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Miércoles Septiembre 02, 2015

Mucho se ha hablado de la pelea por la curul de José Juan Rodríguez en el Concejo de Bogotá, quien ya lleva tres meses y medio con detención preventiva en la cárcel dentro del proceso del cartel de la contratación en Bogotá sin que se defina la entrada de la aspirante que le sigue en la lista del Partido Verde.

Lo que no se ha dicho es que está por venirse la definición de otros reemplazos a concejales, también involucrados con el mismo escándalo: Orlando Parada y Andrés Camacho Casado, ambos del Partido de La U, a quienes la Fiscalía llamó a imputación de cargos y muy seguramente también pedirá para ellos medida de aseguramiento.

Para que su curul no quedara vacante, y por lo tanto no se tuviera que llamar al segundo renglón en caso de que lo cobije la medida de aseguramiento, Parada pidió hace poco una licencia de seis meses al Concejo a partir de octubre. Pero el Concejo no se la ha autorizado y, de no hacerlo y caer Parada preso, se tendría que llamar a quien le sigue en la lista de La U al Concejo.

Por su parte Camacho Casado no ha pedido licencia aún y se rumora en medios que incluso podría renunciar al Concejo para dedicarse a su defensa. Él le dijo a La Silla que no ha tomado ninguna decisión. En cualquier caso, también se podría terminar llamando al aspirante que le sigue.

Como los dos son del mismo partido, es decir, aspiraron por la misma lista, los nombres que les siguen son los mismos. Todos han sido mencionados o son cercanos a algún escándalo.

La primera aspirante que les sigue es la exconcejal Liliana de Diago, quien heredó en el Concejo el puesto de su esposo, el exconcejal Leo César Diago, quien fue acusado en su momento de haber plagiado un proyecto de acuerdo de una página de internet y hoy es cercano al Centro Democrático del expresidente Uribe. Según la revista Semana, el condenado excontratista Julio Gómez la habría mencionado a ella dentro del escándalo del cartel de la contratación.

Luego sigue en la lista el también exconcejal Orlando Castañeda, que pertenece al grupo político del pastor cristiano César Castellanos y su esposa la ex congresista Claudia Rodríguez de Castellanos, al que también pertenecen la senadora Claudia Wilches y la concejal Clara Lucía Sandoval. Castañeda se vio involucrado en un escándalo menor cuando era concejal y -junto con los concejales Carlos Fernando Galán y Henry Castro- presentó un proyecto de acuerdo en el que se encontraron apartes textuales sin cita de un libro del ex ministro Juan Camilo Restrepo.

Castañeda estaría pensando en lanzarse a la Cámara y por eso no aceptaría la curul. Lo que no se sabe es si lo haría por La U o por el Centro Democrático, pues su grupo es más cercano a Uribe.

Luego de Castañeda sigue Lucy Toro, hermana de Dilian Francisca Toro, la excongresista que enfrenta un proceso por lavado de activos y quedó en libertad recientemente pues se decretó la nulidad parcial del mismo. Lucy Toro, al igual que Castañeda, tampoco aceptaría la curul pues estaría preparando su aspiración al Congreso para heredar los votos de su hermana.

Y si ninguno de los anteriores entra al Concejo de Bogotá, llegaría Sandra Jaramillo, la exalcaldesa de Teusaquillo y exasesora en el Fondo de Vigilancia y Seguridad que fue denunciada por una edil de Teusaquillo por, supuestamente, haber contratado desde la Alcaldía de esa localidad sistemáticamente con una ONG de bolsillo de Andrés Camacho Casado.  Jaramillo tuvo en las pasadas elecciones el apoyo de los hermanos Torrado (el senador Efraín Torrado y el ex concejal Edgar Torrado), mencionados por Petro en relación con el Cartel de la Contración.

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Mié, 2013-09-11 06:49
Sin ir tan lejos como Zeitgeist, sí me interesa leer un artículo de Laura Ardila Arrieta acerca de esta situación.
Jue, 2013-09-12 12:52
Te invito a leer entonces. Las notas que le enlazo abajo a zeigeist, por ejemplo
Mar, 2013-09-10 19:43
Cuanto lo siento por Laura Ardilla, debe estar muy triste, pues despues de todo el esfuerzo que ha hecho atacando al alcalde Petro y defendiendo esta gentuza del concejo desde LSV, finalmente le tocara aceptar que la justicia, asi sea lentamente, le esta dando la razon a Petro, y que el alcalde si ha obrado y obra con honestidad, con razon y con muhco esfuerzo esta librando una batalla contra el hampa de cuello blanco que desbarato a Bogota, cuanto lo siento por ella y su amigo el Troll, el tal gato-nosequemiercoles.
Jue, 2013-09-12 12:51
Te parece que estás notas que te enlazo son "defender al Concejo"? A veces es bueno bajarle al fanatismo ciego para leer: 'JJ Rodríguez: preso por el cartel, pero con su poder intacto en el Concejo', 'Los reemplazos para Parada y Camacho Casado: tan dudosos como los originales', 'La larga espera por dos curules' http://www.lasillavacia.com/historia/jj-rodriguez-preso-por-el-cartel-pero-con-su-poder-intacto-en-el-concejo-45383 http://www.lasillavacia.com/queridodiario/los-reemplazos-para-parada-y-camacho-casado-tan-dudosos-como-los-originales-45603 http://www.lasillavacia.com/queridodiario/la-larga-espera-por-dos-curules-45500
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Otros confidenciales recientes

Miércoles, Septiembre 2, 2015 - 11:11
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Ayer en el Congreso, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas reveló los puntos centrales de la nueva política antidrogas del gobierno Santos. Ese ‘plan B’ -que el Gobierno comenzó a evaluar después de la suspensión de la aspersión de coca con glifosato- es en realidad un regreso a la política antidrogas de Álvaro Uribe y contrasta mucho con el giro que Juan Manuel Santos viene promoviendo a nivel internacional.

Durante un debate de control político por la seguridad citado por el Centro Democrático en la Comisión Primera, Villegas explicó que la nueva estrategia contra las drogas se centrará en cinco puntos, comenzando por disminuir los cultivos de coca e intensificar la incautación de cocaína.

En particular anunció que el Gobierno pasará de los 16 grupos de erradicación manual forzosa que tiene a 60, una decisión que resulta polémica dado que continúa poniendo el énfasis en los cocaleros y no en los eslabones más rentables y poderosos de la cadena del narcotráfico.

Las mayores críticas que le han hecho los expertos en drogas es que es un programa costoso, de baja eficacia (algo que podría resultar más complejo ahora que, según Naciones Unidas, los cultivos de coca están más dispersos que antes) y sobre todo riesgoso, ya que durante la era Uribe -quien lo impulsó fuertemente y tuvo 100 grupos de erradicación- murieron más de 100 policías erradicadores (en su mayoría jóvenes inexpertos que cayeron víctimas de minas antipersonal).

La Silla supo que esa es una de las ideas que la Policía ha defendido en el subcomité del Consejo Nacional de Estupefacientes, donde tienen asientos varios ministerios y que tiene la misión de recomendar el nuevo ‘plan B’. (Las otras dos, seguir buscando una molécula química que reemplace el glifosato para asperjar y judicializar a los cocaleros, van en línea con esa visión que impera desde el gobierno Uribe).

En cambio, Villegas no tuvo en cuenta ninguna de las propuestas de las otras entidades, incluyendo fortalecer el rol de la Armada y a la Infantería de Marina en perseguir a los traficantes, crear equipos de Policía judicial para que se pueda judicializar más rápidamente a los narcos capturados (dado que los militares que lideran los operativos no pueden hacerlo), enfocarse en el lavado de activos y modificar la misión de la Brigada contra el Narcotráfico del Ejército para que pase de cuidar la aspersión a liderar el control del tráfico de insumos y precursores usados para elaborar la cocaína.

Es decir, todas diseñadas para atacar los eslabones más fuertes del negocio. Y también en línea con la visión progresista que ha promovido Santos por fuera de Colombia, con las recomendaciones de la Comisión Asesora en Política de Drogas que creó el presidente y con el acuerdo sobre drogas firmado en La Habana.

Por eso, con el anuncio de Villegas ayer, Santos vuelve a apostarle a algunas de las estrategias que él ha descrito varias veces como una “bicicleta estática”.

Martes, Septiembre 1, 2015 - 15:29
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Giovanny Villamizar Laguado, candidato a la gobernación de Norte de Santander con aval del partido AICO (Autoridades Indígenas de Colombia), no aparece en la campaña proselitista que por estos días acapara a la región. Y, según su propio y poderoso hermano William Villamizar (candidato al mismo cargo), se retiraría de la contienda antes de que se acabe septiembre.

William, ficha de la Unidad Nacional, es el preferido para quedarse con el primer cargo del departamento. Giovanny, su hermano, sorpresivamente se inscribió como candidato pero en la práctica no ha sido su rival.

En las redes sociales, por ejemplo, La Silla dio tan solo dio con su perfil en Facebook. Allí no hay campaña a la vista y hace apenas un mes compartió un video de su hermano y supuesto rival, William Villamizar, donde este se defiende de “una campaña de desprestigio” en su contra.

El candidato de AICO tampoco tiene cuenta en twitter o página web. De acuerdo a fuentes locales, en el terreno su candidatura es igual de invisible. Además, en un debate organizado por el Pnud para el próximo 9 de septiembre, Giovanny no participará mientras el resto de candidatos, incluido su hermano, confirmaron la asistencia. De hecho, una fuente de la organización le dijo a La Silla que el candidato les respondió que estaba muy ocupado en otros asuntos (no electorales) y sin definir si estará o no presente en el evento. 

El mismo William Villamizar le contó a La Silla que su hermano se retiraría de la carrera antes de que se acabe septiembre y nos confirmó que la candidatura de él nunca se planteó para competirle sino como una manifestación de apoyo a la suya.

“Habían dicho que yo no iba, que mi candidatura tenía problemas…Giovanny se presentó para darme respaldo”.

Tal y como lo contó La Silla, cuando se lanzó, se preveía que Giovanny Villamizar podría ser más un Plan B que un rival de William, quien ha visto amenazada su aspiración por investigaciones en su contra correspondientes a su paso por la gobernación entre 2008 y 2011. De hecho, cuando fue Gobernador, William no terminó su periodo por el manejo irregular de plata del Fondo Nacional de Calamidades.

La Silla intentó comunicarse con Giovanny pero no fue posible obtener su versión.

A finales de este mes se sabrá si lo que dice su hermano es verdad y él, el candidato fantasma, se termina de esfumar.

Martes, Septiembre 1, 2015 - 14:29
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La semana pasada la Corte Constitucional finalmente resolvió un complejo caso que llevaba 4 años en su despacho. Su fallo es un duro golpe para la empresa minera que intentaba tumbar el Parque Nacional Yaigojé-Apaporis, el segundo mayor del país, para explotar un título minero dentro de una de las regiones más importantes de la Amazonía.

El futuro de este parque nacional estaba en entredicho desde que -como contó La Silla- una de las dos asociaciones indígenas que viven dentro del parque en la esquina sur del Vaupés demandara su creación con el argumento de que ellos no habían sido consultados por el Gobierno.

El caso era tan complejo que hace un año y medio la Corte Constitucional hizo una audiencia pública en plena selva amazónica, en el que -para sorpresa de los magistrados Gabriel Mendoza, Nilson Pinilla y Jorge Iván Palacio- el líder de la comunidad indígena que había interpuesto la demanda hizo una confesión que ninguno anticipaba.

Benigno Perilla, el líder de la Asociación de Capitanes Indígenas de Taraira-Vaupés (Acitava) que se había declarado en disidencia de la organización que lideró la creación del parque nacional (el primero creado a iniciativa de las comunidades locales en el país), admitió públicamente que su estrategia legal había sido organizada y pagada por la minera de oro canadiense Cosigo Resources.

Ahora, el fallo tumba la denuncia y deja claro que hubo una "injerencia indebida" por parte de Cosigo y termina dejando en firme el parque nacional. De hecho, le pide al Gobierno que "evalúe la actuación de la empresa Cosigo Frontier Mining Corporation dentro del proceso de consulta previa revisado en esta sentencia y, de encontrarlo pertinente, inicien las acciones legales correspondientes".

El problema es que Ingeominas le otorgó un título minero de 2 mil hectáreas en medio del parque a Andrés Rendle (presidente para América Latina de Cosigo) tan sólo dos días después de que el Yaigojé-Apaporis fuera creado. Ese era uno de los 38 concedidos dentro de parques nacionales durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando la institucionalidad minera poco consultaba a la ambiental antes de tomar decisiones.

La Constitución le prohíbe a Cosigo explotar este título mientras el área permanezca protegida, por lo que el temor en el sector ambiental era que se pudiera caer el parque nacional y que el título (que la Agencia Nacional de Minería demandó) se volviera válido legalmente. Incluso, suponiendo que el parque se caía y volvía a crear, el título de Cosigo ya lo precedería en el tiempo. Por eso el caso era visto como la prueba ácida de la política minera en la Amazonía.

Y aunque el rumbo de la audiencia en febrero de 2014 hacía presagiar que el caso sería contrario a los intereses de la minera, la demora de año y medio para que saliera la sentencia -que curiosamente salió con fecha del 2014- tenía angustiados a muchos en el sector ambiental.

Fallo Corte Constitucional sobre Cosigo y Yaigoje-Apaporis

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