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Viernes Agosto 22, 2014

Con la devolución de dos predio de 12 hectáreas en El Zulia (Norte de Santander), este fin de semana arrancó formalmente la primera restitución de tierras a una víctima de las bandas criminales, que sólo fueron incluidas -por orden de la Corte Constitucional- en la Ley de Víctimas hasta mayo pasado.

Se trata de una familia campesina que vivía en el casco urbano de El Zulia y que todos los días trabajaba en dos parcelas cercanas en la vereda La Rampachala, hasta que en 2007 Los Urabeños les ordenaron venderle la parcela de 11 hectáreas a una persona de su confianza o de lo contrario los mataban. Unos días después regresaron a ofrecerles 4 millones de pesos por la otra parcela de una hectárea, donde tenía un par de piscinas de piscicultura, mucho menos de su precio comercial.

Ante las amenazas por la negativa, la familia -a la que le había adjudicado el predio el antiguo Incora por tratarse de campesinos sin tierra- tuvo que desplazarse a Cúcuta. En el proceso tuvieron que abandonar también su casa, que está en estos momentos también en proceso de restitución. La sentencia había salido en mayo, pero el retorno se había demorado cuatro meses mientras la Unidad de Restitución determinaba que era posible hacerlo por seguridad y mientras la familia definía el proyecto productivo en el que quiere trabajar.

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Mar, 2013-09-10 18:33
Esta ley esta mal diseñada ojala no transformen desplazamiento en masacre, mientras el estado no pueda garantizar el retorno debe resarcir a las victimas para no perpetuar el circulo de degradación del conflicto, sobretodo sabiendo que los urabeños hoy son mas poderosos que las farc
Mar, 2013-09-10 16:52
"La sentencia había salido en mayo, pero el retorno se había demorado cuatro meses mientras la Unidad de Restitución determinaba que era posible hacerlo por seguridad".
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Otros confidenciales recientes

Jueves, Agosto 21, 2014 - 14:17
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El pasado 15 de agosto la Gobernación del Cesar inauguró con bombos y platillos un coliseo de ferias al estilo Corferias en Bogotá, una mega obra que muchos cesarenses celebraron por necesaria y que fue entregada sin retrasos por un valor de 6 mil millones de pesos, todos recursos puestos por el departamento. Pero en la región hay armada una polémica porque al proyecto público decidieron ponerle el nombre del papá del Gobernador a pesar de que las normas lo impiden.

Luis Alberto Monsalvo Ramírez, así fue bautizado el súper coliseo, a pesar de que hay una norma (decreto 2759 del 97, como lo detalló el medio local Radio Guatapurí) que prohibe que edificios públicos lleven el nombre de personas vivas. La única excepción que contempla esa regla es que lo pida la comunidad o que la persona en cuestión haya prestado servicios a la Nación que así lo ameriten, y ninguna de las anteriores es el caso de Monsalvo Ramírez.

El homenajeado con tal dignidad es uno de los ganaderos más ricos de la región y, según fuentes de la zona, su hato ganadero supera las 30 mil cabezas de ganado. Además es el gran proovedor de leche de una multinacional. Pero nadie lo reconoce por ningún servicio distinguido a la Nación.
Su esposa es Cielo Gnecco, la cabeza del clan Gnecco y pariente del exgobernador guajiro Kiko Gómez, quien como mamá del Gobernador funge como primera dama del departamento.

Como lo ha contado La Silla, ese polémico clan se ha adueñado del Cesar no sólo por tener la Gobernación sino por contar con un senador (José Alfredo Gnecco, primo del gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco) y por haberse quedado en alianza con tres de sus cuatro cupos en la Cámara.

Consultado por La Silla, el Gobernador aseguró que no tuvo nada que ver con la escogencia del nombre del coliseo que su Administración gestionó, planeó y construyó, y que fueron los miembros del comité que tiene en comodato la obra (una corporación llamada Corfedupar) los que decidieron ese bautizo.

Cuando le recordamos la norma, Monsalvo Gnecco dijo: "Si me quieres meter en un tema de ilegalidad, te digo que yo no puse ni propuse ese nombre, los miembros de ese comité tienen libertad de actuar. Pero además, ¿cuál es el problema si yo veo en todas partes instituciones con nombres de personas? ¿Es que eso es algo que sólo pueden hacer los Araújo y no alguien del pueblo, como mi papá?"

La referencia del mandatario es a los Araújo, una de las familias históricamente más ricas y poderosas del Cesar, la principal casa rival de los Gnecco en el departamento. 
 

Jueves, Agosto 21, 2014 - 12:30
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Todo indica que los movimientos en el gabinete de minsitros y el cambio en el funcionamiento de la Casa de Nariño no van a estar seguidos de un remezón en las Superintendencias, lo que sería otra señal de que Santos II será esencialmente una continuación de Santos I.

La Silla averiguó que por lo menos en los casos de los superintendentes de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo; y de Sociedades, Luis Guillermo Vélez; el Gobierno ha dado a entender de que quieren que sigan en sus cargos, y ya hubo empalme con la nueva ministra del sector, Cecilia Álvarez-Correa.

Y en otros casos como el caso del superintendente de salud Gustavo Morales, a quien algunos medios habían dado de baja por la carta de renuncia protocolaria, tampoco hay señales de cambio.

 

Miércoles, Agosto 20, 2014 - 14:32
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Ayer el ministro saliente de Justicia Alfonso Gómez Méndez entregó al presidente Juan Manuel Santos con bombos y platillos su propuesta de Reforma a la Justicia, elaborada por una comisión asesora de alto nivel que trabajó en ella desde enero. 

La pregunta es cómo se articulará este proyecto con la muy nombrada iniciativa de equilibrio de poderes que Santos anunció en su discurso del 20 de Julio, se presentará al Congreso en 15 días, según confirmó hoy el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, y abarca temas de justicia.

Sobre todo porque, como contó La Silla, el exministro Gómez Mendez lideró esta propuesta de manera paralela a una comisión creada desde la Fundación Buen Gobierno (cupula del santismo) para trabajar también en una idea de Reforma. En ese grupo estaba el nuevo superpoderoso de presidencia Nestor Humberto Martinez. 

Falta ver si finalmente las ideas de la comisión de alto nivel que armó el Ministro saliente no quedan sólo en el papel. De cualquier manera, sea o no un canto a la bandera, el documento ya le costó al Estado una buena plata.

Al menos 371 millones de pesos, sumando los contratos que el Ministerio de Justicia firmó en enero con apenas cuatro (el expresidente de la Corte Constitucional Jaime Córdoba Triviño, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Augusto Ibáñez, el exfiscal Guillermo Mendoza Diago,y la abogada Carmen Eloísa Ruiz López) de sus siete integrantes iniciales.

A ese número hay que sumarle lo que habrían cobrado también el constituyente Gustavo Zafra, la abogada Diana Yolima Niño, y el exministro de Justicia Bernardo Gaitán Mahecha que completan el grupo de notables con el que Gómez Mendez montó su último legado como Ministro de Santos. La Silla no encontró los contratos de estos en el Secop. Si les hubieran pagado lo menos que le pagaron a uno de los otros - que sería lo esperado (92.800.000) - el costo de este legado de Gómez Mendez (hasta ahora de papel) fue de casi 650 millones de pesos. 

Esta nota fue actualizada después de su publicación para agregar nueva información relevante que no cambia su sentido inicial.  

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