Publicidad
Publicidad

Menú principal

Jueves Julio 02, 2015

El poder de los esposos Juan José García Romero y Piedad Zuccardi en la administración de Cartagena parece crecer cada día más. La revista virtual Metro.com, de esa ciudad, reveló hoy que a ese grupo político le acaban de nombrar una nueva cuota, esta vez en la jefatura de control interno. El cargo quedará en manos de Lester Romero, exsecretaria de Minas en la administración de Alberto Bernal y una representativa integrante de la Nueva Fuerza Liberal, el grupo político de los García Romero.

El nombramiento se da dos días después de que la revista Semana y Metro detallaran en dos artículos distintos la mano poderosa de los García en la ciudad durante el mandato de Carlos Otero Gerdts, nombrado por el presidente Santos debido a la incapacidad médica del titular Campo Elías Terán. Según Semana, en ausencia de Terán, Otero dejó 13 secretarías o cargos de ese rango en manos de allegados a los García Romero. Juan José García es hermano del parapolítico Álvaro García y estuvo condenado por corrupción. Su esposa Piedad Zuccardi es senadora de La U.

Otros confidenciales recientes

Miércoles, Julio 1, 2015 - 19:10
0
379

Más verdes que de costumbre están algunos miembros de la Alianza Verde en la región Caribe. Los avales y apoyos entregados por ese partido, tienen a más de uno en Santa Marta, Cartagena y Barranquilla con rabia casi como Hulk, el personaje de Marvel Comics.

En Santa Marta hay inconformismo porque la Dirección Departamental verde decidió apoyar al exsecretario Rafael Martínez, carta del alcalde Carlos Caicedo a la Alcaldía y quien recoge firmas desde marzo pasado con el movimiento ‘Fuerza Ciudadana’.

Robinson Morelo, diputado del Magdalena por esa colectividad, dijo que Martínez nunca se inscribió como precandidato de Alianza Verde, por lo tanto la colectividad en ese departamento no está obligada a apoyarlo y anunció la impugnación a lo que calificó como una “decisión ilegal” del directorio departamental. Sin embargo, como lo había contado La Silla, la Dirección Nacional sí contemplaba irse en coalición con la candidatura de Martínez.

A dos horas, en la capital del Atlántico, no a todos los verdes les cayó bien que el avalado a la Gobernación fuera el exconcejal de Cambio Radical Alfredo Varela. Acompañado por el senador Antonio Navarro Wolff, Varela recibió ese respaldo el 25 de junio. El escritor Federico Santodomingo, uno de los precandidatos verdes a ese cargo, tuteló ese respaldo ante el Consejo de Estado porque, según él, se ignoró su militancia en el partido y se dio un apoyo oportunista a un candidato de ideología contraria a la Alianza.

El tercer round de esta pelea Hulk lo protagonizan los verdes de Cartagena con la dirección nacional en Bogotá. Un grupo de cartageneros quiere que el aval a la Gobernación le sea entregado al exjefe de impuestos distrital Rodrigo Arzuza. Sin embargo, el partido también estudia la hoja de vida de la exsecretaria de Educación Rosario Ricardo Bray, quien recoge firmas con el movimiento ‘Firme por Bolívar’. El nombre de Ricardo generó malestar porque cuando trabajó en la administración del fallecido Campo Elías Terán lo hizo como cuota de la cuestionada casa García - Zuccardi.

Miércoles, Julio 1, 2015 - 13:29
0
2423

El polémico 'decreto navideño' sobre temas mineros -que firmaron cuatro ministros de Santos el día de Nochebuena- acaba de ser suspendido por el Consejo de Estado mientras decide de fondo.

Esa decisión es un golpe fuerte para el Gobierno. No solo porque se queda sin esa herramienta desde cuando se notifique el auto, sino porque muestra que para el magistrado ponente, Guillermo Vargas, el decreto es ilegal. Lo usual es que la ponencia siga la misma línea de argumentación del auto, y como en la mayoría de casos los demás magistrados aprueban las ponencias, lo más frecuente es que al final el Consejo de Estado termine delcarando la nulidad de las normas que suspende inicialmente.

Por eso, lo más probable es que la demanda que interpuso el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario termine con el decreto anulado.

La norma -que generó mucha resistencia en el sector ambiental y en los municipios- fue el resultado de un regaño de la Corte Constitucional, que en marzo del 2014 le jaló las orejas al Gobierno por no tener en cuenta a los municipios y las comunidades a la hora de ponerle orden al intenso debate sobre quién tiene la competencia para ordenar la minería en el país: si el gobierno nacional (al tratarse del subsuelo) o las autoridades locales (al tratarse de todo lo que sucede por encima).

En la decisión del jueves pasado, Vargas advierte que con ese decreto el Ministerio de Minas quedó en control de las decisiones sobre recursos naturales y que “respecto de las actividades mineras los municipios y distritos no puedan ejercer vigilancia, control, ni participación”.

El consejero de Estado también advierte que la ruta que creó el decreto para que los municipios puedan expresar sus preocupaciones era -como anticipó La Silla- más letra muerta que espacio útil pues el plazo de tres meses que les daba era insuficiente para presentar sus propuestas de protección de áreas.

Por eso, si el decreto sigue vivo, los municipios "no podrán implementar medida alguna para proteger el medio ambiente y garantizar la salubridad de sus pobladores frente a una posible afectación derivada del ejercicio de actividades de exploración o explotación minera, lo que quebranta los derechos y deberes ambientales consagrados en la Constitución y abre la puerta a un daño irreversible de los recursos hídricos”.

Auto decreta suspension provisional Dto 2691 de 2014.pdf by lasillavacia

Miércoles, Julio 1, 2015 - 12:09
0
873

Cansadas por la demora en la resolución de su emblemático caso, las 180 familias que salieron desplazadas hace dos décadas de la Hacienda Bellacruz regresaron ayer a ese rincón en el sur del Cesar. Esta madrugada, sin embargo, fueron desalojados por un escuadrón del Esmad y la Policía que -según tres personas que han acompañado el proceso- llegaron sin una orden de desalojo.

El caso de la antigua hacienda Bellacruz -hoy llamada La Gloria- se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos de la progresista política de tierras que impulsaron Santos y su primer ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, y que -como ha contado La Silla- está haciendo agua.

Sin ninguna decisión jurídica o administrativa en firme, estas 180 familias campesinas -que habían llegado en 1986 a esas tierras y fueron desplazados por los paras en 1996- decidieron volver mientras sale una. Su descontento se debe a una resolución que sacó el Incoder en febrero de este año, que -como contó Verdad Abierta- devolvió su proceso al estado en el que estaba en 1990.

En concreto, el Incoder anuló dos resoluciones del extinto Incora -una de 1990 y otra de 1994- que reconocían que dentro de la hacienda había seis predios de origen baldío, de las que la familia del ex ministro Carlos Arturo Marulanda se había apropiado de manera irregular.

En base a esas decisiones, en 2013 el Incoder -didigido entonces por Miriam Villegas- desempolvó el caso y le ordenó a la empresa que le compró la hacienda a los Marulanda en 2008 -y que es del magnate Germán Efromovich, principal accionista de Avianca- devolver las 1.200 hectáreas que aparecán como antiguos baldíos. Eso significa que el Incoder debería, una vez recuperados, titulárselos a campesinos sin tierras y estas 180 familias -como sus ocupantes históricos- tendrían el primer derecho. Por esa decisión, Efromovich demandó penalmente a Villegas y su entonces subgerenta de tierras Jhenifer Mojica.

Pero en febrero de este año, el subgerente de tierras del Incoder Carlos Carmona echó para atrás esas decisiones argumentando que faltaban muchos detalles, dejó sin piso la de 2013 y ordenó un proceso de clarificación de títulos que determine de una vez por todas el origen de esos predios.

Eso quiere decir que el proceso se va a demorar varios años más, en los que los campesinos tendrán que estar lejos de los predios que reclaman como propios desde hace tres décadas.

Páginas