Por Carlos Hernández Osorio · 19 de Marzo de 2017

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Las goteras que por estos días lluviosos se filtran en el recién remodelado parqueadero del Concejo de Bogotá han obligado a algunos concejales a dejar sus carros en otra parte. El estacionamiento queda en un sótano, sobre el que se extiende una plazoleta, también recién construida, a la que un grupo de obreros comenzó a levantarle losas después de terminada, tratando de arreglar las filtraciones de agua.

La remodelación del estacionamiento y de la plazoleta, contratada por el IDU en 2013 para que quedara lista en 2014, ya lleva cuatro años y hasta ahora la están terminando; e iba a valer $6 mil 300 millones y terminó costando $11 mil 800 millones.

Esta obra tiene un ingrediente adicional que hasta ahora no ha trascendido a los medios: los contratistas, Orlando Fajardo Castillo y Luis Gabriel Nieto García, están siendo investigados por la Fiscalía por el escándalo de la corrupta multinacional Odebrecht.

Ambos serían parte del vínculo entre la empresa brasilera y el carrusel de la contratación, junto con el ingeniero y excontratista Andrés Cardona Laverde, recién capturado.

Sus nombres han resonado en medios y en investigaciones judiciales desde que estalló el carrusel durante la Alcaldía de Samuel Moreno, en 2010, debido a su voluminosa contratación para hacer obras del Acueducto.

A pesar de eso, se han mantenido fuertes en la contratación de Bogotá y Cundinamarca, como lo muestran sus recientes contratos con el IDU, la CAR, las alcaldías locales y de otros municipios, y a nivel nacional por medio de Findeter.

Viejos conocidos

Fajardo y Nieto son dos viejos conocidos de la contratación en el Distrito.

El primero es un tulueño de 66 años que lleva presentándose a procesos de contratación del Acueducto desde comienzos de los 80, le dijo a El Espectador en 2012.

Los hermanos Luis Gabriel y José Jairo Nieto, por su parte, fundaron la empresa Incar Ltda. en 1981, a la que Fajardo se les unió como accionista a mediados los 90, cuando él ya era contratista del Acueducto. En 1996 la empresa pasó a llamarse Seravezza, firma que tiene a cargo las obras en la plazoleta del Concejo.

Fajardo y Luis Gabriel Nieto son hoy los únicos dueños de la compañía, cada uno con la mitad de las acciones.

En 2009, ya iniciada la administración Moreno, ambos crearon Constructora Fajardo Nieto (Confani), que comparte oficinas con Seravezza y les sirvió para integrar uniones temporales y consorcios.

Su robusta participación en la contratación del Acueducto llevó a que en el 2010 sus nombres y los de sus hermanos Jaime Fajardo y José Jairo Nieto aparecieran en el informe de seguimiento a la contratación en el Distrito que publicaron el entonces concejal del Polo Carlos Vicente de Roux, el senador Luis Carlos Avellaneda y Gustavo Petro, documento que sirvió como soporte para las investigaciones de las autoridades sobre el carrusel de la contratación.

El informe anotó que, con 28 contratos entre 2008 y 2009, el grupo Fajardo Nieto era uno de los cuatro que concentraba la contratación del Acueducto, junto con Odebrecht y los grupos Solarte y Yamil Sabbagh Solano.

Y afirmaba que Fajardo, junto con el recién capturado Andrés Cardona Laverde, tenía “alta capacidad de gestión ante el Acueducto para la obtención de contratos”.

Fajardo le dijo a El Espectador que, ante esa afirmación, pidieron “una rectificación que nunca llegó. Consideré que no era necesario demandar porque entendí que era más un informe de campaña política”.

En esa entrevista también le preguntaron por su relación con Emilio Tapia, Inocencio Meléndez y Julio Gómez, todos condenados por el carrusel, y admitió que sabía de este último, pero negó haberlo tratado.

De Roux y compañía centraron sus suspicacias sobre Fajardo y Nieto en el contrato que ejecutaban con Solarte para canalizar el río Fucha, por $84.700 millones.

Aunque el Acueducto se los había adjudicado en 2006 (durante alcaldía de Luis Eduardo Garzón), para el 2010 ajustaba tres suspensiones y estaba ad portas de una adición “a pesar del deficiente desempeño del contratista”, decía el documento. Esa alarma, sin embargo, fue inútil para impedir que les dieran esa adición por $51 mil millones.

Una vez Petro llegó en 2012 a la Alcaldía, en parte gracias a sus denuncias sobre el carrusel, Noticias Uno contó que el Acueducto habilitó al grupo de Fajardo en licitaciones en las que lo habían descalificado en 2011, cuando Clara López era alcaldesa encargada en remplazo del suspendido Samuel Moreno.

La revista Dinero reveló en noviembre ded 2012 que concejales interrogados por el carrusel le aseguraron a la Fiscalía que los enlaces de Fajardo en el Acueducto eran los concejales liberales Jorge Ernesto Salamanca (condenado) y Jorge Durán (que sigue investigado, pero también en su curul).

Desde entonces los señalamientos contra ambos contratistas se limitaron a su presunta vinculación con el carrusel, hasta que hace tres semanas el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, los mencionó como parte de la investigación por los sobornos que se habrían movido alrededor del contrato Tunjuelo-Canoas, en 2009.

La relación con Odebrecht

La Fiscalía asegura que durante la licitación para escoger al contratista que construiría el túnel de aguas negras Tunjuelo-Canoas, Orlando Fajardo le pagó $255 millones al abogado Manuel Sánchez -hoy testigo del carrusel- para que éste sacara de la competencia a la empresa que representaba, la argentina Cartellone.

 

Una vez el consorcio entre Odebrecht y los Solarte se ganó el contrato por $243 mil millones, subcontrató a una de las empresas de Fajardo y Nieto para hacer una vía y un colector en Soacha. Eran obras que, según una declaración de Fajardo que publicó El Tiempo, costaban $11 mil millones.

Todo esto se supo en la audiencia en la que la Fiscalía legalizó la captura del contratista Andrés Cardona, a quien también subcontrataron Odebrecht y los Solarte.

El primero de febrero la Fiscalía allanó las oficinas de Fajardo y Nieto, y, según La W, adelanta una investigación en su contra que “va muy avanzada” por sus contrataciones en el Acueducto, aunque no está claro si por el caso de Odebrecht y Tunjuelo-Canoas, o por alguno de los múltiples contratos que se han ganado en esa empresa del Distrito.

En el primer caso, como lo ha contado La Silla, no es seguro que Fajardo pudiera aportar información sobre el engranaje entre Odebrecht y funcionarios del Acueducto, ya que su rol se habría restringido a “sacar” plata del contrato hacia poderes relacionados con el ex senador del Polo Iván Moreno.

Pero ni Fajardo ni Nieto cargan, por lo pronto, ninguna decisión en su contra, y se mantienen vigentes como contratistas en Bogotá y Cundinamarca, donde ejecutan millonarias obras, no sin cuestionamientos.

Su actual fortaleza

Fajardo, Nieto y sus empresas, de acuerdo con registros de Cámara de Comercio, han sido contratistas del Ejército; en Cundinamarca, de alcaldías como las de Guaduas y Tabio, de la Asociación de Municipios de la Sabana Centro y de la CAR; y en Bogotá no solo del Acueducto, sino del IDU y de alcaldías locales.

Tan solo con el IDU, uniones temporales y consorcios en los que ha estado Seravezza se ganaron contratos por $70 mil millones entre 2013 y 2014, durante la alcaldía de Gustavo Petro.

Un exfuncionario que trabajó esos años en un cargo directivo del Instituto le dijo a La Silla que, a pesar de los comentarios sobre la supuesta relación de Fajardo con el carrusel, la administración no podía vetarlo a él ni a su socio porque nada les impedía presentarse a los procesos. No registran, de hecho, ni multas ni sanciones en contra.

Una de las obras que se ganaron fue la remodelación de la plazoleta del Concejo y del sótano con los parqueaderos de los concejales, pero “quedó con unos pendientes y a la fecha no ha cumplido”, nos dijo Yaneth Mantilla, directora del IDU, donde les abrieron un proceso por incumplimiento y están citados a una audiencia el 31 de marzo.

Más allá de ese lío, Fajardo y Nieto se mantienen vigentes con otras obras de peso.

Tienen a cargo, por ejemplo, la recuperación de la Laguna de Fúquene, un contrato por $18.500 millones que la CAR les adjudicó en 2015 y al que en octubre pasado le adicionó, por solicitud de los contratistas, $9.230 millones con el fin de hacer obras nuevas.

Néstor Franco, director de la CAR, aclaró que hasta ahora no hay problemas con ese contrato.

En 2016, ya durante la administración de Enrique Peñalosa, se ganaron, al menos, dos contratos más en las alcaldías locales de Tunjuelito y de Ciudad Bolívar para intervenir vías, que suman $10.500 millones.

La Silla se comunicó con las oficinas de Fajardo Nieto, donde respondieron, a través de un delegado de comunicaciones, que no se pronunciarían para esta historia.

Como los señalamientos en contra de ambos se mantienen y hacen que cada contrato que se ganen quede bajo un manto de duda, de los resultados que arrojen las investigaciones de la Fiscalía depende que sigan trabajando tranquilamente o que terminen saliendo de escena.

CONTEXTO

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