Una paz con gobierno, un Estado frágil y una nación dividida

Con unas instituciones estatales poco comprometidas con el postconflicto y una nación dividida por los odios heredados, el gobierno de Santos se expone a que su legado de paz más temprano que tarde se vea afectado por un nuevo ciclo de violencia estable y duradero. 

Francisco Javier Flórez Bolívar
Francisco Javier Flórez Bolívar
Historiador
13 Seguidores31 Siguiendo

0 Debates

5 Columnas

Columna

320

0

13 de Octubre de 2017

El gobierno de Juan Manuel Santos, desde aquel siete de agosto de 2010 cuando afirmó que la puerta del diálogo con las organizaciones guerrilleras no estaba cerrada con llaves, hasta los recientes debates que se vienen adelantando para la aprobación del articulado de la JEP en el Congreso, ha dado muestras de su real compromiso con la Paz de Colombia.

Infortunadamente, para las millones de personas que han vivido de cerca el conflicto, ese compromiso parece que no ha sido asumido del todo por algunas de las instituciones que le dan forma al Estado. Estamos asistiendo a un escenario en el que un gobierno logra desarmar al movimiento guerrillero más antiguo del mundo occidental, pero, a la vez, algunas de las instituciones estatales siguen pensando en clave de guerra y no en un lenguaje de reconciliación y paz.

El reciente asesinato de los campesinos de Tumaco (Nariño) muy posiblemente por parte de integrantes de la Policía Nacional sirve para ilustrar lo anotado. Aparte de revelar lo complejo que va a resultar el proceso de erradicación de cultivos ilícitos en zonas históricamente abandonadas y plagadas de actores armados ilegales, también prende las alarmas sobre la sintonía que las fuerzas armadas del Estado tienen con la implementación de lo pactado en La Habana y lo ratificado en el Teatro Colón de Bogotá.

Su rol es definitivo porque son ellas las llamadas a mantener el monopolio de la violencia; eso supone garantizar la protección de los ciudadanos y combatir de forma legítima a actores armados ilegales que, entre otras cosas, vienen asesinando y amenazando a líderes de tierras, defensores de derechos humanos, y a los mismos integrantes del ejército y la policía.

En el caso de Tumaco, los integrantes de la Policía Nacional, contrario a cumplir con su legítimo rol constitucional, mostraron el peor de sus rostros. Según la Defensoría del Pueblo, dispararon indiscriminadamente contra campesinos, dejando un saldo de seis muertos y varias decenas de heridos. Y como si fuera poco, aparte de alterar la escena de los hechos, lanzaron tiros al aire y bombas aturdidoras a los integrantes de una comisión de que pretendía verificar las confusas hipótesis que inicialmente se plantearon en torno a la masacre de los campesinos en la vereda El Tandil.

Este accionar de miembros de la policía antinarcóticos, que hizo evocar a los campesinos asesinados por el ejército nacional en la masacre de las bananeras (1928), transmite el peor de los mensajes en una nación como la nuestra que no ha podido imaginarse incluyente y ha hecho todo para eternizarse sectaria y fratricida.

Acciones como las de Tumaco legitiman las voces de nuestros guerreristas (tanto los de twitter como los que económicamente se benefician del conflicto) que a diario viven estigmatizando a las comunidades campesinas que están comprometidas con el proceso de paz.

El gobierno colombiano, aparte de demostrar con inversiones en educación y salud que el Estado es más que represión, tiene la obligación de establecer las responsabilidades en este salvaje hecho. “Vamos a aclarar lo sucedido en Tumaco”, fueron las palabras expresadas por el presidente Juan Manuel Santos.

Realmente no le queda otra opción al gobierno porque la impunidad es la peor aliada si se aspira a construir una paz estable y duradera. Y la garantía de no repetición de actos barbaros como el de la vereda El Tandil es la carta que evitará que se generen escepticismos al interior de quienes estamos a la espera de que las instituciones del Estado faciliten la implementación de lo acordado.

De lo contrario, como anotó recientemente Alejandro Reyes Posada en una de sus iluminadoras columnas, se corre el riesgo de residir en un país en el que “no hay conflicto armado explícito pero tampoco hay paz en los territorios afectados por la guerra” Y yo agregaría, apoyándome en nuestro pasado reciente, que con unas instituciones estatales poco comprometidas con el postconflicto y una nación dividida por los odios heredados, el gobierno de Santos se expone a que su legado de paz más temprano que tarde se vea afectado por un nuevo ciclo de violencia estable y duradero.