Silla Académica

Seguridad Posconflicto

'Nadie sabe si los hot spots funcionan"

Por Natalia Arbeláez Jaramillo · 02 de Marzo de 2018

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Debido a la creciente ola de inseguridad en las ciudades, que algunos adjudican al posconflicto, a la migración de venezolanos al país o a la pobreza, La Silla Académica habló con Juan Carlos Ruiz, profesor de la Universidad del Rosario, quien hizo un balance de la estrategia de hot spots aplicada desde 2009 en Bogotá y Medellín y es experto en seguridad ciudadana, sobre los retos que tienen los alcaldes y que va a tener el próximo presidente en esa materia, que es una de las principales preocupaciones de la gente.

LSA: Últimamente en Bogotá se han conocido casos de robos como el de la señora embarazada que hirieron por robarle el carro, atracos armados a restaurantes, robos masivos en Transmilenio, hurto en casas ¿es un tema de percepción de inseguridad o de realidad?

J.C.R.: Es un tema de ambas cosas. Las cifras confirman que los robos han aumentado y también hay percepción de inseguridad, aunque no necesariamente ésta depende de la otra. Es decir puede que alguien diga que no se siente tranquila al caminar sola pero nunca haya sido víctima de atraco, por ejemplo.

LSA: ¿Por qué el hurto a personas no tiene la misma suerte que la disminución en la tasa de homicidios?

J.C.R.: En el caso de Bogotá, por ejemplo, los homicidios son la página amable de Peñalosa. Ha cumplido la promesa de gobierno de destrabar el estancamiento que hubo durante la administración de Gustavo Petro en cerca de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Actualmente, está en menos de 14 homicidios, después de haber estado en 76 en su pico más alto en 1993.

Pero a diferencia de una ciudad “milagro” como New York en la que de 1994 a 2000 todos los delitos se redujeron en un 60 por ciento, las cifras de delitos en las ciudades colombianas son muy fluctuantes y no permiten marcar un derrotero.

LSA: ¿Por qué?

J.C.R.:Para mi es un problema de medición.

Los homicidios por su misma naturaleza son difíciles de ocultar. Por el contrario para otros delitos hay subregistro.

La gente no denuncia porque cree que si lo hace igual no pasa nada como ocurre mucho con los robos a celulares o bicicletas.

También hay ciertos barrios donde operan regímenes de silencio y la gente no se atreve a denunciar por temor a las amenazas. Y hay cierto tipo de delitos como los sexuales o la violencia intrafamiliar, que se consideran privados, en los que para la gente es más difícil tener pruebas o hay temor a denunciar por la existencia de relaciones de parentesco o subordinación.

Por otro lado, las tasas aplican en función de los habitantes, y tenemos un problema con el censo que se hace cada 10 años o más y cuyas proyecciones no coinciden con los resultados finales. Por ejemplo, las proyecciones del Dane después del censo de 1993 apuntaban a una población, en 2005, de 45 millones de habitantes, sin embargo, después de realizarse el censo la cifra fue 42 millones.

Todo ello aunado a la dificultad de clasificar los delitos, dependiendo de su denominación en el Código Penal. Por ejemplo, el paseo millonario primero se calificaba como un hurto extorsivo, pero después para elevarle las penas se convirtió en secuestro extorsivo.

Incluso con el homicidio pasa un poco esto, pero más por las diferentes categorías de culposo, doloso, etc., y por las dificultades en la investigación.

Por ejemplo el caso Colmenares aún no resuelto, no se puede clasificar todavía ni como homicidio, ni suicidio, ni accidente. Lo mismo está pasando con la muerte de la hija del general Carvajal.

LSA: ¿De qué depende la percepción de inseguridad?

J.C.R.: La condición psicológica de sentirse inseguro depende de factores como los medios de comunicación. Los noticieros del mediodía de los canales privados, que son los más prolongados, son una verdadera colección de grabaciones de cámaras de circuitos cerrados de televisión en las que se le muestra a los televidentes todo tipo de criminalidad.

A través de nuevas tecnologías como WhatsApp la gente también consume constantemente contenidos ciertos o falsos sobre nuevas formas en que, por ejemplo, los ladrones roban en centros comerciales o logran acceder a las casas, o sobre nuevas formas de secuestro de niños por poner un ejemplo.

Los comentarios de familiares o amigos sobre casos de los que han sido víctimas también generan una percepción de inseguridad dado que se comparte un mismo entorno.

Los entornos urbanos degradados, también generan sensación de inaeguridad. Lo que se conoce como la teoría de las ventanas rotas, es decir, sectores de la ciudad en los que no hay orden ni control y entonces se manda la señal inequívoca de que ahí se puede delinquir.

LSA: ¿Usted cree que es importante tener en cuenta la percepción de inseguridad?

J.C.R.: Creo que es muy importante porque está relacionada directamente con la calidad de vida y el comportamiento de las personas. Muchos alcaldes no sólo la desestiman sino que no la miden. Una típica pregunta de una encuesta de percepción es si se siente seguro al caminar por su barrio de noche.

En Bogotá, la Cámara de Comercio es quien aplica esas encuestas y las de victimización que permiten tener una dimensión real de la criminalidad pues tenemos un subregistro de cerca del 60 por ciento de los delitos y, en ese sentido, las cifras de órganos como Medicina Legal y la Policía no son del todo confiables.

Una típica pregunta de victimización es si ha sido víctima de cierto delito o tiene un familiar cercano que haya sido víctima en el último año.

LSA: ¿Qué puede hacer un alcalde frente a la percepción de inseguridad?

J.C.R.:Está demostrado que una mayor visibilidad de la Policía reconforta a la gente. Por eso muchas veces vemos patrullas con las luces todo el tiempo prendidas.

Un policía apostado en un puente le da tranquilidad a la gente al cruzarlo, al igual que una persona saca más fácil su celular en la calle si hay un policía.

A diferencia de otros países en América Latina, donde la gente siente desconfianza cuando hay presencia de policía, en Colombia la gente los pide. En 1987 cuando se crearon los CAI (Centros de Atención Inmediata) fue tal la demanda que rápidamente no dieron abasto, la gente quería tener uno cerca en su barrio.

LSA: Y ¿tenemos un pie de fuerza suficiente?

J.C.R.: No es posible saberlo. Nadie sabe exactamente cuántos policías están haciendo vigilancia en un momento dado.

En Bogotá, por ejemplo, tenemos un pie de fuerza de 19000 policías, de los cuales 2000 son auxiliares. Entonces 17000 repartidos en tres turnos dan un aproximado de poco menos de 6000 policías. Pero no todos están vigilando, sino que pueden estar atendiendo un amotinamiento, recibiendo llamadas de la línea de emergencia 123, tomando cursos, etc.

Adicionalmente, son itinerantes. Si hay un evento como un concierto, un partido de fútbol, la venida del Papa, se aumenta la presencia pero sólo mientras esto ocurre.

El barrio Rosales está por ejemplo saturado de pie de fuerza pero eso no va a ser por más de un mes o dos meses.

Adicionalmente, aunque los alcaldes son la máxima autoridad en seguridad del municipio, el manejo de los 180.000 policías que hay es discrecional de esa institución y del Ministerio de Defensa, por lo que los alcaldes no pueden hacer mucho.

LSA: ¿Está de acuerdo con la idea de policías municipales?

J.C.R.: Este tipo de medidas han sido propuestas por diferentes candidatos a la alcaldía, como Rafael Pardo quien propuso una guardia urbana de 5000 hombres.

Pero además de que su mantenimiento es muy costoso, porque, entre otros factores, la formación para ser policía dura un año, mientras en Gran Bretaña dura, por ejemplo, 10 semanas, aunque después tiene una formación continua de dos años con un policía senior.

En Colombia donde ha habido alcaldes auxiliadores de la guerrilla o de los paramilitares, un policía municipal se vuelve fácilmente la guardia pretoriana de un determinado grupo de interés.

Adicionalmente, con recursos locales limitados posiblemente sean uniformados con un nivel bajo de formación y de ingresos, más vulnerables a la corrupción y con difícil acceso a tecnología de punta. Eso pasa en países como México o Venezuela donde se ha implementado la medida.

LSA: ¿El aumento de la inseguridad está relacionada con la pobreza?

J.C.R.: Hay una tendencia a pensar que los más pobres son los que más roban, pero eso no es así.

Los delitos de cuello blanco que abundan en Colombia y otros dan cuenta de lo que se denomina delito aspiracional, que explica el aumento de la criminalidad pese a una disminución generalizada en América Latina de indicadores socioeconómicos asociados como el crecimiento económico y la disminución de la pobreza y el desempleo.

Tiene que ver entonces con condiciones de movilidad social difíciles y, en el caso de Colombia, con la impunidad, que en los mejores casos se estima del 75 por ciento y en los peores del 96 por ciento, lo que quiere decir que los que están hoy en las cárceles fueron muy de malas.

De esa forma se entiende, por ejemplo, que muchos delincuentes no se tomen el trabajo de taparse la cara como lo muestran las grabaciones de las cámaras de seguridad que pasan en los noticieros del mediodía. Lo que deja en evidencia a su vez un problema de precariedad del sistema de inteligencia de la policía.

Mientras en China ya van en sistema de reconocimiento facial que arroja en cuestión de un segundo la identidad de la persona. En Colombia no tenemos todavía, por ejemplo, un banco de ADN.

Los delitos de cuello blanco que abundan en Colombia y otros dan cuenta de lo que se denomina delito aspiracional

Juan Carlos Ruiz

LSA:¿Qué caracteriza los delitos aspiracionales?

J.C.R.: El delito aspiracional es el de la gente que no está propiamente necesitada sino que quiere tener más de lo que tiene y entonces se mete al mundo criminal con ese propósito.

Son personas que antes no pensaron en esa opción pero que al encontrar que el costo de ir a la cárcel es bastante racional, asumen el riesgo. Es el ejemplo de quienes roban maletas en los restaurantes o celulares en almacenes o le dan burundanga a adultos mayores para quitarles sus pertenencias.

En 2015 hubo un caso sonado, el de Marisol Wong y su familia en Cali que mataron a un exrepresentante a la Cámara con una sobredosis de escopolamina.

Al ser capturados se descubrió que ella era comunicadora social y que su papá tenía propiedades, por ejemplo.

Ayer no más, fueron expulsados dos estudiantes de la Universidad Militar que intentaron robar un carro.

Los que secuestraron al agente de la DEA eran en realidad taxistas pero se dieron cuenta que tenían mayor potencial con el negocio del secuestro extorsivo.

LSA: De acuerdo con su estudio, se ha encontrado que la estrategia de hot spots policing aumenta el arresto de menores y ello genera mayor reincidencia delictiva ¿qué piensa usted de la propuesta de Vargas Lleras de bajar a 12 la edad para que los menores pueden ser judicializados?

J.C.R.: Hay un problema de menores de edad delinquiendo pero eso no se resuelve metiéndolos a la cárcel.

Las cárceles tiene dos funciones.

Una es la de resocializar, es decir, evitar la reincidencia, pero en Colombia sabemos que las cárceles son verdaderas universidades del delito dadas las condiciones de hacinamiento y salud precaria, en que están las personas privadas de la libertad.

La otra función a la que le apuestan en Estados Unidos, país que tiene la población carcelaria más grande del mundo, es sacar de circulación a los delincuentes, o sea que no vuelvan a las calles mediante penas abultadas.

Haciendo una analogía del Béisbol tiene una política que se llama tres strikes y usted está afuera. Después de tres delitos menores la pena pasa de ser de 25 años a cadena perpetua.

Aunque no necesariamente los estados donde hay penas más altas en Estados Unidos son los más seguros, es decir, no es claro si esa medida es efectiva para reducir la criminalidad, lo que tiene que preguntarse Colombia si quiere apuntarle a tener más gente en las cárceles es si cuenta con centros de reclusión suficientes y con los recursos para mantener a los presos hasta que lleguen a viejos.

Meter ahora menores de edad a la cárcel es perjudicarlos más.

En Francia están implementando un sistema que pareciera estar dando buenos resultados consistente en que cuando un adolescente falta a cuatro o cinco clases, hacen una reunión con sus padres, el rector del colegio, la prefectura, es decir, la autoridad local, un representante del sistema educativo y uno del sistema judicial y le hacen una advertencia de las consecuencias que tiene ir al sistema judicial.

LSA: ¿Esto iría en contravía con la queja constante de que los policías capturan los delincuentes y al otro día están libres?

J.C.R.: Si bien creo que hay un problema de corrupción en algunos casos al interior del sistema de judicial, en la forma como se reparten los juicios, en sobornos a algunos jueces de garantías; no se le puede poner toda la presión al sistema judicial.

Las administraciones locales se están enfocando en medidas reactivas y no están invirtiendo suficientemente en políticas sociales de seguridad ciudadana.

Esto es entendible hasta cierto punto porque no son las que dan buenos resultados a corto plazo y los alcaldes tienen una presión grande por lo que no quieren sentir que están trabajando para que otro sea el que muestre los resultados, por eso el recurso a medidas como la prohibición del parrillero que vimos recientemente en la Alcaldía de Peñalosa.

Pero sería interesante ver, que se está haciendo por ejemplo frente al niño de una madre adolescente en Ciudad Bolívar que nace en un entorno de desempleo de su mamá, de su abuela, y que tiene unas condiciones para ser un potencial criminal a los 17 años.

Y no hablamos aquí de las políticas generales de educación, salud y alimentación, sino de unas enfocadas a impactar el campo de la seguridad.

Petro, por ejemplo, si bien hizo énfasis en políticas sociales, no lo hizo en que estuvieran dirigidas a la seguridad y, en general en los gobiernos de izquierda de Bogotá fueron muy precarias las estrategias de seguridad.

En Estados Unidos en 1997 se hicieron evaluaciones a las medidas sociales empleadas para combatir la inseguridad en ese país. Se encontró, por ejemplo, que dar pecho materno reduce en una gran medida la probabilidad de que un niño se convierta después en un criminal.

LSA: Mucha gente le está echando la culpa a los venezolanos que han llegado a Colombia de la inseguridad en las ciudades, ¿tienen razón?

J.C.R.: Si hay un impacto y está quedando evidenciado con las noticias de capturas de venezolanos delinquiendo, lo que se explica por las condiciones precarias en que llegaron algunos y una mayor presión a los sistema de salud, de educación, en una época además de vacas flacas.

Pero achacarle a los inmigrantes los problemas de Colombia es excesivo. La mayoría de esa población intenta trabajar.

Aunque no estamos acostumbrados a los migrantes, lo cierto es que los colombianos sí han emigrado a muchos países, no sólo a Estados Unidos, sino a Ecuador, Chile y, el mismo Venezuela. Y sobre nosotros también ha pesado ese estigma, pero lo cierto es que la mayoría son buenos trabajadores y se integran al sistema.

LSA: ¿Tiene algo que ver el posconflicto con el aumento de la criminalidad urbana?

J.C.R.: La firma de acuerdos de paz si aumenta la criminalidad aunque resulte irónico. El caso más protuberante es el del Salvador con la formación de maras en las zonas urbanas. La explicación es que una parte de la violencia subversiva muta a otros tipos de criminalidad.

De hecho pasó con la desmovilización de los paramilitares. Algunos de sus excabecillas son hoy jefes de las bandas criminales que operan en Medellín.

Por un lado, las zonas dejadas por la guerrilla, en las que ésta ejercía una autoridad así fuera ilegal, que llegaba hasta autorizar o no que tumbaran un árbol, quedaron desprotegidas porque aún la fuerza pública no logra tomar control sobre ellas pese a que tenemos el ejército per cápita y por kilómetro más grande de América Latina y, por ende, muy costoso.

Además, que de 14.000 exguerrilleros contando milicianos, mil se dediquen a delinquir agudiza el problema de seguridad, pues de alguna forma antes estaban acantonados por sus jefes y, sobre todo, en las zonas rurales, y ahora pueden pasar a hacer parte de bandas criminales diseminadas por todo el país.

LSA: Según su artículo aunque la estrategia de los hot spots se ha aplicado casi durante una década en Bogotá y Medellín, cada administración lo ha hecho de forma diferente ¿tiene esto que ver con su crítica a que en Colombia se aplican estrategias de seguridad ciudadana pero no hay una política como tal?

J.C.R.: En efecto no la hay. Una política de seguridad ciudadana debe mantenerse a largo plazo y debe ser interagencial. Lo que pasa, actualmente, es que cada alcalde que llega hace borrón y cuenta nueva, los libros blancos en materia de seguridad, por ejemplo, se vuelven letra muerta.

Para ello se necesita que haya un doliente, es decir, un Ministerio de la Seguridad Ciudadana o el nombre que le quieran dar que lleve la batuta.

La seguridad no se combate únicamente con aumento del pie de fuerza. Las políticas de educación, vivienda y manejo de los tiempos de ocio hacen parte de la ecuación de la seguridad, pero deben tener un enfoque específico.

En Europa, los adolescentes llegan a las 12 del día a su casa y tiene asegurado a qué dedican su tiempo libre después del colegio. El estado les da una especie de chequeras para que hagan deporte, asistan a alguna actividad cultural, y así mantenerlos alejados de vicios.

Hace poco, durante una celebración de los hinchas de millonarios que abarcaba toda la carrera Séptima desde la Plaza de Bolívar hasta la calle 26, pude observar una gran cantidad de personas menores de edad, hombres y mujeres, algunos consumiendo licor y marihuana, y me preguntaba ¿dónde estaban sus padres y si sabían ellos dónde estaban sus hijos?

Por tanto, ese ministerio debe coordinar no sólo la policía, el sistema judicial y carcelario sino también otras agencias del estado como el Icbf, Coldeportes y las secretarías de salud, dada la relación entre consumo y tráfico de drogas, y criminalidad.

Incluso los proveedores de luz, tienen algo que decir en el manejo de la seguridad.

Ahora con el posconflicto también se viene todo un debate sobre la función del ejército teniendo en cuenta su tamaño y la necesidad de adaptación a un nuevo contexto rural, debate que se debe dar con miras al diseño de esa política de seguridad ciudadana que todavía no tenemos.

LSA: Usted hizo un balance de la estrategia de hot spots en Bogotá y Medellín durante las tres administraciones que ha habido desde 2009 y su principal conclusión es que no hay mediciones sobre su efectividad ¿no tendríamos que empezar por ahí?

J.C.R.: Totalmente. Las administraciones de Samuel Moreno, Petro y Peñalosa en Bogotá, así como, las de Alonso Salazar, Aníbal Gaviria y Federico Gutiérrez, en Medellín, aplicaron la estrategia de hot spots pero en ningún caso se ha hecho una evaluación con todos los requisitos científicos para saber si ha funcionado o no.

Una evaluación debería incluir grupos o zonas de control, información de lo que pasaba antes y después, contar con muchos datos criminales de cada lugar, aislar el fenómeno para poder descartar otras causas que puedan incidir en él y realizarla durante al menos un par de años y en varias zonas.

Ha habido investigaciones sobre los hot spots en Bogotá en la Alcaldía de Peñalosa pero dados los costos es difícil que cumplan con todos los requerimientos mencionados.

Lo que hizo bien la administración de Peñalosa, por ejemplo, a través de Daniel Mejía su secretario de gobierno, fue la identificación de las 754 zonas críticas, que permiten hacer una racionalización de los recursos. También cuentan con un sistema de GPS para tener georreferenciadas las patrullas, un sistema muy parecido al de Minneapolis en Estados Unidos.

Pero sigue estando pendiente una evaluación científica sobre la eficacia de la medida, lo mismo pasó incluso con la política de cultura ciudadana del ex alcalde Antanas Mockus.

LSA: Según su artículo, Importamos el sistema de los hot spots de Estados Unidos, pero varias de las condiciones que se necesitan como tener suficientes policías no se cumplen en ciudades como Bogotá y Medellín ¿Es recomendable que sigamos aplicando aquí estrategias de países con condiciones tan diferentes?

J.C.R.: Colombia no se ha caracterizado por tener ideas originales, generalmente, las políticas que se aplican aquí son importadas.

Yo no estoy per se en desacuerdo con eso. Me parece bien que la Policía esté mirando afuera y formándose en otras partes.

El problema es nuestra efimeridad. El sistema de policía comunitaria que yo creo que tenía aspectos muy positivos lo acabaron después de diez años de implementación pero de nuevo sin haber evaluado antes su eficacia. Sin eso no podemos saber si las medidas que importamos sirven o no, o qué ajustes hay que hacerles en el terreno. Y es una tarea, sobre todo, de las administraciones locales dada la demanda de recursos que requiere y de información.

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Andres Felipe Garcia Rovira

05 de Marzo

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Los que estuvieron en la carcel como Garavito estuvieron muy de malas porque e...+ ver más

Los que estuvieron en la carcel como Garavito estuvieron muy de malas porque es claro que el profesor quisiera que fuera el institutriz o profesor del jardin de niños de sus hijos, meter a la carcel es barbaro, era mejor cuando los mutilaban o los mataban eso si era sofisticado, los cirminales deberian pasarse por las unversidades a dar clases para socializar la injusticia del sistema que los condena. 

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