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Miércoles Febrero 10, 2016

Lunes, Enero 25, 2016 - 19:55
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El ministro de Minas Tomás González firmó hoy una resolución con la que busca garantizar el abastecimiento de gas en el Caribe a mediano plazo. Y con la que de paso oxigena su tensa relación con los congresistas, mandatarios e industriales costeños, que no dejan de señalar a su cartera por el mal servicio de Electricaribe y, más recientemente, por las alzas en el precio del gas.

La resolución es clave porque le mete el acelerador a las obras que permitirán la interconexión de los campos de gas del interior del país con los del Caribe para garantizarle a esta región una oferta más robusta a futuro. Y porque hace parte de los compromisos que el Minminas había adquirido hace más de un año con los mandatarios del Caribe y que el mismo presidente Juan Manuel Santos ratificó hace un par de semanas en una cumbre energética en Barranquilla.

Desde hace año y medio la relación entre el ministro González y la región no ha sido la mejor. Como contó La Caribe, empresarios, mandatarios y congresistas no dejan de reclamarle al alto funcionario por precios más competitivos para el combustible. Es decir, similares a los que les dan las compañías explotadoras de gas a la industria y a los comercializadores en el interior.

Aunque el Caribe logró disminuir el precio del gas, después de acordar un cambio en la fórmula con el Gobierno en diciembre pasado, la explotadora Chevron no acogió dicha modificación y ha seguido cobrándole a la región con tarifas más caras. Esto ha generado mayor indignación entre la dirigencia Caribe, que le exige al Minminas acciones puntuales para que ponga en cintura a esa multinacional.

Ese malestar se suma al generado por Electricaribe, la empresa que presta el servicio de energía con continuas fallas que dejan a la gente a oscuras. Pero que pese a ello, sigue siendo consentida por el Gobierno, como contó La Caribe.

Domingo, Enero 24, 2016 - 20:30
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Aunque la empresa de Servicios Públicos de Santander, Esant, es nueva en el radar del poder del departamento, es una de las entidades con mayor proyección en la región, y los intereses que maneja no son ajenos a los de la clase política de Santander.

A poco más de dos años de su creación (mediados de 2013) la Esant ya tiene en su haber la ejecución de más de 60 proyectos relacionados con obras de saneamiento básico (acueducto y alcantarillado), recibió por designación de la Gobernación de Santander el mando del plan departamental de aguas, y maneja un promedio de presupuesto anual de $16 mil millones.

A dirigir esa empresa llegó el pasado 14 de enero Mónica Paola Monsalve Monroy, una ingeniera civil que antes de ocupar ese cargo fue asesora de infraestructura de las Unidades Tecnológicas de Santander, UTS.

Si bien Monsalve Monroy, además de haber estado en las UTS, tiene experiencia en el sector de los servicios públicos y de 2006 a 2011 estuvo en la Empresa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de San Gil, Acuasan, su nombramiento, según seis fuentes consultadas por La Silla, no solo obedeció a criterios técnicos, sino también a la cercanía que guarda con el representante a la Cámara de Opción Ciudadana Fredy Anaya y al senador liberal Jaime Durán.

Aunque La Silla no logró establecer relaciones directas entre Molsalve Monroy y los dos políticos de la región, excepto por la amistad que la ahora gerente de la Esant tiene en Facebook con Anaya, sí encontró que su periodo en Acuasan coincide con momentos en los que los actuales congresistas consolidaron su poder en San Gil.

Fue en ese espacio de tiempo que Durán reforzó su poder en ese municipio y tras llegar al Senado de la República (2006), logró que su fallecido hermano, Ricardo Durán Barrera, se convirtiera en el alcalde de San Gil para el periodo 2008 -2011; y fue precisamente en ese mandato que Fredy Anaya y su familia, a través de la empresa López Morales & CIA, se quedaron con el manejo de parte del negocio de aseo en San Gil, que les fue entregado por Acuasan.

“Conozco a los dos congresistas pero eso no quiere decir que yo sea cuota de ellos o algo parecido. Simplemente me enteré de la convocatoria, presenté mi hoja de vida y la Junta fue la que me eligió con base a mi experiencia”, aseguró Monsalve Monroy al ser consultada por La Silla.

Monsalve además estuvo en cargos relacionados con la supervisión y planeación de proyectos en Acuasan para la época en que se suscribieron controvertidos convenios con la Alcaldía de Floridablanca por $22 mil millones.

A 2013 había obras sin concluir pese a que aparecían terminadas en informes de obra, y en 2014 se decretaron incumplimientos de algunos de los contratos que se derivaron de esos convenios entre Acuasan y Floridablanca.

Para 2016 la nueva gerente tendrá un presupuesto propio de $20 mil millones, la dirección de una empresa cuyo objeto le permite incursionar en proyectos de energía, gas y telecomunicaciones, además de los de agua y alcantarillado, y  la ejecución de obras como la del Acueducto Regional del Chicamocha, cuyo valor total está proyectado en $64 mil millones que provendrán del ‘Contrato plan’.

Viernes, Enero 22, 2016 - 15:25
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Aunque las vacaciones de los asesores de congresistas terminaron el 13 de enero, en las oficinas asustan.

En muchas de las oficinas de los congresistas no hay ni siquiera una secretaria o asistente para recibir llamadas, cuando lo usual es que por lo menos haya una persona para poder dar razón de los demás.

La situación es tan evidente que mientras que normalmente las señoras que sirven tintos suelen pasar una vez por la mañana y otra por la tarde, esta semana han pasado por las oficinas hasta cinco veces. Y si normalmente la entrada del Edificio Nuevo tiene una puerta para funcionarios y otra para visitantes, solo han abierto la de visitantes, porque los funcionarios siguen de paseo.

Viernes, Enero 22, 2016 - 12:27
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El viceministerio de agua, que quedó vacante porque la viceministra Maria Carolina Castillo pasó a ser secretaria de Hábitat de Bogotá, está entre dos aspirantes, ambos ex alcaldes: Carlos Eduardo Correa, conservador de Montería, y Jorge Eduardo Rojas, de La U y de Manizales. La decisión la tomará Presidencia dentro de las próximas dos semanas, cuando Correa y Rojas regresen de vacaciones.

Con esa decisión no solo se definirá el nombre del encargado de liderar la política pública de acueductos y basuras del país, sino que el Gobierno le hará un guiño a una de las dos regiones y a algún grupo político, que Santos necesita tener de su lado para sacar la eventual reforma tributaria.

Si elige a Rojas (a quien Juan Manuel Santos elogió públicamente en el Congreso de Infraestructura de noviembre, al decir que  “Manizales es una fábrica de buenos alcaldes”) el empujón será para el representante Hernán Penagos, ex presidente de la Cámara, y posiblemente también para el senador y próximo presidente del Congreso Mauricio Lizcano, ambos de La U.

Si escoge a Correa, el gran beneficiado será David Barguil, el presidente del directorio nacional conservador y quien, como director del partido, ha estado explorando la entrada de ese partido a la Unidad Nacional.

Jueves, Enero 21, 2016 - 16:55
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Aunque fueron fórmula en las regionales pasadas y desde el  primero de enero gobiernan en llave, el alcalde de Barranquilla Alejandro Char y el gobernador del Atlántico Eduardo Verano vuelven a tener un choque de criterios, como ocurrió hace ocho años, cuando también eran mandatarios, por la prohibición del porte legal de armas.

En esta ocasión, a Char no le convence el ‘plan desarme’ promovido por Verano desde el lunes pasado para las fiestas de Carnaval, y que a esta hora socializa con el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, en un consejo de seguridad ciudadano que se celebra en Barranquilla. En él participan Char, los alcaldes de los municipios atlanticenses, los secretarios del Interior, la Fiscalía y miembros del Ejército y la Policía.

El lunes, un día antes de que el presidente Santos anunciara que el porte legal de armas quedaba prohibido hasta diciembre en todo el país, Verano había propuesto un desarme de una semana, comenzando el 9 de febrero (Sábado de Carnaval en el Atlántico). Lo hizo argumentando que con el consumo de licor aumentan las riñas en el departamento, especialmente los dos primeros días de fiesta.

El liberal cree que pueden repetirse los buenos resultados de seguridad que esa iniciativa dejó durante su primera administración, entre 2008 y 2011, cuando disminuyeron las agresiones.

En cambio, a Char esa propuesta poco lo convence. El alcalde opina que quienes terminan desarmados son los ciudadanos que las portan legalmente porque necesitan protegerse, mientras que los delincuentes siguen usándolas.

Char es conocido desde su primera administración por su mano dura en materia de seguridad y más recientemente por anunciar la llegada del Ejército a las calles de Barranquilla, a partir del primero de febrero, para contrarrestar los indicadores de homicidios y atracos.

Ahora que Santos anunció que la prohibición, vigente hasta este 31 de enero, será prorrogada, Barranquilla deberá acogerla, pese a las dudas del alcalde.

Mientras el presidente expide el nuevo decreto, Verano le apuesta a un desarme departamental para que a los municipios del Atlántico las fiestas de Carnaval los coja sin armas, le explicó a La Silla uno de los asesores de prensa del mandatario.

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