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Martes Septiembre 30, 2014

El nombre de Darío Beltrán vio la luz en los medios luego de que La Silla Vacía publicara, el pasado 5 de diciembre, una nota en la que revelaba que él tenía un contrato para encargarse de la estructuración del nuevo esquema del aseo.

El Acueducto nos confirmó que Beltrán hacía parte del equipo que la firma GIMA Ltda. suministró para la ejecución de un contrato por 500 millones de pesos. Pues resulta que Beltrán -ex M-19 y quien departió en una fiesta de este diciembre con el alcalde- no sólo fue quien diseñó el nuevo modelo de las basuras sino que una empresa de la que era directivo participó en el alquiler de los camiones compactadores que fueron retenidos en Cartagena por representar un riesgo para las personas y que, poco a poco, han empezado a llegar a Bogotá.

La Silla conoció un certificado de Cámara de Comercio en el que se puede ver que en 1994 Beltrán fue suplente del gerente de Aseo Total, la empresa de Óscar Salazar que hace parte de la Unión Temporal Districapital, que alquiló los polémicos camiones. A través de un derecho de petición, el Acueducto también nos dijo que Beltrán había presentado una propuesta para alquilar los camiones compactadores, pero no pudimos precisar si se trata de la misma oferta de Aseo Total o de una distinta. Beltrán y Salazar eran socios en Aseo Total, firma con la que ganaron la primera concesión del aseo en la ciudad en 1994. Salazar es un empresario del aseo que estuvo preso por cohecho por un caso relacionado con la licitación del aseo en Neiva.


Otros confidenciales recientes

Lunes, Septiembre 29, 2014 - 16:08
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El viernes pasado el Consejo Superior de la Judicatura falló una tutela contra los 'afro no afro', dos políticos que, sin tener arraigo en las comunidades negras, se ganaron las curules de la circunscripción de negritudes en la Cámara de Representares.

Como contó El Espectador, horas después apareció una denuncia penal contra la ponente de la tutela, María Mercedes López, por supuestamente haber recibido un millón de dólares a cambio de rendir esa ponencia y contra otras personas por supuestamente haberla presionadoPero La Silla supo que esa denuncia la puso un fantasma.

Según el texto de la denuncia, el denunciante es Vicente Playonero Urrutia, identificado con la cédula 16'987.594 de Cali. Esa cédula no existe, según la página web de la Registraduría.

Además, Playonero dijo que su domicilio es la calle 12#7-65 de Bogotá y su teléfono 5658500. Pero esos datos son los del Palacio de Justicia de Bogotá, donde trabaja López.

Playonero tendría que ampliar su denuncia en la Comisión de Acusaciones para que ésta avance, y tuvo que entregar sus datos precisamente para que lo contactaran para esa ampliación. Todo indica que el proceso contra López nació muerto pero el denunciante fantasma logró lo que quizás buscaba: que saliera esa nota enlodando a la magistrada que propuso devolverle la curul de los afro a los afro.

Lunes, Septiembre 29, 2014 - 11:56
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En julio, el alcalde de Yopal, Willman Celemín, fue destituído e inhabilitado dos veces por la Procuraduría. Pero mientras se define su apelación, él está aprovechando para presentar al Concejo más proyectos de acuerdo en sesiones extraordinarias que los que incluyó en las sesiones ordinarias de la primera mitad de año.

De los 14 proyectos que ha presentado en los últimos dos meses, cinco los presentó el 19 de agosto, más de un mes después de que la procuraduría lo destituyera e inhabilitara por 11 años por haber contratado productos de spa para su gabinete.

Los nueve restantes los presentó después de que le aplicaran la segunda inhabilidad, el 26 de agosto, también en primera instancia por 13 años por no haber hecho prácticamente nada en la solución del problema de agua en la ciudad que ya cumplió tres años.

Varios de los proyectos que presentó comprometen a futuro los recursos del municipio: la licitación para contratar a 30 años la concesión de alumbrado eléctrico de Yopal que se vence en el 2015; la licitación para adecuar la actual terminal de transportes de la ciudad y construir uno nuevo para concesionar a 10 años; la aprobación de presupuesto para vigencias futuras y aumentos en el presupuesto de este año.

A diferencia de los otros dos mandatarios destituidos y cuyos casos también han sido apelados, a Celemín la sanción lo que ha hecho es impulsarlo a trabajar.

Luis Miguel “Mello” Cotes, gobernador de Magdalena que fue suspendido por 10 meses por la Procuraduría en primera instancia por adjudicar la licitación de la vía de la Prosperidad, no ha presentado un sólo proyecto de ordenanza este año. Esto, a pesar de que la sanción se impuso el 31 de julio.

Algo similar ocurre con el gobernador de Sucre que fue suspendido por ocho meses por irregularidades en la licitación del chance de ese departamento. Julio César Guerra Tulena no ha presentado proyectos importantes este año salvo uno de ajustes salariales.

 

Viernes, Septiembre 26, 2014 - 13:21
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Mientras el Consejo Nacional Electoral discute si deja la personería a su partido de bolsillo, que no pasó el umbral en las pasadas legislativas, el polémico representante Yahir Acuña aboga por más plata en el presupuesto para ese tribunal.

Acuña hoy vivió un revés por el fallo de tutela del Consejo Superior de la Judicatura que decidió no permitir la posesión de los dos representantes no afro que él impulsó para las curules de las negritudes, y ahora se enfrenta a un nuevo pulso en el CNE.

Resulta que el representante sucreño, investigado por parapolítica, es uno de los coordinadores ponentes de la ley del presupuesto y en esa labor, en una reunión de ponentes el lunes pasado, tomó la palabra para recordar que el Consejo Nacional Electoral, la entidad que define el futuro de su partido 100% por Colombia, necesita 25 mil millones de pesos.

Este es un audio de lo dicho por Yahir:

Minutos antes, Acuña se quejó de que esa petición de recursos, que “son solicitudes formales de las instituciones ante el Gobierno”, no haya quedado reflejada en el trabajo de los ponentes.

“Vamos a dejar que el Consejo Nacional Electoral, la máxima autoridad electoral de este país, siga funcionando donde (urbanísticamente) no puede”, dice el Representante, quien agrega enseguida que se habló que el CNE necesita alquilar o comprar una sede por 10 mil millones de pesos.

Lo que no dice es su conflicto de interés al abogar por los recursos de un tribunal que, si lo deja sin personería jurídica, podría embolatarle sus apuestas en las elecciones regionales del año entrante.

En la misma intervención, Acuña también abogó por recursos para la Fiscalía y vivienda.

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