La pérdida de la "paz territorial" en el Caribe

Esto es lo que se pierde en el Caribe sin las circunscripciones de paz, finalmente hundidas en el Congreso. 

Luis Fernando Trejos Rosero
Luis Fernando Trejos Rosero
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11 de Diciembre de 2017

Este artículo fue escrito de la mano de Reynell Badillo.

El Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y la otrora guerrilla de las Farc establece en el punto 2.3.6 la creación de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP) en aras de otorgar representación política a las poblaciones “especialmente afectadas por el conflicto y el abandono”.

Estas circunscripciones, que fueron hundidas finalmente ayer en el Congreso, pretendían los siguiente: durante dos periodos consecutivos (2018-2022 y 2022-2026) se proponía que hubiera 16 representantes a la Cámara adicionales a los 166 actuales que provendrían exclusivamente de 167 municipios del país que ya han sido seleccionados.

¿Qué quiere decir esto de cara a las próximas elecciones legislativas? ¿Qué criterios son utilizados para designar estas 16 circunscripciones? ¿Resultan efectivas para otorgar representación?

Contrario a lo que pueden estar pensando muchos colombianos, el Acuerdo de Paz no inventó esta figura.

El Congreso de la República se elige a través de circunscripciones electorales, que no son otra cosa que el conjunto de electores que conforma la base para que sus votos se repartan en curules entre los partidos o candidatos. Existen tres tipos de circunscripción: nacional, territorial y especial. Ya existen tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes curules asignadas a comunidades específicas (indígenas, afrocolombianos, colombianos en el exterior), por lo que lo novedoso del acuerdo no son las circunscripciones especiales per se, sino su asignación a comunidades directamente afectadas por el conflicto.

¿Qué criterios se utilizaron para seleccionar a estos municipios?

El criterio principal fue la afectación directa del conflicto armado en estas zonas. Aquellas poblaciones que hayan presenciado acciones armadas y hechos victimizantes serían las priorizadas para estas circunscripciones. En adición, la pobreza y las necesidades básicas insatisfechas fueron otros elementos necesarios para esta selección (utilizando el índice de pobreza multidimensional y datos provenientes de organismos oficiales). La debilidad institucional y la presencia de cultivos de uso ilícito y otras economías ilegales formaron parte también de los criterios.

¿Cómo se ve involucrado el Caribe colombiano en estas nuevas circunscripciones?

40 municipios del Caribe han sido incluidos para estas circunscripciones. En total 4 de las 16 CTEP estarán en la región y se dividirán entre municipios de los departamentos de Bolívar, Sucre, Cesar, La Guajira, Magdalena, y Córdoba[1].

¿Cualquier habitante de estos municipios puede postularse?

No es tan sencillo. Los candidatos solo podrán ser inscritos por organizaciones de víctimas, grupos significativos de ciudadanos, campesinos, organizaciones sociales, y, en caso de que haya territorios étnicos, los consejos comunitarios, y los resguardos y las autoridades indígenas debidamente reconocidas. Por otro lado, no podrán participar los partidos y movimientos políticos que ya cuenten con representación en el Congreso, el partido que surgió del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, ni los miembros desmovilizados de organizaciones armadas.

¿Cuáles son las previsiones sobre las CTEP en el Caribe?

Al observar detalladamente la manera en la cual quedaron conformadas las cuatro CTEP del Caribe surgen algunas dudas con respecto a la capacidad de representación que realmente poseen. Por  ejemplo, El Carmen de Bolívar, que hace parte de la Circunscripción 8, es un municipio que registra cerca de 60.500 víctimas del conflicto armado, pero el potencial de votantes para las CTEP es de 8.151 personas y, si a esto le restamos la abstención que tiende a ser más alta en las zonas rurales, ¿cuántas víctimas están realmente eligiendo a sus representantes?

Por otro lado, el hecho de que se haya incluido en una misma circunscripción a municipios de hasta 3 departamentos, como es el caso de la circunscripción 12, puede llegar a causar la desconexión de los votantes en medio del proceso electoral. De esta forma, mientras las organizaciones de víctimas pueden postular a alguien conocido en algunas zonas del Cesar, esta misma persona puede ser un completo desconocido para las poblaciones de Magdalena. Así, es probable que quien llegue hasta la Cámara de Representantes jalone recursos únicamente para las comunidades que lo apoyaron, o con los que tenga alguna conexión, repitiendo los patrones de exclusión que originan las CTEP.

En esa misma línea, lo vasto de los territorios que conforman las CTEP trae consigo la presencia de hasta 19 resguardos indígenas en una misma circunscripción. No debería considerarse que estos resguardos tendrán intereses armónicos; por el contrario, es muy factible que varios de estos pretendan hacerse con el espacio de representación y postulen su propio candidato. En ese escenario, el voto se atomizaría y podría haber representantes a la Cámara con muy pocos votos, es decir, con poca representatividad.

Por otro lado, gran parte de los municipios de las circunscripciones 13 y 14 aún tienen presencia de actores armados (Bandas Criminales, ELN), y cultivos ilícitos. En ese contexto, es posible que estos grupos pretendan influir en las elecciones y hacerse con esa representación, lo que constituirá uno de los mayores retos del Estado en estas poblaciones: evitar que las CTEP sean utilizadas por los victimarios del conflicto para perpetuar las condiciones de ilegalidad y vacío estatal.

En conclusión, las CTEP materializan el concepto de paz territorial que presenta el Acuerdo de Paz. El Estado tiene una deuda histórica con las víctimas y los territorios afectados directamente por la violencia, y las CTEP son una manera de resarcirla a través de otorgarle a estas comunidades la posibilidad de hacer parte de los espacios de toma de decisión nacional y concretar algunos puntos del acuerdo.

Sin embargo, los riesgos tradicionales en momentos de elecciones siguen estando latentes para las CTEP. La multiplicidad de actores y la dispersión territorial de algunas circunscripciones podrían desconectar a la comunidad y sus representantes, restándole legitimidad a las circunscripciones; y, por último, la presencia activa de grupos armados y rentas ilegales continúa siendo una preocupación para algunas circunscripciones debido a que podría influenciar negativamente las elecciones de los representantes y dificultar el fortalecimiento institucional del Estado en estas zonas.

 

[1] Circunscripción 8: Municipios del departamento de Bolívar: Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María La Baja, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno y Zambrano. Municipios de Sucre: Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito, San Onofre y Toluviejo (16 municipios); Circunscripción 12: Municipios del Cesar: Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz Pueblo Bello y Valledupar. Municipios de La Guajira: Dibulla, Fonseca, San Juan del Cesar. Municipios del Magdalena: Aracataca, Ciénaga, Fundación y Santa Marta (16 municipios); Circunscripción 13: Municipios del departamento de Bolívar (sur): Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití y el municipio de Yondó del departamento de Antioquia (6 municipios); Circunscripción 14: Municipios de Córdoba: Puerto Libertador, San José de Uré, Valencia, Tierralta y Montelíbano (5 municipios).