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Viernes Enero 30, 2015

Jueves, Septiembre 12, 2013 - 11:22
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La demanda que ayer falló la Corte Constitucional y que tumba la facultad del gobierno para fijar parte del precio de la gasolina, no solo fue una derrota para el gobierno, sino para el Procurador. Mientras Alejandro Ordoñez se opuso a la demanda, ésta la ganó uno de sus subalternos quien estaba en la orilla opuesta del argumento.

Camilo Araque y Juan David Mesa, abogados del Externado y funcionarios de la Personería y de la Procuraduría, respectivamente, eran compañeros de especialización de Derecho Contencioso Administrativo en esa misma universidad. Allí se dieron cuanta que podría ser inconstitucional el artículo del Plan de Desarrollo que le daba al Ministerio de Minas la facultad de definir parte del precio de la gasolina para alimentar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, porque equivalía a fijar el monto de un impuesto y eso solo lo puede hacer el Congreso. Y decidieron demandarlo.

En su intervención en el proceso, el Procurador General Alejandro Ordóñez le pidió a la Corte que se declarara inhibida porque, a su juicio, la demanda no lograba demostrar por qué podía ser inconstitucional. Mejor dicho, dijo que el escrito de Araque y Mesa era débil.

Finalmente, la Corte le dio la razón a Mesa, que tiene un cargo de nivel medio en la Procuraduría (es abogado sustenciador) y no a su jefe. Y le dio otra victoria a Araque, quien en 2008, cuando aún no se había graduado como abogado, logró suspender la elección del Defensor del Pueblo por violación a la Ley de Cuotas y luego tumbarla. Más adelante, cuando fue asesor de Armando Benedetti en el Senado, demandó las condiciones laborales del entonces Secretario del Senado, Emilio Otero.

Miércoles, Septiembre 11, 2013 - 13:00
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La decisión del Ministerio de Hacienda de prorrogar el cuatro por mil un año más como fuente de nuevos recursos para el agro es un claro incumplimiento de una promesa de campaña del hoy presidente Juan Manuel Santos. Si se cumplieran sus promesas, hoy el impuesto debería estar en el tres por mil y en 2014 bajar al dos por mil.

Estas fueron las veces que se comprometió en público a desmontarlo:

Primer anuncio del desmonte (6 de mayo de 2010)

Antes de la primera vuelta Santos dijo que si llegaba a ser presidente lo iba a desmontar. Según El Tiempo, Santos dijo que su plan era que entre 2011 y 2012 fuera del 3 por mil; del 2013 al 2014 del 2 por mil; a partir de 2015 en 1 por mil; y en 2016 quedaría en cero. Además, dijo que era "antitécnico” y dijo que afecta más “a los pobres que a los ricos".

Santos reitera su plan (7 de mayo de 2010)

Noticias RCN le preguntó a todos los candidatos cuál era su posición frente al cuatro por mil, que se había convertido en uno de los puntos de debate. Esto fue lo que dijo Santos  “El 4 por mil lo vamos a ir desmontando gradualmente, ese es el plan que tenemos para llevarlo a cero”.

En La Silla, Santos repite su plan (12 de mayo de 2010)

En la preparación de La Silla para el Gran Debate con NTN 24 de RCN, le preguntamos a los candidatos por varios asuntos económicos que estaban calientes, incluyendo el cuatro por mil.

Esto fue lo que respondió Santos: “El cuatro por mil se creó como una medida extraordinaria para financiar la crisis financiera y, como tal, debe ser desmontada gradualmente. Así se buscará marchitar en tres tramos periódicos: 2011 y 2012, 3 por mil; 2013 y 2014, 2 por mil; a partir de 2015, 1 por mil; y en 2016, tarifa cero."

En el Gran Debate de NTN 24 y la Silla, Santos se comprometió de nuevo (19 de mayo de 2010)

En el debate les preguntamos a los candidatos si eliminaría el cuatro por mil. Mientras Petro dijo que lo mantendría para transacciones de más de 100 millones de pesos, y Pardo y Mockus dijeron que lo eliminarían si hubiera con qué sustituir el dinero que produce, Noemí y Vargas Lleras dijeron que sí lo acabarían. Santos reiteró su propuesta: "Eliminarlo gradualmente, un por ciento cada dos años", dijo.

Santos y Mockus se enfrentan por el 4 por mil (3 de junio de 2010)

Ya después de la primera vuelta, el cuatro por mil seguía candente. En un foro sobre gestión pública eficaz, Santos reiteró su postura contra el cuatro por mil, aunque esta vez no hizo explícito su programa para desmontarlo, mientras que Mockus lo defendió por su fácil administración.

 

Miércoles, Septiembre 11, 2013 - 11:06
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El paro agrario ha servido para que el Gobierno le pare más bolas al campo. Primero le tocó echarse para atrás con el recorte de 30 por ciento del presupuesto para el Ministerio de Agricultura el próximo año, luego le sirvió para incluir el cambio de Ministro en un remezón de gabinete, y también dio pie para el Pacto Nacional Agropecuario que se lanza mañana. Y La Silla supo que el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas por fin autorizó este lunes la reestructuración del Ministerio que venía impulsando el ex ministro Juan Camilo Restrepo desde hace dos años y que estaba varada desde hace uno en Hacienda.

Como contó La Silla, Restrepo y luego su sucesor Francisco Estupiñán diseñaron -con ayuda de Planeación Nacional- una reestructuración del Ministerio de Agricultura que permitiría fortalecer la 'pata' de desarrollo rural y así ir preparando al sector para las nuevas responsabilidades que le pueden caer si los diálogos con las Farc llegan a buen puerto. Ese proyecto luego quedó en el aire durante un año por razones presupuestales, pese a que el Ministerio había ahorrado parte sustancial de lo que necesita para ponerlo en marcha.

El punto central del rediseño institucional -que aumentaría en unas 80 personas el equipo de trabajo- es la creación de un viceministerio de desarrollo rural, que dejaría de funcionar como una pequeña dirección y pasaría a ocuparse de todos los temas que tienen que ver con el desarrollo integral del campo como el manejo de tierras, la restitución, la vivienda rural, los distritos de riego o la educación. Es decir, los temas centrales del acuerdo al que se llegó con las Farc en este primer punto.

A su vez, en el viceministerio dirigido por Andrés Felipe García -que hoy engloba todas las tareas de la cartera- quedarían los asuntos netamente agropecuarios. Además se crearía dentro de éste una Dirección Pecuaria, ya que la que se encarga hoy de las cadenas productivas -en cabeza de Humberto Guzmán- está más volcada hacia la agricultura y no hacia la producción con animales.

Este rediseño permitiría que dos vices de perfil técnico se ocupen del tejemaneje diario y de la relación con las instituciones de su área, mientras el ministro puede dedicarse a las líneas gruesas de políticas del sector. Así las cosas, el Ica y Corpoica se entenderían con García, mientras el Incoder y la Unidad de Restitución quedarían bajo la tutela del nuevo vice.

El borrador de decreto de reestructuración había pasado ya por Presidencia y por la oficina de María Lorena Gutiérrez, la ex Alta Consejera para el Buen Gobierno, y estaba frenado desde agosto del año pasado en Hacienda por razones presupuestales.

Pero ahora, gracias a que presidente Juan Manuel Santos mantuvo durante un año más la facultad extraordinaria para reestructurar el Estado y que lanzará el Pacto Nacional Agropecuario, el proyecto del MinAgricultura para la paz podría por fin aterrizar.

El balón queda en manos de Santos, que tiene que darle el último visto bueno y sacar el decreto hoy, o si no le tocará empezar de nuevo el 'recorrido' de firmas del borrador de decreto, con el nuevo ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, y la nueva directora de Planeación, Tatyana Orozco. Y eso significaría que no estaría listo para el Pacto Agrario mañana.

Martes, Septiembre 10, 2013 - 14:31
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Con la devolución de dos predio de 12 hectáreas en El Zulia (Norte de Santander), este fin de semana arrancó formalmente la primera restitución de tierras a una víctima de las bandas criminales, que sólo fueron incluidas -por orden de la Corte Constitucional- en la Ley de Víctimas hasta mayo pasado.

Se trata de una familia campesina que vivía en el casco urbano de El Zulia y que todos los días trabajaba en dos parcelas cercanas en la vereda La Rampachala, hasta que en 2007 Los Urabeños les ordenaron venderle la parcela de 11 hectáreas a una persona de su confianza o de lo contrario los mataban. Unos días después regresaron a ofrecerles 4 millones de pesos por la otra parcela de una hectárea, donde tenía un par de piscinas de piscicultura, mucho menos de su precio comercial.

Ante las amenazas por la negativa, la familia -a la que le había adjudicado el predio el antiguo Incora por tratarse de campesinos sin tierra- tuvo que desplazarse a Cúcuta. En el proceso tuvieron que abandonar también su casa, que está en estos momentos también en proceso de restitución. La sentencia había salido en mayo, pero el retorno se había demorado cuatro meses mientras la Unidad de Restitución determinaba que era posible hacerlo por seguridad y mientras la familia definía el proyecto productivo en el que quiere trabajar.

Martes, Septiembre 10, 2013 - 12:39
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Mucho se ha hablado de la pelea por la curul de José Juan Rodríguez en el Concejo de Bogotá, quien ya lleva tres meses y medio con detención preventiva en la cárcel dentro del proceso del cartel de la contratación en Bogotá sin que se defina la entrada de la aspirante que le sigue en la lista del Partido Verde.

Lo que no se ha dicho es que está por venirse la definición de otros reemplazos a concejales, también involucrados con el mismo escándalo: Orlando Parada y Andrés Camacho Casado, ambos del Partido de La U, a quienes la Fiscalía llamó a imputación de cargos y muy seguramente también pedirá para ellos medida de aseguramiento.

Para que su curul no quedara vacante, y por lo tanto no se tuviera que llamar al segundo renglón en caso de que lo cobije la medida de aseguramiento, Parada pidió hace poco una licencia de seis meses al Concejo a partir de octubre. Pero el Concejo no se la ha autorizado y, de no hacerlo y caer Parada preso, se tendría que llamar a quien le sigue en la lista de La U al Concejo.

Por su parte Camacho Casado no ha pedido licencia aún y se rumora en medios que incluso podría renunciar al Concejo para dedicarse a su defensa. Él le dijo a La Silla que no ha tomado ninguna decisión. En cualquier caso, también se podría terminar llamando al aspirante que le sigue.

Como los dos son del mismo partido, es decir, aspiraron por la misma lista, los nombres que les siguen son los mismos. Todos han sido mencionados o son cercanos a algún escándalo.

La primera aspirante que les sigue es la exconcejal Liliana de Diago, quien heredó en el Concejo el puesto de su esposo, el exconcejal Leo César Diago, quien fue acusado en su momento de haber plagiado un proyecto de acuerdo de una página de internet y hoy es cercano al Centro Democrático del expresidente Uribe. Según la revista Semana, el condenado excontratista Julio Gómez la habría mencionado a ella dentro del escándalo del cartel de la contratación.

Luego sigue en la lista el también exconcejal Orlando Castañeda, que pertenece al grupo político del pastor cristiano César Castellanos y su esposa la ex congresista Claudia Rodríguez de Castellanos, al que también pertenecen la senadora Claudia Wilches y la concejal Clara Lucía Sandoval. Castañeda se vio involucrado en un escándalo menor cuando era concejal y -junto con los concejales Carlos Fernando Galán y Henry Castro- presentó un proyecto de acuerdo en el que se encontraron apartes textuales sin cita de un libro del ex ministro Juan Camilo Restrepo.

Castañeda estaría pensando en lanzarse a la Cámara y por eso no aceptaría la curul. Lo que no se sabe es si lo haría por La U o por el Centro Democrático, pues su grupo es más cercano a Uribe.

Luego de Castañeda sigue Lucy Toro, hermana de Dilian Francisca Toro, la excongresista que enfrenta un proceso por lavado de activos y quedó en libertad recientemente pues se decretó la nulidad parcial del mismo. Lucy Toro, al igual que Castañeda, tampoco aceptaría la curul pues estaría preparando su aspiración al Congreso para heredar los votos de su hermana.

Y si ninguno de los anteriores entra al Concejo de Bogotá, llegaría Sandra Jaramillo, la exalcaldesa de Teusaquillo y exasesora en el Fondo de Vigilancia y Seguridad que fue denunciada por una edil de Teusaquillo por, supuestamente, haber contratado desde la Alcaldía de esa localidad sistemáticamente con una ONG de bolsillo de Andrés Camacho Casado.  Jaramillo tuvo en las pasadas elecciones el apoyo de los hermanos Torrado (el senador Efraín Torrado y el ex concejal Edgar Torrado), mencionados por Petro en relación con el Cartel de la Contración.

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