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Jueves Julio 31, 2014

Querido diario

Miércoles, Julio 2, 2014 - 11:03
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La última junta directiva de Vecol, la empresa nacional de productos veterinarios, terminó en una fuerte discusión a raíz de los rumores persistentes de que el Gobierno quería sacar a su actual gerente y nombrar a un ahijado político del congresista azul Juan Diego Gómez.

Vecol es una empresa mixta cuyo mayor accionista es el Gobierno. Hace una década estaba prácticamente quebrada pero hoy, tras haber posicionado su vacuna contra la aftosa como la mejor de América Latina, conquistar mercados como Uruguay y Ecuador y comenzar a producir algunos insumos agrícolas, está generando utilidades y es muy bien vista en el sector agropecuario.

Una pieza clave de esa transformación ha sido su actual gerente, el administrador de empresas y ganadero huilense Elías Borrero, cuya gestión al frente de la empresa le ha valido ser ratificado cinco veces desde su nombramiento en 2003.

En mayo, el Ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde -que lidera la junta en representación del Gobierno- pidió aplazar la reunión mensual porque no podía asistir. En medio de la extrañeza entre sus integrantes porque Lizarralde casi nunca va y suele enviar un delegado, comenzó a correr el rumor en el sector de que el Gobierno intentaría cambiar a Borrero por un recomendado político del representante conservador y antioqueño Juan Diego Gómez.

Quien sonaba más fuertemente para ser postulado era su coterráneo Hugo Armando Graciano Gómez, un médico veterinario de la Universidad de Antioquia, con una especialización en terapias alternativas y medicina natural y otra en gerencia. Además, fue secretario de Agricultura en la gobernación del conservador Alberto Builes y director regional del Sena y de Corpoica en Antioquia.

Aunque el Gobierno nunca alcanzó a mencionar el nombre de Graciano, su cercanía con Gómez disparó las alarmas. Como contó El Mundo en noviembre pasado, formó parte del equipo que creó un nuevo bloque dentro del conservatismo paisa, liderado por Gómez, el ex diputado César Eugenio Martínez y el ex congresista Orestes Zuluaga.

Sin embargo, la junta se le adelantó al Gobierno y en la reunión de junio propuso ratificar de nuevo a Borrero, ya que su período de dos años vence pronto. El nombre del actual gerente ganó por mayoría. Solo entonces, dos horas después de que comenzara la reunión, llegó el viceministro Hernán Román y dijo -sin dar mayores razones- que el Gobierno prefería un cambio en la gerencia.

Por ahora el cambio en Vecol parece frustrado, porque la junta renovó a Borrero y éste firmó con contrato a término definido de dos años.

Si es así, la empresa veterinaria habría tenido mayor suerte que otras entidades del campo que -como ha contado La Silla- han sido entregadas a cuotas de congresistas azules que -como Juan Diego Gómez- han sido leales a Santos. Es así como el Banco Agrario lo dirige el sobrino político de Roberto Gerlein, el Incoder un recomendado de Hernán Andrade y el Ica uno de Efraín Cepeda.

Martes, Julio 1, 2014 - 16:53
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Aunque este fin de semana las Farc desmintieron que hayan presionado a algunas poblaciones rurales para votar por el presidente Juan Manuel Santos, como lo aseguró el expresidente Álvaro Uribe, La Silla verificó que esa presión del grupo guerrillero sí existió en al menos tres municipios de Nariño.

Se trata de los pueblos de Samaniego, Providencia y El Rosario, ubicados sobre la cordillera y de muy difícil acceso, en donde -según le contaron por separado a La Silla dos fuentes que conocen la zona- miembros de esa guerrilla llegaban y le decían a la población que debía votar por Santos.

El apoyo a la reelección de hecho arrasó en estos tres pueblos: en Samaniego, Santos sacó el 90 por ciento de los votos; en El Rosario, el 94 por ciento; y en Providencia el 89 por ciento.

La participación aumentó con respecto a la primera vuelta presidencial en un 10 por ciento en El Rosario, en Samaniego el 17 por ciento, y en Providencia 12.56 por ciento.

Aunque los uribistas denunciaron  influencia de las Farc en otros lugares de Norte de Santander, Cauca y Nariño. La Silla investigó los 80 municipios en los que, de manera atípica, Santos barrió al uribista Óscar Iván Zuluaga y solo pudo determinar la presión de las Farc en esos tres.

En por lo menos diez del Cauca, el factor determinante del triunfo fue la movilización indígena después de una reunión de los delegados de los 92 pueblos indígenas en la que se tomó la decisión de apoyar a Santos para continuar con la ejecución de dos decretos claves para ellos por la autonomía territorial que les confiere.

En el Catatumbo, Norte de Santander, la campaña que hizo Alberto Castilla, senador elector del Polo y líder de Congreso de los Pueblos, fue clave.

En tres municipios del Chocó y en seis de Nariño no pudimos averiguar qué pasó porque no logramos conseguir fuentes allí.

 

Martes, Julio 1, 2014 - 12:06
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La semana pasada salieron del Incoder dos subgerentes y dos directores, un mini remezón con el que -durante el primer día que se acababa la ley de garantías- el actual gerente Rey Ariel Borbón terminó de cambiar toda la cúpula que no había llegado con él a la entidad de tierras que es clave en el proceso de paz.

En el remezón salieron dos subgerentes con más de una década de trabajo en sus temas: Hernando Londoño, el subgerente de adecuación de tierras que es experto en distritos de riego -uno de los bienes públicos rurales claves en la transformación del campo- y que sonó el año pasado para dirigir el Incoder. Y a Javier Ignacio Molina, el subgerente de asuntos étnicos que ha jugado un papel clave en temas como el acuerdo entre Ecopetrol y los indígenas u'wa por el paso de un tramo del oleoducto Caño Limón – Coveñas.

Con ellos salieron también Ana María Talero, directora técnica de asuntos étnicos, y Óscar Mauricio Cortés, director de informática.

Según supo La Silla, el día después de elecciones hubo una reunión de altos directivos del Incoder a las seis de la mañana. En ese comité de gerencia, Borbón felicitó a Londoño porque su oficina fue una de las pocas sin ninguna observación ni hallazgo en la auditoría de control interno que se había hecho. Unas horas después hubo una segunda reunión con los cinco subgerentes, en la que les pidieron las cartas de renuncia a todos.

Molina pasó la suya y Londoño también, aunque con una fecha posterior porque en la primera semana de julio participaría en un congreso del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Iica) en Costa Rica que tenía aprobado desde hacía un tiempo. Unos días después se encontró con una resolución que lo declaraba insubsistente, sin motivos claros. A ninguno de los otros tres subgerentes -todos puestos por Borbón- les aceptaron la renuncia.

Como contó La Silla, Borbón ya había hecho un primer remezón en la cúpula del Incoder al llegar a mediados de noviembre y a una semana del inicio de la ley de garantías. En esa carrera contra el reloj, había cambiado a dos subgerentes y cuatro directores. Casi todos los que llegaron son políticos de carrera conservadores y huilenses, como él y su padrino político, el senador Hernán Andrade.

Viernes, Junio 27, 2014 - 11:39
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Luego de semanas de especulaciones sobre cuál de los dos senadores más votados del Partido de La U (los cordobeses Bernardo 'Ñoño' Elías y Musa Besaile) se quedaría con la presidencia del Congreso y posesionaría a Juan Manuel Santos el próximo 7 de agosto, se supo que ante el escándalo mediático de la mermelada los dos habían declinado y que la próxima presidencia del Legislativo está entre Mauricio Lizcano, Armando Benedetti y José David Name.

Lo que no se ha dicho es que en realidad el que declinó la posibilidad del todo fue Musa, mientras que Ñoño Elías la postergó y pidió ser presidente del Congreso, pero dentro de tres años cuando le vuelva a tocar esa dignidad al Partido de La U.

Así lo manifestó el Senador durante un reciente encuentro de la coalición de Gobierno. Una de las aspiraciones del Ñoño Elías es que para ese momento la marea mediática que lo tiene en el ojo del huracán, por la cantidad de cupos indicativos que gestionó, haya bajado.

Eso, sin embargo, dependerá de en qué termine la investigación que les abrió a él y a Musa Besaile la Procuraduría, luego de una investigación sobre la mermelada publicada por La Silla. Ñoño siempre ha dicho que él gestiona recursos para las regiones, pero no contrata las obras ni se beneficia de esos negocios. Habrá que ver qué piensa el Ministerio Público.

Jueves, Junio 26, 2014 - 13:18
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No solo el Ministerio de Agricultura se ha reformado pensando en las tareas necesarias para aterrizar los acuerdos sobre el campo firmados con las Farc en La Habana.

La Defensoría del Pueblo abrió hace un par de semanas un brazo que se dedicará a velar por los derechos de los campesinos y las poblaciones en zonas rurales. Al mando de esta nueva defensoría delegada para los asuntos agrarios y de tierras está Andrés Felipe García Azuero, el último viceministro de agricultura.

García, que fue el segundo vice del ex ministro Juan Camilo Restrepo y también trabajó con Francisco Estupiñán, es un economista con maestría en manejo y conservación de bosques tropicales del  Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie) costarricense. Buena parte de su carrera ha girado en torno a temas de desarrollo rural, como director de desarrollo rural en Planeación Nacional durante dos años, director de planeación del ICA y Parques Nacionales y consultor en el Ideam.

Con esta doceava defensoría delegada, la Defensoría que lidera Jorge Armando Otálora tiene ya oficinas que se ocupan de los derechos de poblaciones vulnerables como las víctimas, los desplazados, las mujeres, las poblaciones étnicas, los adultos mayores y la niñez. Y ahora también de los campesinos.

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