Por Carlos Hernández Osorio · 08 de Julio de 2018

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La semana que termina la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) comenzó a ratificar lo que se venía hablando por años en Bogotá: que en la ciudad probablemente operaba un cartel de empresas que garantizaban que les adjudicaran los contratos de los refrigerios escolares que a diario reciben 782 mil estudiantes de colegios públicos.

La SIC les formuló pliego de cargos a 10 firmas y 19 personas porque todo indica que durante los gobiernos de Lucho Garzón, Samuel Moreno, Gustavo Petro y Enrique Peñalosa, antes de cada contrato se ponían de acuerdo para no competir entre sí por las zonas en las que la Alcaldía divide la ciudad para suministrar la alimentación escolar, sino que se las distribuían para garantizar que a cada quien le quedara un contrato.

Aerodelicias, Servicial, La Campiña, Industrias alimentos y catering (Catalinsa), Diseral, Fabio Doblado Barreto, Iberoamericana de Alimentos y Servicios, Proalimentos Liber, Alimentos Spress, Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, Asociación Colombiana de Empresas Proveedores de Alimento (Asoproval); Gustavo Enrique Donado Arrázola, Juan De Jesús Alemán Guerrero, Hayder Mauricio Villalobos Rojas, Javier Ignacio Pulido Solano, Juan Carlos Almansa Latorre, Jairo Humberto Becerra Rojas, Stella Téllez Hernández, Germán Trujillo Manrique, Lukas Donado Rangel, Mónica Guasca Caicedo, Diana Lucero Gualteros Jiménez, William Fajardo Rojas, Vilma Alcira Paéz Velasco, Hernando Prieto Molina, Beatriz Becerra Rojas, Lucero Téllez Hernández, Ismael Bello Pachon, Luisa Fernanda Flórez Rincón Mónica Arlene Del Pilar Barrera Romero

Pero en medio del documento de 239 páginas en que quedó plasmada esa decisión hay otros detalles y revelaciones como los siguientes.

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Más que un cartel de empresas, era un club de amigos

La SIC constató que la relación entre los representantes de las 10 empresas investigadas, que en teoría eran las que se disputaban los contratos de suministro de refrigerios escolares, no era de competidores, sino “más de socios, colegas o amigos”.

Para demostrarlo revela un sinnúmero de correos electrónicos que al menos desde 2005 intercambian entre ellos con el fin de discutir aspectos de las licitaciones en las que supuestamente estaban compitiendo entre sí, con el fin de coordinarse para que cada uno se quedara con una zona de la ciudad y nadie saliera perdiendo.

Y se coordinaban de una forma tal, que la investigación arrojó que entre 2007 y 2016, 13 empresas concentraron el 90,2 por ciento de la participación en los procesos para elegir a los contratistas, y “en promedio se quedaron con el 74 por ciento del presupuesto de cada año” para refrigerios escolares.

En dos ocasiones (2013 con Petro y 2016 con Peñalosa) acordaron no presentarse a procesos que consideraban desfavorables, con lo que lograron que se declararan parcialmente desiertos y que la Secretaría de Educación revaluara las condiciones de los contratos para volverlos a abrir.

En su mayoría, por otra parte, crearon en 2015 la Asociación Colombiana de Empresas Proveedoras de Alimentos (Asoproval), una agremiación desde la que coordinaron los ataques jurídicos a las licitaciones que no les convenían. Sus integrantes abrieron un grupo de whatsapp en el que mantenían comunicación constante.

Fue Asoproval la que redactó los formatos de las tutelas que en 2016 presentaron trabajadores comunes y corrientes de esas firmas contra el cambio en el modelo de contratación que implantó Peñalosa.

Era muy difícil que se pisaran las mangueras, además, porque entre ellos eran socios en otras licitaciones, o unos son proveedores de otros.

Esa cercanía entre algunos llega a tal punto, que la SIC pone como ejemplo que Gustavo Enrique Donado Arrázola, representante legal de Aerodelicias, y Juan Carlos Almansa Latorre, de Ibeaser, “son propietarios en común de un yate”.

 

 
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Hay indicios de que tuvieron un brazo político, pero la SIC no lo toca

A pesar de que el alcalde Enrique Peñalosa aseguró que recibieron presiones de los empresarios “y sus políticos cómplices”, la investigación de la SIC no se detiene a analizar la posible participación ni de políticos ni de funcionarios.

Toda la formulación de cargos la argumenta en función de las estrategias que usaron esos empresarios para repartirse la ciudad y no tener que competir entre ellos, y concluye que se trata de “corrupción privada”.

Sin embargo, aporta indicios sobre la presunta relación entre los empresarios y concejales.

Por ejemplo, dice que Hernando Prieto Molina, representante de Ibeaser, y Mónica Barrera, presidenta de Asoproval (la asociación que crearon para defender sus intereses) “participaron en reuniones y promovieron acercamientos con miembros del Concejo de Bogotá para que investigaran” las presuntas irregularidades en un contrato que celebró el gobierno Petro en 2015 y no les convenía.

Pero nunca precisa con qué concejales habrían sido los encuentros.

La investigación tampoco salpica a funcionarios, a pesar de que en 2015, según contó el entonces Secretario de Educación, Óscar Sánchez, denunciaron en la Fiscalía presiones de algunos trabajadores de esa dependencia para favorecer a los privados.

 
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Aunque Peñalosa lo niegue, Petro sí tiene mérito

Tras la formulación del pliego de cargos, el alcalde Enrique Peñalosa ha resaltado la ayuda de su administración en la investigación y que al cambiar el modelo de contratación, su gobierno evitó que las prácticas anticompetitivas que desde hace una década presuntamente venía implementando un grupo de 10 empresas de alimentos.

Su Secretaria de Educación, María Victoria Angulo, además le dijo a El Tiempo que Óscar Sánchez, el Secretario de Educación de Petro, no tuvo nada que ver en este logro porque la cooperación con la SIC y los cambios en la contratación comenzaron en 2016, con esta Alcaldía.

Eso ya lo comenzaron a registrar los medios como una puja por quién se lleva los créditos.

En todo caso, la exposición de la SIC en el pliego de cargos sí le da créditos a Petro.

El principal es que en 2015, último año de su gobierno, se llevó a cabo el proyecto piloto para explorar la posibilidad de implementar un modelo de contratación conocido como agregación de demanda, que le permite ahorrar más plata al Distrito. Eso lo hizo con la ayuda de Colombia Compra Eficiente, la agencia estatal de contratación pública, que por primera vez aplicaba ese método a un contrato de este tipo.

Además, no era la primera vez que el gobierno de Petro intentaba cambiar el esquema de contratación para evitar que los empresarios se cartelizaran. Cuando llegó pasó de la licitación que se había hecho siempre a la contratación mediante la Bolsa Mercantil de Colombia, y luego con subasta inversa, siempre buscando, según la SIC, que hubiera más proponentes y por lo tanto más competencia. Eso incomodó mucho a los empresarios hoy investigados, pero según lo relatado por la SIC, siempre encontraron la forma de coordinarse para salir ganando.

Una vez el gobierno Petro aplicó el método de agregación de demanda, con Colombia Compra Eficiente acordaron que ese debía ser el método para seguir eligiendo a los proveedores de alimentos, algo que consolidó desde 2016 el gobierno de Peñalosa, que logró que por primera vez en al menos una década hubiera competencia real entre las empresas interesadas en la provisión de refrigerios escolares, y por lo tanto un ahorro para el Distrito en esos contratos.

Por otra parte, la SIC también cuenta en el documento que en la investigación incluyó los avances que ya tenía a partir de una denuncia anónima sobre el presunto cartel que recibió el 30 de marzo de 2015. Y aunque no lo dice, en esa fecha el entonces secretario Sánchez citó a los medios para hablar de lo mismo e informar que habían interpuesto denuncias en la Fiscalía.

 
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Con los refrigerios se reencauchó un enredado en el Carrusel

La vinculación a la investigación de la empresa Catalinsa dejó al descubierto que ésta es la antigua Mauro’s Food, recordada porque a pesar de dedicarse a actividades relacionadas con alimentos, terminó de contratista en la construcción de una calzada de la calle 153, como parte del Carrusel de la contratación que desfalcó a Bogotá en el gobierno de Samuel Moreno.

Por eso, el IDU declaró la caducidad de ese contrato y quedó inhabilitada para contratar por cinco años.

En la investigación por el cartel de refrigerios la SIC constató que “Hayder Mauricio Villalobos, que fue accionista de Muro’s Food, ejerce control sobre Catalinsa”, a pesar de que figura como un mero asesor de esta empresa.

Catalinsa, además, tiene la misma dirección, revisor fiscal y abogado de Mauro’s Food y utiliza los mismos equipos.

Es decir que la inhabilidad para contratar nunca se concretó realmente, y se mantuvo en contrataciones que de nuevo la involucran en casos de presunta corrupción.

 
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Este cartel puede ser nacional

La SIC halló evidencia de que la colaboración entre las empresas investigadas no se limitó a la contratación de refrigerios escolares en Bogotá, “sino que se extendió a otros mercados”.

Y para eso pone como ejemplos procesos de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), con el fin de proveer alimentación a personas presas; de la Unidad de Víctimas del Gobierno Nacional; y de Boyacá.

En estos la investigación encontró intercambios de información sobre las condiciones de los procesos e indicios sobre acuerdos para evitar la competencia.

 
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El vocero de los padres de familia quedó en entredicho

La Confederación Nacional de Federaciones de Padres de Familia (Confenalpadres), cuyo presidente es Carlos Ballesteros, se convirtió en una caja de resonancia de los intereses de las empresas presuntamente involucradas en este cartel.

La SIC concluye que los empresarios la contactaron por medio de Asoproval y que “la usaron para revestir sus críticas de legitimidad”, toda vez que si querían referirse a las posibles dificultades que implicaban los cambios en la contratación que estaba implementando Peñalosa en 2016 y 2017, sobre todo ante los medios de comunicación el mensaje de alerta quedaba reforzado si el vocero de los padres de los niños era el que hablaba.

La investigación muestra cómo internamente los empresarios acordaban hacer pronunciamientos y, con un enlace de prensa, el vocero terminaba siendo Ballesteros, a quien los medios suelen consultar desde hace años como voz autorizada para temas relacionados con el bienestar de los estudiantes, como los paros de maestros y los procesos de selección de docentes, por ejemplo.

Con él, las inquietudes de los empresarios cuestionados lograron publicaciones en RCN Radio, El Espectador, El Tiempo, CM&, Semana y La W.

La SIC, en todo caso, ni vincula a Ballesteros en la investigación ni lo involucra con posibles actividades irregulares, pero deja en entredicho su papel porque jugó más a favor de los intereses de los empresarios que de los niños, a los que los empresarios intentaron dejar sin refrigerios al menos en dos procesos a los que al parecer acordaron no presentarse para presionar a la Alcaldía, en 2013 y 2016.

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