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Comprometidos con hacer seguimiento a la conformación del equipo de gobierno y la construcción del plan de desarrollo para garantizar el derecho a una educación de calidad, recomendamos algunas características que el próximo ministro/a de educación debe tener.

María Clara Ortiz Karam
María Clara Ortiz Karam
Subdirectora de la Fundación Empresarios por la Educación,
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26 de Junio de 2018

Artículo escrito por María Clara Ortiz Karam y Luz Enith Castro Otálora, Subdirectoras de las líneas de conocimiento para la acción e incidencia en la , una organización de la sociedad civil que conecta sueños, proyectos, actores y recursos para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa.

Electo nuestro próximo presidente, claramente una de sus prioridades es conformar el equipo que va a liderar las políticas y, en particular la política educativa.

Afortunadamente, hemos avanzado y visto la importancia que tiene la educación como motor de transformación social, más aún en el contexto del posconflicto y para superar las enormes brechas que subsisten en el país. Desde nuestra corresponsabilidad como sociedad civil, estamos comprometidos con hacer seguimiento a la conformación del equipo de gobierno y la construcción del plan de desarrollo para garantizar que se cumpla el derecho a una educación de calidad para todos y, por lo tanto, queremos aportar algunas recomendaciones sobre las características fundamentales que el próximo ministro o ministra de educación debe tener.

Alguien que conozca y comprenda los principales retos, avances y desafíos que tiene el sector, desde la primera infancia hasta la educación superior, con amplia experiencia en el sector público.

Alguien con capacidad técnica y de liderazgo para conformar un equipo de trabajo idóneo que responda a las necesidades urgentes de la ruralidad, el cierre de brechas y la evaluación permanente del sector.

Alguien que cuente con credibilidad, incidencia y la capacidad de ser escuchado para asegurar los recursos económicos que necesita el sector, con una mirada clara de la política social, con capacidad para el trabajo intersectorial y para la construcción de alianzas con organizaciones privadas, la banca multilateral, la academia y los sindicatos.

Alguien capaz de ver qué está pasando en el mundo, los retos que se plantean y cómo éstos dialogan con la realidad y las dinámicas propias de la educación en Colombia, que lea las problemáticas de inequidad que nos agobian, no solamente entre lo urbano y lo rural, sino las enormes brechas, rezagos y deudas que tenemos con la educación pública en el país y que entienda que no se trata simplemente de importar lo que otros hacen bien, sino de revisar qué funciona acá y de entender las dinámicas y particularidades de los territorios.

Alguien que conozca de cerca los enormes retos del proceso de descentralización, en términos de financiación, fortalecimiento de las secretarías de educación y de los establecimientos educativos. Es decir que genere puentes y vínculos con los territorios para que las políticas y programas respondan a las particularidades de los mismos.

Alguien que no pretenda partir de cero, capaz de valorar qué de lo que se ha hecho sirve y debemos seguir fortaleciendo, y que entienda que Colombia está soportada en una concepción de un estado social de derecho, que reconoce y valora las diversidades y que, por lo tanto, tiene que garantizar que la educación sea una posibilidad real para todos. Que dimensione todos los otros derechos que se realizan a través de la educación y las libertades ganadas que no tienen vuelta atrás en términos de educación para la ciudadanía, la valoración de la diversidad y la sexualidad, entre otros.

Alguien que oriente las prioridades del nuevo Plan Sectorial en función de la garantía del derecho a la educación, en consecuencia con el mandato constitucional y los acuerdos internacionales suscritos por  el país. Es decir, que priorice sus acciones en función del cierre de brechas de acceso, aprendizaje y permanencia que es cada vez más crítico entre públicos y privados y en las ruralidades.

Alguien que tenga claro que no solucionará los problemas de la educación en cuatro años, pero que urge abordar problemas estructurales que limitan las transformaciones que se tienen que dar como la forma en que está organizado el sistema educativo, los alcances y limitaciones de la Ley 715 de 2001, la distribución del sistema general de participaciones, la precaria reorganización de las Instituciones Educativas,  los enormes retos de la formación inicial y en servicio de los maestros y el rol del Ministerio de Educación como orientador de política.

Alguien, en fin, comprometido con dar una discusión de fondo que avance hacia la construcción de una verdadera política pública en educación más allá de una política de gobierno.