Uso de cookies

La Silla Vacía usa Cookies para mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Al continuar navegando acepta nuestra política.

listo

La privacidad pasó bajo el radar de la ONU

Privacidad: gran ausente en el EPU, la evaluación de la ONU al cumplimiento de DDHH. En la próxima evaluación, que le toca a Duque, seguramente esto cambiará.

 

Carolina Botero
Carolina Botero
Fundación Karisma
155 Seguidores0 Siguiendo

0 Debates

11 Columnas

Columna

1485

0

28 de Julio de 2018

EPU, Colombia se raja en Derechos Humanos

En el Exámen Periódico Universal, que todo país miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe pasar cada cuatro años y que Colombia presentó el 10 de mayo, el gran protagonista fue el acuerdo de paz con las FARC, la principal preocupación fue la muerte de líderes sociales y el gran ausente fue la privacidad.

Los países evaluadores, los otros miembros del Consejo, no mencionaron la falta de garantías para la protección de la privacidad en el país.

Tampoco hicieron la conexión entre la actividad empresarial y la violación a los derechos humanos, que incluye el rol que cumplen las empresas en las actividades que hace el Estado de vigilancia de las comunicaciones.

Aunque deberíamos empezar por señalar que pedir a los Estados que evalúen la protección de la privacidad en el marco de la vigilancia de las comunicaciones es un reto grande.

Implica pedir que otro implemente controles y garantías de transparencia en las actividades de inteligencia estatal que seguramente el Estado evaluador ni siquiera está dispuesto a llevar a cabo.

Pero, atención, la ausencia no solo se da en las recomendaciones. El informe de Colombia para la evaluación tampoco tocaba estos temas.

El silencio del informe nacional es muy diciente, pues, a pesar de las múltiples evidencias sobre abusos del sistema de vigilancia de las comunicaciones, el Gobierno colombiano sigue sin considerarlos como problemas de derechos humanos que debe abordar.

El problema esencial es que Colombia no tiene un marco de vigilancia a las comunicaciones respetuoso de la privacidad.

Así, por ejemplo, legalmente las empresas que nos proveen los servicios de comunicaciones están obligadas a retener los datos de nuestras comunicaciones por un desproporcionado plazo de 5 años.

No hay claridad sobre la protección de los metadatos. El “espectro” puede “monitorearse” sin restricción alguna. Y encima de todo, el Código de Policía decidió erosionar los conceptos de privacidad y espacio público para favorecer la vigilancia.

La vigilancia de las comunicaciones como actividad de inteligencia estatal no tiene controles y los pocos que existen no funcionan, como la Comisión de Seguimiento a la Ley de Inteligencia del Congreso.

Considerando los problemas de abusos al sistema, no hay excepciones ni límites claros para la reserva a los archivos de inteligencia. En consecuencia, investigar lo que sucede cuando se presentan escándalos es imposible.

La vigilancia de las comunicaciones, espiar y usar inteligencia estatal recogiendo información de las personas son todas herramientas legítimas de defensa del Estado.

Sin embargo, su capacidad de intromisión en la vida privada de las personas exige el máximo cuidado y garantías. Todos recordamos las Chuzadas del DAS y, a pesar de los cambios que motivó, también nos hemos acostumbrado a que periódicamente se repitan nuevos escándalos mediáticos por abusos al sistema (Andrómeda o la reciente compañía de alto nivel Huila son ejemplos).

Pero, también es importante afirmar que si bien el tema estuvo ausente en el resultado de la evaluación, la privacidad no pasó inadvertida dentro del proceso de la EPU.

Dentro del proceso de evaluación, hay una etapa de preguntas que formulan los países evaluadores al país evaluado con el fin de facilitar y profundizar su comprensión de la forma como se enfrentan los compromisos y para entender los avances logrados.

En esta etapa, en línea con nuestras preocupaciones de privacidad, Alemania preguntó a Colombia sobre cómo está asegurando el acceso a los archivos de inteligencia por violaciones a los derechos humanos.

También, se interesó sobre la puesta a disposición de información de inteligencia para contribuir al derecho a la justicia y reparación con el propósito de implementar el acuerdo de paz.

Aunque la pregunta quedó sin respuesta, y no logró hacerse camino a las recomendaciones, da esperanzas para que empecemos a hacer la conexión. Ya no es un tema invisible, se evidencia su vínculo con temas de impunidad y de protección efectiva a quienes son indebidamente vigilados.

 

Ahora le toca al Gobierno de Duque

Los compromisos adquiridos por el Estado colombiano -que se ratificarán en las recomendaciones de la próxima Asamblea de la ONU- serán una agenda para la garantía de derechos humanos del nuevo Gobierno.

La agenda que se materializó en la EPU de 2018 genera muchos compromisos evidentes para el nuevo Gobierno, por ejemplo, en contra de la homofobia y la misoginia -lo obliga a proteger los derechos ya ganados por las mujeres y las personas LGBTQI en nuestro país-- y otros menos evidentes.

La EPU obligará al nuevo Gobierno a comprometerse a evitar estrategias de vigilancia ilegal, persecución y asesinato a líderes sociales, periodistas y opositores políticos.

Si se trabaja a conciencia en esa problemática, el Gobierno de Duque deberá rechazar el abuso de las facultades de inteligencia que se han dado en el pasado.

Deberá reconocer que estos abusos contribuyen a la desprotección y son una amenaza para activistas, líderes sociales, opositores políticos, periodistas y defensores de derechos humanos.

Para estas personas, los abusos de la inteligencia estatal se convierten en acciones efectivas de intimidación, ataques, persecución e intentos de silenciamiento.

Al final, afectan sus actividades cotidianas. Proteger a estas personas supone asegurar que puedan trabajar de forma libre y segura.

En ese sentido, le corresponde al nuevo Gobierno de Duque preparar la siguiente evaluación y, para entonces, desde Karisma buscaremos que la conexión de estas preocupaciones con la protección a la privacidad sea clara, que para afirmar que se está garantizando las recomendaciones sobre protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos se hable de que hay garantías en su privacidad.