El exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Iván Palacio Palacio es abogado de la Universidad Autónoma Lationamericana de Medellín y recorrió casi toda su carrera judicial en Antioquia.
Empezó como juez civil municipal, y rápidamente pasó a la especialidad de derecho laboral, en la que llegó al Tribunal Superior de Medellín.
De allí pasó, en 1987, a la Corte Suprema de Justicia, donde fue magistrado durante 12 años, muchos más que la mayoría de magistrados. Y eso porque llegó en 1987, cuando aún regía la Constitución de 1886, pero con la nueva Constitución de 1991 se empezó a contar de cero su período de ocho años.
Esa larga duración en un cargo importante le sirvió para convertirse en su momento en el gran elector de la Sala Laboral.
Aunque en la Corte Constitucional -a la que llegó en 2009- no fue un gran líder, guardó muchas relaciones del pasado. Por ejemplo, fue muy cercano a Francisco Javier Ricaurte (posteriormente procesado como uno de los magistrados de la Corte Suprema del Cartel de la Toga), a los ex magistrados de la Corte Suprema Jorge Luis Quintero Milanés y Camilo Tarquino, y a la consejera de Estado Clara Cecilia Dueñas.
Más allá de esas relaciones, Palacio fue un engranaje clave en el grupo de jueces que cada vez controlan más la rama, aunque es de una generación previa (y más sólida jurídicamente) que la de Ricaurte.
En 2017 terminó su periodo como magistrado de la Corte Constitucional.
En agosto de 2020 su nombre volvió a sonar públicamente porque fue el primer integrante de la junta directiva de EPM que nombró el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, luego de la renuncia de toda la junta provocada porque Quintero no la consultó antes de interponer una demanda por 9 billones de pesos contra los constructores de Hidroituango.
Antes de eso, Palacio venía siendo integrante suplente de la Junta Directiva del Hidroituango, en representación de EPM, principal dueño de ese proyecto.