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Jueves Noviembre 27, 2014

El mismo día que el Congreso aprobó la reforma constitucional al fuero penal militar, el Consejo de Estado anuló el Acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía que había posibilitado que el CTI fuera el primero en llegar a la escena de cualquier muerte producida por el Ejército. El Consejo de Estado le dio la razón a la abogada Hilda Lorena Leal Castaño, quien había puesto la demanda de nulidad. Lo paradójico es que hace tres meses el Consejo Superior de la Judicatura le quitó a esta misma abogada la tarjeta profesional y le impidió volver a ejercer la abogacia. Resulta que, según lo contó El Espectador, el Consejo encontró pruebas de que la abogada de militares vinculados con los 'falsos positivos' de Soacha, habría presionado a sus defendidos para que inculparan al fiscal a cargo de las investigaciones con presuntas agresiones en su contra. También probó que Hilda Lorena Leal le había aconsejado a los soldados acusados con las investigaciones que no declarara en contra los coroneles investigados por los falsos positivos.

Otros confidenciales recientes

Jueves, Noviembre 27, 2014 - 14:30
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En los últimos cuatro meses, tres empresas y nueve personas quedaron enredados en dos mega investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. Aunque en los presuntos carteles de pañales y papel higiénico hay más investigados, esos 12 nombres se repiten y en cada una, hacen referencia a los máximos ejecutivos de estas compañías.

Las implicaciones de esta repetición no son menores. Si la SIC descubre que efectivamente estas empresas y personas se organizaron para violar las normas de competencia y fijar los precios de los productos, las multas se duplicarían: pueden ascender a 123.200 millones de pesos por cada uno de los procesos  en las empresas (61.100 millones cada una). Para las personas naturales, la multa puede llegar a 2.464 millones de pesos (es decir, 1.232 millones de pesos cada uno).  

En agosto, cinco empresas quedaron vinculadas al proceso de los pañales, además de 44 personas. Esta semana fueron cinco empresas por el papel higiénico y 42 personas. Repiten Familia, Kimberly y Drypers.

Kimberly Clark, una multinacional gringa que tiene el 17 por ciento del negocio del papel higiénico en Colombia y el 21 por ciento del de pañales, es la que tiene más personas investigadas en ambos procesos (26 por los pañales y 21 por el papel higiénico).

Además de la empresa, los gerentes generales para Colombia, Federico Restrepo Ríos y Felipe José Alvira Escobar; el líder de la compañía nivel Andino, Silvio Castro Spadaforra y el gerente de la categoría Family Care, José Pons Pereda, repiten investigación.

En el caso de Productos Familia, que es de los herederos de Jhon Gómez Restrepo y de la sueca SCA tres directivos están en los dos procesos: Darío Rey Mora (gerente de productos), Luz Ángela Wills, (representante legal suplente) y Aurelio Torres Echeverry (gerente de ventas). La empresa tiene el 43 por ciento de las ventas de papel higiénico y 28 por ciento de los pañales.

Finalmente Drypers, de capital chileno, tiene dos de sus altos directivos implicados en las dos investigaciones - sus dos representantes legales, Arturo Celis Caldas y Juan Peñafiel Soto. Esta empresa, según la SIC, se queda con el 6 por ciento de las ventas a nivel nacional de pañales y papel higiénico.

Jueves, Noviembre 27, 2014 - 10:33
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Anoche la Federación Nacional de Departamentos eligió como nuevo director ejecutivo al ex ministro de Minas de Santos I Amylkar Acosta. El liberal guajiro obtuvo 20 votos, incluyendo los de los gobernadores costeños, contra nueve de su rival, el ex magistrado de la Corte Suprema Francisco Javier Ricaurte.

El ex magistrado, la figura más visible del poder de la Rama Judicial y quien acaba de salir del Consejo Superior de la Judicatura porque se anuló su elección por el ‘yo te elijo, tú me eliges’, intentó llevar ese poder a un escenario abiertamente político. Según tres fuentes, lo hizo además con el impulso de dos abogados súper poderosos pero rivales: tanto el Procurador Alejandro Ordóñez como el Fiscal Eduardo Montealegre se movieron con reuniones y comidas para impulsar su candidatura.

Ricaurte también venía con apoyos dentro del gobierno Santos II, incluyendo al vicepresidente Germán Vargas Lleras y al ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, que se enfrentaron a enviados de Palacio que pedían votar por Acosta.

Como los apoyos estaban tan divididos, la Asamblea arrancó con incertidumbre e incluso se habló de que una tercería, la del ex gobernador caldense Guido Echeverry, podría solucionar el tema.

Al final, sin embargo, se votó por Acosta y por Ricaurte. El ex magistrado, que solo obtuvo 9 de los 29 votos, estuvo pendiente de la votación alojado en una habitación del hotel donde se lleva a cabo la asamblea de la Federación y enviando a un asistente al salón donde estaban reunidos los gobernadores.

La Silla supo que entre quienes votaron por él -y terminaron en la orilla de los vencidos- están el gobernador boyacense Juan Carlos Granados, la quindiana Sandra Paola Hurtado, el casanarense Marco Tulio Ruiz, el guainiano Oscar Rodríguez y la caqueteña Martha Liliana Agudelo.

Miércoles, Noviembre 26, 2014 - 15:14
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Hoy en la Comisión Primera de Senado se hundió el proyecto de reforma constitucional que buscaba unificar los períodos de alcaldes y gobernadores con las demás elecciones. Pero antes de esa muerte anunciada el senador Roy Barreras se la jugó toda para aplazar el debate, lo que habría abierto una ventana para que el Gobierno, que presentó el proyecto, lograra voltear a algunos congresistas y salvarlo. Al final, ese salvavidas se pinchó.

Las movidas de Barreras llamaron mucho la atención por su creatividad.

Primero pidió una audiencia pública para que hablaran los actuales alcaldes y gobernadores en la Comisión, con lo que se ganaría tiempo. Pero como esos mandatarios se verían eventualmente beneficiados por el proyecto (pues permite su reelección o la prolongación de su período por dos años más), están impedidos para hacerlo. Así que no hubo audiencia.

Luego apareció hoy, justo antes de empezar el debate, contando que acababa de radicar una ponencia y pidiendo que se aplazara la discusión mientras su ponencia era publicada en la gaceta del Congreso.

Resulta que la regla es que antes de un debate deben estar radicadas y publicadas las ponencias a debatir. En este caso, la semana pasada se había radicado otra ponencia, firmada por siete de los ocho ponentes (de todos los partidos) y que buscaba hundir el proyecto.

Barreras argumentó que su ponencia tenía también derecho a ser discutida y en eso lo secundó el Ministro de Interior Juan Fernando Cristo. Mientras tanto, en los corredores se decía que esa era una estrategia que nadie había intentado nunca.

Los oponentes del proyecto, como la uribista Paloma Valencia, la verde Claudia López y Armando Benedetti de La U, se opusieron argumentando que Barreras la había presentado extemporáneamente y por eso no había que tenerla en cuenta.

Al final ganaron la pelea, se hizo el debate y el proyecto se hundió con 12 votos contra cero. Y Barreras se quedó con la creatividad pero sin el proyecto.

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