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Por Juan Pablo Pérez B. | Laura Ardila Arrieta · 06 de Agosto de 2018

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En su Plan Nacional de Desarrollo para estos cuatro años, el presidente Juan Manuel Santos, quien mañana deja su cargo, tiene una estrategia titulada ‘Caribe próspero, equitativo y sin pobreza extrema’.

En La Silla Caribe revisamos sus cinco principales objetivos para saber qué tanto le cumplió en su segundo Gobierno a la región.

El resultado es que, aunque hubo avances en varios sentidos, Santos no alcanzó a lograr todo lo que prometió.

Esta evaluación la hicimos revisando el documento de balance de resultados del Plan Nacional de Desarrollo que hizo Planeación Nacional a 2017, los 14 indicadores de la región Caribe a los que en concreto les hace seguimiento el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados Sinergia, los cuales contienen varios datos a 2018;  y con reportería propia y fuentes expertas. 

Además de los cinco grandes objetivos, incluimos como bono a San Andrés, en donde los números del Gobierno quedaron en rojo.

Planteamos cada objetivo a manera de pregunta. Este es el resultado:

1

¿Es el Caribe hoy menos pobre que cuando arrancó Santos II?¿Disminuyó la brecha entre La Guajira y los sures de Bolívar, Magdalena y Sucre, respecto al resto?

Uno de los objetivos de la estrategia Caribe del Plan Nacional de Desarrollo para este cuatrienio era bajar los índices de pobreza en la región y también disminuir la brecha entre La Guajira y los sures de Bolívar, Magdalena y Sucre, y el resto, pues esas son las zonas menos desarrolladas.

La respuesta sencilla a las preguntas de este primer punto es: hoy hay menos pobreza monetaria en el Caribe que hace cuatro años, pero hay más pobreza extrema en La Guajira, Cesar y Magdalena, y la brecha, en vez de disminuir, aumentó levemente.

La pobreza en esta región, además, sigue estando muy por encima del promedio nacional.

Los números son estos (excluimos la información sobre San Andrés porque la desarrollamos en otro punto de esta historia):

En 2013, antes de que arrancara el segundo tiempo de Santos, el promedio de la pobreza monetaria (aquella que padecen las personas que no tienen para lo básico) en el Caribe era de 46,34 por ciento. Y el de la pobreza extrema (la de los que no tienen ni para comer) de 14,2 por ciento.

Los mismos datos para fines de 2017, que es la información más actual que tiene el DANE, son de 41,81 por ciento y 12,47 por ciento, respectivamente.

Aunque menores a las de hace cuatro años, las dos cifras continúan bastante lejanas del promedio de Colombia: 26,9 por ciento de pobreza monetaria y 7,4 por ciento de pobreza extrema.

Asimismo, hay tres departamentos en los que aumentó la pobreza extrema en el cuatrienio, así: en La Guajira, de 25,7 a 26,5 por ciento; en Cesar, de 12,5 a 13,0 por ciento; y Magdalena, de 15,5 a 16,2 por ciento.

Respecto a la disminución de la brecha, según Planeación Nacional, el Índice de Convergencia Intrarregional ICIR, que mide el nivel de desigualdad en términos socioeconómicos entre los municipios que conforman una región, en el Caribe pasó entre 2015 y 2016 (los datos más recientes que se tienen) de 15,70 a 15,90 puntos.

Lo anterior quiere decir que aumentó levemente la desigualdad existente.

Hoy en el Caribe, todavía una de cada tres personas vive en condición de pobreza.

Según la iniciativa Casa Grande Caribe, que lidera y lanzó en 2017 el excodirector del Banco de la República, Adolfo Meisel, el 26,4 por ciento de las personas de la región (unas dos millones 640 mil) padecen pobreza multidimensional, que son las carencias en salud, educación y nivel de vida. Esa cifra se ha reducido ocho puntos desde 2010.

 
2

¿Se solucionó el problema de Electricaribe? ¿Tiene el Caribe hoy mejor estructura eléctrica?

Otro de los objetivos del segundo gobierno Santos era solucionar la crisis energética que se vive en la región gracias a los problemas que tiene el operador Electricaribe, y en general mejorar la infraestructura eléctrica.

Esto no se cumplió del todo, aunque parece ir camino a hacerlo.

Sobre Electricaribe, aunque la empresa (propiedad de Gas Natural Fenosa, españoles) fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos en noviembre de 2016 y entró en proceso de liquidación en marzo de 2017, todavía persiste el lío de que gran parte de las redes de distribución local de energía son propiedad suya.

Son estas redes las que están en mal estado y las que causan los cortes de luz que sufre la región.

Por eso, este problema no se solucionará hasta que entre un nuevo operador y haga las inversiones necesarias (aproximadamente siete billones de pesos) para reparar las redes.

Hace dos semanas Gas Natural Fenosa demandó al Estado por 1.626 millones de dólares por la intervención de la Superintendencia en 2016.

El viernes pasado, Electricaribe publicó el pliego de condiciones para la venta de la empresa. Un proceso que se espera avance en el nuevo Gobierno.

En cuanto a lo de la infraestructura eléctrica, más allá del lío de Electricaribe, una de las metas específicas que se trazó el Plan Nacional de Desarrollo era conectar o normalizar al Sistema Interconectado Nacional (SIN) 89.149 nuevos hogares, que no estaban conectados o que tenían conexiones anormales.

En estos cuatro años, se conectaron 20.439 nuevos hogares, el equivalente al 22,93 por ciento de lo que proyectaba la meta.

Sin embargo, otra de las metas era llegar a conectar 2.907 hogares en zonas en las que no hubiera cobertura eléctrica y esta meta específica sí se cumplió con creces.

De esta forma, se lograron conectar al SIN 4.016 hogares de los 2.905 que se habían planeado en el Plan de Desarrollo; es decir que la meta se cumplió en un 138,24 por ciento.

Vale anotar que la mayoría de estos nuevos hogares conectados al SIN están en Bolívar y Magdalena (1.637 en Bolívar y 1.685 en Magdalena); departamentos cuyo porcentaje de cobertura de energía eléctrica, en el 2013, superaba el 90 por ciento.

En cambio, en La Guajira, el departamento con menos cobertura del Caribe y el quinto con peor cobertura en el país, el nivel de cobertura se mantuvo en estos cuatro años alrededor del 73 por ciento; lo que significa que el 27 por ciento del departamento no tiene acceso a la energía eléctrica.

 
3

¿Está el Caribe hoy mejor conectado en vías?

En el capítulo dedicado al Caribe, Santos propuso, también, mejorar la conectividad de la región por medio del “mejoramiento, construcción de segundas calzadas, rehabilitación y mantenimiento de las vías nacionales”. Para esto, se plantearon 12 proyectos que serían construidos por medio del modelo de concesión de las 4G.

Al día de hoy, los más adelantados son los de la vía Cartagena- Barranquilla y la llamada Circunvalar de la Prosperidad, que conecta a los municipios de Malambo, Tubará, Galapa y Puerto Colombia, en Atlántico.

De acuerdo a las cifras que nos dio el Ministerio de Transporte, actualizadas la semana pasada, ambas carreteras han avanzado un 82,08 por ciento y, en ambas, hay tramos que ya se han entregado.

Los otros proyectos que han avanzado, aunque en un 1,78 por ciento, son las vías de Puerta de Hierro-Carreto- Palmar de Varela y Carreto-Cruz del Viso. Sin embargo, esta última planeaba un tramo desde Ciénaga de Oro (Córdoba) hasta La Ye (Córdoba) que todavía, según los datos del Ministerio, no se ha estructurado

Las otras carreteras que iban a ser construidas por medio del modelo de las 4G que proyectaba el Plan de Desarrollo (Sahagún-Sampués, Corozal-Puerta de Hierro, Cruz del Viso-Arjona, Caucasia Planeta Rica-La Ye, Cereté-Lorica-Toluviejo-Cruz del Viso, Barranquilla-Santa Marta, Gamarra-Ocaña, San Roque–Paraguachón) todavía no han sido adjudicadas.

 
4

¿Se inició la recuperación del río Magdalena?

En este Gobierno no se inició y, al momento de la publicación de esta historia, cuando queda apenas un día de Administración Santos, tampoco quedó prendida la luz verde que se necesita para arrancar la iniciativa. La razones son varias y complejas.

Esta recuperación está contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo e incluida ahí en la lista de Proyectos de Interés Nacional Estratégicos, pues impactará nueve departamentos y 57 municipios de Colombia, al reactivar en 908 kilómetros al río.

La historia arranca cuando, en agosto de 2014, el consorcio Navelena se gana en APP una licitación por 2,5 billones de pesos para hacerla.

Navelena está conformado en un 87 por ciento por la corrupta multinacional Odebrecht (en ese momento, aún sin líos conocidos) y en un 13 por ciento por Valorcon, liderada por el empresario Julio Gerlein.

El contrato se firmó en septiembre, en una ceremonia en Barranquilla a la que asistieron Santos y Germán Vargas Lleras, como vicepresidente encargado de todos los temas de infraestructura.

El proyecto se fue a pique porque el consorcio comenzó a tener problemas para acreditar la financiación y presentar las garantías bancarias, cuando en paralelo estallaban en varios países, incluyendo este, los escándalos de corrupción de Odebrecht.

Después de muchas advertencias y esperas, en marzo del año pasado Cormagdalena, la entidad encargada de la iniciativa, declaró la caducidad del contrato e impuso una multa por más de 50 mil millones de pesos a Navelena (que anunció una demanda contra el Estado y actualmente está en trámites para solicitar un tribunal de arbitramento por el no reconocimiento de unos costos asociados a la liquidación).

En aquel momento, se dijo que el proyecto se adjudicaría nuevamente a fines de 2017 o a comienzos de 2018.

El camino parecía fácil, sobre todo teniendo en cuenta asuntos como que, dos meses después de la caducidad, Cormagdalena radicó en el Ministerio de Hacienda el estudio fiscal de la iniciativa, que era un primer paso para continuarla.

Pero el asunto no avanzó en el Ministerio y, en marzo de este año, Santos dijo en Barranquilla que le había pedido al Ministro que aprobara el modelo financiero “antes de mediados de abril para que quede garantizado y con eso dejamos una obra muy importante”. 

Efectivamente, al mes siguiente, y tras 11 meses de espera, el MinHacienda aprobó el modelo financiero y de los riesgos del nuevo proyecto de APP, frente a lo cual quedaba un trámite de revisión y de vigencias futuras ante Planeación Nacional para luego pasar a la firma del Confis, que garantizará los recursos.

En julio pasado, Planeación autorizó las vigencias futuras para la APP del río, sin embargo el Confis, que es lo que garantiza la plata, no se firmó, pese a los varios pronunciamientos que en estos días han hecho los gremios, pidiendo al Gobierno que deje eso listo antes de irse.

Y también pese a críticas de mandatarios como el barranquillero Álex Char, quien dijo que el Gobierno Santos no actuó con seriedad y le “bailó el Indio” a la región con eso.

 
5

¿Están hoy en menos riesgo por inundaciones poblaciones vulnerables, como las de La Mojana?

Con el objetivo de mitigar los riesgos por inundación en el Caribe, especialmente en zonas como La Mojana, las propuestas de Santos en el Plan de Desarrollo se enfocaron en asesorar a los municipios de la región para que mitigaran los peligros que podían padecer.

Así, de las metas que se plantearon se lograron elaborar planes de ordenación y manejo de cuencas en 1.016.897 hectáreas de las 963.746 que se proyectaron en el Caribe y se hizo uno de los dos planes de cambio climático departamentales que se propusieron.

Ese plan es un documento, fue hecho para el departamento del Atlántico en 2015 y propone una serie de estrategias para mitigar los efectos de este fenómeno global de aquí al 2040.

No obstante, estas asesorías no implican que la región esté en menos riesgo por inundaciones, pues, como mostró la crisis de Hidroituango (en donde se hicieron con éxito varios simulacros de evacuación con las comunidades), ante una catástrofe, zonas como La Mojana y el sur de Bolívar son todavía vulnerables.

Para reducir el riesgo de inundación en La Mojana, el Gobierno empezó un proceso de intervención de la zona en el 2011 que, según los últimos datos publicados por el DNP de diciembre del 2017, está avanzado en un 69,2 por ciento.

 

Bono

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¿Se cerró la brecha entre San Andrés y el resto del país?

A raíz del fallo de La Haya de noviembre de 2012, que redefinía los límites marítimos colombianos en San Andrés, el segundo Gobierno Santos diseñó un plan estratégico para recuperar económica y socialmente a la isla, que quedó incluido en el Plan Nacional de Desarrollo.

Específicamente, dicho plan traza seis metas. A partir de lo que pudimos averiguar, ninguna se ha cumplido.

De hecho, en la mayoría de ellas nada se ha avanzado.

Como muestra la página del DNP Sinergia, hasta ahora no se ha instalado ninguna fuente renovable de energía eléctrica que produzca los 7,5 MW que establece el Plan de Desarrollo.

Tampoco mejoró el porcentaje de cobertura de educación media. De hecho, de acuerdo a las cifras que nos dio el Ministerio de Educación, éste empeoró poco más de seis puntos: pasó de 61,98 por ciento a 55,5 por ciento.

Asimismo, de acuerdo a los datos de Planeación, no se entregó ni una vivienda de interés social en las zonas rurales del Archipiélago (se había planeado hacer 261) ni se creó un sistema de transporte no motorizado que funcionara a partir de energías limpias.

Otra de las metas era, aprovechando el bilingüismo de la isla, crear 180 nuevos empleos en un call center, pero esto no se cumplió pues éste nunca empezó a operar.

En otra meta, aunque tampoco se completó la construcción de la Casa de la Cultura North End, ésta sí arrancó a comienzos del pasado julio.

La única meta en la que hubo un avance grande fue en la de mejorar el desempeño integral del municipio de San Andrés: un tipo de medición que mide la capacidad de gestión y de desarrollo de resultados de los entes territoriales. Acá, se partió de ceros y hubo un avance del 51,74 por ciento.

Como lo habíamos contado la semana pasada en La Silla Caribe, el Archipiélago vive actualmente una crisis institucional y social, por cuenta de su Gobernador titular suspendido, la falta de agua potable, un creciente riesgo de contaminación, los homicidios disparados, casi no hay servicio de salud y ha aumentado la pobreza.

 

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