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Martes Febrero 09, 2016

Esta semana el alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, nombró a Álvaro Henry Monedero como su nuevo subsecretario sectorial de Planeación en la Secretaría de Educación. En la administración lo destacan como un administrador de empresas técnico que llega a planear la educación pública de la ciudad. Pero en los círculos políticos caleños Monedero es conocido como aliado del destituido exgobernador Juan Carlos Abadía, y por eso su nombramiento es visto como una cuota que el Alcalde da al PIN y al MIO, partidos que están en manos del polémico Abadía y del condenado parapolítico Juan Carlos Martínez.

Monedero no sólo reemplazó a Abadía en la curul que éste tenía en el Concejo por Convergencia Ciudadana, que luego se convirtió en el PIN, sino que trabajó con él como su asesor y además -según El País, de Cali- hasta hace unos días sonaba como candidato de Abadía a la Cámara.

Como se ha registrado en medios un presunto divorcio político entre Martínez y Abadía, varios se preguntan qué objetivo tendría la jugada de Guerrero de nombrar a Monedero. Más teniendo en cuenta que Guerrero se ha presentado siempre contrario a cualquier forma de politiquería. Fuentes que hacen política en Cali le dijeron a La Silla que lo que en realidad quiere el Alcalde es hacer una coalición en el Concejo, cuyas mayorías le hacen oposición, y que darle una cuota al PIN y al MIO le ayudaría en ese propósito.

La versión fue desmentida por Guerrero a La Silla. Sin embargo, reconoció que busca promover la inclusión en su gobierno con funcionarios de todas las tendencias políticas y afirmó que en parte por eso nombró a Monedero, cuyo jefe directo, el secretario de Educación Édgar Polanco, es conservador.

Otros confidenciales recientes

Lunes, Febrero 8, 2016 - 23:29
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A casi tres años de que los campesinos del Catatumbo hubieran bloqueado por 53 días dos vías que conectaban a Norte de Santander con el resto del país en uno de los paros agrarios que más eco ha tenido en los últimos años, muchos de los acuerdos a los que llegaron los habitantes de esa zona con el Gobierno no se han ejecutado aún.

Aunque los puntos del acuerdo contemplaban la atención a los campesinos víctimas de erradicación forzosa, la declaratoria de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo y proyectos de inversión social en la región, solo el primero -que fue el que sirvió para apagar el incendio y lograr que se levantara el paro- se ha implementado en su totalidad. 

La Silla revisó cómo va el cumplinómetro del Gobierno con el Catatumbo a una semana de que líderes campesinos y autoridades se sienten frente a frente para rendir cuentas.

La atención a los campesinos

En total, y según cifras del Departamento para la Prosperidad Social -DPS-, la atención de ese punto cobijó a 400 familias del Catatumbo, entre cultivadores ilícitos, recolectores o ‘raspachines’ y campesinos que se resistieron a cultivar coca en sus fincas.

Esa ayuda, cuyo costo ascendió a los $12 mil millones, consistió en incentivos económicos, seguridad alimentaria a través de mercados de emergencia y la implementación de huertas caseras, empleos temporales con salario mínimo y un proyecto productivo para cada campesino.

'Los acuerdos de confianza'

Para lograr un impacto de fondo en el Catatumbo, se pactaron proyectos de inversión social en salud, infraestructura vial, proyectos productivos, alcantarillado y acueductos, que fueron denominados por los mismos campesinos como los ‘acuerdos de confianza’.

De estos puntos, en el único en el que los habitantes del Catatumbo han visto resultados contundentes es en el de los corredores viales. Desde 2014, por ejemplo, en esa región cuentan con un combo de maquinaria para el mantenimiento de 350 kilómetros de vías terciarias, además, ya hay construidas placas huellas en 11 tramos de cinco municipios.

No obstante, el punto más significativo en este acuerdo: el ‘anillo vial para la paz’ (que busca conectar los municipios de Hacarí, San Calixto y el Tarra) aún está en la etapa de diseños y el Invías solo comprometió $15 mil millones para su ejecución, cuando según Juan Carlos Quintero, líder de Ascamcat, una de las organizaciones que lideró el paro, en el Plan de Desarrollo de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo quedó consignado que ese proyecto podría costar $150 mil millones.

Por otra parte, el acuerdo de proyectos productivos para 500 familias del Catatumbo que lidera el Incoder y que tiene un costo de $6 mil millones, si bien ya está adelantado, ha tenido problemas en su ejecución porque las ayudas no les han llegado completas, y según líderes campesinos, los cultivos ya se empezaron a perder.

“A algunas personas les dieron las semillas de cebolla pero no los fertilizantes y ya están empezando a perder lo que se les dió por falta de lo demás”, dijo Olga Quintero, líder de Ascamcat.

Sin embargo, lo que realmente preocupa a la asociación campesina es la inversión en salud, alcantarillado y acueductos, promesas que hasta hoy no han tenido avances significativos.

El mayor avance ha sido, según el DPS, la aprobación en diciembre de 2015 de $12 mil millones en regalías para la remodelación de los hospitales de Tibú y Ocaña.

Sin embargo, sobre el mantenimiento de centros de salud de la región y el transporte medicalizado (dotación de ambulancias, lanchas ambulancia y un helicóptero), según líderes de Ascamcat, nada se ha visto.

En cuanto a los proyectos de alcantarillado o acueducto que beneficiarían a cuatro veredas de los municipios de Hacarí, Convención, San Calixto y Teorama tampoco hay nada resuelto.

Al respecto el DPS dijo que esos proyectos no se han podido adelantar por falta de diligencia de los alcaldes respectivos. Lo mismo manifestó una fuente de la Gobernación de Norte de Santander, quien señaló que las mesas para este proyecto se instalaron terminando 2015, por lo que los cambios en los gobiernos frenaron el ritmo con el que venían trabajando.

La Zona de Reserva

El gran faltante ha estado por cuenta de la declaratoria de una Zona de Reserva Campesina en el Catatumbo, que según los líderes de Ascamcat, no se ha concretado pese a que cumplen con los requisitos para que se delimite.

La Silla habló con el viceministro de Agricultura, Juan Pablo Díaz Granados, quien coordina, desde abril de 2015, la MIA Catatumbo, para conocer en qué va el proceso de la declaratoria de la reserva. Él aseguró que eso le correspondía exclusivamente al Incoder y con esa entidad, que está en liquidación, no pudimos hablar.

Acerca del compromiso de seguridad para la región y los líderes campesinos, más son los faltantes que los logros.  Según Ascamcat, las condiciones no han mejorado, y los campesinos siguen siendo víctimas de amenazas y persecución.

A ese escenario se suma el reciente asesinato de una líder comunal en San Calixto y desapariciones de campesinos.

Lunes, Febrero 8, 2016 - 17:18
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La polémica militarización de Barranquilla, que anunció desde noviembre el alcalde Alejandro Char, finalmente no comenzó el primero de enero. En cambio, arrancará el próximo lunes 15 de febrero. La Silla Caribe conoció detalles de la medida que tiene divididas las opiniones.

El Ejército entrará a las calles de La Arenosa con un grupo inicial de 150 militares de la Segunda Brigada. Y en llave con la Policía, los uniformados realizarán retenes móviles en la ciudad, especialmente en los barrios donde el Fondo de Seguridad del Distrito tiene identificada una mayor presencia de expendios de droga y pandillas.

Los puntos exactos donde se harán las requisas en las localidades más vulnerables, como las suroriente y suroccidente, no serán divulgados para evitar “poner sobre aviso a los delincuentes”, le dijo un vocero de la Alcaldía a La Silla.

Aunque Char había anunciado la llegada del Ejército para la primera semana de enero, detalles logísticos no hicieron posible que se cumpliera esa primera fecha. Por ejemplo, todavía el Distrito, la Policía y el Ejército están definiendo cómo asumirán el costo del combustible de las camionetas y motos en las que los uniformados harán los patrullajes.

También están por definirse el tiempo que durarán los militares en las calles y el número total de hombres, que podría llegar a los 200 a finales de febrero.

Como contó La Caribe, con esta medida, Char busca contrarrestar las peores cifras de homicidios que ha tenido esa ciudad los últimos cinco años, la mayoría de ellos por intolerancia y enfrentamientos por droga. Situación que es la gran ‘papa caliente’ que su grupo político no ha logrado enfriar estos ocho años que lleva en el poder.

Sin embargo, no han faltado las voces en contra de esa medida. El primero en mostrar su desacuerdo fue el director nacional de la Policía, general Rodolfo Palomino, quien dijo que los ejércitos “están para la guerra”, más en un país en conflicto armado desde hace cinco décadas como Colombia.

Mientras que líderes de opinión de Barranquilla como el ex alto consejero para la Prosperidad Samuel Azout argumentan que las medidas represivas no son la solución. “Los policías jamás podrán acabar con las pandillas; sí podrán la educación y las oportunidades para los jóvenes”, dijo Azout en un trino.

Lunes, Febrero 8, 2016 - 16:54
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Martin Stendal, el misionero que hace menos de un año fue detenido y al día siguiente liberado por supuestamente estar apoyando a las Farc, reapareció. Como contó The Guardian ahora está en La Habana y es una figura conocida por los negociadores de los dos lados.

Como contó La Silla hace un año, Stendal tiene una larga historia de activismo religioso en las selvas colombianas, que ha incluído ser secuestrado por las Farc, instalar antenas de radio en muchas regiones, hacer proselitismo religioso entre paramilitares y guerrilleros, y ayudar en procesos de desmovilización.

Ahora, en su yate anclado en La Habana, recibe jefes guerrilleros y generales como un facilitador no oficial de las negociaciones. Aunque él dice que solo es asesor espiritual, según The Guardian tiene incidencia del lado de las Farc.

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