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Lunes Marzo 02, 2015

Poco antes de Navidad varios medios le dieron primera página a la dura disputa legal entre la empresa de tecnología colombiana PC Smart y Hewlett Packard por la marca Touch Smart, que no dudaron en calificar como una victoria de David sobre Goliat después de que un juez ordenara a la multinacional retirar sus productos mientras el Consejo de Estado se pronuncia de manera definitiva. Pero en realidad, la historia es más compleja.
En 2008, la empresa del colombiano Carlos Barahona registró en la Superintendencia de Industria y Comercio el nombre “Touch Smart” para la línea de tabletas que estaba desarrollando. Dos años después se percató de que Hewlett Packard estaba vendiendo productos de su línea “Touchsmart” en Colombia y le envió una carta solicitándole retirarlos. A los cuatro días, la multinacional presentó una solicitud a la Superintendencia de “HP Touchsmart”, argumentando que no quería exclusividad sobre la marca sino permiso para utilizarla porque consideraba que el término era descriptivo o genérico, como había sucedido con la palabra “loft” en el mundo de la construcción hace una década. Y la Superintendencia, en una decisión que admitió fue errática, dio su visto bueno a HP. 
Ahí quedaron en evidencia varias omisiones y errores -por parte de los tres implicados- que darían pie a una tormenta perfecta. Hewlett Packard, que ideó el nombre “Touchsmart” en 2007 para sus computadores de pantalla táctil y solicitó desde ese año su registro en una decena de países (incluyendo Australia, Canadá, Francia, Gran Bretaña y Nueva Zelanda), nunca presentó una oposición a que PC Smart lo registrara en Colombia. Luego PC Smart no presentó oposición al registro de HP, pese a que había detectado el uso de su marca. Y la Superintendencia, que sí podía determinar que en efecto se trataba de un término genérico, no ha debido hacerlo mientras existiera fuera casi idéntico a una marca ya registrada. Ahora será el Consejo de Estado el que deberá decidir quién tiene la razón.
Y Colombia no es el único país donde se ha dado esta pelea. En Chile y México le negaron a PC Smart la exclusividad de la marca por pensar que el término sí podía ser genérico, mientras que en Ecuador y Perú se desestimó ese argumento.

Otros confidenciales recientes

Viernes, Febrero 27, 2015 - 13:42
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El nuevo viceministro de desarrollo rural de Aurelio Iragorri, que tendrá bajo su ala todos los programas sociales para transformar el campo y aterrizar los acuerdos de La Habana, será un político sin experiencia agraria. Se trata de Juan Pablo Díaz Granados Pinedo, el ex alcalde de Santa Marta que gerenció la campaña reeleccionista en el Magdalena.

El nuevo vice no solo es cercano al presidente Juan Manuel Santos, sino que es primo hermano de Sergio Díaz Granados, su ex ministro de Comercio que hasta hace poco presidió La U, el partido del ministro Iragorri.

Díaz Granados, que es abogado de la Universidad Externado, ha hecho casi toda su carrera como político local: fue concejal liberal de Santa Marta, candidato a la alcaldía en 2003 (perdiendo con Juan Francisco 'Chico' Zúñiga, luego condenado por parapolítica), secretario de hacienda del gobernador Trino Luna (condenado por parapolítica) y luego alcalde liberal de la ciudad entre 2008 y 2011, con el apoyo de La U, Cambio Radical, un sector conservador y también -según la Misión de Observación Electoral (MOE)- del grupo político de los 'Conejos' y de Chico Zúñiga.

Su única experiencia laboral en el agro fue su paso, en 2006 y 2007, como director financiero de C.I. Tequendama, una empresa palmicultora de la familia Dávila Abondano. Los Dávila fueron unos de los grandes beneficiarios de Agro Ingreso Seguro (iniciando en 2007) y aportantes al referendo que buscaba un tercer período de Álvaro Uribe.

Una de las propiedades que tenía por esa época C.I. Tequendama era la hacienda Las Pavas, que es uno de los casos más emblemáticos y complejos de los conflictos por la propiedad de la tierra en el país y cuyos reclamantes campesinos se ganaron el Premio Nacional de Paz en 2013.

Díaz Granados le contó a La Silla que, aparte de su experiencia con el grupo Daabon, ha estado vinculado toda su vida a las actividades bananeras, palmicultoras y ganaderas de su familia en Aracataca. Fue allí, en 1992 -cuando tenía 16 años- fue secuestrado durante 17 días por una disidencia del EPL en la época en que se estaba negociando en Tlaxcala con el gobierno de César Gaviria.

El viceministerio al que llega es el que se encarga de todos los temas que tienen que ver con la calidad de vida de los campesinos, como el manejo de tierras, la restitución, la vivienda rural, los distritos de riego o la educación. Es decir, el centro del acuerdo rural del proceso de paz.

Actualización: Después de conversar con Díaz Granados ampliamos esta nota con más datos de su biografía. 

Viernes, Febrero 27, 2015 - 09:44
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En el foro del miércoles sobre el proceso de paz en el que Kofi Annan era el invitado central, el Alto Comisionado de Paz Sergio Jaramillo echó un discurso en el que, sin mencionarla directamente, se refirió a propuesta de "justicia transicional para todos" de César Gaviria. Jaramillo dejó el mensaje de que lo que viene no implicará "un intercambio de impunidades", como se ha interpretado la propuesta del ex presidente.

El Alto Comisionado dijo que la paz dependerá de que haya acuerdos razonables en materia de justicia y víctimas, y de armas, verificación y condiciones de seguridad, y de que exista una voluntad compartida por todos de aterrizar lo acordado en los territorios.

Dijo, además, que el ex secretario general de la ONU Kofi Annan les recomendó un tribunal para la terminación del conflicto que administre la justicia transicional, que -para Jaramillo- dará seguridad jurídica pero también responderá a las víctimas.

Es una propuesta similar a la que planteó en una entrevista con La Silla Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia y asesor de la oficina de Jaramillo en temas de justicia transicional; y que es central para que el proceso no termine en el intercambio de impunidades.

Por último, Jaramillo especificó los requisitos que ve él en una eventual Comisión de la Verdad, que no van en la línea de quienes abogan por más verdad y menos justicia. "No puede ser ejercicio automático y mecánico, donde fin de conflicto igual a comisión de la verdad. Muchos países han hecho ese ejercicio, con frecuencia de forma impecable, pero -cuando uno mira la realidad- no es evidente que hayan tenido un verdadero efecto sobre la vida política", dijo en el foro organizado por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (Ictj).

Que todo esto tenga impacto para toda la sociedad dependería, para Jaramillo, de dos cosas que, de nuevo, evitarían un simple punto final para los dos lados.

Primero, que haya una participación amplia que incluya a las víctimas en una manera que las dignifique, de la sociedad civil para que no sea discusión entre sabios y engrane con la vida social del país, y de los combatientes (para que respondan a las víctimas y den su versión de los hecho), pero también en una forma que los dignifique). Porque, según el Alto Comisionado, "sin dignidad no es posible llegar a un acuerdo y una terminación del conflicto, ya que ante todo este es un acuerdo político".

Y segundo, el reconocimiento de responsabilidades dado que -según Jaramillo- "en Colombia tenemos mucho conocimiento, pero muy poco reconocimiento". De modo que se necesitan espacios donde ganaderos en Córdoba puedan admitir que apoyaron a los paras, que los comerciantes en Caquetá cuenten que apoyaron a las Farc, que los funcionarios del Estado reconozcan cuando fallaron.

Jaramillo, que se inventó el concepto de 'la paz territorial' que atraviesa el proceso, cree que "si esos ejercicios los hacemos en territorios, se encuentran en esos espacios donde están dispuestos a reconocer y a contribuir a la verdad, habrá un fundamento crucial para construir paz".

Es decir, sí a una justicia transicional pero no en los términos en que Gaviria la planteó.

Jueves, Febrero 26, 2015 - 14:25
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En cuestión de días, el abanico de aspirantes a la alcaldía de Medellín va a pasar de 13 a cinco nombres, lo que empieza a aclarar el panorama. Todo indica que la campaña va a arrancar en forma entre el ex senador uribista Juan Carlos Vélez, el ex alcalde Alonso Salazar, el ex concejal fajardista Federico Gutiérrez, el ex gobernador liberal Eugenio Prieto (o eventualmente el concejal Bernardo Alejandro Guerra) y el ex concejal Gabriel Jaime Rico.

En el Centro Democrático, está a un pelo de cocinarse el acuerdo para que Vélez, el más conocido de los tres aspirantes, sea el candidato único. Anoche, en un foro en la zona de Castilla, el aspirante Juan Fernando Jaramillo anunció que entre ayer y hoy se iban a poner de acuerdo él, Vélez y Francisco Javier Galvis (el tercer interesado) para definir el candidato.

La Silla supo que después de la reunión los tres cenaron juntos y que hoy están reunidos, definiendo el acuerdo que consiste en que que Jaramillo va a quedar en un buen puesto en la lista al Concejo (lo fijo es que estará entre los cinco primeros). Eso sacaría dos aspirantes de la carrera.

El fajardismo sigue dividido: Federico Gutiérrez sigue armando campaña y el ex alcalde Alonso Salazar continúa en la suya. El concejal de la ASI Luis Bernardo Vélez renunció con evidente molestia a su aspiración hace dos semanas, después de que su partido decidió quitarle su apoyo para avalar a Salazar. Ahí salió otro aspirante. Y Claudia Restrepo, a quien Alonso había convencido de que se lanzara, también renunció cuando Salazar prefirió ir él mismo.

Por el lado liberal, de los cuatro precandidatos (el ex senador y ex gobernador Eugenio Prieto, los concejales Aura Marleny Arcila y Bernardo Alejandro Guerra, y el ex concejal Libardo Álvarez)  va a quedar solo uno en los próximos días.

Ayer, los cuatro acordaron que el ungido se va a definir a través de un estudio de opinión que mida reconocimiento, favorabilidad e intención de voto. Solo falta que la Dirección Nacional Liberal, que está reunida hoy precisamente para definir ese tema por solicitud de los cuatro, le de la bendición a esa decisión.

Si finalmente se concreta ese preacuerdo, las opciones quedan entre Prieto y Guerra, aunque con ventaja para el ex senador, que ha ido mejorando en las encuestas y en la más reciente  tiene la misma imagen positiva y menos imagen negativa que la de Guerra, y empata con el concejal en intención de voto.

En el resto de la Unidad Nacional, el concejal de La U Juan Felipe Campuzano mantiene su aspiración. Pero no parece fácil que obtenga el aval, no solo porque es visto por muchos como uribista (a pesar de que él no quiso irse al Centro Cemocrático, lo que molestó a algunos uribistas), sino porque hace dos semanas el también concejal de La U Jesús Aníbal Echeverri, el más votado en 2011, renunció a su aspiración para apoyar al ex gerente de Plaza Mayor Gabriel Jaime Rico, quien está recogiendo firmas a la vez que tiende puentes con todos los partidos de la Unidad Nacional.

De hecho, esta semana circuló una foto que muestra la cercanía de Rico con la mayoría de la bancada de congresistas antioqueños de la Unidad Nacional

(de izquierda a derecha, arriba: el representante de La U Juan Felipe Lemos, el representante conservador Nicolás Albeiro Echeverri, el representante liberal John Jairo Roldán, el representante liberal Óscar Hurtado, el estratega político Augusto Reyes, el senador liberal Luis Fernando Duque, el asesor político Ángel Becassino, el ex gerente de la campaña de Santos Roberto Prieto, el estratega Antonio Solá, el representante liberal Julián Bedoya, el representante conservador Horacio Gallón y el representante de Cambio Radical José Ignacio Mesa. Abajo: la esposa del aspirante, Rico, la senadora conservadora Olga Suárez Mira y la representante conservadora Nidia Marcela Osorio.)

En la foto también aparecen Antonio Solá y Roberto Prieto, quienes como estratega y gerente fueron piezas claves de la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos en el país. Es decir, Rico está dando pruebas de que tiene un apoyo amplio en la Unidad Nacional y sintonía con la cúpula del santismo, lo que deja a Campuzano solo y plantea la duda de cómo se va a  definir quién queda como candidato de la Unidad Nacional, si el liberal que gane la encuesta o él.

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