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Viernes Octubre 24, 2014

Lunes, Junio 24, 2013 - 12:33
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Bastante extrañeza ha generado entre muchos ambientalistas y conocedores del páramo la invitación a un foro sobre delimitación de páramos que se llevará a cabo este jueves 27 de junio en la Universidad Nacional. Lo que más sorpresa ha causado es que la información sobre el evento, que organizan dos reconocidos estudiosos del páramo, contiene varias imprecisiones y un cuestionamiento al Ministerio de Ambiente y al Instituto Humboldt por la mala gestión de los recursos públicos, incluso antes de que comience el grueso del trabajo.

La decisión de delimitar todos los páramos del país se tomó tras la controversia por la explotación de oro en Santurbán y la concesión de títulos mineros en zonas de páramo en todo el país durante el gobierno de Álvaro Uribe. El razonamiento es que mapearlos a una escala de 1 a 25 mil permitiría establecer con mayor precisión dónde comienzan y terminan estos ecosistemas altoandinos, frente a la anterior cartografía de 1 a 250 mil que adoptó MinAmbiente.

Este fue un pulso que contó con el apoyo de buena parte de la comunidad científica, que veía que la titulación sin consideraciones científicas y el bajo control sobre la minería constituían una amenaza para los páramos.

El foro organizado por el Instituto de Estudios Urbanos de la Nacional ha sorprendido porque cuestiona la delimitación y porque algunos de sus argumentos son imprecisos.

Los organizadores aseguran que MinAmbiente suscribió, a través del Ideam, un convenio con el Humboldt por 66 mil millones de pesos, cuando en realidad ese acuerdo se hizo entre el Fondo de Adaptación del Gobierno y el Humboldt. Luego el Humboldt subcontrató a otras entidades públicas para ayudarle en ciertos aspectos del trabajo, como el Igac para la cartografía y el levantamiento de suelos. Al Ideam lo contrató por 6 mil millones de pesos para hacer los análisis de estaciones meteorológicas y las batimetrías.

Lo curioso es que los dos organizadores del foro, Orlando Rangel y Gonzalo Andrade, han tenido tradicionalmente una relación cercana con el Humboldt y con el estudio de los páramos. Rangel es actualmente el representante de la Universidad Nacional en la junta del instituto y Andrade fue quien le precedió.

A parte de la comunidad científica le ha molestado el tono del mensaje, que parecería poner en duda los fundamentos científicos de una tarea que se organizó precisamente para tener mayor claridad técnica para restringir las actividades económicas allí.

“El convenio prendió las alarmas entre académicos, investigadores y ambientalistas que ven detrás de este proceso una gran amenaza para la subsistencia de los páramos colombianos y un despilfarro de los escasos recursos estatales, en programas que no generarán nuevos conocimientos sobre la biodiversidad del país”, dice la invitación al foro.

“¿Por qué gastar esa cantidad de recursos para delimitar los páramos cuyos límites geográficos (altitudinales) ya fueron maravillosamente mencionados (propuestos) por el Sabio Caldas desde 1802? ¿Qué hay detrás de esta intención de volver a delimitar el área de páramo en el país? ¿Esta nueva delimitación reducirá el área actual de los páramos? ¿A quién o a qué sectores beneficia una nueva delimitación de áreas de páramo? ¿La nueva delimitación provocará explotación minera en zonas que actualmente son áreas de páramo?”.

La Silla supo que, pese a estar anunciados en el cartel del evento, no han sido confirmados aún ni el Ministro de Ambiente Juan Gabriel Uribe, ni la viceministra Adriana Soto ni la directora del Instituto Humboldt, Brigitte Baptiste.

Viernes, Junio 21, 2013 - 20:09
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Al cumplirse su primer aniversario, la Agencia Nacional de Minería se prepara para una de sus pruebas de fuego: la reapertura dentro de dos semanas de la ventanilla de títulos mineros.

Pero antes de esto la agencia que dirige María Constanza García ha venido adelantando dos labores cruciales: está terminando -como contó La Silla- la depuración de las 19 mil solicitudes de títulos represados desde el gobierno de Álvaro Uribe. Y desde diciembre viene adelantando otra tarea menos conocida pero igualmente clave: la fiscalización de los 9.500 títulos que existen en el país, para verificar que cumplen con todas las normas.

El código minero exige que el Gobierno “vigile” los títulos mineros en explotación cuatro veces al año y los que están en exploración dos veces, pero la realidad es que en el pasado no se realizaban sino unas 200 visitas anuales en total. Esto hacía que fuera muy difícil verificar la realidad minera en el terreno.

Con el congelamiento de la ventanilla, se decidió darle más dientes a esta tarea y actualmente unos 800 inspectores, que trabajan para las firmas Bureau Veritas-Tecnicontrol y HGC, hacen las rondas título por título. Hasta el momento han visitado personalmente 4.808 títulos mineros en 26 departamentos del país y esta semana que viene llegarán a 5 mil.

Esas primeras visitas ya están produciendo resultados: en 69 por ciento de los 6.950 títulos inspeccionados hasta el momento -incluyendo aquellos que todavía no han sido visitados pero cuya documentación ya ha sido examinada- se ha detectado algún tipo de incumplimiento, desde el no pago de regalías o del canon superficiario hasta la explotación sin licencia ambiental. Y también se han detectado títulos de engorde, donde no parecía haber intención real de explorar o explotar. Por el momento se trata de inspecciones preventivas, que buscan hacerles a sus dueños un llamado de atención y sancionarlos si aún no han hecho la corrección en la segunda visita. De no hacerlo, se expondrán a que se les revoque el título.

Esa segunda ronda de visitas, que comenzará en dos semanas, tendrá una meta aún más ambiciosa: comenzará a controlar los volúmenes de producción a bocaminas. Al hacerlo, dentro de algunos meses el Gobierno podrá saber quién está subfacturando -para no pagar regalías- y quién sobrefacturando -para “legalizar” la producción ilegal de otros. 

Viernes, Junio 21, 2013 - 12:51
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El juicio disciplinario que comenzó hoy (con la formulación del pliego de cargos, que equivale a una acusación formal) la Procuraduría General en contra del alcalde de Bogotá Gustavo Petro no tendrá un fallo definitivo tan rápido como algunos creen. La Silla pudo establecer que el proceso no será verbal, como el que por ejemplo se llevó en contra del exsecretario de Gobierno Guillermo Asprilla, sino que será ordinario. Por eso, llegar a una decisión final podría tardar hasta 12 meses.

Los procesos verbales son más rápidos, pues tardan alrededor de cinco meses y tienen además audiencias públicas, situación que no se da en los procesos ordinarios como es el de Petro.

La decisión de que el juicio fuera ordinario se tomó, según una fuente de la Procuraduría, porque la documentación con la que cuenta el Ministerio Público es muy extensa (más de tres mil folios) y eso requiere de más tiempo para ser revisado y además porque casi todas las pruebas son documentales y no verbales.

Sin embargo, en cualquiera de las etapas del juicio que comienza la Procuraduría puede suspender por tres meses prorrogables al Alcalde si considera que se cumplen alguna de estas tres condiciones: si cree que Petro puede interferir en el proceso, si cree que sigue cometiendo la falta o si cree que puede volver a cometerla. Tal y como lo consideró en el caso del exalcalde Samuel Moreno, cuyo proceso sin embargo fue verbal y no ordinario y tardó siete meses en llegar a un fallo en segunda instancia.

Si el juicio en contra de Petro se falla a más tardar el 30 de junio del año entrante y es destituido se tendría que convocar a nuevas elecciones en la ciudad, pero si hubiera una destitución después de esa fecha, los progresistas tendrían derecho a presentar una terna de militantes de ese movimiento para que el Presidente nombre un alcalde encargado. Es decir, aún con el mandatario destituido, podrían quedarse con las riendas de Bogotá.

La Procuraduría formuló tres cargos en contra de Petro, todos relacionados con el lío de las basuras en Bogotá. El primero es una presunta falta discipinaria por haber pedido al director de la Uaesp y a los gerentes del Acueducto y de Aguas de Bogotá que suscribieran unos contratos para asumir la prestación del servicio de aseo, sin tener en cuenta que esas entidades no contaban "con la más mínima experiencia y capacidad requerida para dicho fin".

El segundo cargo imputado a Petro es por haber expedido el Decreto 564 de 2012, mediante el cual adoptó un esquema de prestación del servicio público de aseo con el que "pudo violar" el principio de la libre competencia.

Y tercero, la Procuraduría cuestiona al Alcalde por haber expedido otro decreto: el 570 de 2012, mediante el cual autorizó el uso de vehículos tipo volquetas para operar las basuras en la ciudad, con lo cual pudo violar las disposiciones constitucionales y legales referentes a la protección del medio ambiente.

La Procuraduría calificó las dos primeras presuntas faltas como gravísimas a título de dolo (es decir, que el Alcalde actuó con intención) y la tercera como gravísima con culpa gravísima (que no actuó con intención, pero sí con negligencia).

Ahora lo que sigue es que Petro rinda sus descargos ante el Ministerio Público, en un escrito para el cual tiene un plazo de 10 días para presentarlo y solicitar su aporte de pruebas.

Esta espada de Damocles que cuelga ahora sobre Petro se suma al proceso de revocatoria que tiene en su contra y cuyas firmas ya fueran certificadas por la Registraduría.

Jueves, Junio 20, 2013 - 20:41
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Por considerar que se está vulnerando el ordenamiento jurídico y que hay una cantidad de irregularidades, importantes veedurías ciudadanas de Santander le pidieron al procurador Alejandro Ordóñez que intervenga en el proyecto bandera del gobernador Richard Aguilar, heredero político del exsenador y exgobernador -en juicio por parapolítica, condenado en primera instancia- Hugo Aguilar.

Se trata del cuestionado proyecto Cerro del Santísimo, un ecoparque en el que el Gobernador pretende invertir 43 mil millones de pesos (la mitad de las regalías regionales), pero cuyo impacto ha sido cuestionado, como lo contó La Silla en una historia de usuario este año.

Las iniciativas ciudadanas Bucaramanga Cómo Vamos, el Comité Transparencia por Santander y la Fundación Participar le enviaron hace dos semanas una carta a Ordóñez (que aún no tiene respuesta) en la que le dan cuenta de las presuntas irregularidades del proyecto.

Dicen por ejemplo que no hay claridad respecto al predio en el que se construiría el ecoparque, pues se supone que la Asociación Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga se asociaría con la corporación Panachi (que es privada) vinculando un predio privado con uno público, y no se sabe si todo el terreno se terminó aportando a Panachi, que es un particular, sin observar las normas que para ello se necesita.

Agrega la carta al Procurador que hay numerosas deficiencias en el otorgamiento de la licencia de construcción (falta de sustentación técnica urbanística y ambiental previstas en el POT), que se vulneró el régimen de otorgamiento de licencias ambientales y se violaron las restricciones al uso del suelo. Eso porque en las inmediaciones del predio están ubicados la bocatoma y los desarenadores del sistema de acueducto del Río Frío, que abastece a la localidad de Floridablanca y al sur de Bucaramanga, y la ley consagra restricciones urbanísticas en los predios en los que haya cerca infraestructura de un servicio público.

Una muestra más de la inconformidad de una parte de la ciudadanía al menos con el megaproyecto del Gobernador, que dicho sea de paso es copia de un proyecto similar que hizo su padre también desde la Gobernación, como lo contó la historia de usuario de La Silla.

Jueves, Junio 20, 2013 - 11:59
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Esta mañana estaba citada una plenaria del Congreso para elegir el reemplazo de Carlos Ardila Ballesteros en el Consejo Nacional Electoral. Ardila, quien renunció a su cargo hace un par de meses, tenía el aval de Cambio Radical, y tanto él como el partido ya tienen definido su reemplazo: Yolanda Carrillo, quien era asesora de Ardila, es de su cuerda política, y fue alcaldesa de Riohacha. Aunque todo parecía estar listo, se aplazó la elección hasta el 20 de julio, cuando el Congreso empieza una nueva legislatura y tiene que elegir nuevas directivas. La razón del aplazamiento muestra algunas tensiones dentro de la Unidad Nacional y cómo la "pequeña" política a veces afecta las decisiones grandes.

Resulta que Bernabé Celis, senador santandereano de Cambio Radical, no ha querido retirarse de la comisión interparlamentaria de Crédito Público, a pesar de que cuando llegó acordó estar allí por un año. El año se está cumpliendo y el antioqueño Germán Hoyos, de La U, está a la espera de reemplazarlo en esa comisión que es la primera instancia para que el Gobierno pueda endeudarse más.

Ante la negativa de Celis de retirarse, terció Roy Barreras, quien como presidente del Senado decidió que mientras Celis no le ceda el puesto a Hoyos, que es de su partido, no habrá elección del reemplazo de Ardila.

Como los cupos en el Consejo Nacional Electoral se reparten por partidos, en el Congreso se entiende que Celis y Ardila son copartidarios y que si Cambio Radical se quiere quedar con el cupo en la comisión de crédito público, estaría incumpliendo los acuerdos de la Unidad Nacional.

Por eso se ha empezado a rumorar que La U podría proponer su propio candidato al Consejo Nacional Electoral si Celis no renuncia el 20 de julio. Ese cupo en el Consejo Nacional Electoral es clave para cualquier partido porque este organismo es el que define las reglas electorales y por otro lado, dirime las disputas como cuando piden que revoquen avales o que repitan escrutinios. Si Cambio Radical se queda sin una silla ahí se quedará sin voz ahí cuando su propia existencia está en juego.

Además, para algunos esa pelea podría abrir la caja de Pandora de la elección de las mesas directivas de las comisiones, que son especialmente importantes por ser las que van a estar actuando durante las campañas y las elecciones del próximo año.

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