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Domingo Diciembre 21, 2014

Miércoles, Noviembre 19, 2014 - 18:52
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Una de las principales causas del actual paro judicial es que no había plata para seguirle pagando a los jueces y trabajadores judiciales que tienen cargos temporales por descongestión. Sin embargo, la semana pasada se creó uno nuevo y con nombre propio: es para que avance más rápido la indagación preliminar que la Corte Suprema le sigue a Álvaro Uribe por el caso del ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda.

El viernes pasado la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura prorrogó los cargos temporales de descongestión hasta el 19 de diciembre, una medida fundamental para lograr que se levante el paro judicial y para la que no había presupuesto.

La decisión del Consejo mantiene la mayoría de los cargos, aunque elimina unos 60 juzgados de descongestión y decenas de puestos más, porque el dinero no alcanzaba para todos.

En las Altas Cortes no se eliminó ninguno y solo se creó uno: el magistrado auxiliar que recibirá en la Sala Penal José Luis Barceló. Hace un mes y medio, ese magistrado recibió el proceso contra Uribe y ahora el Consejo Superior, tras una solicitud de la Corte Suprema, aceptó darle ese apoyo laboral, durante un mes, para sacar adelante el proceso.

En medio de un recorte generalizado y de tanta restricción presupuestaria, esa decisión muestra que la investigación a Uribe es prioritaria para la rama. Lo que no se sabe es si el refuerzo y el afán van a ayudar a que salgan noticias positivas o negativas para el expresidente.

Miércoles, Noviembre 19, 2014 - 11:12
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Tres meses después de haber llegado a Agricultura, Aurelio Iragorri arrancó con el habitual remezón de altos funcionarios que viene con cualquier cambio de ministros. La semana pasada le pidió la renuncia a tres de sus directivos, que eran de perfil técnico y tenían cargos importantes en un eventual aterrizaje del acuerdo sobre el campo firmado con las Farc en La Habana.

La más importante desde el punto de vista de La Habana era Margarita Varón, directora de ordenamiento de la propiedad rural del Ministerio. Varón tenía bajo su ala la política de formalización de predios para pequeños campesinos que -como ha contado La Silla- es medular en el proceso porque uno de cada dos campesinos no tienen un título formal sobre sus tierras, lo que los ha marginado de créditos y asistencia técnica, además de facilitar el despojo.

Varón es, según dos expertos en tierras, una de las técnicas más fuertes en temas jurídicos de tierras y se preveía que iba a jugar un rol clave en estructurar el fondo de tierras del posconflicto y en liderar las reformas que necesiten los procesos para asignarle tierra a los campesinos que no la tienen. Tan importante que La Silla supo que su salida generó preocupación en el equipo negociador del Gobierno en La Habana. 

Con ella salieron otros dos directores cuyo trabajo sería importante a la hora de crear los proyectos productivos para campesinos que el proceso de paz busca multiplicar en lo local.

Miguel Fadul, el director de cadenas agrícolas y forestales, tenía a su cargo todos los proyectos de agricultura y bosques, fundamentales para pequeños productores.

Y Andrés Silva, el director de capacidades productivas que creó el exitoso programa 'Oportunidades rurales' y llevaba una década en el ministerio, se encargaba de los programas de generación de ingresos para familias campesinas.

Falta ver si, tras lo que en el Ministerio describen como ajustes normales de cambio de administración, Iragorri se la juega por funcionarios con un perfil técnico.

Martes, Noviembre 18, 2014 - 17:22
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Alberto Rojas se fue de la Corte Constitucional hace cuatro meses, después de que el Consejo de Estado declaró nula su elección. Pero parece que está tan seguro de que va a volver que no se ha terminado de ir.

Mientras se elige su reemplazo, la secretaria general de la Corte Martha Sáchica está encargada del despacho y por lo tanto usa la oficina que era de Rojas. Pero Sáchica solo ha podido llevar allá algunos libros porque Rojas nunca la desocupó: hay cuadros, adornos y libros del ex magistrado.

Eso muestra hasta dónde está seguro de que va a volver, ya sea a través de una tutela que puso contra la decisión del Consejo de Estado o a través de una nueva elección como magistrado, para la que ya se inscribió en la Corte Suprema.

Mientras tanto, en los corredores de la Corte se pregunta si todavía existe una tradicional empresa de mudanzas de Bogotá llamada Rojas Trasteos.

Martes, Noviembre 18, 2014 - 12:38
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Francisco Ricaurte -quien finalmente acaba de salir del Consejo Superior de la Judicatura tras varios meses intentando frenar el fallo del Consejo de Estado que le ordenaba salir por haber usado el "yo te elijo, tú me eliges"- quiere ser el próximo director ejecutivo de la Federación de Departamentos, el gremio de los gobernadores.

Ese cargo es muy apetecido porque tiene interlocución con todos los gobernadores y con el Gobierno (algo clave en un año de elecciones locales), y porque tiene tanta incidencia política que en los últimos dos años ha sido protagonista de muchos de los cariñitos que -como ha contado La Silla- le ha dado el gobierno Santos a los gobernadores, como el nuevo régimen departamental y un mayor juego en la asignación de las regalías. Además, gana más de veinte millones de pesos al mes.

El puesto está vacante desde que Gloria Escalante renunció intempestivamente hace dos semanas. Como contó La Silla, ella estuvo solamente seis meses en el puesto, al que llegó con el impulso de la gobernadora quindiana Sandra Paola Hurtado después de que Germán Chica tuviera que renunciar a raíz del escándalo en plena temporada electoral por el supuesto pago de cuatro millones de dólares por los narcos.

La decisión la tiene que tomar el consejo directivo, que actualmente está conformado por los gobernadores de Boyacá, Quindío, Casanare, Cauca, Huila, Guanía y San Andrés, pero que cambiará en la próxima cumbre de Gobernadores en diciembre. Ese será el momento en que Ricaurte aspira a que lo elijan los gobernadores.

Un obstáculo grande para Ricaurte podría ser el gobernador antioqueño Sergio Fajardo, quien ya se había opuesto a Escalante y que podría encontrar apoyo en los gobernadores del Eje Cafetero y los dos que tiene la ASI en la Amazonía.

Pero aún mayor puede ser que hay dos pesos pesados en la baraja: el ex ministro de Minas de Santos I Amylkar Acosta y el ex gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa también suenan. Ambos son costeños, como Ricaurte, pero tienen mejores relaciones en el gobierno y además fuerza en el Partido Liberal, al que pertenecen y que tiene por lo menos siete gobernadores.

Viernes, Noviembre 14, 2014 - 16:06
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Gran parte del debate en torno a la política de drogas en el país ha sido ideológico y no, como muchos expertos vienen pidiendo, basado en la evidencia científica. El debate esta semana en el Senado sobre el proyecto de ley de marihuana medicinal del senador Juan Manuel Galán -que este miércoles pasó su primera pruebano fue la excepción, con senadores como Mauricio Lizcano afirmando sin pruebas que "aumentaría la producción y el consumo en menores".

En medio de ese panorama, el proyecto encontró un adepto que dejó a un lado la posición ideológica de su partido y se fue con la evidencia que comprobó de primera mano. Como han contado varios medios, el proyecto pasó en primer debate con 13 votos a favor y 2 en contra. Uno de esos 'síes' fue del senador uribista Jaime Amín, cuyos copartidarios Paloma Valencia y José Obdulio Gaviria votaron en contra.

El voto a favor de Amín vino después de que él viajara hace un mes -junto con Galán, los senadores Roy Barreras y Manuel Enríquez Rosero de La U y el viceministro de Justicia Miguel Samper- al estado gringo de Colorado, que hace una década fue uno de los pioneros en la legalización de la marihuana medicinal. Allí, durante cuatro días, se reunieron con funcionarios de la Gobernación encargados de regularla, con dispensarios autorizados para recetarla, con los que manejan un cultivo y con médicos y pacientes. Tan persuadido quedó que, en el debate, dijo “viajé a Colorado muy prevenido pero me conmoví y desactivé esa prevención”.

Esa postura rompió con la que el ex presidente Álvaro Uribe expuso esta semana, cuando dijo que “un país que ha visto destruir su prestigio por el tema de la droga, ¿cómo así que ahora va a permitir que vengan a sembrar ilícitamente cultivos de marihuana so pretexto del uso terapéutico?”. Además, prometió presentar un proyecto alterno que estipule que los cultivos para fines investigativos sean solo “monopolio del Estado” e impida que las multinacionales entren a ese negocio.

¿Será que otros congresistas siguen el ejemplo de Amín y enfocan los debates sobre drogas desde la evidencia?

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