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Viernes Noviembre 21, 2014

Uno de los temas gruesos este año es qué va a pasar con el período del Fiscal General, que está pendiente de una decisión del Consejo de Estado. La decisión sobre si el período de Montealegre es personal o institucional (17 meses o cuatro años en total) estaba pendiente de ser fallado por la Sección Quinta pero cada uno de los tres magistrados que la componen tenían una posición diferente. Ante este triple empate (dado que el cuarto puesto está vacante desde hace más de un año) la decisión quedaba en manos de un conjuez. Pero como era tan trascendental a finales del año pasado decidieron que el caso fuera decidido por la Sala Plena. Aunque en la Fiscalía hay rumores de que el fallo favorecerá a Montealegre y lo dejarán cuatro años, hasta ahora no se ha escogido ni siquiera ponente.

Otros confidenciales recientes

Jueves, Noviembre 20, 2014 - 16:09
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Hace dos días Manuel Sánchez -la pieza clave del cartel de la contratación convertido en testigo estrella de la Fiscalía en ese proceso- salió a defender al alcalde Gustavo Petro. Lo que no se ha enlazado es que el abogado Sánchez es muy amigo de uno de los abogados del Alcalde. 

Este martes Semana.com reveló extractos de las declaraciones de Sánchez (quien es uno de los protagonistas del escándalo de corrupción más grande de los últimos años en Bogotá) ante el Consejo de Estado.

En ellas habla de la existencia de un presunto complot para torpedear el esquema de basuras que implementó Petro en 2012 e incluso de “una colecta de recursos entre todos los que participaban en las reuniones clandestinas para acelerar [su] destitución”. Hasta donde permite ver el artículo, Sánchez no aportó pruebas de ese supuesto sabotaje.

Lo que no menciona ese artículo es que uno de los amigos más cercanos de Sánchez es Mario Iguarán, el ex Fiscal General que era abogado de Petro ante la Fiscalía. Tan cercano que fue el padrino de su matrimonio en una hacienda colonial en Sopó en junio de este año, como lo muestra la foto que publicó El Tiempo.

A esa coincidencia se suma la reciente defensa que hizo Daniel Prado -otro de los abogados y también amigo de Petro- del empresario y contratista cordobés Emilio Tapia, el primero que habló de la existencia de una supuesta vaca para tumbar al Alcalde (de la que tampoco aportó pruebas).

Hace tres semanas Prado -quien era abogado de Petro y luego pasó, por decisión del Alcalde, a ser abogado del Distrito en el caso del Carrusel- le dijo a El Espectador que “hay intereses para callar” a Tapia y lo defendió en el escándalo por sus parrandas en la cárcel.

Tapia es el mismo que aparece en una grabación telefónica con un periodista -publicada en enero por Noticias Uno- diciendo que “ahí [en sus declaraciones judiciales] hay una cantidad de cosas que no sucedieron, que probatoriamente no existen”.

La defensa de Petro ha buscado que tanto Tapia como Sánchez declaren en favor del Alcalde por el caso de las basuras. Pero, como contó La Silla, hay versiones según las cuales los dos implicados en el cartel se habrían puesto de acuerdo -según una persona que fue imputada y está encarcelada- en las versiones que dan a la justicia.

Aunque lo que dijeron Sánchez y Tapia sobre el supuesto complot contra Petro no es necesariamente falso, hasta el momento no han aportado pruebas que lo sustenten. Y es curioso que ambos tienen relaciones con abogados del Alcalde.

Jueves, Noviembre 20, 2014 - 11:49
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La próxima semana las carboneras Drummond y Prodeco recibirán una visita inusual: la ministra holandesa de comercio exterior Lilianne Ploumen y altos directivos de cinco empresas energéticas que les compran carbón vendrán a visitar sus minas en el Cesar. Su intención es revisar el respeto a normas laborales y ambientales, y a conversar con quienes acusan a las mineras de haber financiado a los paramilitares que asolaron la zona en los años noventa.

Con Ploumen vendrán directivos de las empresas energéticas holandesas Nuon y Essent, las alemanas E.ON y Delta, y la belga Electrabel, que figuran entre las grandes compradoras de Drummond y Prodeco, la segunda y tercera productora nacional después de Cerrejón. En Cesar se reunirán con víctimas de los paras, sindicalistas de las dos empresas y habitantes de los tres poblados que las empresas carboníferas tendrán que reasentar por orden del Ministerio de Ambiente.

La visita ocurre diez meses después de que la ONG holandesa de derechos humanos Pax publicara un informe recogiendo las denuncias de víctimas de la violencia en el Cesar y señalando a las dos mineras por posible financiamiento del Frente Juan Andrés Álvarez de los paras que operaba en esa zona carbonífera, daños ambientales y compra de tierras despojadas.

Las dos mineras niegan los señalamientos de Pax, aunque -como ha contado La Silla- el debate que se puede abrir no es menor teniendo en cuenta que los Países Bajos son el mayor comprador de carbón colombiano en el mundo y su puerto de acceso al resto de Europa. En total, el 20 por ciento termina en Holanda y otro 19 por ciento en los demás países de la Unión Europea.

Hace dos meses el Ministerio de Relaciones Exteriores holandés invitó a la minera estadounidense Drummond a presentar su política de responsabilidad empresarial en una reunión en La Haya. En esa ocasión el Ministerio también convocó al Gobierno colombiano y a la alianza de compradores de carbón BetterCoal, pero no a las organizaciones que en el pasado han cuestionado a Drummond.

Por eso, esta visita a los sindicatos y a las víctimas abre una puerta a un debate más amplio sobre las acciones de las dos carboneras, además frente a varios de sus principales compradores.

Miércoles, Noviembre 19, 2014 - 18:52
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Una de las principales causas del actual paro judicial es que no había plata para seguirle pagando a los jueces y trabajadores judiciales que tienen cargos temporales por descongestión. Sin embargo, la semana pasada se creó uno nuevo y con nombre propio: es para que avance más rápido la indagación preliminar que la Corte Suprema le sigue a Álvaro Uribe por el caso del ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda.

El viernes pasado la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura prorrogó los cargos temporales de descongestión hasta el 19 de diciembre, una medida fundamental para lograr que se levante el paro judicial y para la que no había presupuesto.

La decisión del Consejo mantiene la mayoría de los cargos, aunque elimina unos 60 juzgados de descongestión y decenas de puestos más, porque el dinero no alcanzaba para todos.

En las Altas Cortes no se eliminó ninguno y solo se creó uno: el magistrado auxiliar que recibirá en la Sala Penal José Luis Barceló. Hace un mes y medio, ese magistrado recibió el proceso contra Uribe y ahora el Consejo Superior, tras una solicitud de la Corte Suprema, aceptó darle ese apoyo laboral, durante un mes, para sacar adelante el proceso.

En medio de un recorte generalizado y de tanta restricción presupuestaria, esa decisión muestra que la investigación a Uribe es prioritaria para la rama. Lo que no se sabe es si el refuerzo y el afán van a ayudar a que salgan noticias positivas o negativas para el expresidente.

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