Por Juan Esteban Lewin · 07 de Noviembre de 2017

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Juan Manuel Santos puede ser un buen ejemplo de lo mucho y lo rápido que ha cambiado la forma de entender el uso de empresas offshore para pagar menos impuestos. Como lo revela al escándalo de los “Paradise Papers”, hace 15 años él, poco antes de ser Ministro de Hacienda, era directivo de dos empresas de papel en Barbados; y desde que es Presidente, ha hecho varios esfuerzos por cerrar huecos para evitar que los colombianos con plata saquen sus fortunas del país para tributar menos en Colombia.

Después de que Santos aparece mencionado en esta nueva filtración periodística que suma 21 fuentes de la firma de Bermudas Appelby, la  Presidencia sacó un comunicado explicando que Santos estuvo en la junta de Global Education, una compañía colombiana que vende seguros educativos y que encabeza Gabriel Silva Luján, ex ministro de Defensa de Santos y su amigo.

Pero que nunca fue socio de esta empresa de Barbados y que terminó esa relación en el año 2000; el mismo Santos publicó sus dos declaraciones de renta más recientes, que muestran que tiene un patrimonio de más de 6 mil millones de pesos que aparentemente no incluye acciones de Global.

Más allá de las implicaciones éticas y del efecto político para Santos de que su nombre aparezca vinculado a este escándalo, está también el hecho de que su Gobierno se ha metido de frente a luchar contra estos esquemas de elusión.

Panamá, siempre Panamá

El caso más claro de esa pelea de frente son las relaciones con Panamá, donde desde hace décadas muchos colombianos han creado empresas offshore (es decir, empresas de papel que permiten no revelar sus dueños) por su cercanía histórica y geográfica, y porque también tienen actividades allí, especialmente por las redes comerciales que produce el canal.

 

En algunos casos, esas compañías sirven para pagar menos impuestos. El caso más básico es que un colombiano arma una compañía offshore para que ésta invierta en Colombia y luego, a través de utilidades o incluso del pago de servicios que solo presta esa compañía en el papel, vuelven a sacar la plata, lo que es claramente ilegal.

De esa manera pueden haber evitado pagos de impuesto al patrimonio (porque no declara sus acciones en la offshore), renta (porque para saber cuánto hay que pagar por ese impuesto hay que mirar su aptrimonio, y si no declara las acciones de la offshore éste es parece menor) e IVA (porque al pagar servicios a una empresa extranjera puede tener IVA por descontar por exportación de servicios, que le resta al IVA que debe pagar).

Ese hueco, de un monto difícil de calcular pero grande (La Silla mostró que en 2012 un 16,66 por ciento de la inversión extranjera venía de Panamá y en 2013 fue el tercer país que oficialmente más invirtió en Colombia), es el que el gobierno Santos ha tratado de cerrar.

El primer intento fue en 2012, con tres artículos en un proyecto del entonces representante Simón Gaviria que impulsó el senador Juan Mario Laserna con el apoyo del entonces superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez, y el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega.

La idea era obligar a todas las compañías nacionales y a todas las empresas extranjeras que tuvieran sucursal en Colombia a informar quiénes eran sus beneficiarios reales –es decir, quiénes eran las personas naturales que, en última instancia, son sus propietarios. Es decir, desmontar el secreto de las empresas offshore, algo que fracasó sin mayor ruido y por cuenta del mismo gobierno.

Y es que antes del impacto de los Panamá Papers, que venían preparando filtraciones previas como la lista Falciani, ese no era un debate políticamente atractivo en Colombia.

Pero al año siguiente, el tema empezó a calentarse, por la decisión del Gobierno de finalmente tener una lista de paraísos fiscales que creó en 2002 la primera reforma tributaria del gobierno de Álvaro Uribe y que implicaba que todas las transacciones a esos países pagarían una retención de renta del 33 por ciento en vez del 10, menos o nada.

Esa reforma decía que la lista debía incluir los paraísos fiscales que señalara la Ocde, pero la Corte Constitucional tumbó ese artículo en 2003. Y eso dejó el artículo inaplicable y a Colombia sin esa lista.

Eso cambió en 2012, en la reforma tributaria de Mauricio Cárdenas, cuando el senador conservador Juan Mario Laserna incluyó una proposición para que el gobierno pudiera definir esa lista por decreto y esta vez el Gobierno sí lo apoyó y sacó adelante.

Con eso, en 2013 Cárdenas y Ortega sacaron un decreto declarando paraíso fiscal a 44 jurisdicciones (la mayoría poco utilizadas en el país) y poniéndole tarjeta amarilla a otras siete, en su mayoría más relevantes.

Entre estas últimas estaba Panamá, porque a pesar de su importancia en esa lista no había margen político para meterlo cuando era un aliado clave de Colombia en la pelea contra Nicaragua.

Igual le dejó un plazo de un año para compartir información tributaria con Colombia, so pena de quedar en la lista.

Como Panamá no cedió, el año siguiente el Gobierno lo incluyó en la lista.

Esto llevó a una dura pelea comercial (y muchas presiones de empresarios colombianos) que fue temporal (hubo decretos subiendo aranceles de los dos lados) porque el gobierno colombiano tuvo que retirar a Panamá de la lista. Pero lograron un acuerdo para intercambiar información que se concretó en 2016.

Ese acuerdo es, en sí mismo, un avance. Aunque hasta ahora Panamá no ha compartido datos (y la relación quedó maltrecha) la posibilidad de que lo haga desincentiva usar ese país para pagar menos impuestos porque crea un riesgo que antes no existía.

Además, la pelea llevó este tema a los titulares, algo a lo que se sumó la presión internacional y las filtraciones globales, que le han ido subiendo el perfil al asunto.

El factor Ocde

La Ocde, el club de países ricos (o de buenas prácticas) al que Santos quiere que Colombia entre, tiene una larga historia de lucha contra estos paraísos fiscales, que afectan los ingresos tributarios de sus miembros.

Como Colombia ha hecho todo el curso para entrar, el Gobierno metió varias normas más para luchar contra la elusión en la reforma tributaria del año pasado .

Entre otras incluyó la penalización de la evasión fiscal, la obligación de los asesores (abogados o contadores) de revelar los esquemas para esa planeación tributaria agresiva y, sobre todo, la creación de un régimen especial de entidades del exterior.

Ese régimen aplica a los colombianos que tengan 10 por ciento o más de empresas en otros países (incluyendo si no tienen acciones sino que tienen una opción de compra sobre ellas) o cualquier porcentaje en un paraíso fiscal. Y los obliga a revelar información sobre ellas, a incluir en su renta parte de las rentas de ellas.  En general, la norma busca que no abusen de las empresas offshore.

En el paso por el Congreso se cayó la que obligaba a los asesores, la penalización salió muy aguada y el nuevo régimen para entidades controladas del exterior nació con limitaciones.  Aún así, el gobierno Santos dio pequeños pasos hacia adelante.

Además, Colombia ya comparte información tributaria con 55 países, a través de un convenio multilateral de la Ocde, que el próximo año llegarán casi a 100. Con eso ha empezado a obtener datos que sirven para identificar colombianos con propiedades en el exterior que no las han declarado, a encontrar transacciones entre empresas con dueños comunes o detalles  similares, que son fundamentales para luchar contra las formas más sofisticadas de pagar menos impuestos.

Y, como en el caso de Panamá, aunque hasta ahora las sanciones por ello son casi inexistentes, para quienes quieran capar impuestos hay un nuevo riesgo de aparecer en esos datos más adelante.

De esta manera, Santos ha pasado en menos de dos décadas de estar en una empresa offshore a montarse en una creciente ola mundial que ha cambiado la forma de ver los paraísos fiscales y las empresas offshore.

Comentarios (5)

DIDUNDI

07 de Noviembre

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1-Formas sofisticadas d delinquir a las q nos tienen acostumbrados nuestros mu...+ ver más

1-Formas sofisticadas d delinquir a las q nos tienen acostumbrados nuestros muy honorables dirigentes. Santos es culpable x acción mientras 'estuvo' asi haya sido x un ratito y x omisión x conocer d ellas y guardar silencio.
A LSV y/o conocedores dl tema: así como la OCDE dice restringir y vigilar q sus impolutos socios combatan el sofisticado mundo d la evasión d impuestos.....

DIDUNDI

07 de Noviembre

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2-.. Q' DICEN RESPECTO D LA CORRUPCIÓN AL INTERIOR D UNO DE SUS MIEMBROS...+ ver más

2-.. Q' DICEN RESPECTO D LA CORRUPCIÓN AL INTERIOR D UNO DE SUS MIEMBROS?.
Resultaría muy desesperanzador q la corrupción histórica- crónica y constante de un país como EL NUESTRO pase desapercibida para un organismo como la OCDE, q exija imagen d 'perfección' d sus integrantes en el orden internacional y al interior ni se inmute, .....NO CUADRA.

marpolitic

08 de Noviembre

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Santos debe publicar la declaración de renta del año 2000 para atrás, cuand...+ ver más

Santos debe publicar la declaración de renta del año 2000 para atrás, cuando según él, era miembro de la junta de Global. La de ahora para qué la muestra?

Juan Pablo Zapata Diaz

08 de Noviembre

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Varias cosas:
1. Por favor, arreglen el link donde dicen que la Corte Cons...+ ver más

Varias cosas:
1. Por favor, arreglen el link donde dicen que la Corte Constitucional tumbó el artículo en 2003.
2. "Además, Colombia ya comparte información tributaria con 55 países, a través de un convenio multilateral de la Ocde, que el próximo año llegarán casi a 100." Muy interesante, suena a algunas ideas de Thomas Piketty. Al menos se logró avanzar un poco.

Diego Silva Ardila

08 de Noviembre

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Una vez más, el elocuaz presidente Santos, nos muestra que el ejercicio del poder es dinámico y cambiante. En otras palabras, nos demuestra que es capaz de salir con cualquier excusa cuando se hace evidente que él hace parte de los que siempre han usado el poder para favorecerse o favorecer a su grupo de amigos y familiares a costa del beneficio de Colombia.

Una vez más, el elocuaz presidente Santos, nos muestra que el ejercicio del poder es dinámico y cambiante. En otras palabras, nos demuestra que es capaz de salir con cualquier excusa cuando se hace evidente que él hace parte de los que siempre han usado el poder para favorecerse o favorecer a su grupo de amigos y familiares a costa del beneficio de Colombia.

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