Menú principal

Viernes Diciembre 19, 2014

Viernes, Noviembre 21, 2014 - 11:19
1
3810

La ex viceministra de Ambiente Adriana Soto acaba de ser escogida como directora regional de The Nature Conservancy para toda la zona andina, Panamá y Costa Rica. Desde allí, Soto estará a la cabeza de la estrategia de la mayor ONG ambiental del mundo en torno al agua, incluyendo en Colombia.

Desde hace un par de años, The Nature Conservancy (TNC) centró todo su trabajo en el buen manejo del agua como eje del desarrollo. Alrededor de él hace lobby y financia proyectos en temas cruciales para el país como la seguridad alimentaria, la adaptación al cambio climático y lo que llaman infraestructura inteligente, que básicamente es asegurar que los grandes proyectos de desarrollo no se sitúen en zonas ambientalmente sensibles y que sus impactos puedan ser mitigados.

En Colombia, TNC quiere posicionar más el tema del correcto manejo de los recursos hídricos, que aún pasa bajo el radar. Más ahora que avanza el proyecto de navegabilidad del río Magdalena, que muchos científicos y técnicos del sector ambiental insisten debe venir acompañado por esfuerzos serios en restauración de bosques en cuencas, evitar deforestación en rondas de río y conservación de ciénagas y humedales, que a largo plazo permitirán evitar debacles sociales y económicas como las de las olas invernales de 2010 y 2011.

Soto -una economista experta en cambio climático- será la tercera colombiana con un cargo clave en TNC. Con ella están Ricardo Sánchez, el primer vice de Agricultura que tuvo Juan Camilo Restrepo y quien dirige la línea de seguridad alimentaria en América Latina, y el economista vallecaucano Aurelio Ramos, que dirige los programas de conservación para toda América Latina.

Jueves, Noviembre 20, 2014 - 16:09
27
7460

Hace dos días Manuel Sánchez -la pieza clave del cartel de la contratación convertido en testigo estrella de la Fiscalía en ese proceso- salió a defender al alcalde Gustavo Petro. Lo que no se ha enlazado es que el abogado Sánchez es muy amigo de uno de los abogados del Alcalde. 

Este martes Semana.com reveló extractos de las declaraciones de Sánchez (quien es uno de los protagonistas del escándalo de corrupción más grande de los últimos años en Bogotá) ante el Consejo de Estado.

En ellas habla de la existencia de un presunto complot para torpedear el esquema de basuras que implementó Petro en 2012 e incluso de “una colecta de recursos entre todos los que participaban en las reuniones clandestinas para acelerar [su] destitución”. Hasta donde permite ver el artículo, Sánchez no aportó pruebas de ese supuesto sabotaje.

Lo que no menciona ese artículo es que uno de los amigos más cercanos de Sánchez es Mario Iguarán, el ex Fiscal General que era abogado de Petro ante la Fiscalía. Tan cercano que fue el padrino de su matrimonio en una hacienda colonial en Sopó en junio de este año, como lo muestra la foto que publicó El Tiempo.

A esa coincidencia se suma la reciente defensa que hizo Daniel Prado -otro de los abogados y también amigo de Petro- del empresario y contratista cordobés Emilio Tapia, el primero que habló de la existencia de una supuesta vaca para tumbar al Alcalde (de la que tampoco aportó pruebas).

Hace tres semanas Prado -quien era abogado de Petro y luego pasó, por decisión del Alcalde, a ser abogado del Distrito en el caso del Carrusel- le dijo a El Espectador que “hay intereses para callar” a Tapia y lo defendió en el escándalo por sus parrandas en la cárcel.

Tapia es el mismo que aparece en una grabación telefónica con un periodista -publicada en enero por Noticias Uno- diciendo que “ahí [en sus declaraciones judiciales] hay una cantidad de cosas que no sucedieron, que probatoriamente no existen”.

La defensa de Petro ha buscado que tanto Tapia como Sánchez declaren en favor del Alcalde por el caso de las basuras. Pero, como contó La Silla, hay versiones según las cuales los dos implicados en el cartel se habrían puesto de acuerdo -según una persona que fue imputada y está encarcelada- en las versiones que dan a la justicia.

Aunque lo que dijeron Sánchez y Tapia sobre el supuesto complot contra Petro no es necesariamente falso, hasta el momento no han aportado pruebas que lo sustenten. Y es curioso que ambos tienen relaciones con abogados del Alcalde.

Jueves, Noviembre 20, 2014 - 11:49
2
2897

La próxima semana las carboneras Drummond y Prodeco recibirán una visita inusual: la ministra holandesa de comercio exterior Lilianne Ploumen y altos directivos de cinco empresas energéticas que les compran carbón vendrán a visitar sus minas en el Cesar. Su intención es revisar el respeto a normas laborales y ambientales, y a conversar con quienes acusan a las mineras de haber financiado a los paramilitares que asolaron la zona en los años noventa.

Con Ploumen vendrán directivos de las empresas energéticas holandesas Nuon y Essent, las alemanas E.ON y Delta, y la belga Electrabel, que figuran entre las grandes compradoras de Drummond y Prodeco, la segunda y tercera productora nacional después de Cerrejón. En Cesar se reunirán con víctimas de los paras, sindicalistas de las dos empresas y habitantes de los tres poblados que las empresas carboníferas tendrán que reasentar por orden del Ministerio de Ambiente. Con ellos irán Pax y la vice de minas María Isabel Ulloa.

La visita ocurre diez meses después de que la ONG holandesa de derechos humanos Pax publicara un informe recogiendo las denuncias de víctimas de la violencia en el Cesar y señalando a las dos mineras por posible financiamiento del Frente Juan Andrés Álvarez de los paras que operaba en esa zona carbonífera, daños ambientales y compra de tierras despojadas.

Las dos mineras niegan los señalamientos de Pax, aunque -como ha contado La Silla- el debate que se puede abrir no es menor teniendo en cuenta que los Países Bajos son el mayor comprador de carbón colombiano en el mundo y su puerto de acceso al resto de Europa. En total, el 20 por ciento termina en Holanda y otro 19 por ciento en los demás países de la Unión Europea.

Hace dos meses el Ministerio de Relaciones Exteriores holandés invitó a la minera estadounidense Drummond a presentar su política de responsabilidad empresarial en una reunión en La Haya. En esa ocasión el Ministerio también convocó al Gobierno colombiano y a la alianza de compradores de carbón BetterCoal, pero no a las organizaciones que en el pasado han cuestionado a Drummond.

Por eso, esta visita a los sindicatos y a las víctimas abre una puerta a un debate más amplio sobre las acciones de las dos carboneras, además frente a varios de sus principales compradores.

Miércoles, Noviembre 19, 2014 - 18:52
0
5287

Una de las principales causas del actual paro judicial es que no había plata para seguirle pagando a los jueces y trabajadores judiciales que tienen cargos temporales por descongestión. Sin embargo, la semana pasada se creó uno nuevo y con nombre propio: es para que avance más rápido la indagación preliminar que la Corte Suprema le sigue a Álvaro Uribe por el caso del ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda.

El viernes pasado la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura prorrogó los cargos temporales de descongestión hasta el 19 de diciembre, una medida fundamental para lograr que se levante el paro judicial y para la que no había presupuesto.

La decisión del Consejo mantiene la mayoría de los cargos, aunque elimina unos 60 juzgados de descongestión y decenas de puestos más, porque el dinero no alcanzaba para todos.

En las Altas Cortes no se eliminó ninguno y solo se creó uno: el magistrado auxiliar que recibirá en la Sala Penal José Luis Barceló. Hace un mes y medio, ese magistrado recibió el proceso contra Uribe y ahora el Consejo Superior, tras una solicitud de la Corte Suprema, aceptó darle ese apoyo laboral, durante un mes, para sacar adelante el proceso.

En medio de un recorte generalizado y de tanta restricción presupuestaria, esa decisión muestra que la investigación a Uribe es prioritaria para la rama. Lo que no se sabe es si el refuerzo y el afán van a ayudar a que salgan noticias positivas o negativas para el expresidente.

Miércoles, Noviembre 19, 2014 - 11:12
1
4547

Tres meses después de haber llegado a Agricultura, Aurelio Iragorri arrancó con el habitual remezón de altos funcionarios que viene con cualquier cambio de ministros. La semana pasada le pidió la renuncia a tres de sus directivos, que eran de perfil técnico y tenían cargos importantes en un eventual aterrizaje del acuerdo sobre el campo firmado con las Farc en La Habana.

La más importante desde el punto de vista de La Habana era Margarita Varón, directora de ordenamiento de la propiedad rural del Ministerio. Varón tenía bajo su ala la política de formalización de predios para pequeños campesinos que -como ha contado La Silla- es medular en el proceso porque uno de cada dos campesinos no tienen un título formal sobre sus tierras, lo que los ha marginado de créditos y asistencia técnica, además de facilitar el despojo.

Varón es, según dos expertos en tierras, una de las técnicas más fuertes en temas jurídicos de tierras y se preveía que iba a jugar un rol clave en estructurar el fondo de tierras del posconflicto y en liderar las reformas que necesiten los procesos para asignarle tierra a los campesinos que no la tienen. Tan importante que La Silla supo que su salida generó preocupación en el equipo negociador del Gobierno en La Habana. 

Con ella salieron otros dos directores cuyo trabajo sería importante a la hora de crear los proyectos productivos para campesinos que el proceso de paz busca multiplicar en lo local.

Miguel Fadul, el director de cadenas agrícolas y forestales, tenía a su cargo todos los proyectos de agricultura y bosques, fundamentales para pequeños productores.

Y Andrés Silva, el director de capacidades productivas que creó el exitoso programa 'Oportunidades rurales' y llevaba una década en el ministerio, se encargaba de los programas de generación de ingresos para familias campesinas.

Falta ver si, tras lo que en el Ministerio describen como ajustes normales de cambio de administración, Iragorri se la juega por funcionarios con un perfil técnico.

Páginas