El mismo día que el Congreso aprobó la reforma constitucional al fuero penal militar, el Consejo de Estado anuló el Acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía que había posibilitado que el CTI fuera el primero en llegar a la escena de cualquier muerte producida por el Ejército. El Consejo de Estado le dio la razón a la abogada Hilda Lorena Leal Castaño, quien había puesto la demanda de nulidad. Lo paradójico es que hace tres meses el Consejo Superior de la Judicatura le quitó a esta misma abogada la tarjeta profesional y le impidió volver a ejercer la abogacia. Resulta que, según lo contó El Espectador, el Consejo encontró pruebas de que la abogada de militares vinculados con los ‘falsos positivos’ de Soacha, habría presionado a sus defendidos para que inculparan al fiscal a cargo de las investigaciones con presuntas agresiones en su contra. También probó que Hilda Lorena Leal le había aconsejado a los soldados acusados con las investigaciones que no declarara en contra los coroneles investigados por los falsos positivos.
