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Miércoles Marzo 04, 2015

Jueves, Octubre 17, 2013 - 11:05
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Ayer se supo que una tutela contra uno de los matrimonios de personas del mismo sexo fue negada por un juez. Pero esa buena noticia para los defensores de esa posibilidad quedó eclipsada por otra: otra tutela, que en primera instancia anuló un matrimonio igualitario, quedó en segunda instancia en manos de un magistrado aliado de Alejandro Ordóñez.

La tutela, que llegó a la sala civil del Tribunal Superior de Cundinamarca, fue repartida a Álvaro Fernando García Restrepo, uno de los magistrados que estuvo con la presidenta de la Corte Suprema, Ruth Marina Díaz, en el polémico crucero por el Caribe. En el crucero García estuvo con su esposa, magistrada de la Sala de Descongestión del mismo tribunal, Luz Estela Roca Betancur.

La Presidenta de la Corte, como ha contado La Silla, es amiga de vieja data y aliada del Procurador, y ha venido consolidando el poder de un grupo de magistrados en la rama judicial, dentro del cual está García. Es decir, García y Ordóñez tienen en común la amistad de la poderosa Ruth Marina Díaz.

Por eso varios abogados que defienden el matrimonio de personas del mismo sexo, y que conocen de cerca la ofensiva jurídica que han montado algunos grupos religiosos y Ordóñez (usando a toda la Procuraduría) contra éste, ven la designación con aprehensión. Sobre todo porque aunque cada matrimonio es una batalla jurídica por su lado, y por eso hay matrimonios nuevos a pesar de esta tutela, la jurisprudencia que se vaya formando puede definir quién tiene las de ganar en esa guerra legal.

Miércoles, Octubre 16, 2013 - 14:18
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Con la muy probable salida de Bruce MacMaster del Departamento de Prosperidad Social, ese cargo ya tiene nombre propio: el gobierno se lo prometió al Partido de La U. El candidato es el abogado Gabriel Vallejo, quien fue candidato a la Gobernación de Caldas en 2011 por ese partido, y de concretarse sería otra movida de Santos para amarrar los votos caldenses a La U y que no se vayan con Óscar Iván Zuluaga.

Vallejo, que es un consultor empresarial cuya carrera ha transcurrido en el sector privado y es experto en mercadeo y ventas, llegó a las elecciones de 2011 como una novedad a la política caldense. Su único paso por el sector público había sido la gerencia de Canal Capital de Bogotá durante la Alcaldía de Enrique Peñalosa, y no tiene trayectoria ni en el sector de lucha contra la pobreza ni como administrador público.

En ese entonces venía de trabajar en la Casa Editorial El Tiempo, a donde había llegado por intermedio de Mauricio Rodríguez, entonces director de Portafolio, luego embajador en Londres de Uribe y de Santos, y hermano de la primera dama María Clemencia de Santos. Regresó a su natal Manizales pocos meses antes de las elecciones, después de haber trabajado en Bogotá, México, Estados Unidos y Argentina durante muchos años. Aunque él no había hecho política, su hermana Pilar fue asesinada en 1998 cuando era diputada liberal.

Su mudanza a Caldas empezó porque quería lanzarse como independiente a la Alcaldía de Manizales pero tras la definición de la alianza entre el sierrismo y La U, terminó de candidato a la Gobernación de esos dos grupos: La U se quedaba con la candidatura a la gobernación y el sierrismo con el de la alalcadía. Eso quiere decir que vallejo fue impulsado por la llamada “coalición B” de los senadores de La U Mauricio Lizcano y Jaime Alonso Zuluaga y el senador conservador Luis Emilio Sierra, y se enfrentó con Guido Echeverri, quien tenía el apoyo del los conservadores yepistas y los liberales.

Vallejo hizo campaña con el respaldo de Juan Lozano y Álvaro Uribe, y especialmente Óscar Iván Zuluaga  y del hoy presidente de la Cámara, Hernán Penagos.

Aunque su derrota quedó en la lista de los respaldados por Uribe que se quemaron en esas elecciones, fue un éxito para la coalición de La U y el conservatismo sierrista: fue por por pocos votos (sacó 142 mil frente a los 150 mil de Guido Echeverri), lo que mostró que estaban muy cerca de superar a la vieja coalición liberal-conservadora.

Ese grupo político se escindió cuando el exministro Zuluaga se fue al uribismo, mientras que su primo el senador Zuluaga se quedó en el santismo y en La U. Por eso, la oferta a Vallejo se suma al nombramiento de Marco Aurelio Zuluaga en el Icbf y es otra movida de Santos para amarrar a La U de Caldas y tratar de que los votos no se vayan al Uribe Centro Democrático que lidera allá Óscar Iván Zuluaga. Sin embargo, Vallejo es más cercano a la casa Santos por su trabajo en El Tiempo y su cercanía con Mauricio Rodríguez, que a cualqueir grupo político del departamento.

Nota: a las 7:25 pm, algunas horas después de publicada esta noticia, la actualizamos pues la hoja de vida de vallejo fue publicada en la página web de la presidencia de la República, un requisito previo a su nombvramiento. Acá la pueden ver.

Miércoles, Octubre 16, 2013 - 11:26
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Desde que llegó Amylkar Acosta al Ministerio de Minas hay una pieza clave que le está faltando en su equipo: no tiene todavía un director de formalización, una figura clave porque es quien se encarga del programa que busca ayudar a los pequeños mineros informales a legalizarse. Y que fue precisamente, como contó La Silla, uno de sus mayores reclamos durante el pasado paro minero y una de las promesas claves para que el Gobierno lograra desactivarlo.

Carlos Cante, que llegó en la época de Carlos Rodado, fue durante tres años el director de formalización del Ministerio, pero salió hace un mes y ahora pasará a la subgerencia de regiones del Fondo de Adaptación, que dirige Carmen Arévalo.

La Silla supo que Cante había presentado su carta de renuncia desde antes del paro minero, pero se quedó trabajando en el Ministerio hasta que Federico Renjifo fue reemplazado por Acosta. Y ahora la dirección de formalización cumplió un mes sin cabeza visible, con Fernando Cardona como encargado.

La formalización es clave porque los pequeños mineros sienten que el Gobierno no distingue entre mineros que están en la informalidad -que trabajan sin título minero- y aquellos que forman parte de la minería criminal. La idea es que el Gobierno les ayude a legalizarse para que pasen a trabajar con licencia ambiental, seguir estándares de seguridad industrial y pagar tanto impuestos como regalías, algo que les permite a ellos mejores condiciones de trabajo y al Gobierno un mayor control sobre la manera cómo se hace minería en el país. 

Pero, como contó La Silla, se trata de una vieja promesa desde hace varios gobiernos que no se ha podido cumplir nunca a carta cabal, por razones que van desde la falta de incentivos reales para legalizar a los mineros hasta haber puesto tiempos demasiado cortos y poco realistas para lograrlo.

Actualización: El viernes 18 de octubre Presidencia publicó la hoja de vida de Alain Henao, el postulado para asumir la dirección de formalización. Henao es un economista antioqueño de la Universidad Cooperativa, que trabajó en el Instituto de Desarrollo de Antioquia (Idea), en la parte de energía y minas de la Contraloría y ha sido consultor en temas ambientales.

Martes, Octubre 15, 2013 - 14:49
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No solamente los reclamantes de tierras están preocupados con el aumento en las amenazas y la falta de medidas de protección, sino también sus abogados. Como contó esta mañana Santiago Villa en su columna de El Espectador, acaban de reducirle el esquema de seguridad a la abogada que lleva dos de los casos más emblemáticos de restitución de tierras en el Cesar -de predios de campesinos desplazados que hoy están en manos de las mineras Drummond y Prodeco- y también otro par de casos de falsos positivos.

Lo que Villa no mencionó es que la última evaluación que le hizo a Ludys Pedraza el Comité de Evaluación de Riesgo Recomendación de Medidas (Cerrem) el 20 de septiembre pasado arrojó de nuevo un nivel de “riesgo extraordinario”. A pesar de eso, la Unidad Nacional de Protección que dirige Andrés Villamizar le quitó la camioneta y uno de los escoltas que la protegen, dejándole otro escolta y el chaleco antibalas.

Pedraza tiene bajo su ala varios casos muy sensibles en Cesar. En primer lugar, representa a varias de las familias que se tuvieron que desplazar de El Prado y Mechoacán, dos predios en La Jagua de Ibirico que después del despojo por parte del Frente Juan Andrés Álvarez de las AUC terminaron en manos de las empresas carboneras Prodeco y Drummond, respectivamente.

En Mechoacán, al menos una veintena de familias tuvieron que salir desplazadas desde 1999 y sobre todo tras el asesinato en 2004 de Luis Trespalacio Herrera, presidente de la junta de acción comunal, a manos de los paras.

Varias de esas parcelas fueron luego compradas por segundos mediante argucias jurídicas -con la complicidad del Incoder y la notaría de Chiriguaná- como falsificaciones en las firmas e incluso firmas de personas que estaban muertas, como comprobó después la Fiscalía. Esas tierras fueron vendidas luego a la multinacional estadounidense Drummond, que tiene en la zona sus dos proyectos mineros.

Algo similar ocurrió en El Prado, un predio que el antiguo Incora compró a finales de los años noventa para reasentar a 51 familias que venían de la Serranía del Perijá. Al igual que en Mechoacán, los paramilitares asesinaron a cinco parceleros y crearon un ambiente de zozobra que terminó con el desplazamiento de casi todas las familias.

Posteriormente el Incoder declaró esos predios como abandonados y se los cedió a segundos, que a su vez se los vendieron a la minera Prodeco, propiedad de la multinacional suiza Glencore Xstrata. La Corte Suprema de Justicia ordenó en 2012 la devolución de estas parcelas a sus propietarios originales, cosa que a la fecha no ha sucedido.

La Unidad de Protección le precisó a La Silla que un esquema de seguridad de chaleco y escolta encaja dentro del nivel de riesgo extraordinario y que las medidas de seguridad se van ajustando a medida que varían los puntajes de riesgo o el uso que se hace de éstas. Sin embargo, nos confirmó que está al tanto del caso y que lo está revisando.

Martes, Octubre 15, 2013 - 12:33
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El miércoles pasado Germán Vargas Lleras estuvo inaugurando el capítulo de la Fundación Buen Gobierno en el Cesar. Pero ahí demostró que Buen Gobierno no es un tanque de pensamiento (o no solamente) sino una plataforma activa para la elección de Santos (o de él), y que sí le está haciendo campaña a su partido, Cambio Radical.

En la reunión en el Hotel Sicarare, Vargas aprovechó para reivindicar y anunciar obras del gobierno (en concreto del Ministerio de Vivienda, como si siguiera siendo Ministro), en línea con las banderas de la reelección.

Pero Vargas aprovechó el viaje para hacer política con su partido: al día siguiente estuvo en un acto oficial de Cambio Radical ahí mismo en Valledupar. El ex ministro, quien acompañó al presidente del partido Carlos Fernando Galán, presentó al candidato al Senado de Cambio Radical por el Cesar, Alfonso 'Poncho' Mattos (hermano de Carlos, el presidente de Hyundai Colombia) y sus fórmulas a la Cámara, presentó las obras del gobierno como logros propios y pidió a los asistentes que apoyaran a Santos y a los candidatos de su partido.

Esto fue lo que dijo el jueves en el evento de Cambio Radical:

 

Nota de la Editora: después de publicada la historia, nos dimos cuenta que el evento en el que había hablado era de Cambio Radical y no de la Fundación Buen Gobierno (como dijimos inicialmente), que fue la noche anterior. Con esta nueva información agregamos un párrafo y modificamos el título para que reflejara mejor el sentido de la información. Ofrecemos disculpas por este error.

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