte Constitucional no es garantía de nada.

Como tampoco lo es que en el pasado, incluso en el pasado reciente, ella misma se haya pronunciado sobre los límites de reforma a través de la teoría de la sustitución.

Las razones que siguen a esta idea son por todos conocidas pero se sintetizan así:

a. Porque la teoría de la sustitución es un invento de la Corte que bien puede desatender en cualquier momento o cuando menos mutar.

b. Porque en Colombia no contamos con cláusulas pétreas constitucionales que permitan prever un análisis objetivo sobre la materia.

c. Porque los límites o condiciones enseñados por la Corte para poder identificar cuándo estamos en presencia de una eventual sustitución de la constitución son de contenido abierto, de manera que ellos pueden ser llenados o diligenciados por la Corte en cada momento o circunstancia a su real saber y entender. (Decisión política más que jurídica)

d. Porque la Corte como órgano de cierre constitucional es un cuerpo político más que jurídico como quiera que interpreta un texto político como lo es la Constitución Política de Colombia.

e. Porque el origen de la Corte es político al igual que sus decisiones.

f. Porque la mayoría de sus miembros han cantado su voto en favor de la tesis de que en procura de la Paz cualquier reforma constitucional es válida. Así lo han hecho en distintas circunstancias como en foros académicos, salvamentos de voto o en la parte considerativa de sus sentencias.

De modo que el argumento según el cual en esta reforma se respetaran todas las garantías constitucionales, institucionales y de participación democrática de mano de la Corte Constitucional no son más que eufemismos carentes de veracidad y sustento.

Las respuestas.

Los defensores de la iniciativa plantean las siguientes alegaciones:

1. Se trata de un mecanismo excepcional y eminentemente temporal necesario para asegurar la implementación y el cumplimiento de la palabra del Estado frente a los insurgentes. Suelen advertir, por ejemplo, que la gran cantidad de procesos fracasados en el globo obedeció a que en los 2 años siguientes a su firma no se tomaron las medidas necesarias y suficientes para ponerlo en práctica.

A lo que se responde:

a. El hecho de que sean excepcionales no significa que sean positivas como tampoco necesarias.

De hecho, filosóficamente se ha logrado asentar la idea de que los medios son moralmente válidos cuando se ajustan al fin que pretenden conseguir. Con lo cual, no es válido implantar medidas dictatoriales, como los de la roma republicana, en aras a conseguir la estabilidad de la paz democrática.

b. Filosóficamente hablando no puede ser de recibo la tesis según la cual la agilidad del procedimiento garantiza la seguridad de la aplicación de los acuerdos.

La agilidad puede garantizar la decisión de los acuerdos pero su implementación requiere de recursos y disposición política (i) lo cual no se dará si seguimos con esta senda económica; (ii) con la presente deslegitimación de las instituciones y (iii) con la aprobación de acuerdos a espaldas del pueblo.

La Paz (salvo la concebida como el desmonte del letrero FARC) no se alcanza con discursos, leyes o textos, sino con verdaderas reformas activas en el campo y en las ciudades que impliquen romperle el cuello a la pobreza en donde la fuerza del Estado de Derecho juaga un papel preponderante.

Por lo demás, la “agilidad” garantiza la toma de decisiones pero nada dice sobre lo realmente importante: la estabilidad de las mismas.

c. Si bien es cierto que con la agilidad se logran tomar decisiones rápidas y concertadas con el gobierno actual, así concebida va en desmedro de una política de Estado suficientemente concertada con la mayoría de la población colombiana.

d. La agilidad podrá garantizar su implementación pero no así su perdurabilidad habida consideración al hecho de que en Colombia no tenemos cláusulas pétreas de manera que es imposible garantizarle a los “insurgentes” que lo allí acordado e implementado en el futuro no se pueda derogar.

e. Si lo que se demanda es agilidad ¿por qué no utilizar los mecanismos constitucionales actuales como el mensaje de urgencia? 

2. Los mecanismos contemplados no son extraños al derecho constitucional. Las facultades extraordinarias al ejecutivo son propias a nuestro sistema constitucional.

A lo que se responde:

a. Si bien es cierto que las facultades extraordinarias a favor del ejecutivo son inherentes a nuestro sistema constitucional, no lo es menos que ellas se otorgan para proferir leyes, y leyes técnicas, no para tener la iniciativa exclusiva constitucional; o para vetar las proposiciones de los congresistas; o para ampliar unilateralmente el plazo del congresito o sus propias facultades habilitantes.

b. Hay que recordar que el límite de las facultades extraordinarias al ejecutivo fue uno de los grandes celos del constituyente de 1991.

c. Hay que recordar que éstas no son facultades extraordinarias sino habilitantes, en cuanto (i) devienen de una reforma constitucional; (ii) son para leyes y actos legislativos y, (iii) concentran desmesurado poder en el ejecutivo.

d. La iniciativa exclusiva al ejecutivo y las facultades extraordinarias se circunscriben en nuestro actual sistema a asuntos eminentemente técnicos, como las leyes marco, la ley de Plan Nacional o de Presupuesto pero nunca para asuntos eminentemente políticos como los tratados en la Habana y mucho menos para los de raigambre constitucional.

3. Con esta reforma no se sustituye la Constitución. Lo que se pretende es que de manera excepcional y temporal se otorguen mecanismos ya conocidos por nuestro derecho constitucional en favor del Presidente para alcanzar el bien superior de La Paz, lo cual en nada afecta la axiología constitucional; ni se vulnera el principio democrático de participación; ni se desequilibran las facultades y competencias de los poderes de las ramas y órganos del Estado.

A lo que se responde:

Cabalgo sobre lo manifestado a lo largo del escrito que tiene como propósito contra evidenciar lo dicho. Por el contrario, antes que enriquecer el debate, este tipo de iniciativas engendran un cáncer constitucional que hace presagiar la debilidad de la implementación y que la paz adolezca de durabilidad y estabilidad.

 

La propuesta de la ciudadanía.

Sea lo primero advertir lo obvio: el principal aporte consiste en señalar lo nocivo de esta iniciativa, tanto para Colombia como para el propio proceso de Paz que actualmente se desarrolla en la Habana y al cual yo acompaño con sinceridad y aplomo.

Lo segundo es manifestar que para que una propuesta de este calado tenga verdadera incidencia, trascendencia y utilidad se requiere que sea legítima y para ello resulta indispensable contar con la refrendación popular completa e integral.

De suerte que la refrendación deberá darse por vía de una asamblea nacional constituyente sin derechos, ni puestos ni prerrogativas preferenciales donde el establecimiento continúe haciendo causa común con las FARC y defienda los acuerdos en las urnas.

Si ese sistema no se acoge, la refrendación deberá contener 4 pilares: (i) Consulta popular por la Paz para establecer que el pueblo está con el actual proceso de Paz y que éste no se dé por sentado en elecciones regionales o presidenciales que no tienen ese propósito. Además para que legitime de manera clara e inequívoca el “Procedimiento legislativo especial para La Paz”, objeto de estudio. (ii) Plebiscito presidencial, para que la gente legitime que sea éste gobierno el verdadero vocero de La Paz y el conductor del “Procedimiento legislativo especial para La Paz”, tal y como está consagrado en la iniciativa. (iii) Referendo constitucional para que el pueblo decida y no únicamente ratifique su destino mediante la aprobación o improbación de los textos constitucionales y el “Procedimiento legislativo especial para La Paz” y, (iv) el desarrollo y la ejecución del “Procedimiento legislativo especial para La Paz”.

 

A manera de conclusión.

Colombia vive un momento histórico como pocos al trabar un proceso de diálogo con la mayor fuerza insurgente y terrorista del mundo entero.

Ello requiere de creatividad, de generosidad, de cambio de actitud, de entrega, máxime cuando el proceso NO es de absoluta impunidad como en los años 90 ni de sometimiento al Estado de Derecho, como en la década del 2000.

Se trata de una negociación entre iguales, así declarada por las altas Cortes judiciales y por el Gobierno nacional.

Pero una cosa es una negociación entre iguales que amerite grandes concesiones de parte del Estado como por ejemplo la aplicación de los mínimos cánones de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición; a un sometimiento del Estado a las FARC que implique insospechadas concesiones en favor de éstas como la sustitución de la Constitución Política y el establecimiento de facultades tiránicas, napoleónicas y cesaristas para alcanzar un importante pero no el principal valor constitucional.


Convalidación institucional desde el punto de vista jurídico por parte de nuestra altas Cortes de Justicia que advierten que se trata de verdaderas organizaciones rebeldes y políticas que se oponen legítimamente a un establecimiento corrupto; y convalidación política, con status políticos y condición de parte, de negociadores, de contraparte con todos los efectos que ello conlleva, como por ejemplo, poder nombrar igual número de jueces en el tribunal de justicia especial de que trata la justicia transicional o, cuando menos, tener enorme injerencia en su conformación. O, por ejemplo, elegir o postular igualmente las personas del establecimiento que podrán ser sujetas de enjuiciamiento por parte del Tribunal de Justicia Especial.

Ver por ejemplo, Sentencia C- 1040 de 2015.