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Jueves Julio 02, 2015

En las últimas semanas las amenazas contra los líderes de víctimas han aumentado considerablemente en varias regiones de Colombia, en momentos en que se esperan las primeras sentencias de restitución de tierras y que un bloque mayor de reclamos pasará a los jueces especializados en el tema.
Este el panfleto que las Águilas Negras han hecho llegar a varios líderes de víctimas en el Caribe y el centro del país, tanto por correo electrónico como en físico, para que "abandonen su proselitismo" y dejen de motivar a las víctimas para que "reclamen sus tierras y exijan una verdadera restitución de tierras".
Amenaza Aguilas Negras by lasillavacia

Otros confidenciales recientes

Jueves, Julio 2, 2015 - 12:27
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Ayer, la Procuraduría acusó formalmente a dos coroneles del Ejército por el puente quebrado de la carrera 11 en Bogotá. Uno de ellos, sin embargo, el coronel Segundo Raúl Huertas Ceballos, quien fuera el gerente del contrato con el que se construyó el puente, ya está en la cárcel.

Huertas Ceballos es uno de los cinco coroneles que se entregaron a la justicia el pasado mes de marzo por hacer parte de la cúpula del Batallón de ingenieros Pedro Nel Ospina de Medellín en una investigación por 71 casos de falsos positivos.

Entonces, Huertas Ceballos tenía el grado de mayor y era el oficial de operaciones a cargo del Batallón que estaba especializado en la construcción de obras civiles como puentes y alumbrado, pero que curiosamente, fue el batallón que produjo más muertes en combate en el año 2007, muchas de las cuales están siendo investigadas como falsos positivos.  

Por eso, Huertas Ceballos fue enviado a la cárcel sin beneficio de excarcelación imputado por el homicidio de 15 personas en casos de falsos positivos que están relacionados además con delitos de secuestro simple, falsedad en documento público y fraude procesal.

Ahora además, tendrá que afrontar los cargos que establezca la Procuraduría por las irregularidades en la contratación y la construcción del puente peatonal que se cayó en febrero en el norte de Bogotá.

Miércoles, Julio 1, 2015 - 19:10
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Más verdes que de costumbre están algunos miembros de la Alianza Verde en la región Caribe. Los avales y apoyos entregados por ese partido, tienen a más de uno en Santa Marta, Cartagena y Barranquilla con rabia casi como Hulk, el personaje de Marvel Comics.

En Santa Marta hay inconformismo porque la Dirección Departamental verde decidió apoyar al exsecretario Rafael Martínez, carta del alcalde Carlos Caicedo a la Alcaldía y quien recoge firmas desde marzo pasado con el movimiento ‘Fuerza Ciudadana’.

Robinson Morelo, diputado del Magdalena por esa colectividad, dijo que Martínez nunca se inscribió como precandidato de Alianza Verde, por lo tanto la colectividad en ese departamento no está obligada a apoyarlo y anunció la impugnación a lo que calificó como una “decisión ilegal” del directorio departamental. Sin embargo, como lo había contado La Silla, la Dirección Nacional sí contemplaba irse en coalición con la candidatura de Martínez.

A dos horas, en la capital del Atlántico, no a todos los verdes les cayó bien que el avalado a la Gobernación fuera el exconcejal de Cambio Radical Alfredo Varela. Acompañado por el senador Antonio Navarro Wolff, Varela recibió ese respaldo el 25 de junio. El escritor Federico Santodomingo, uno de los precandidatos verdes a ese cargo, tuteló ese respaldo ante el Consejo de Estado porque, según él, se ignoró su militancia en el partido y se dio un apoyo oportunista a un candidato de ideología contraria a la Alianza.

El tercer round de esta pelea Hulk lo protagonizan los verdes de Cartagena con la dirección nacional en Bogotá. Un grupo de cartageneros quiere que el aval a la Gobernación le sea entregado al exjefe de impuestos distrital Rodrigo Arzuza. Sin embargo, el partido también estudia la hoja de vida de la exsecretaria de Educación Rosario Ricardo Bray, quien recoge firmas con el movimiento ‘Firme por Bolívar’. El nombre de Ricardo generó malestar porque cuando trabajó en la administración del fallecido Campo Elías Terán lo hizo como cuota de la cuestionada casa García - Zuccardi.

Miércoles, Julio 1, 2015 - 13:29
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El polémico 'decreto navideño' sobre temas mineros -que firmaron cuatro ministros de Santos el día de Nochebuena- acaba de ser suspendido por el Consejo de Estado mientras decide de fondo.

Esa decisión es un golpe fuerte para el Gobierno. No solo porque se queda sin esa herramienta desde cuando se notifique el auto, sino porque muestra que para el magistrado ponente, Guillermo Vargas, el decreto es ilegal. Lo usual es que la ponencia siga la misma línea de argumentación del auto, y como en la mayoría de casos los demás magistrados aprueban las ponencias, lo más frecuente es que al final el Consejo de Estado termine delcarando la nulidad de las normas que suspende inicialmente.

Por eso, lo más probable es que la demanda que interpuso el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario termine con el decreto anulado.

La norma -que generó mucha resistencia en el sector ambiental y en los municipios- fue el resultado de un regaño de la Corte Constitucional, que en marzo del 2014 le jaló las orejas al Gobierno por no tener en cuenta a los municipios y las comunidades a la hora de ponerle orden al intenso debate sobre quién tiene la competencia para ordenar la minería en el país: si el gobierno nacional (al tratarse del subsuelo) o las autoridades locales (al tratarse de todo lo que sucede por encima).

En la decisión del jueves pasado, Vargas advierte que con ese decreto el Ministerio de Minas quedó en control de las decisiones sobre recursos naturales y que “respecto de las actividades mineras los municipios y distritos no puedan ejercer vigilancia, control, ni participación”.

El consejero de Estado también advierte que la ruta que creó el decreto para que los municipios puedan expresar sus preocupaciones era -como anticipó La Silla- más letra muerta que espacio útil pues el plazo de tres meses que les daba era insuficiente para presentar sus propuestas de protección de áreas.

Por eso, si el decreto sigue vivo, los municipios "no podrán implementar medida alguna para proteger el medio ambiente y garantizar la salubridad de sus pobladores frente a una posible afectación derivada del ejercicio de actividades de exploración o explotación minera, lo que quebranta los derechos y deberes ambientales consagrados en la Constitución y abre la puerta a un daño irreversible de los recursos hídricos”.

Auto decreta suspension provisional Dto 2691 de 2014.pdf by lasillavacia

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