Menú principal

Miércoles Septiembre 02, 2015

La recta final del período de sesiones del Congreso está lleno de carreras, especialmente por la Reforma Tributaria. Hasta el momento de escribir este confidencial no había sido radicada la ponencia de la Reforma, y sin ella no se puede discutir el proyecto. Los asesores del Gobierno están trabajando en ella desde el viernes pasado pero nada que se concreta.

Además, en la plenaria de hoy el Senado decidió que mañana se van a reunir no por la tarde, como es lo usual, sino a las nueve de la mañana. Y como el presidente del Senado, Roy Barreras, ya dijo que los proyectos a los que le van a dar prioridad son el fuero militar y la Reforma, esa citan tan temprano pone aún más presión para que salga rápido la ponencia.

El problema es que por varios Senadores, como Juan Lozano y Antonio Guerra, han hecho llamados a cambiar algunos artículos y a debatir a profundidad, pero el tiempo no d¿Será que la Reforma Tributaria termina siendo otra víctima de la debacle de la Reforma a la Justicia?

Otros confidenciales recientes

Miércoles, Septiembre 2, 2015 - 11:11
0
189

Ayer en el Congreso, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas reveló los puntos centrales de la nueva política antidrogas del gobierno Santos. Ese ‘plan B’ -que el Gobierno comenzó a evaluar después de la suspensión de la aspersión de coca con glifosato- es en realidad un regreso a la política antidrogas de Álvaro Uribe y contrasta mucho con el giro que Juan Manuel Santos viene promoviendo a nivel internacional.

Durante un debate de control político por la seguridad citado por el Centro Democrático en la Comisión Primera, Villegas explicó que la nueva estrategia contra las drogas se centrará en cinco puntos, comenzando por disminuir los cultivos de coca e intensificar la incautación de cocaína.

En particular anunció que el Gobierno pasará de los 16 grupos de erradicación manual forzosa que tiene a 60, una decisión que resulta polémica dado que continúa poniendo el énfasis en los cocaleros y no en los eslabones más rentables y poderosos de la cadena del narcotráfico.

Las mayores críticas que le han hecho los expertos en drogas es que es un programa costoso, de baja eficacia (algo que podría resultar más complejo ahora que, según Naciones Unidas, los cultivos de coca están más dispersos que antes) y sobre todo riesgoso, ya que durante la era Uribe -quien lo impulsó fuertemente y tuvo 100 grupos de erradicación- murieron más de 100 policías erradicadores (en su mayoría jóvenes inexpertos que cayeron víctimas de minas antipersonal).

La Silla supo que esa es una de las ideas que la Policía ha defendido en el subcomité del Consejo Nacional de Estupefacientes, donde tienen asientos varios ministerios y que tiene la misión de recomendar el nuevo ‘plan B’. (Las otras dos, seguir buscando una molécula química que reemplace el glifosato para asperjar y judicializar a los cocaleros, van en línea con esa visión que impera desde el gobierno Uribe).

En cambio, Villegas no tuvo en cuenta ninguna de las propuestas de las otras entidades, incluyendo fortalecer el rol de la Armada y a la Infantería de Marina en perseguir a los traficantes, crear equipos de Policía judicial para que se pueda judicializar más rápidamente a los narcos capturados (dado que los militares que lideran los operativos no pueden hacerlo), enfocarse en el lavado de activos y modificar la misión de la Brigada contra el Narcotráfico del Ejército para que pase de cuidar la aspersión a liderar el control del tráfico de insumos y precursores usados para elaborar la cocaína.

Es decir, todas diseñadas para atacar los eslabones más fuertes del negocio. Y también en línea con la visión progresista que ha promovido Santos por fuera de Colombia, con las recomendaciones de la Comisión Asesora en Política de Drogas que creó el presidente y con el acuerdo sobre drogas firmado en La Habana.

Por eso, con el anuncio de Villegas ayer, Santos vuelve a apostarle a algunas de las estrategias que él ha descrito varias veces como una “bicicleta estática”.

Martes, Septiembre 1, 2015 - 15:29
0
796

Giovanny Villamizar Laguado, candidato a la gobernación de Norte de Santander con aval del partido AICO (Autoridades Indígenas de Colombia), no aparece en la campaña proselitista que por estos días acapara a la región. Y, según su propio y poderoso hermano William Villamizar (candidato al mismo cargo), se retiraría de la contienda antes de que se acabe septiembre.

William, ficha de la Unidad Nacional, es el preferido para quedarse con el primer cargo del departamento. Giovanny, su hermano, sorpresivamente se inscribió como candidato pero en la práctica no ha sido su rival.

En las redes sociales, por ejemplo, La Silla dio tan solo dio con su perfil en Facebook. Allí no hay campaña a la vista y hace apenas un mes compartió un video de su hermano y supuesto rival, William Villamizar, donde este se defiende de “una campaña de desprestigio” en su contra.

El candidato de AICO tampoco tiene cuenta en twitter o página web. De acuerdo a fuentes locales, en el terreno su candidatura es igual de invisible. Además, en un debate organizado por el Pnud para el próximo 9 de septiembre, Giovanny no participará mientras el resto de candidatos, incluido su hermano, confirmaron la asistencia. De hecho, una fuente de la organización le dijo a La Silla que el candidato les respondió que estaba muy ocupado en otros asuntos (no electorales) y sin definir si estará o no presente en el evento. 

El mismo William Villamizar le contó a La Silla que su hermano se retiraría de la carrera antes de que se acabe septiembre y nos confirmó que la candidatura de él nunca se planteó para competirle sino como una manifestación de apoyo a la suya.

“Habían dicho que yo no iba, que mi candidatura tenía problemas…Giovanny se presentó para darme respaldo”.

Tal y como lo contó La Silla, cuando se lanzó, se preveía que Giovanny Villamizar podría ser más un Plan B que un rival de William, quien ha visto amenazada su aspiración por investigaciones en su contra correspondientes a su paso por la gobernación entre 2008 y 2011. De hecho, cuando fue Gobernador, William no terminó su periodo por el manejo irregular de plata del Fondo Nacional de Calamidades.

La Silla intentó comunicarse con Giovanny pero no fue posible obtener su versión.

A finales de este mes se sabrá si lo que dice su hermano es verdad y él, el candidato fantasma, se termina de esfumar.

Martes, Septiembre 1, 2015 - 14:29
1
2496

La semana pasada la Corte Constitucional finalmente resolvió un complejo caso que llevaba 4 años en su despacho. Su fallo es un duro golpe para la empresa minera que intentaba tumbar el Parque Nacional Yaigojé-Apaporis, el segundo mayor del país, para explotar un título minero dentro de una de las regiones más importantes de la Amazonía.

El futuro de este parque nacional estaba en entredicho desde que -como contó La Silla- una de las dos asociaciones indígenas que viven dentro del parque en la esquina sur del Vaupés demandara su creación con el argumento de que ellos no habían sido consultados por el Gobierno.

El caso era tan complejo que hace un año y medio la Corte Constitucional hizo una audiencia pública en plena selva amazónica, en el que -para sorpresa de los magistrados Gabriel Mendoza, Nilson Pinilla y Jorge Iván Palacio- el líder de la comunidad indígena que había interpuesto la demanda hizo una confesión que ninguno anticipaba.

Benigno Perilla, el líder de la Asociación de Capitanes Indígenas de Taraira-Vaupés (Acitava) que se había declarado en disidencia de la organización que lideró la creación del parque nacional (el primero creado a iniciativa de las comunidades locales en el país), admitió públicamente que su estrategia legal había sido organizada y pagada por la minera de oro canadiense Cosigo Resources.

Ahora, el fallo tumba la denuncia y deja claro que hubo una "injerencia indebida" por parte de Cosigo y termina dejando en firme el parque nacional. De hecho, le pide al Gobierno que "evalúe la actuación de la empresa Cosigo Frontier Mining Corporation dentro del proceso de consulta previa revisado en esta sentencia y, de encontrarlo pertinente, inicien las acciones legales correspondientes".

El problema es que Ingeominas le otorgó un título minero de 2 mil hectáreas en medio del parque a Andrés Rendle (presidente para América Latina de Cosigo) tan sólo dos días después de que el Yaigojé-Apaporis fuera creado. Ese era uno de los 38 concedidos dentro de parques nacionales durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando la institucionalidad minera poco consultaba a la ambiental antes de tomar decisiones.

La Constitución le prohíbe a Cosigo explotar este título mientras el área permanezca protegida, por lo que el temor en el sector ambiental era que se pudiera caer el parque nacional y que el título (que la Agencia Nacional de Minería demandó) se volviera válido legalmente. Incluso, suponiendo que el parque se caía y volvía a crear, el título de Cosigo ya lo precedería en el tiempo. Por eso el caso era visto como la prueba ácida de la política minera en la Amazonía.

Y aunque el rumbo de la audiencia en febrero de 2014 hacía presagiar que el caso sería contrario a los intereses de la minera, la demora de año y medio para que saliera la sentencia -que curiosamente salió con fecha del 2014- tenía angustiados a muchos en el sector ambiental.

Fallo Corte Constitucional sobre Cosigo y Yaigoje-Apaporis

Páginas