El estado de la convivencia escolar en ICBF

El primero de diciembre cerré un ciclo de tres años como referente nacional de prevención de la violencia escolar en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es un momento para mirar hacia el pasado y hacer propuestas para el futuro, pero, sobre todo, uno para ser crítico: ¿qué hicimos y qué quedó por hacer?  

Juan Camilo Aljuri
Juan Camilo Aljuri
Educación
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06 de Diciembre de 2017

El estado de avance de los temas de convivencia escolar cuando llegué al ICBF era bueno: se había establecido una mesa donde profesionales de diferentes áreas misionales hablaban de las responsabilidades institucionales, delineadas de una forma no tan clara en la Ley 1620 y su Decreto reglamentario 1965 (ambos de 2013).

De esta mesa quiero hacer dos comentarios: primero, allí se realizó un trabajo arduo que fue dejar por escrito la Ruta de atención integral de convivencia escolar y, si bien hasta el día de hoy no se concluyó esta tarea, hay un aprendizaje interesante gracias a esta: la Ruta no debe ser pensada como particular a cada institución pública, sino como la serie de acciones que corresponden a cada institución.

Por ejemplo, a un padre o madre de familia no le interesa saber qué responsabilidad tiene la Defensoría del pueblo si a su hijo lo están acosando en la escuela. Por el contrario, le interesa saber a quién debe acudir y el tipo de acciones que, sin importar quién las realice, permitirán mitigar la situación.

Segundo, la Dirección de primera infancia participó en esta mesa y consiguió que el tema general fuera el de convivencia educativa y no el de convivencia escolar. Esto responde a su interés de reconocimiento de las acciones que desbordan el ámbito educativo formal, sobre todo en edades de 0 a 5 años. En lo personal nunca estuve de acuerdo y esto me permitió comenzar uno de los trabajos más interesantes de estos tres años: la tipificación.

La Ley fue ambiciosa al tratar de exponer los tres tipos de situaciones que afectan la convivencia escolar pero su manera de definirlas no fue la más apropiada. Por ejemplo, qué difícil que es explicarle a alguien qué es un conflicto manejado de manera inadecuada o cómo pretendía la Ley que el público en general entendiera lo que es un presunto delito, cuando son tan variados, complejos y sujetos a la interpretación personal o profesional.

El tema de tipificar el acoso escolar también ha sido extremadamente complejo, como lo expuse en . Y regresando a la discusión con la primera infancia: la literatura académica suele hablar del acoso desde ciertas edades donde se manifiesta la intención y planeación para hacer un daño, usualmente después a los 8 años. Desde ICBF, dimos una orientación clara de qué son estas situaciones y complementamos la Ley como mejor pudimos, ofreciendo un panorama más pedagógico a docentes y familias en el país.

Otra claridad ofrecida tiene que ver con un gran avance de parte de la Dirección de Participación, que estableció un anexo en su lineamiento de restablecimiento de derechos para las situaciones tipo II (agresiones, acoso, ciberacoso) y tipo III (presuntos delitos). Su gran fortaleza es que fue pensado desde las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, lo que permite evitar el problema enunciado al comienzo de esta columna, viendo la atención desde la corresponsabilidad institucional.

Sin embargo, siendo críticos, la ruta de atención de situaciones tipo II le lleva algo de ventaja a la de situaciones tipo III, sobre todo porque estas última son tan variadas que comprometerse con acciones particulares, si bien necesario, resulta intimidante. Por otro lado, sería clave que a futuro se incluyan las prácticas restaurativas dentro de la posible atención.

Y con respecto a la articulación entre instituciones, el descubrimiento más importante y el vacío más grande se encuentra en la atención al acoso: no es suficiente con la verificación de derechos de los implicados directamente y es necesario que las Secretarías de educación realicen un acompañamiento que permita que, a partir de la pedagogía, se modifiquen las prácticas de la comunidad en que se presenta el acoso escolar. Esto, más allá del sentido común, es un requerimiento que debe modificarse en la Ley.

Otro gran derrotero fue el fortalecimiento del Sistema Nacional de Convivencia escolar en sus diferentes niveles. Primero, fue clave la articulación encontrada por el Ministerio de Educación Nacional para trabajar en el nivel nacional, buscando tiempo que no había para mostrarnos juntos en las decisiones. Así también lo fue con la Defensoría del Pueblo, la Policía de Infancia y Adolescencia y el Ministerio de Justicia. No fue el caso con el Ministerio de Salud, gran ausente en este tema.

En el nivel territorial tuve la oportunidad de participar en 13 Comités Departamentales de Convivencia Escolar, lo cual fue una experiencia maravillosa que me permitió presentarme como parte del Comité Nacional y dialogar con los gobiernos territoriales que son la clave, creo, del Sistema. La tarea a futuro es continuar con este acompañamiento, en particular en lo que respecta a la definición de las rutas de prevención y atención de estos comités.

Y ahí está el último tema que deseo tocar: la prevención. Si bien esa era mi tarea principal, estos tres años fueron más de trabajo integral, leyendo los contextos, tratando de ofrecer lo más pertinente y necesario primero… descuidando a veces la prevención. Este tema tiene mucho por ser discutido y mi recomendación siempre ha sido la misma: se deben definir mecanismos de prevención que puedan ser enseñados y probados en el aula para ser fortalecidos a partir de la evidencia.

Y si bien el camino de la prevención de derechos de niños, niñas y adolescentes es uno que todavía está mediado por la especulación y las creencias de los adultos (sobre lo que conviene a los demás), me despido del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el profundo agradecimiento por lo aprendido y lo que se me permitió hacer, por su apoyo a los temas relacionados con la convivencia escolar, pero sobre todo, por su apuesta al conformar un equipo de prevención que espero se consolide en el tiempo y sea ejemplo para otras instituciones públicas en el país.