Menú principal

Sábado Noviembre 01, 2014

Este domingo, el Concejo de Bogotá aprobó el presupuesto para 2013 por 13 billones de pesos, pero, más allá de la noticia oficial, en la sesión plenaria quedó en evidencia un resquebrajamiento de las relaciones entre parte de la bancada progresista y la administración del alcalde Gustavo Petro.

Resulta que cuando todo indicaba que el presupuesto sería aprobado sin cinco artículos clave para Petro -entre ellos uno que le iba a permitir crear el banco para los pobres y otro que le otorgaba facultades extraordinarias en caso de declaratoria de estado de excepción- la bancada progresista comenzó a salirse del recinto. Para el momento de la votación, la concejal progresista Diana Alejandra Rodríguez dijo en micrófonos que ella se quedaba porque no estaba dispuesta a aceptar la orden de retirada que les estaban dando y afirmó que el secretario de Gobierno, Guillermo Asprilla, estaba empleando una "mala estrategia", por lo que todo el mundo interpretó que ese funcionario les estaba ordenando que se fueran. Al final, cinco de los ocho progresistas se retiraron y apenas quedaron Rodríguez, Carlos Vicente de Roux y Angélica Lozano. Varias fuentes le contaron a La Silla que la idea de la administración era desbaratar el quórum para que se hundiera el presupuesto y que el alcalde pudiera sacarlo vía decreto con los artículos que él quería, pero que tres de sus concejales no le hicieron caso.

Durante la sesión, también se notó la distancia que hay entre el secretario de Hacienda Ricardo Bonilla y la concejal Angélica Lozano, quien desde mayo pasado viene haciendo fuertes críticas a la gestión de Bonilla. Esta vez, ella votó en contra del presupuesto porque no estuvo de acuerdo con varias de las modificaciones que propuso Bonilla al proyecto y, además, criticó que éste y Asprilla hubieran actuado a espaldas del alcalde al supuestamente haber adquirido unos compromisos con la concejal de oposición Clara Lucía Sandoval, quien pidió que unos recursos destinados a la población LGBTI se ampliaran a todas las poblaciones vulnerables, un asunto que finalmente no se concretó. "Los secretarios actúan de espaldas al alcalde y yo, en cambio, todo lo que digo en privado lo sostengo en público", dijo Lozano, quien añadió que durante la votación a ella nadie le ordenó que se saliera del recinto.

Otros confidenciales recientes

Viernes, Octubre 31, 2014 - 14:06
0
1349

Durante una reunión de coordinación el pasado lunes el ministro de Agricultura Aurelio Iragorri le contó a los altos funcionarios del sector agrario que Francisco Solano será el presidente en propiedad del Banco Agrario. Eso quiere decir que al banco del campo definitivamente no va a llegar otro recomendado político de los conservadores.

Solano, quien actualmente está encargado de esa presidencia, es un economista de la Universidad de los Andes que ha hecho toda su carrera en el sector agrario. Fue analista financiero de la Federación Nacional de Cafeteros, asesor financiero del Ministerio de Agricultura y fue el ​director de financiamiento y riesgos agropecuarios de ese ministerio cuando Juan Camilo Restrepo era ministro, durante el gobierno Santos I.

Ha estado encargado del banco en dos ocasiones: primero entre mayo y octubre del año pasado, cuando Santos nombró al entonces presidente del banco, Francisco Estupiñán, como ministro. Y la actual, que ocupa desde cuando en julio el gobierno le pidió la renuncia a Álvaro Navas Patrón, el recomendado y sobrino político del senador Roberto Gerlein.

Con esta decisión, que está tomada pero no se ha formalizado, terminará la interinidad en el banco que lleva tres meses.

Esa presidencia es fundamental para la política agraria actual y también para el eventual aterrizaje de los acuerdos de La Habana. El Banco Agrario, que tiene la función de otorgar créditos a los campesinos y es la entidad financiera con mayor presencia en los municipios pequeños del país, será central porque una de las metas del acuerdo agrario es formalizar la priopiedad sobre la tierra de las familias campesinas que no tienen títulos (uno de cada dos, según la economista Ana María Ibáñez) para luego darles acceso a créditos de los que hasta ahora estaban marginados.  

Viernes, Octubre 31, 2014 - 11:46
0
871

Hoy, en un foro en la Universidad Externado, representantes de 11 universidades y del principal tanque de pensamiento de justicia pidieron al Gobierno que dejara hundir la parte del proyecto de equilibrio de poderes que hace una reforma a la justicia. Aunque ese anuncio no tiene un gran peso político, sí le da argumentos a los críticos del proyecto y le da aire a los perjudicados por esas reformas.

Entre los que apoyan la solicitud hay miembros de universidades públicas y privadas, de Bogotá y de las regiones, de tendencia liberal y conservadora.

En total, son las facultades de derecho de las universidades Tecnológica del Chocó, de los  Andes, de Antioquia, Sergio Arboleda, de la Amazonia, del Norte, Autónoma de Bucaramanga, de la Costa, Javeriana, Libre de Pereira y del Externado. Y las acompaña Dejusticia, un tanque de pensamiento clave en el sector.

Delegados de esas facultades estuvieron de acuerdo en que sería mejor sacar los asuntos judiciales de una reforma que, a su juicio, es más una reforma política. Sus argumento es que al mezclar las dos cosas se reduce el debate sobre la parte judicial y que, como hay poca evidencia de que lo que se propone resuelva los problemas de la justicia, lo mejor es hundirlo para hacer un debate más a fondo sobre la reforma que se necesita.

Si eso pasara, se postergarían varios cambios claves en el funcionamiento de la cúpula de la justicia. Por ejemplo, eleva los requisitos para ser magistrado de una Alta Corte, cambia la forma de elegir a esos magistrados y les quita las funciones electorales. Además, elimina el Consejo Superior de la Judicatura.

Jueves, Octubre 30, 2014 - 14:46
1
3157

​Ayer en Harry's Bar, un restaurante lujoso del norte de Bogotá, hubo un encuentro entre cuatro políticos costeños que llamó la atención porque pertenecen a diferentes regiones y partidos y porque todos fueron involucrados, en mayor o menor grado (uno de ellos absuelto), en el escándalo de la parapolítica.

Ya en la sobremesa se tomaron esta foto:

En la foto aparecen la ex senadora cordobesa de La U Zulema Jattin, quien fue una de las aliadas de Santos en la Costa en las últimas elecciones mientras cursa un juicio en su contra por parapolítica; el ex representante conservador por el Magdalena Alfonso 'Poncho' Campo Escobar, condenado por parapolítica; la ex congresista sucreña Muriel Benito-Revollo, condenada por parapolítica y del clan que domina el municipio de San Onofre; y, de pie, el actual representante conservador por el Cesar Alfredo Ape Cuello, el único de los cuatro que ni ha sido condenado ni tiene investigación abierta por parapolítica (la que tuvo la precluyó la Corte Suprema en febrero de 2010).

Los cuatro, que son miembros de dinastías políticas que aún tienen miles de votos en sus departamentos y que pese a los líos judiciales se mantienen activas, coincidieron en la Cámara de Representantes entre 2002 y 2006, justo el período en el que Mancuso dijo que los paras tenían un tercio del Congreso. La pregunta que ronda alrededor de la foto es si están concertando una alianza de este sector costeño para las próximas elecciones.

Páginas