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Viernes Agosto 01, 2014

Jueves, Julio 17, 2014 - 13:20
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El martes, cuando la Sala Plena del Consejo de Estado asumió el estudio de las demandas contra la reelección de Alejandro Ordóñez como Procurador, la presidenta de ese tribunal se declaró impedida porque su hijo trabaja en la Procuraduría.

Ese acto de transparencia de María Claudia Rojas seguramente no será el único. O por lo menos hay argumentos similares a los de ella para que otros magistrados se declaren impedidos - o para que se sumen más recusaciones a las que ya planteó la Procuraduría contra los magistrados Alberto Yepes Barreiro y Lucy Jeannette Bermúdez.

En nuestra investigación sobre las fichas que tenía Ordóñez para su reelección hace un año y medio, encontramos otros casos de consejeros de Estado que tenían familiares nombrados en la Procuraduría.

Olga Lucía García González, Procuradora Quinta Judicial II para la Restitución (un cargo muy jugoso porque tiene la misma remuneración que un magistrado de Tribunal, unos 20 millones de pesos) fue nombrada en ese cargo por Ordóñez. Es la hermana de María Elizabeth García, magistrada de la Sección Tercera, y quien ha sido cercana a Ordóñez. La consejera ya se ha declarado impedida por esa relación en el pasado.

Carmen Helena Gómez Segura, asesora del despacho del Procurador, es la hija del magistrado Gustavo Gómez Aranguren y también fue nombrada por Ordóñez. Gómez, aunque de origen conservador, ha ido tomando distancia del Procurador y fue el ponente de la decisión que tumbó la destitución de Alonso Salazar, el ex alcalde de Medellín inhabilitado por Ordóñez.

Juliana Valencia Andrade, quien es o fue procuradora judicial I en lo administrativo, es sobrina del consejero Hernán Andrade Rincón, uno de los aliados de Ordóñez en el Consejo de Estado. Valencia fue nombrada por Ordóñez en ese cargo.

Además de esos tres casos claros, hay otros que pueden llegar a la mesa.

Por ejemplo, el hijo del magistrado Hugo Fernando Bastidas, Felipe Bastidas, fue nombrado por Ordóñez en la Procuraduría Delegada para lo Administrativo, pero renunció hace casi tres años.

Otro caso es el de Andrés Ramírez Páez, hijo de la magistrada Bertha Lucía Ramírez de Páez, trabaja como asesora de la Procuraduría Delegada para el Medio Ambiente. Pero está en el cargo desde antes de la llegada de Ordóñez.

Y el tercer caso es el único que no jugaría contra Ordóñez, sino a su favor: se ha dicho que el magistrado Danilo Rojas podría ser recusado porque fue fundador de Dejusticia y una de las demandas a estudiar está firmada por Rodrigo Uprimny, director de esa entidad (y bloguero de La Silla), y por Paula Rangel, investigadora de Dejusticia.

Los otros casos podrían ser un doble golpe para Ordóñez porque no solo pueden quitarle votos de aliados sino que, además, demuestran que uno de los cargos contra su reelección (las cuotas de los magistrados de las Altas Cortes que participaron en su nominación) es tan cierta que éstos terminan impedidos o recusados.

Y eso, con una Sala Plena que no pinta muy a su favor, puede resultar en que Ordóñez pierda la pelea para mantenerse en el cargo.

¿Tiene algo que decirle a Ordóñez? Aproveche sus 15 segundos y hágalo aquí. 

Actualización: El lunes 21 de julio, cuatro días después de publicado este confidencial, Dejusticia recusó a seis magistrados. Este es su escrito

Recusación magistrados sala plena .pdf by Juan Lewin

Jueves, Julio 17, 2014 - 11:17
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Hace un año los ministros de Minas y Ambiente llegaron a una 'solución salomónica' para blindar de la minería todas las zonas naturales que estaban en proceso de protección. Ese acuerdo, que ya permitió la creación de cuatro áreas nuevas y que rompió una dinámica tensa entre los dos sectores que venía de tiempos de Álvaro Uribe, se venció hoy.

Tras varios meses de negociaciones, la Ministra de Ambiente Luz Helena Sarmiento y el de Minas Amylkar Acosta acaban de firmar la prórroga por otro año más de estas “reservas temporales de recursos naturales”. Con este acuerdo, Ambiente y Minas aseguran que las zonas que están en proceso de conservación queden seguirán excluidas del área que puede ser cubierta por un título minero.

Como contó La Silla, el origen de ese pulso es el temor que despertó entre los ambientalistas la reapertura de la ventanilla de títulos mineros en julio del año pasado, que había estado congelada durante los dos primeros años del gobierno Santos mientras se ordenaba el caos en el que andaba el catastro minero. 

Su preocupación era que muchas áreas naturales que estaban en proceso de ser protegidas pudieran ser solicitadas por empresas mineras y que, al avanzar al mismo tiempo el proceso de titulación y el de declaratoria como parques, quedaran problemas grandes. El ejemplo más notorio es el conflicto que aún existe con el título que tiene la minera canadiense Cosigo Resources dentro del Parque Yaigojé-Apaporis en el Vaupés, que fue otorgado dos días después de creado el parque en 2009.

El año pasado, con esta figura, Ambiente se anotó cuatro grandes éxitos tras procesos de varios años: la ampliación de Chiribiquete al doble de su extensión, las declaratorias de los nuevos parques nacionales Corales de Profundidad y Acandí-Playón-Playona y, hace una semana, la protección de la Estrella Fluvial del Inírida, un complejo de ríos y humedales que abarca 283 mil hectáreas en Guainía y que es uno de los lugares con mayor diversidad biológica en Colombia.

El tema es que aún quedan muchas otras áreas en proceso que hubieran podido ser solicitadas como títulos. Solicitar un título tarda un par de meses pero declarar un parque puede demorarse -en el mejor de los casos- hasta cinco años por la consulta previa con los grupos étnicos de la zona (como Chiribiquete), de modo que el blindaje que da el acuerdo es crucial.

Mientras tanto, Parques Nacionales ha venido corriendo contra el reloj para crear las áreas que protejan ecosistemas que no están representados en el sistema de Parques y que han sido identificados como prioritarios en el Plan de Desarrollo de Santos.

Para salvaguardar los ecosistemas marinocosteros, están en pleno proceso de protección Bahía Portete en La Guajira -que está muy cerca de ser declarada parque nacional- y Cabo Manglares en Nariño. De los ecosistemas del Orinoco faltan las Selvas de Lipa (Arauca), Cumaribo (Vichada) y Manacacías (Meta), que protegerán amplias zonas de los Llanos, una de las regiones menos representadas. Y para el bosque seco tropical, estan los Bosques Secos del Río Patía -entre Cauca y Nariño- y el que reúne la Serranía de San Lucas y los Humedales de Nechí entre Antioquia y Bolívar.

Con el nuevo acuerdo, Ambiente tiene un año más para declararlos áreas protegidas. Pero el reloj sigue corriendo.

Miércoles, Julio 16, 2014 - 17:48
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El Partido Liberal acaba de escoger el nombre del cordobés Fabio Amín como próximo presidente de la Cámara de Representantes a partir de este domingo. Con esa escogencia y la de José David Name de La U esta mañana para el Senado, la Costa -que fue la pieza clave de la reelección de Santos- se quedará con las dos dignidades más altas en el Congreso.

Como contó La Silla, tras una semana de disputas La U terminó cerrando filas en torno a Name para evitar que la tensión siguiera escalando. Eso se logró después de que dos de los candidatos, Name y Mauricio Lizcano, sellaran una alianza que le garantizó a ambos una presidencia: al senador barranquillero ahora y al caldense dentro de dos años. Eso dejó como perdedores a Armando Benedetti -el tercero en discordia- y a Bernardo el 'Ñoño' Elías, que teóricamente iba a ocupar ese asiento el tercer año.

Aunque el representante santandereano Edgar el 'Pote' Gómez argumentó que con una presidencia para la Costa era suficiente, Amín terminó ganándole el pulso dentro de los liberales para dirigir la Cámara. Al igual que en La U, los liberales llegaron a una decisión de consenso y a Gómez le prometieron que será presidente de la Cámara durante el tercer año.

Ambos vienen de tradicionales familias políticas -y liberales- de la Costa. Name es hijo de José Name Terán, un histórico cacique liberal que murió en 2011 y es recordado por muchos como un símbolo del clientelismo y de la política regional tradicional. Desde los años 50 ostentó toda clase de dignidades: fue concejal, diputado, representante, senador, ministro de Trabajo de Virgilio Barco y fundador del Partido de La U en 2005, antes de sufrir su única gran derrota electoral con Eduardo Verano en la Gobernación en 2007.

Amín -que sacó 49 mil votos- es hijo de Fabio Amín Manzur, que fue alcalde de Lorica en los años ochenta, y sobrino del ex gobernador José Gabriel Amín Manzur. Además, es parte del grupo político de la senadora Arleth Casado y su marido, el ex senador condenado por parapolítica Juan Manuel López Cabrales, heredero de una de las familias políticas liberales más tradicionales y fuertes de Córdoba, con ex alcaldes, ex congresistas y ex gobernadores como los hermanos Libardo, Jesús María y Edmundo López Gómez.

Además, Atlántico y Córdoba fueron los dos departamentos que más votos le dieron a Juan Manuel Santos en la Costa. En Atlántico el presidente-candidato sacó 540 mil votos, prácticamente neutralizando la diferencia de 420 mil que Óscar Iván Zuluaga había sacado en Antioquia. Y en Córdoba sacó 376 mil, un número mayor al que sacó en el más poblado Bolívar.

Miércoles, Julio 16, 2014 - 11:28
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La convocatoria para las inscripciones a la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes y la Secretaría General, se abrieron el lunes y se cerraron ayer martes. Solo hubo 24 horas de plazo para la presentación de las hojas de vida de los aspirantes ante el comité de acreditaciones, un plazo totalmente insuficiente a menos de que la persona ya tuviera listas todas las certificaciones laborales y fotocopias de los diplomas.

Además, la mesa directiva de la Cámara metió para el orden del día del domingo 20 de julio, en plena posesión del nuevo Congreso, la elección del director administrativo de Cámara.

Mejor dicho, mientras todos están distraídos en el nombramiento de presidentes y de mesas directivas, la saliente presidencia abre un proceso escondido para convocar candidatos a dirección administrativa y obliga a votar con los pocos candidatos que se "enteraron". En contraste, en la más reciente elección de 2012, la votación se dio en agosto, cuando el nuevo Congreso ya estaba funcionando, y la convocatoria fue más larga.

El afán es tal que, aunque por acuerdos del Congreso la bancada de La U sería la encargada de elegir al director, sus miembros no se han enterado del proceso de inscripción, según supo La Silla.

Hoy se conoció la lista de inscritos: mientras en 2012, sin tanto afán, fueron 32, esta vez solo hay 12, incluyendo la actual directora Gloria Inés Raigoza.

Con esa premura, la convocatoria favorecería precisamente a Raigoza, cuya reelección en 2012 ya estuvo rodeada de críticas por la extensa lista de contratistas que vinculó. Raigoza está inscrita.

Según El Tiempo y RCN Radio, también suena el nombre de María Carolina Carrillo Saltarén, quien ya fue directora entre 2008 y 2010, es cercana al destituido director Jairo Jaramillo Matiz. Carrillo, una abogada externadista originaria de Santander y quien ha trabajado también como asesora de la gobernación de Casanare entre 2005 y 2009 y del Auditor General Iván Darío Gómez Lee entre 2012 y 2013, está haciendo una campaña tan clara que tiene un sitio web promoviendo su aspiración e hizo campaña por la reelección.

Entre los otros 10 inscritos hay dos representantes salientes (Wilson Gómez Velásquez, ficha política del condenado ex concejal de Bogotá Hipólito Moreno y quien se quemó tratando de reelegirse, y el representante de La U por Guanía Eduardo José Castañeda); dos ex diputados (el antioqueños Alex Flórez García, quien se quemó saltando a la Cámara por La U y la liberal de Cundinamarca y ex secretaria de la Comisión de Ética del Senado Nubia Mercedes Soler) ; la directora jurídica de los Bomberos de Bogotá (de donde actualmente es contratistas Carrillo), Nancy Luz Mar Moya; el político nariñense y actual director de capacitación de la Superintendencia de Notariado Jorge Eliécer Delgado; y el ex director de Fiscalías del Valle Nazir Yabor Motta, quien fue delegado del Consejo Nacional Electoral para las elecciones legislativas en Nariño.

La importancia de ese cargo está en que la dirección administrativa maneja un presupuesto de unos 200 mil millones de pesos al año, y especialmente el contrato del renting de los carros de los representantes, que es un negocio multi millonario. El contrato actual vence el 31 de julio y está siendo investigado, por lo que el nuevo o el reelecto director administrativo tendrá en sus manos ese jugoso contrato.

Martes, Julio 15, 2014 - 16:24
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El pasado 26 de junio, La Silla Vacía publicó una historia titulada 'El dilema de Santos con los conservadores comienza por Barguil', en la que contamos que algunos congresistas de la coalición de Gobierno le están pidiendo al presidente Juan Manuel Santos quitarles la burocracia a los conservadores que no votaron por él, y que puntualmente se refieren al representante conservador David Barguil a quien señalan de ser "consentido" del Gobierno en términos de burocracia.  

La Silla Vacía averiguó en Córdoba por separado con dos fuentes locales políticas y una del periodismo y afirmó que respecto a burocracia esas tres fuentes coincidieron en que Barguil "(siempre en sociedad con Nora García) tiene influencia en una subdirección local del Sena y en las regionales del Invías, el Ministerio de Transporte y la DIAN".

También afirmamos que un senador de La U con el que hablamos aseguró que Barguil tenía el Ipse (el instituto para la Planificación de Soluciones Energéticas para zonas no interconectadas a ese servicio) y la secretaría general del Ministerio de Minas, pero que eso no lo pudimos corroborar con otra fuente.

En la reportería tuvimos varios indicios para pensar que David Barguil sí tenía cuotas. El primero es la nuez de la historia: que congresistas de la Unidad Nacional están pidiendo que le quiten la burocracia por no haber votado por Santos.

También, un ex alto funcionario del sector agrario nos dijo que Barguil siempre se quejó de que en términos burocráticos en ese sector se tuviera más en cuenta a los senadores godos que a los representantes, y que llevaba hojas de vida "siempre bajo el paraguas de su senadora Nora García".

Además, ya un artículo del Meridiano de Córdoba le atribuía como cuota directa de él a la funcionaria Luz Amparo Salcedo, quien en ese momento era el enlace de Familias en Acción con la Alcaldía.

El representante Barguil envió a La Silla una carta diciendo que hicimos “varias afirmaciones que faltan a la verdad” y que lesionan el trabajo legislativo que ha adelantado en estos cuatro años. Telefónicamente, explicó que no es cierto que tenga influencia en ninguna de esas entidades.

La Silla hizo una reportería adicional y rectifica la información entregada sobre la DIAN y el Ministerio de Transporte en sus seccionales regionales.

A pesar de que tres fuentes nos dijeron que era así, encontramos que la DIAN en Córdoba está a cargo de Mariela Alzate Villarraga, quien era la cabeza de la contabilidad de la DIAN en Bogotá, enviada directamente por el director Juan Ricardo Ortega para manejar el tema de Cerromatoso y que por lo tanto, no es cuota política de nadie.

Sobre el Ministerio de Transporte, la oficina de Sucre y Córdoba está a cargo de Luis Fernando Delgado Cardona y pese a la información original que nos dieron las fuentes, no pudimos reconfirmar con otras que Barguil tuviera influencia en esa oficina, como lo afirmamos.

Por la información errónea, ofrecemos disculpas al congresista David Barguil y a nuestros lectores y publicamos esta rectificación en el mismo espacio que le dimos a la historia en cuestión.

Sobre las otras afirmaciones, verificamos que sí hay indicios de su cercanía con los que manejan esas entidades.

Sobre el Invías, dos senadores y dos periodistas cordobeses, todos por aparte, le dijeron a La Silla que el grupo de Nora García Burgos y David Barguil tenían esta entidad en Córdoba.

Prueba de ello es que a ese cargo llegó en diciembre de 2011 Luis V Burgos, un ingeniero que es pariente de la Senadora Nora García Burgos. Según la denuncia uribista de la mermelada, Burgos era cuota del grupo de Nora García. Ese funcionario fue destituido en diciembre del año pasado. Barguil dice que es absurdo achacarle un puesto que está vacante, pero la entidad quedó con un encargado que según las fuentes es de la misma cuerda, pues la entidad no cambió de "dueños" políticos.

Por otra parte, la subdirección del SENA es el Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir, que maneja la contratación del SENA en el sector agropecuario en la región.

El jefe de esa subdirección es Marcelo Escalante Barguil, primo hermano de David Barguil y quien llegó al cargo en 2008, bajo la administración nacional en el SENA del uribista Darío Montoya.

Barguil confirmó a La Silla que se trata de su primo pero dijo que llegó allí por sus propios méritos -por medio de concurso- pues él no era ni siquiera congresista cuando lo contrataron.

Es cierto que en 2008 ni Nora García ni David Barguil eran congresistas, pero el hijo de Nora (y amigo de David) Marcos Daniel Pineda ya era alcalde de Montería y principal activo del grupo político que después los llevó a ambos al Congreso.

Para ese momento, el papá del alcalde (el ingeniero agrícola Marcos Pineda Cabrales) tenía una relación cercana con el SENA El Porvenir Seccional Córdoba al que llegó el primo hermano de David. Era miembro de la junta directiva nacional de Asohofrucol, la Asociación Hortofrutícola de Colombia que un año antes había firmado un convenio por cinco mil millones de pesos con el SENA a nivel nacional para fomentar las prácticas agrícolas. Y en una hoja de vida con fecha de 2009, el ingeniero Marcos Pineda Cabrales, papá del entonces alcalde de Montería, aparecía también como "miembro actual del comité regional Centro Caisa-El Porvenir Sena Córdoba".

La Silla no pudo confirmar si su primo le sigue la línea al representante Barguil, pero su cercanía familiar y política es clara y seguramente por eso las fuentes dan por hecho que es una cuota suya.

En todo caso, La Silla no quiso demeritar la importante labor legislativa que ha tenido Barguil en la Cámara de Representantes, sobre todo en defensa de los usuarios bancarios, y que ya ha destacado en el pasado.

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