El Bronx: debate sombra

La intervención en el Bronx plantea preguntas a propósito del  Derecho a la Ciudad, en materia de espacio público, la concepción de seguridad y, en general sobre la visión de ciudad que se imprime a través de la política pública.

Marcela Tovar
Marcela Tovar
Filósofa
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16 de Junio de 2017

Poco se ha hablado sobre una perspectiva de la intervención realizada hace un poco más de un año en el sector del Bronx por parte del Alcalde Enrique Peñalosa.

Esta podría verse como la ejecución de facto del primer anillo del proyecto de renovación urbana “Voto Nacional”, incluido en el Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", que fue aprobado semana y media después de la intervención: "[El] Voto Nacional es un proyecto integral de renovación urbana", cuya "intervención se plantea por anillos, donde el primero se centra en la pronta actuación y recuperación de las manzanas denominadas el Bronx". Para esta ejecución se habría implementado el uso de la fuerza como “estrategia de gestión de suelo”, sin emplear las herramientas garantistas para tal efecto que contempla la legislación nacional y distrital.

El Bronx, o la "L", está compuesto catastralmente por 36 lotes (sobre los que había construidos 64 predios).

Como resultado de la "recuperación" realizada el 28 de mayo de 2016, tenemos un saldo de, al menos, 32 lotes desocupados y de estos, más o menos 25 se encuentran demolidos o en proceso de demolición.

La pronta y exitosa "recuperación" de esta porción de suelo urbano, no habría tenido en cuenta los instrumentos previstos en la legislación para la gestión del suelo: enajenación voluntaria –negociación voluntaria con el distrito- y expropiación por vía administrativa –procede si no se da la primera-. 

La aplicación de estos instrumentos habría sido posible de manera inmediata, pues el sector desde 2013 fue objeto de un anuncio de proyecto que activó la posibilidad de uso de tales herramientas por parte del distrito. Habría bastado inscribir una oferta de compra en el folio de matricula inmobiliaria de cada uno de estos predios. Aún si se tratara de una situación de urgencia por riesgo de ruina, las mencionadas herramientas de gestión de suelo también debían emplearse, tal como lo dispone el marco normativo sobre gestión del riesgo (acuerdo 546 de 2013, artículo 25).

Para marzo de 2017, 10 meses después de la intervención y con al menos 25 lotes demolidos, solo hay inscrita oferta de compra por parte del distrito para predios ubicados en 6 lotes –de 36- que de todas maneras ya se encontraban en extinción de dominio, oferta que además fue posterior a la intervención y a las ordenes de demolición. Esto puede constatarse en el análisis predial en el informe de las ONG CPAT y PARCES, realizado con información de la oficina de registro de instrumentos públicos.

Esta situación suscita preguntas respecto a las garantías que debía ofrecer el estado a quienes habitaban la zona –habitantes de calle o no-, esto es, toda  la comunidad que desarrollaba actividades económicas y sociales.

Las zonas golpeadas por delitos como el narcotráfico, tienen características similares de deterioro que hacen que se justifiquen, ante la opinión pública, las intervenciones de este tipo.

En esta perspectiva, las mismas preguntas se pueden hacer extensivas a toda la estrategia de recuperación del territorio de la actual administración. Preguntas a propósito del  Derecho a la Ciudad, en materia de espacio público, la concepción de seguridad y, en general sobre la visión de ciudad que se imprime a través de la política pública: ¿Qué significa la presencia estatal? ¿Únicamente la presencia de fuerza pública? ¿El espacio para quién o para quiénes? ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas  con otras intervenciones como la de Bilbao, por ejemplo -en el extremo noroccidental de Bogotá-, en donde hay denuncias de la comunidad sobre el procedimiento y falta de alternativas?

¿Cómo se elaboran planes de gestión social – caracterizaciones previas de la población que permiten generar alternativas-? ¿Cuáles son esas alternativas más allá de soluciones transitorias o de desarraigo? ¿Cómo participan estas personas de los beneficios del desarrollo urbano que se busca implementar? Y, finalmente, ¿Existe un vínculo entre las políticas antidrogas, la gentrificación y los intereses inmobiliarios? Esta pregunta muestra una dimensión poco explorada de la guerra contra las drogas que, como han señalado sus múltiples críticos, causa más daños que resultados en beneficio de unos pocos. Sacar este debate de la sombra, consideramos no sólo aplica a la intervención puntual en el Bronx, sino que se constituye en una parte importante de la agenda por la reforma en la política de drogas.