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Viernes Agosto 29, 2014

Este domingo, el Concejo de Bogotá aprobó el presupuesto para 2013 por 13 billones de pesos, pero, más allá de la noticia oficial, en la sesión plenaria quedó en evidencia un resquebrajamiento de las relaciones entre parte de la bancada progresista y la administración del alcalde Gustavo Petro.

Resulta que cuando todo indicaba que el presupuesto sería aprobado sin cinco artículos clave para Petro -entre ellos uno que le iba a permitir crear el banco para los pobres y otro que le otorgaba facultades extraordinarias en caso de declaratoria de estado de excepción- la bancada progresista comenzó a salirse del recinto. Para el momento de la votación, la concejal progresista Diana Alejandra Rodríguez dijo en micrófonos que ella se quedaba porque no estaba dispuesta a aceptar la orden de retirada que les estaban dando y afirmó que el secretario de Gobierno, Guillermo Asprilla, estaba empleando una "mala estrategia", por lo que todo el mundo interpretó que ese funcionario les estaba ordenando que se fueran. Al final, cinco de los ocho progresistas se retiraron y apenas quedaron Rodríguez, Carlos Vicente de Roux y Angélica Lozano. Varias fuentes le contaron a La Silla que la idea de la administración era desbaratar el quórum para que se hundiera el presupuesto y que el alcalde pudiera sacarlo vía decreto con los artículos que él quería, pero que tres de sus concejales no le hicieron caso.

Durante la sesión, también se notó la distancia que hay entre el secretario de Hacienda Ricardo Bonilla y la concejal Angélica Lozano, quien desde mayo pasado viene haciendo fuertes críticas a la gestión de Bonilla. Esta vez, ella votó en contra del presupuesto porque no estuvo de acuerdo con varias de las modificaciones que propuso Bonilla al proyecto y, además, criticó que éste y Asprilla hubieran actuado a espaldas del alcalde al supuestamente haber adquirido unos compromisos con la concejal de oposición Clara Lucía Sandoval, quien pidió que unos recursos destinados a la población LGBTI se ampliaran a todas las poblaciones vulnerables, un asunto que finalmente no se concretó. "Los secretarios actúan de espaldas al alcalde y yo, en cambio, todo lo que digo en privado lo sostengo en público", dijo Lozano, quien añadió que durante la votación a ella nadie le ordenó que se saliera del recinto.

Otros confidenciales recientes

Viernes, Agosto 29, 2014 - 13:40
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En las últimas semanas se disparó la tensión social en Quindío por el proyecto de interconexión eléctrica de la Empresa de Energía de Bogotá entre Armenia y Santa Rosa de Cabal. Por eso, la noticia ayer de que la EEB había decidido frenar temporalmente el proyecto -para el que ya tiene licencia ambiental- fue interpretada allí como una victoria de los opositores del proyecto.

En realidad los dos lados, la EEB y la gobernación del Quindío, están arrancando un proceso de acercamiento para llegar a un acuerdo. La Silla supo que se han comenzado a reunir con mediadores y que sobre la mesa de discusión hay tres puntos cruciales.

Primero, el potencial impacto de las tres torres que se ubicarían dentro del lado quindiano del antiguo parque regional Barbas-Bremen, que -como contó La Silla- es uno de los experimentos ecológicos más singulares en el país y uno de los procesos más novedosos para vincular a las comunidades a conservar en sus predios privados. Segundo, la posible vinculación de la EEB a los esfuerzos de conservación de Barbas-Bremen que lideró el Instituto Humboldt y que no se han podido ampliar por falta de recursos.

Por último, la necesidad de que terceros confiables puedan explicarle a los quindianos y garantizarles desde una perspectiva técnica que -al contrario de la idea que ha hecho carrera en el departamento- la meta del tendido eléctrico no es abastecer el proyecto aurífero de La Colosa, que tiene la minera sudafricana Anglogold Ashanti en la vecina Cajamarca (Tolima), ni lo que llaman la 'megaminería'.

Aunque hasta el momento los dos lados han dado un 'parte de victoria', entre líneas se puede ver que, incluso en el discurso, han venido acercando sus posiciones.

Por ejemplo, la gobernadora Sandra Paola Hurtado anunció con triunfalismo la suspensión de las obras, pero al mismo tiempo aludió a un proceso de conciliación “que al final permita llevar a cabo este proyecto y se logre realizar el tendido de torres de alta tensión”. Es la primera vez que admite la posibilidad de que se haga y lo hace usando un lenguaje muy distinto al que usaba hace un mes cuando amenazó con militarizar Barbas-Bremen o amarrarse allí.

Y la EEB, pese a que no se ha pronunciado públicamente, comienza a mostrar que -aún teniendo ya la licencia ambiental y el permiso para construir- entiende que el proyecto se puede volver inviable si toda la comunidad sigue opuesto a él.

¿Será que, con esa conciliación, el Barbas-Bremen sale ganando por punta y punta, con una nueva evaluación de si las torres se pueden correr y una posible inyección de plata para que siga siendo el principal proyecto de 'corredores biológicos' en el país?

Viernes, Agosto 29, 2014 - 11:47
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Hace algunos días la Asociación Mundial de Derecho Constitucional (Iacl por su sigla en inglés) eligió su presidente para los próximos cuatro años. El nuevo presidente es Manuel José Cepeda, ex magistrado de la Corte Constitucional y quien ha sido uno de los grandes asesores jurídicos de Juan Manuel Santos.

La Iacl es una de las asociaciones de juristas más prestigiosas del mundo. Entre sus miembros están magistrados de las cortes constitucionales o supremas de decenas de países y profesores de facultades de derecho de primer nivel.

La decisión es importante porque es la primera vez que el presidente no viene de un país europeo o rico (los anteriores han sido una australiana, dos franceses, un gringo, un suizo y un serbio) y, sobre todo, porque no solo es un reconocimiento a la trayectoria de Cepeda.

Con la decisión, la Iacl envía el mensaje de que la Constitución de 1991 y, sobre todo, el desarrollo del derecho constitucional en Colombia a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, están a la vanguardia del mundo - precisamente como demostró la decisión de ayer sobre la adopción de las mamás lesbianas.

Jueves, Agosto 28, 2014 - 16:19
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Con la llegada de los nuevos altos funcionarios del gobierno Santos II, a los del gobierno Santos I les están ya encontrando puesto. María Isabel Nieto, quien fue hasta esta semana la secretaria privada del presidente Juan Manuel Santos, se irá de cónsul a Nueva York.

Nieto, una abogada de la Universidad de los Andes con maestría en ciencia política del Instituto de Estudios Políticos de París, es muy cercana al vice Germán Vargas Lleras: fue su asesora cuando él era concejal de Bogotá, luego concejal de Cambio Radical y finalmente candidata al Congreso por Cambio Radical.

Además fue viceministra del Interior de Carlos Holguín Sardi y directora ejecutiva de la Fundación Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Reemplazará a Elsa Gladys Cifuentes, la ex congresista y ex gobernadora de Risaralda que fue suspendida del cargo hace una semana por presuntas irregularidades en la contratación de una de sus asistentes. Cifuentes, que ya apeló esa decisión, ya había estado en el ojo del huracán por haber presuntamente favorecido al representante de los colombianos en el exterior y de La U Jaime Buenahora (quien también había sido cónsul en la Gran Manzana).

Ese consulado es crucial porque cubre la llamada 'área triestatal' -Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut- que tiene una de las mayores comunidades de la diáspora colombiana. 

A Nieto la reemplazó Enrique Riveira, quien fue gerente administrativo de la campaña de la reelección y antes había sido gerente de la campaña de Gina Parody a la Alcaldía de Bogotá en 2011.

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