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El pasado 5 de marzo, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) convocó al proceso electoral correspondiente a las elecciones presidenciales 2024. Tras su convocatoria, fijó los 5 hitos más importantes del proceso en la gaceta electoral número 1048, entre los cuales destaca una jornada especial de inscripción y actualización de datos ante el Registro Electoral (RE) nacional e internacional, a ejecutarse desde el 18 de marzo hasta el 16 de abril. Sin embargo, las autoridades electorales y consulares impusieron una diversidad de obstáculos que, sumados a una normativa ya inconstitucional y restrictiva, dieron por resultado un porcentaje insignificante de personas venezolanas en el exterior que pudieron inscribirse o actualizar su registro electoral.
En este informe especial, presentamos las restricciones que enfrentaron las personas venezolanas en el exterior para acceder al RE, bien sea para actualización de datos o para el registro por primera vez, a fin de poder ejercer el derecho al voto en la elección presidencial.
Los principales hallazgos del informe son:
- Los requisitos solicitados a los electores en el exterior se basaron solo en la primera parte del artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Ley Lopre): “Sólo podrán sufragar en el exterior los electores y las electoras que posean residencia”, por lo que se exigió la presentación del pasaporte vigente y una visa de residente. Se omitió la segunda parte del artículo que se refiere a “otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela”. Es decir, Venezuela violó su propia norma –de por sí inconstitucional y contraria a los derechos humanos– al reconocer e implementar la primera parte de la norma electoral. El efecto logrado fue la exclusión de todas las personas que no tenían visa de residente, a pesar de vivir por años, incluso de manera regular, en cualquier país del exterior.
- Para facilitar la regularización de los migrantes venezolanos, muchos gobiernos crearon permisos de protección temporal, visas humanitarias, otros tipos de visas y de mecanismos de regularización, que fueron rechazados por el CNE.
- El único documento exigido para votar en el país es la cédula de identidad, incluso vencida; a los venezolanos en el exterior se les exigió el pasaporte vigente o con constancia de trámite, lo que constituye otra forma de discriminación frente a quienes se encuentran en el país.
- De un universo de 2.872.821 personas con documentos que denotan legalidad de permanencia en Colombia, solo podrían registrarse para votar unas 7 mil personas, lo que corresponde al 0,24% de la población venezolana en Colombia apta para votar.
- Con las restricciones arbitrarias impuestas por el CNE, es posible que, de un universo que corresponde al 25% de la población apta para votar, tan solo un 1% haya podido lograr acceder al RE.
- Venezuela aplicó retrasos deliberados para impedir el registro de venezolanos en el exterior, con excusas que incluyeron desde la supuesta imposibilidad de trasladar el material de registro a causa de las sanciones, hasta ficticios problemas de seguridad en los países receptores.
- Para los pocos que lograron registrase, la odisea no terminó con el trámite en el consulado. Pocas horas después, muchos recibieron un correo desde el CNE en Caracas que indicaba que su registro presentaba “inconsistencias” y que debía regresar al consulado para corregirlas.
- Un registro electoral tan limitado es incompatible con una elección auténtica y constituye un fraude preelectoral masivo, pues priva deliberadamente del derecho al voto a más de 4 millones de venezolanos. No hay elecciones auténticas ni libres sin la cuarta parte del electorado.
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