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Jueves Octubre 23, 2014

Viernes, Junio 21, 2013 - 12:51
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El juicio disciplinario que comenzó hoy (con la formulación del pliego de cargos, que equivale a una acusación formal) la Procuraduría General en contra del alcalde de Bogotá Gustavo Petro no tendrá un fallo definitivo tan rápido como algunos creen. La Silla pudo establecer que el proceso no será verbal, como el que por ejemplo se llevó en contra del exsecretario de Gobierno Guillermo Asprilla, sino que será ordinario. Por eso, llegar a una decisión final podría tardar hasta 12 meses.

Los procesos verbales son más rápidos, pues tardan alrededor de cinco meses y tienen además audiencias públicas, situación que no se da en los procesos ordinarios como es el de Petro.

La decisión de que el juicio fuera ordinario se tomó, según una fuente de la Procuraduría, porque la documentación con la que cuenta el Ministerio Público es muy extensa (más de tres mil folios) y eso requiere de más tiempo para ser revisado y además porque casi todas las pruebas son documentales y no verbales.

Sin embargo, en cualquiera de las etapas del juicio que comienza la Procuraduría puede suspender por tres meses prorrogables al Alcalde si considera que se cumplen alguna de estas tres condiciones: si cree que Petro puede interferir en el proceso, si cree que sigue cometiendo la falta o si cree que puede volver a cometerla. Tal y como lo consideró en el caso del exalcalde Samuel Moreno, cuyo proceso sin embargo fue verbal y no ordinario y tardó siete meses en llegar a un fallo en segunda instancia.

Si el juicio en contra de Petro se falla a más tardar el 30 de junio del año entrante y es destituido se tendría que convocar a nuevas elecciones en la ciudad, pero si hubiera una destitución después de esa fecha, los progresistas tendrían derecho a presentar una terna de militantes de ese movimiento para que el Presidente nombre un alcalde encargado. Es decir, aún con el mandatario destituido, podrían quedarse con las riendas de Bogotá.

La Procuraduría formuló tres cargos en contra de Petro, todos relacionados con el lío de las basuras en Bogotá. El primero es una presunta falta discipinaria por haber pedido al director de la Uaesp y a los gerentes del Acueducto y de Aguas de Bogotá que suscribieran unos contratos para asumir la prestación del servicio de aseo, sin tener en cuenta que esas entidades no contaban "con la más mínima experiencia y capacidad requerida para dicho fin".

El segundo cargo imputado a Petro es por haber expedido el Decreto 564 de 2012, mediante el cual adoptó un esquema de prestación del servicio público de aseo con el que "pudo violar" el principio de la libre competencia.

Y tercero, la Procuraduría cuestiona al Alcalde por haber expedido otro decreto: el 570 de 2012, mediante el cual autorizó el uso de vehículos tipo volquetas para operar las basuras en la ciudad, con lo cual pudo violar las disposiciones constitucionales y legales referentes a la protección del medio ambiente.

La Procuraduría calificó las dos primeras presuntas faltas como gravísimas a título de dolo (es decir, que el Alcalde actuó con intención) y la tercera como gravísima con culpa gravísima (que no actuó con intención, pero sí con negligencia).

Ahora lo que sigue es que Petro rinda sus descargos ante el Ministerio Público, en un escrito para el cual tiene un plazo de 10 días para presentarlo y solicitar su aporte de pruebas.

Esta espada de Damocles que cuelga ahora sobre Petro se suma al proceso de revocatoria que tiene en su contra y cuyas firmas ya fueran certificadas por la Registraduría.

Jueves, Junio 20, 2013 - 20:41
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Por considerar que se está vulnerando el ordenamiento jurídico y que hay una cantidad de irregularidades, importantes veedurías ciudadanas de Santander le pidieron al procurador Alejandro Ordóñez que intervenga en el proyecto bandera del gobernador Richard Aguilar, heredero político del exsenador y exgobernador -en juicio por parapolítica, condenado en primera instancia- Hugo Aguilar.

Se trata del cuestionado proyecto Cerro del Santísimo, un ecoparque en el que el Gobernador pretende invertir 43 mil millones de pesos (la mitad de las regalías regionales), pero cuyo impacto ha sido cuestionado, como lo contó La Silla en una historia de usuario este año.

Las iniciativas ciudadanas Bucaramanga Cómo Vamos, el Comité Transparencia por Santander y la Fundación Participar le enviaron hace dos semanas una carta a Ordóñez (que aún no tiene respuesta) en la que le dan cuenta de las presuntas irregularidades del proyecto.

Dicen por ejemplo que no hay claridad respecto al predio en el que se construiría el ecoparque, pues se supone que la Asociación Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga se asociaría con la corporación Panachi (que es privada) vinculando un predio privado con uno público, y no se sabe si todo el terreno se terminó aportando a Panachi, que es un particular, sin observar las normas que para ello se necesita.

Agrega la carta al Procurador que hay numerosas deficiencias en el otorgamiento de la licencia de construcción (falta de sustentación técnica urbanística y ambiental previstas en el POT), que se vulneró el régimen de otorgamiento de licencias ambientales y se violaron las restricciones al uso del suelo. Eso porque en las inmediaciones del predio están ubicados la bocatoma y los desarenadores del sistema de acueducto del Río Frío, que abastece a la localidad de Floridablanca y al sur de Bucaramanga, y la ley consagra restricciones urbanísticas en los predios en los que haya cerca infraestructura de un servicio público.

Una muestra más de la inconformidad de una parte de la ciudadanía al menos con el megaproyecto del Gobernador, que dicho sea de paso es copia de un proyecto similar que hizo su padre también desde la Gobernación, como lo contó la historia de usuario de La Silla.

Jueves, Junio 20, 2013 - 11:59
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Esta mañana estaba citada una plenaria del Congreso para elegir el reemplazo de Carlos Ardila Ballesteros en el Consejo Nacional Electoral. Ardila, quien renunció a su cargo hace un par de meses, tenía el aval de Cambio Radical, y tanto él como el partido ya tienen definido su reemplazo: Yolanda Carrillo, quien era asesora de Ardila, es de su cuerda política, y fue alcaldesa de Riohacha. Aunque todo parecía estar listo, se aplazó la elección hasta el 20 de julio, cuando el Congreso empieza una nueva legislatura y tiene que elegir nuevas directivas. La razón del aplazamiento muestra algunas tensiones dentro de la Unidad Nacional y cómo la "pequeña" política a veces afecta las decisiones grandes.

Resulta que Bernabé Celis, senador santandereano de Cambio Radical, no ha querido retirarse de la comisión interparlamentaria de Crédito Público, a pesar de que cuando llegó acordó estar allí por un año. El año se está cumpliendo y el antioqueño Germán Hoyos, de La U, está a la espera de reemplazarlo en esa comisión que es la primera instancia para que el Gobierno pueda endeudarse más.

Ante la negativa de Celis de retirarse, terció Roy Barreras, quien como presidente del Senado decidió que mientras Celis no le ceda el puesto a Hoyos, que es de su partido, no habrá elección del reemplazo de Ardila.

Como los cupos en el Consejo Nacional Electoral se reparten por partidos, en el Congreso se entiende que Celis y Ardila son copartidarios y que si Cambio Radical se quiere quedar con el cupo en la comisión de crédito público, estaría incumpliendo los acuerdos de la Unidad Nacional.

Por eso se ha empezado a rumorar que La U podría proponer su propio candidato al Consejo Nacional Electoral si Celis no renuncia el 20 de julio. Ese cupo en el Consejo Nacional Electoral es clave para cualquier partido porque este organismo es el que define las reglas electorales y por otro lado, dirime las disputas como cuando piden que revoquen avales o que repitan escrutinios. Si Cambio Radical se queda sin una silla ahí se quedará sin voz ahí cuando su propia existencia está en juego.

Además, para algunos esa pelea podría abrir la caja de Pandora de la elección de las mesas directivas de las comisiones, que son especialmente importantes por ser las que van a estar actuando durante las campañas y las elecciones del próximo año.

Jueves, Junio 20, 2013 - 11:55
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A los ambientalistas del Amazonas los tiene preocupados la reapertura de la ventanilla de títulos mineros dentro de dos semanas porque aún no saben, como contó La Silla, cuál fue la suerte de las decenas de títulos que se habían solicitado en toda la zona rica en biodiversidad -y también en minerales- del Escudo Guayanés. La Silla comprobó, revisando el balance de la depuración de solicitudes atrasadas de la Agencia Nacional de Minería, que hasta el momento la mayoría han sido rechazadas y que fueron concedidos solo tres títulos en estos departamentos. 

Hay dos títulos nuevos en Guainía, uno en Vichada y ninguno en el Vaupés, los tres departamentos que integran la zona de reserva minera. El primer título en Guainía es de Colombian Strategical Minerals, para explorar oro, niobio y tantalio en 1980 hectáreas del municipio de Pana Pana y el segundo está a nombre de Fabián Eduardo Certuche para explorar minerales metálicos en 4949 hectáreas de Inírida. El único título en Vichada es para una cantera temporal de materiales de construcción y está a nombre del gobierno departamental.

Y el temor de los estudiosos del Amazonía, en particular, es qué pasó con todas las solicitudes de títulos que estaban pendientes desde la época de Uribe en el lado oriental de la región, rica en minerales estratégicos como el oro, el coltán y el vanadio.

Estas áreas solicitadas no habían sido incluidas -como muestra esta superposición de mapas que hizo el economista ambiental Guillermo Rudas- en la zona de reserva minera de 17 millones de hectáreas que declaró Santos para limitar y planificar el acceso a estos minerales con mayor rigor técnico. Y quienes los habían solicitado lo habían hecho bajo un régimen que les pedía pocos requisitos técnicos y pocos documentos aparte de la cédula, generando angustia sobre el impacto en la selva de una eventual explotación por parte de personas poco idóneas para hacerlo.

 

Desde hace un año, la ANM que dirige María Constanza García ha venido estudiando las 19 mil solicitudes que había represadas desde el segundo gobierno de Álvaro Uribe y desde que el presidente Santos ordenó congelar la ventanilla. Hasta el momento han estudiado 17 mil de éstas solicitudes, aprobando 1.286 de ellas y rechazando más del 92 por ciento.

Al haber sido concedidos solo tres títulos, las restantes áreas que no fueron tituladas serán incorporadas en los 202 polígonos que integran la zona de reserva minera. Es decir, podrán ser otorgados después pero sólo bajo las condiciones más estrictas que se establezcan para la Amazonía.

Salvo que todavía queden algunas solicitudes sobre esta zona de la Amazonía entre las 2 mil que falta por depurar, aunque mil de esas están en Antioquia.

Esta es la tabla de títulos aprobados por departamento durante el proceso de depuración:

títulos mineros otorgados by lasillavacia

Miércoles, Junio 19, 2013 - 20:24
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Mientras que al Auditor Jaime Ardila se le ha venido enredando la posibilidad de que salga a tiempo un proyecto de ley hecho a la medida de la posibilidad de lanzarse a la reelección, los inscritos para reemplazarlo empiezan a ganar importancia. Como contó nuestro blogger Carlos Suárez varios son muy cercanos a Ardila. Y uno de ellos tiene varias relaciones políticas que le podrían dar más fuerza en su aspiración.

Se trata de Pablo César Díaz Barrera, un abogado santandereano. Díaz fue uno de los primeros contratistas del actual Auditor, desde junio de 2011, y desde entonces también ha tenido contratos con otras entidades de control como las contralorías de Soacha y de Neiva. Antes trabajó en el departamento legal de la Secretaría de Ambiente de Bogotá.

Díaz es hijo del ex director de la DIAN Néstor Díaz Saavedra, quien en ese cargo no le cobró a los Nule sus deudas con el Estado. Díaz Saavedra era un funcionario de carrera de la DIAN que llegó a la dirección gracias a apoyos de políticos conservadores de Santander y era muy cercano a Álvaro Uribe.

La familia Díaz obtuvo un subsidio de Agro Ingreso Seguro a través de una compañía en la que estaban el padre y sus cuatro hijos, como reveló Daniel Coronell.

Otro de esos hijos, hermano del aspirante a la Auditoría, es el ex diputado de Santander y ex alcalde de Floridablanca Néstor Fernando Díaz Barrera, cuya elección como alcalde fue anulada por el Consejo de Estado. Los Díaz son conservadores y uribistas, y muy cercanos entre sí. Eso se manifiesta, por ejemplo, en que el año pasado un diario regional mencionó a Pablo César como posible candidato uribista al Senado para el 2014.

Díaz también es primo de Iván Díaz Mateus, congresista condenado por el escándalo de la ‘yidispolítica’ por el delito de concusión el carrusel de las notarías y quien perdió la investidura por haber sido elegido cuando su tío era director de la Dian. Díaz Mateus le heredó su curul a Lina María Barrera, su pareja y prima de la esposa del coronel retirado Hugo Aguilar, destituido por la Procuraduría y procesado por parapolítica.

Con estos poderosos contactos y el visto bueno del actual Auditor, que ya tenía casi lista su elección en el Consejo de Estado, Díaz Barrera es uno de los candidatos más fuertes a manejar la entidad que vigila a todas las contralorías del país y tendrá un presupuesto de 20 mil millones de pesos.

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