La corrupción política en La Guajira

El Estado no renuncia a su obligación de combatir la ilegalidad, pero no lo hace con real contundencia, porque no está en capacidad de ofrecer alternativas económicas legales.

Luis Fernando Trejos Rosero
Luis Fernando Trejos Rosero
Docente
3 Seguidores4 Siguiendo

0 Debates

6 Columnas

Columna

1540

0

28 de Octubre de 2017

En la Guajira, la riqueza generada por el boom marimbero en la década de los setenta facilitó amasar fortunas en manos de agentes ilegales, que a la sombra de esta bonanza se perfilaron como líderes sociales y políticos.

Estos nuevos liderazgos instalaron una forma de gobernar basada en la corrupción y el clientelismo, generando un proceso de captura avanzada del Estado, que, , ocurre cuando individuos o grupos ilegales como narcotraficantes o mafias, por medio de la violencia, influyen en los procesos públicos con el fin de satisfacer intereses particulares.

que en el escenario político de este departamento se han vuelto un lugar común las agresiones armadas entre grupos ilegales y grupos políticos que compiten por el control del poder político local, del crimen organizado y la representación del departamento en el Congreso.

Un caso que ejemplifica lo anterior es el de Santander Lopesierra, reconocido narcotraficante y contrabandista de licor y cigarrillos de Maicao, que fue Concejal de su ciudad en 1986, luego Diputado a la Asamblea de La Guajira en 1988 y posteriormente Senador de la República en 1994.

En su momento, la reseñó el malestar de la Asociación Colombiana de Importadores de Licores por la elección de Lopesierra:

“El gobierno debe ser consciente de lo nociva que puede resultar la presencia de Lopesierra en el Congreso de la República. A nosotros nos resulta imposible competir con un señor que, sin pagar un solo peso en impuestos, es capaz de vender cada año unas 200 mil pacas de cigarrillo Marlboro y unas 400 mil cajas de whisky".

Lopesierra fue capturado en el año 2002 y extraditado a los Estados Unidos en 2003, en donde fue sentenciado a 25 años de cárcel por narcotráfico y lavado de activos.

 

El movimiento “Nueva Guajira”

Para la comprensión de las actuales dinámicas políticas de este departamento, es necesario señalar que, a diferencia de otros departamentos del Caribe colombiano, en La Guajira no hubo una élite política hegemónica, constituida por una o dos familias ganaderas o empresarias, sino que como se señaló anteriormente, parte de los liderazgos políticos del departamento vienen o se han construido en estrecha alianza con la ilegalidad.

Desde mediados de los noventa, el poder local en la Guajira se lo disputan dos estructuras políticas claramente diferenciadas.

Una es el Movimiento “Nueva Guajira”, en cabeza de Jorge Pérez Bernier, quien fue gobernador en los periodos 1995-1997 y 2007-2010.

Según la , él estaba vinculado a Dilger Becerra, reconocido lavador de activos de la banda criminal los Rastrojos y posteriormente enlace entre alias “Pablo”, ex comandante paramilitar y ex jefe de la Banda Criminal que opera en la Alta Guajira (después de la desmovilización del bloque norte de las AUC) y el movimiento Nueva Guajira.

Este movimiento en el periodo 2010-2014 ganó los dos cupos del departamento a la Cámara de Representantes con Jimmy Sierra y Hernando Deluque, quien fuera elegido gobernador para el periodo 2000-2003 y cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado al comprobar fraude electoral.

Deluque fue mencionado por alias “Pablo”, en ese entonces comandante del grupo Escorpión de las AUC, como promotor de la llegada de los paramilitares a la alta Guajira. Su hijo, Alfredo Deluque, fue elegido como Representante a la Cámara para el periodo 2014-2018 por el Partido de La U.

Este grupo político, también tuvo la gobernación de la Guajira en los periodos 1997 – 2000 y 2000 – 2003, con Álvaro Cuello Blanchar y Hernando Deluque, respectivamente.

Cuello fue destituido e inhabilitado por cinco años, por fallo de segunda instancia de la Procuraduría General de la Nación, por irregularidades en la celebración de contratos de obras suscrito con el consorcio vial GU para el mantenimiento de las vías terciarias en el departamento.

En cuanto a Deluque, el Consejo de Estado anuló su elección al encontrar que hubo fraude electoral en los comicios que lo eligieron. En auto 098 de 2004, la Corte Constitucional comprobó que hubo suplantación de electores y votos fraudulentos en los municipios de San Juan del Cesar, Manaure, Maicao, Uribia, Urumita y Villanueva.

. En mayo de 2016 fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a nueve años de prisión al ser encontrado culpable de peculado por apropiación en favor de terceros.     

Otra aliada estratégica de este grupo es la ex alcaldesa de Uribia , actualmente privada de la libertad, Cielo Redondo (aunque ella también ha estado con el grupo contrario a Nueva Guajira).

Uribia es un municipio clave en la configuración electoral de la Guajira, no sólo por su importante caudal electoral (40 mil votos), sino también por ser vecino de Venezuela y porque su territorio desértico y dispersamente poblado facilita la comisión de fraudes electorales y es escenario central del narcotráfico y el contrabando de gasolina que, según , mueve mensualmente 17 mil millones de pesos.

Redondo ha sido señalada por la como jefa política de la banda criminal que lideró alias “Pablo”. Para las elecciones de mandatarios locales promovió la Alcaldía a su hijo Luis Enrique Solano Redondo (actual alcalde), que según La Silla Caribe ha utilizado recursos públicos en su campaña.

La carta de esta estructura para la gobernación en las elecciones de octubre de 2016 fue Ovidio Mejía, ex alcalde Maicao, que en el 2006 fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 10 meses por la Procuraduría y durante su segundo mandato como alcalde de Maicao en el año 2009, fue destituido por el Consejo de Estado por violar el régimen de inhabilidades al inscribirse como candidato cuando estaba cobijado por una suspensión de 10 meses señalada anteriormente. ha sido vinculado a grupos paramilitares y bandas criminales.

 

“La Gran Alianza”

El otro grupo que se disputa la hegemonía política de la Guajira es “La Gran Alianza”, que estuvo muchos años en cabeza del exsenador Jorge Ballesteros Bernier, padre del exgobernador José María “Chemita” Ballesteros.

 En la práctica, los Ballesteros, vía gobernación, fueron los mayores empleadores del departamento al controlar un presupuesto de aproximadamente 400 mil millones de pesos.

“Chemita” llegó a la gobernación en reemplazo de Juan Francisco Gómez Cerchar (Kiko Gómez), condenado por homicidio y acusado de relación con bandas criminales.

Antes de ser gobernador, Gómez había sido alcalde del municipio de Barrancas (Guajira), durante los periodos 1995-1997 y 2001-2003 y en los intervalos él mismo ha puesto a su sucesor.

con Yandra Brito, a quién apoyó para que lo sucediera en la Alcaldía en el periodo 2004 a 2007.

Al respecto, la revista parte de un informe de la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN),  en el que señala:

Llama la atención la subida al poder departamental de personajes como Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar en la Gobernación – quien es acusado de tener vínculos con el contrabando, el tráfico de gasolina y el narcotráfico-”. Y puntualiza que “Gómez era uno de los jefes del contrabando en La Guajira que fue contactado por el Bloque Norte de las Autodefensas para que compartiera el poder y el negocio”.

Distintas versiones de prensa e investigaciones académicas vinculan a Gómez con Marcos Figueroa (Marquitos), líder de la banda criminal “Los Curicheros”, conformada en 2008 y que se dedica al narcotráfico y al contrabando de gasolina. Según el portal , esta banda criminal está conformada por aproximadamente 800 hombres armados.

Su ficha ganadora en las elecciones de octubre de 2015 fue Oneida Pinto (Obtuvo 180.263 votos y ganó en todos los municipios de La Guajira), ex alcaldesa de Albania, municipio en el que promovió la candidatura del que fuera su pareja Pablo “El Negro” Parra, quien resultó electo.

Pinto, quien acompañó activamente la campaña para la elección de Kiko Gómez, .

Su candidato a la alcaldía de Riohacha fue Andris Salas, quien según estuvo apoyado por la familia Gnecco, quienes han hegemonizado el control político en el Cesar.

Un caso especial lo constituye el rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Robles, quien en una especie de disidencia de “La Gran Alianza”.

Robles impulsó la candidatura del detenido alcalde de Riohacha Fabio Velázquez. Según el portal La Silla Caribe, la Uniguajira “tiene poco más de 12 mil estudiantes, 170 docentes de planta y un presupuesto anual de 79 mil millones de pesos, lo que se traduce en unos 15 mil votos”.  El grupo del rector también apoyó la candidatura del actual alcalde del Municipio de Fonseca Misael Velázquez Granadillo.

En el pasado, Carlos Robles fue aliado de “Nueva Guajira”, pero se separó cuando el entonces gobernador Jorge Pérez Bernier no lo respaldó para ser rector de Uniguajira, en ese momento se unió al movimiento kikista de los Ballesteros, según La Silla Caribe.

Ante la destitución de Oneida Pinto como gobernadora, se convocaron las elecciones atípicas del 6 de noviembre de 2016, saliendo electo Wilmer González, quien recibió el apoyo del movimiento Nueva Guajira, liderado por el ex gobernador Jorge Perez Bernier, Alfredo Deluque, Cielo Redondo y también logró el apoyo de Jorge Ballesteros. Wilmer Gonzalez fue encarcelado en febrero de 2017 por irregularidades durante su campaña.   

 

La cooptación del Estado

Con este complejo escenario, puede afirmarse que las estructuras políticas lideradas por el ex gobernador Jorge Pérez Bernier y por el senador Jorge Ballesteros Bernier han producido en la Guajira una literal Reconfiguración Cooptada del Estado que ocurre en contextos de corrupción avanzada.

Lo que se deduce de este contexto socio-político es que el Estado no renuncia a su obligación de combatir la ilegalidad, pero no lo hace con real contundencia porque no está en capacidad de ofrecer alternativas económicas legales.

En el caso de La Guajira, el fin de la ilegalidad implicaría un colapso social y un serio problema para los gobernantes locales ya que en la práctica tendrían que asumir y satisfacer las demandas sociales de la ciudadanía, cosa que en gran parte hace la ilegalidad.