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Lunes Julio 28, 2014

Querido diario

Las cajas de compensación eran hasta ahora los 'intocables' de la reforma tributaria. En el proyecto del gobierno se modifican los parafiscales para el Sena y el Icbf, pero no los de las cajas de compensación, lo que ha sido señalado como muestra del poder de las cajas. Pero ahora el representante conservador David Barguil decidió enfrentárseles.

Barguil presentó una propuesta para que una cuarta parte de los recursos que las cajas reciben por parafiscales se vayan para la educación superior pública, asegurándose que las cajas no reduzcan la plata que dedican a subsidios a la vivienda y a la educación. Eso equivale a que las cajas dejarían de recibir casi un billón de pesos al año, pero incrementaría en más del 15 por ciento los recursos de las universidades y ayudaría a que más bachilleres entraran a la universidad - en 2010 sólo un 26 por ciento de los más de 600 mil graduados entraron a la educación superior.

Aunque Barguil ya ha conseguido el apoyo, de palabra, de más de 30 congresistas, aún falta por ver si en la semana que falta para que se vote la reforma en plenarias, logra los apoyos suficientes para superar la oposición de las cajas y aprobar este cambio.

Otros confidenciales recientes

Lunes, Julio 28, 2014 - 11:50
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A finales de junio Rey Ariel Borbón terminó de sacar a los altos funcionarios que no llegaron con él al Incoder. Un mes después, el gerente de la entidad de tierras -que es clave en la transformación del campo que quiere impulsar el proceso de paz- sigue no sólo sin llenar esos cuatro cargos, sino que tiene un total de seis de sus puestos claves vacantes.

El día después de la reelección de Juan Manuel Santos, cuando se acabó la ley de garantías que tenía congelada la contratación, el gerente del Incoder le pidió -como contó La Silla- la carta de renuncia a dos subgerentes -el de adecuación y el de asuntos étnicos- y a dos directores técnicos, el de informática y la de promoción y seguimiento de asuntos étnicos.

Hoy, un mes después, ninguno de esos cuatro puestos ha sido llenado. En solo uno de ellos se ha nombrado una persona encargada: en la de adecuación de tierras donde está el abogado huilense César Patarroyo, que es asesor del despacho de Borbón y fue subgerente encargado de tierras. Patarroyo fue asesor y secretario general del Supersociedades Hernando Ruiz López, también huilense y tan cercano al senador conservador Hernán Andrade -el padrino de Borbón- que el senador conservador intentó colocarlo en el Incoder a finales del año pasado, y también trabajó con Borbón en la CAM huilense.

Esos no son, sin embargo, los únicos cargos que Borbón tiene vacantes: dos de los funcionarios a quienes le pedió la renuncia en enero, justo antes de que comenzara la ley de garantías, siguen sin un reemplazo en propiedad.

En la dirección de procesos agrarios -que estuvo en cabeza de Andrés Ocampo- lleva seis meses encargado Andrés Parra Cristancho. En la de baldíos -que es clave en todos los procesos de acumulación irregular de baldíos y que dirigía Alejandra Vega- lleva cuatro meses encargada Ruth Mireya Núñez. A eso se suma que otro cargo clave, la dirección de asuntos étnicos, lleva dos años vacante.

Todos son cargos claves en la transformación del campo que plantea el acuerdo agrario en La Habana.

¿Por qué el afán de Borbón en dejar las vacantes, si no iba a nombrar a nadie?

Viernes, Julio 25, 2014 - 16:13
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El senador Roosvelt Rodríguez, cuya jefa política es la ex senadora del Valle Dilian Francisca Toro, quiere entrar a la que será la comisión más mediática de los próximos cuatro años en el Congreso: la Comisión Primera y para ello está empujando para que saquen de ahí a Carlos Enrique Soto, quien estuvo en esa célula el cuatrienio pasado pero obtuvo la última votación del Partido de La U y además fue señalado de ser uribista.

Una persona que está cerca al proceso de organización de las comisiones en la coalición santista le contó a La Silla que uno de los principales argumentos del senador Roosvelt Rodríguez son sus cien mil votos, que le heredó a la baronesa, actualmente investigada por presunto lavado de activos.

Por eso lo más probable es que el lunes a las 6 de la tarde, cuando se vuelvan a reunir los compromisarios para terminar de concretar lo de las comisiones, él entre a ocupar una de las cuatro sillas a las que tiene derecho La U en la Comisión Primera.

Los otros tres cupos de ese partido en la Comisión Primera serán para Armando Benedetti, Roy Barreras y Manuel Mesías Enríquez Rosero, que vienen de estar ahí.

Carlos Enrique Soto fue señalado de ser uribista porque participó en un homenaje al entonces candidato uribista a la Presidencia Óscar Iván Zuluaga, aunque después declaró que estaba de lleno en la campaña de Juan Manuel Santos.

Si lo sacan de la Primera, probablemente terminará en la Comisión Séptima en la que también estará el expresidente Álvaro Uribe.

Curiosamente, Dilian Francisca Toro siempre estuvo en la Séptima, trabajando en los temas de la salud, pero hoy su pupilo prefiere una célula legislativa que genere mayor exposición en los medios.

Viernes, Julio 25, 2014 - 12:17
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Alberto Rojas tiene toda una estrategia judicial para volver a la Corte Constitucional. No solo con una tutela en el Consejo de Estado, como reveló Semana.com, sino con otra movida en Consejo Superior de la Judicatura. Si Rojas gana en alguno de los dos escenarios, podría volver a la Constitucional.

La cosa es así. Después de que una sala de tres conjueces y una magistrada del Consejo de Estado tumbó su elección, Rojas puso una tutela ante la Sección Primera de ese mismo tribunal, en la que alega que le violaron el derecho al debido proceso porque quien podía anular su elección era la Corte Suprema y no el Consejo de Estado.

Esa tutela tiene la dificultad de que los magistrados tienen que declararse impedidos, porque ellos ternaron a Rojas hace un año, y por eso seguramente también va a terminar en manos de conjueces.

En paralelo, Rojas elevó una solicitud al Consejo Superior de la Judicatura para que dirima la pregunta de quién podía anular su elección, si el Consejo de Estado o la Corte Suprema. Eso es insuual por dos motivos.

Primero porque esas discusiones, que se llaman conflictos de competencia, normalmente llegan al Consejo de Estado porque dos jueces dicen que son quienes deben conocer un caso (como los debates entre los jueces penales y los jueces penales militares por los “falsos positivos”) o porque ninguno quiere hacerlo y se tiran la pelota. Esta vez no la plantean los jueces (la Corte y el Consejo de Estado) sino un afectado por una decisión.

Segundo, normalmente esos conflictos se dan cuando los procesos están andando pero en este caso ya hubo fallo.

Además, esta decisión también se estrelló con un problema. El caso le tocó al magistrado Néstor Osuna para preparar la ponencia, pero éste se declaró impedido porque su elección como magistrado está demandada en el Consejo de Estado, y la decisión podría afectarlo.

Así que por ahora los impedimentos tienen demorada la estrategia de Rojas. Pero con amigos en el Congreso y en las Altas Cortes, esta historia no se ha acabado.

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