Por Jorge Cantillo Barrios · 19 de Agosto de 2017

Foto tomada de elheraldo.co

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De nuevo la hemofilia, una enfermedad catalogada como huérfana debido a su rareza, vuelve a aparecer atada a posibles entramados de corrupción y desvío de recursos públicos, esta vez poniendo a Bolívar en el ojo del huracán gracias a la apertura de una investigación disciplinaria el pasado 10 de agosto por parte de la Procuraduría contra el exgobernador liberal Juan Carlos Gossaín y cinco de sus funcionarios.

La  Procuraduría investiga si la Gobernación, bajo la batuta de Gossaín, realizó pagos indebidos de más de 25 mil millones de pesos por prestación de servicios médicos y compra de medicamentos para pacientes hemofílicos cuando estos ya contaban con afiliación a EPS que podían brindarles atención y suministrarle sus medicinas.

Se apoya el Ministerio Público en una auditoría hecha por la Contraloría entre 2013 y 2014, cuando Gossaín estaba en el poder, que concluye que existió un daño al patrimonio del Estado de 25.450 millones de pesos.

Ese dinero fue girado, sin mediar un contrato, a las IPS Asistegral, Fundación Ciénaga de la Virgen y E.S.E Divina Misericordia para atender a 17 pacientes hemofílicos que tutelaron su derecho a la salud ante el gobierno departamental. La Contraloría encontró que la Gobernación no ejercició su derecho a la defensa y asumió los gastos de su atención cuando no le correspondía porque los tratamientos estaban avalados por el POS.

Esas IPS, con excepción de la E.S.E Divina Misericordia, no tienen licencia de funcionamiento desde 2015, como nos lo confirmó el Ministerio de Salud, y una de ellas, Asistegral, solo tuvo poco más de dos años de vida (entre septiembre de 2012 y 2015), justo para la época de los pagos.

Además, en visitas hechas por la Contraloría durante 2014 a la Fundación Ciénaga de la Virgen y Asistegral también se encontró que en las direcciones registradas en sus documentos de constitución no funcionaban IPS y una de esas direcciones (donde debería estar la fundación) ni siquiera existía.

Según logramos establecer, una atención integral a un hemofílico (medicamentos y asistencia) ronda los 180 millones de pesos anuales.

Valor que de acuerdo a expertos del área de la salud consultados por La Caribe es un monto relativo a la calidad del servicio que se preste y la gravedad de la enfermedad.  Tomando esta cifra los 17 pacientes de Bolívar costarían un aproximado de 3.060 millones de pesos, muy por debajo de los 25 mil facturados.

Por estos hechos, además del exgobernador la Procuraduría también abrió investigación disciplinaria a la exsecretaria de Salud Ana María Álvarez y los funcionarios de esa dependencia Bertha Pérez, Nacha Newbal, Luis Eduardo Ortíz y Emil Rangel Sosa. Aunque no especificó el papel que cada uno habría tenido en los pagos.

Este caso recuerda al denominado “cartel de la hemofilia” de Córdoba, durante la administración del cuestionado Alejandro Lyons, en el que unos funcionarios hicieron pagos por más de 44 mil millones de pesos por pacientes que no existían (a diferencia de los de Bolívar, cuya existencia no ha sido puesta en duda).

En La Silla Caribe preguntamos al exgobernador Gossaín por estos señalamientos y este afirmó que la actuación de la Gobernación estuvo acorde a la Ley porque los pagos fueron ordenados por fallos de tutela que se venían presentando desde 2009, año en que la Superintendencia de Salud intervino la Secretaría de Salud del departamento en la administración de Joaco Berrío, y que hubo otras tutelas en que la Gobernación sí se defendió y ganó.

Sobre el porqué de los pagos a las tres IPS cuestionadas el exgobernador dijo no conocer “cuando se crearon ni quienes prestaban el servicio” porque no era de su competencia.

A raíz de este lío investigamos qué relaciones políticas hay detrás de esas IPS (que recibieron los pagos) y de los funcionarios investigados en la secretaría de la Salud, (que los autorizaron) y encontramos que los nombres de la senadora Daira Galvis (Cambio Radical), el exsenador William Montes (condenado por parapolítica) y la poderosa familia García se repiten de lado y lado.

El proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría se encuentra hoy en la Unidad Especial Anticorrupción de esa entidad. Fue remitido desde el 2015 a la Fiscalía y la Procuraduría para que establezcan posibles responsabilidades penalaes y disciplinarias. 

Daira y los García, los nombres repetidos en las IPS cuestionadas

El lío de lo pagos tuvo su génesis en septiembre de 2012, cuando después de tres años de haber estado intervenida por la Superintendencia de Salud, la Gobernación, en cabeza de Gossaín, recuperó el control de la Secretaría de Salud departamental a la cabeza de la secretaria Ana María Álvarez Castillo, que no representaba a ningún grupo político sino que era de Gossaín.

 

Justo al día siguiente de la posesión de la secretaría (el 15 de septiembre de 2012), se crea la IPS Asistencia Integral de Servicios de Salud S.A.S. Asistegral, que entre 2013 y 2014 recibió pagos de la Gobernación por 10.467 millones de pesos por concepto de atención a pacientes hemofílicos.

De acuerdo con los documentos de constitución esta IPS, que según el Ministerio de Salud no tiene licencia vigente desde el 2015, tenía como representante legal a Gloria Patricia Giraldo Jaramillo, quien hoy cumple funciones de asesora en la Secretaría General de Turbaco.

Esa alcaldía es de Cambio Radical y está a la cabeza de Antonio Víctor Alcalá Puello, quien fue apadrinado en las pasadas elecciones por la senadora de ese partido Daira Galvis, una de las fuerzas que impulsó el nombre de Gossaín para llevarlo a la Gobernación.

En La Silla Caribe llamamos al número de contacto registrado en la Cámara de Comercio de la IPS y nos respondió una mujer que se identificó tan solo como Tatiana. Ella nos dijo que “asesoró” en la inscripción de la IPS y en el momento que hizo “la diligencia”, puso su teléfono “porque no tenía otro”. Nos dijo que no conocía a Gloria Giraldo (representante legal de Asistegral), y que la persona “que siempre la contactó” era un hombre del cual no quiso dar ningún detalle antes de cortar la llamada.

El nombre de la senadora Galvis se nos repitió cuando averiguamos por la segunda IPS.

Se trata de la IPS Fundación Ciénaga de la Virgen, cuyo representante legal para la época de los pagos (9.513 millones de pesos en 2013) era Joel Tanus Gaviria, quien hoy labora como contratista de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social de Cartagena en la que manda la senadora Galvis, como contamos en La Caribe, primero con María Elvira Márquez y desde mayo pasado con Arianna Castro Puello.

Le preguntamos a la senadora Galvis por estas coincidencias y nos dijo que ignoraba quienes eran estas personas y en donde pudieran trabajar. “Me declaro ignorante sobre temáticas de salud”, afirmó

Otro apellido político que encontramos averiguando por las IPS que recibieron los pagos que están bajo sospecha es el de la poderosa familia García de Bolívar.

Los encontramos en la E.S.E Divina Misericordia de Magangué, que recibió pagos de 5.469 millones de pesos durante esos mismos años, se creó en 2007 y actualmente presta sus servicios de salud de segundo nivel a habitantes de ese municipio y de otros vecinos en los departamentos de Sucre y Córdoba.

Esa entidad es operada desde 2010 -es decir, lo era ya para la época de los pagos– por la Fundación Renal de Colombia, cuyo representante legal es Gabriel Enrique García Sotelo, hijo del exalcalde de Cartagena Gabriel García Romero, quien a su vez es primo del exsenador condenado por corrupción Juan José García Romero.

De la Fundación renal también hace parte Miguel García Romero, hermano del exalcalde Gabriel y primo del exsenador Juan José como lo reseño Daniel Coronell en una columna de 2012.

La Fundación Renal está vinculada al proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría, junto con la directora de la E.S.E Divina Misericordia Candelaria Valdelamar, de acuerdo a un derecho de petición respondido en agosto del año pasado al periódico El Universal al cual La Caribe tuvo acceso.  

Los poderes en la Secretaría de Salud

Mientras esos apellidos se oyen al averiguar por las IPS, para la época de los pagos investigados, la Secretaría de Salud (que era la entidad que los autorizaba) tenía influencia de varios políticos que apoyaron la campaña de Gossaín en 2011, aunque su cabeza, Ana María Álvarez, era de la entraña del Gobernador.  

Así lo constatamos al encontrar las filiaciones políticas de los funcionarios investigados disciplinariamente por la Procuraduría.

Tres fuentes conocedoras de las movidas políticas del departamento afirmaron por aparte que la directora de Salud Pública para la época (el segundo cargo en importancia por debajo de la Secretaria), Bertha Pérez López, es cuota directa del grupo político de William Montes Montes (condenado por parapolítica) y de su exesposa la representante de La U Martha Curi.

Pérez fue diputada con el apoyo de ese grupo en 2007, avalada por el Partido Conservador, al que perteneció el esxenador Montes, y le dio paso en 2011 a Andrés Montes, sobrino de William y quien hoy representa a ese grupo en la Asamblea.

Tanto Montes como Curi apoyaron a Gossaín durante la campaña de 2011 lo que les valió tener representación en la secretaría

Por su parte Nacha Newball Jiménez, se desempeñó como directora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud con Gossaín y fue ratificada en su cargo durante la presente administración de Dumek Turbay, es cercana a la senadora de Cambio Radical Daira Galvis, quien apoyó tanto a Gossaín como a Turbay para llegar al primer puesto del departamento.

Esa funcionaria aspiró a la Asamblea en 2007 por Cambio Radical. Además su nombre estuvo sonando como cuota de Galvis para la Secretaría de Participación y Desarrollo Social de Cartagena que recibió la senadora de Cambio Radical por su apoyo a la aspiración de Manolo Duque y que terminó siendo para María Elvira Márquez.

La senadora Galvis le dijo a La Silla que Newball perteneció y estaba muy vinculada al grupo de la difunta representante Maria del Socorro Bustamante, “grupo que  localmente votó por mí al Senado”. Bustamante y Galvis eran reconocidas amigas y aliadas políticas.

El otro investigado, Emil Rangel Sosa, director técnico de la Oficina Legal, y quien era el encargado de darle respuesta a las tutelas, es hermano del exrepresentante condenado por parapolítica Miguel Ángel Rangel, cuya esposa, Sandra Villadiego, la senadora más votada de La U en Bolívar, también respaldó a Gossaín pese a que su partido avaló a Rosario Ricardo, candidata de la casa García ZucCardi, para la Gobernación.

Las responsabilidades fiscales, penales y disciplinarias frente al caso de Bolívar todavía deben ser determinadas por las autoridades correspondientes, quienes tendrán la última palabra para saber si lo que pasó en Bolívar durante la administración de Gossaín fue o no un escándalo comparable con el desfalco que protagonizó Alejandro Lyons en la Gobernación de Córdoba por el cartel de la hemofilia. 

 

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