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Martes Marzo 31, 2015

Lunes, Marzo 30, 2015 - 13:11
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Nigería Rentería, la ex negociadora del Gobierno en La Habana y ex Alta Consejera para la Mujer de Santos, pintaba hasta hace poco como una candidata fuerte para la Gobernación del Chocó. Pero cuatro meses después de lanzarse su candidatura luce bastante desinflada y sin respaldo político.

El problema es que -pese a contar, al menos sobre el papel, con el guiño del Gobierno- su nombre no tuvo acogida en la alianza de La U y los liberales entre los que ella se formó políticamente.

Esa alianza, que incluye al sector de La U del cuestionado clan Sánchez Montes de Oca U, aún no ha escogido su candidato. La reunión para ello se ha pospuesto varias veces y debería darse la segunda semana de abril, pero Rentería se retiró de ese proceso argumentando que no tiene garantías y que está amañado.

La Silla supo que el otro grupo político del departamento, la 'mesa de unidad', la invitó a ser su precandidata, con lo que tendría apoyos entre conservadores, Cambio Radical, verdes, el Polo y un sector disidente de La U, además de movimientos como la Minga social de la alcaldesa quibdoseña Zulia Mena o los estudiantes de la Universidad Tecnológica (agrupados en 'Podemos'). Los uribistas, que se han reunido ya dos veces con la mesa, también están pensando unirse. 

Rentería no les hizo caso y ellos ya terminaron su proceso de selección, en el que escogieron al ingeniero Amán Alirio Asprilla, que lleva años como contratista de obras de ingeniería en todo el departamento y es cercano al ex gobernador Luis Guillermo Murillo.

Así, por la gobernación se enfrentarán el ingeniero Asprilla y un liberal, que será escogido en abril entre Francisco Wilson Córdoba y Domingo Palacios. Junto a ellos Rentería insiste en que seguirá con su campaña, pero en el Chocó no saben con quién.

Mientras, por la Alcaldía de Quibdó se enfrentarán el profesor Isaías Chalá Ibargüen, un líder cívico que perdió las elecciones en 2007 y luego apoyó a Mena hace cuatro años, con Óscar Bernardo Palacios de La U.

Eso deja, por ahora, las elecciones en el Chocó serán entre dos bloques: el de los políticos tradicionales que son candidatos de La U y los liberales y uno más variopinto, que tiene la 'fórmula del profesor y el ingeniero'. 

Viernes, Marzo 27, 2015 - 19:36
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Esta semana el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo lanzó una propuesta de justicia transicional, que es menos generosa con los guerrilleros de lo que ha sido el Fiscal General Eduardo Montealegre.

El Colectivo propone un tribunal de justicia para la paz, que estaría dividido en dos salas, una que trate temas de “crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado” y otra que trate “crímenes cometidos con ocasión del conflicto social, económico y político”.

También dice que la responsabilidad penal deberá ser asimétrica. Es decir, que la justicia debe tratar con mayor severidad a aquellos que son responsables de promover crímenes de Estado que a los que se rebelaron.

Cuando llega a su propuesta sobre el “catálogo” de penas para aquellos que hayan cometido algún crimen durante la guerra, incluye la cárcel.

“Para la determinación de la pena, se tomarán en cuenta la gravedad de los crímenes, el grado de participación, así como las contribuciones específicas a la satisfacción de derechos de las víctimas, para ello el Tribunal contará con un catálogo amplio de sanciones que incluyen confinamiento territorial, detención domiciliaria, trabajos comunitarios de interés público o interés social, o privación de la libertad. Las condiciones en que se realice la sanción penal no pueden convertirse en una nueva ofensa a la humanidad y en particular a las víctimas”.

Dada la estigmatización que sufrió el Colectivo de Abogados durante el gobierno de Uribe de ser el portavoz de la guerrilla (en un trino, el ex presidente dijo que “el Colectivo de Abogados es víctima de nada, es victimario de la promoción del terrorismo”) es interesante que contemplen la posibilidad de que miembros de las Farc vayan a la cárcel.

Sobre todo, cuando el fiscal Eduardo Montealegre ha dicho en varias ocasiones que frente al proceso de paz podría haber “un sistema de justicia alternativa que implique la sustitución de penas efectivas privativas de la libertad por otro tipo de penas alternativas, como el desminado”.

Propuesta Para Medios Justicia Para La Paz VF 250315

Viernes, Marzo 27, 2015 - 11:11
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Con el triunfo cantado de Álex Char a la Alcaldía de Barranquilla, los cartuchos políticos en el Atlántico este mes se han gastado en definir los aspirantes a la Gobernación y, en ese camino, La U se ha ido quedando sola en la Unidad Nacional santista de ese departamento.

Resulta que Cambio Radical (encabezado por el grupo de los Char que actualmente tiene la Alcaldía), un sector de la dirigencia liberal, un sector de los conservadores y buena parte de los empresarios que acompañan la administración de Barranquilla, lograron consenso alrededor de un nombre: el de Jaime Pumarejo, gerente del nuevo mega Centro de Eventos de la ciudad. Y ya le propusieron lanzarse.

Pero en esa coalición que podría terminar de concretarse en las próximas semanas no está el senador José David Name, el máximo dirigente de La U en el Atlántico.

La U tiene como precandidato a la Gobernación al ex concejal Alfredo Varela y voces locales de ese partido han criticado que los Char, que según las encuestas tienen prácticamente garantizado el triunfo a la Alcaldía, también se quieran quedar con la Gobernación. “Char quiere todo”, nos dijo un líder militante de La U.

Esa misma fuente nos dijo que de todas maneras Varela está buscando el apoyo de la Alianza Verde (a principios de mes se reunió con el senador Antonio Navarro) y que el grupo del senador godo Efraín ‘Fincho’ Cepeda los va a respaldar.

Sin embargo, en varios trinos ayer Name empezó a mover el voto en blanco como opción entre los barranquilleros, lo que podría interpretarse como su respuesta a la eventual candidatura de una coalición poderosa liderada por los Char.

Jaime Pumarejo es un liberal de la cuerda de los Char (tan cercano al ex alcalde que fue su asesor para desmontar las concesiones del Distrito, su principal bandera como alcalde), y eso le asegura apoyos en las toldas rojas y también en Cambio. Es decir, en los dos partidos que hoy manejan la Gobernación y la Alcaldía, respectivamente. Tiene 34 años y fue secretario de Movilidad y asesor en competitividad, tanto en la administración Char como en la actual de Elsa Noguera.

Un periodista conocedor de la movida política en la región nos contó que lo que podría tumbar su aspiración es una posible inhabilidad por estar gerenciando una empresa de carácter mixto. Sin embargo, cercanos a Pumarejo hicieron la consulta jurídica y aseguran que no está impedido.

La empresa Pumarejo no sólo afecta, por ahora, a La U, sino que enreda aún más la candidatura del ex gobernador Eduardo Verano de la Rosa, que pidió el aval liberal para lanzarse.

Verano cuenta con el apoyo de una parte de las bases rojas en el Atlántico pero los congresistas atlanticenses de su partido (Álvaro Ashton y Mauricio Gómez) no lo respaldan.

De hecho, si lo de Pumarejo no se concreta, entre la dirigencia suena el nombre del ex gobernador y empresario Edgardo Sales.

Jueves, Marzo 26, 2015 - 13:58
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Ayer el ex congresista Yahir Acuña oficializó su entrada al partido Opción Ciudadana (el viejo PIN) y, mediante esa maniobra, también a la Unidad Nacional santista. Sin embargo, en sus tempranos afiches de campaña parece coquetearle al uribismo, al tiempo que lanza otros mensajes cifrados.

En el afiche digital promoviendo su candidatura a la Gobernación de Sucre que Acuña le ha mandado a sus contactos telefónicos, el centro de la imagen es su eslógan “Plan M por Sucre”, donde la 'M' es casi idéntica a la 'Z' que el ex candidato uribista Óscar Iván Zuluaga posicionó el año pasado.

Eso ha causado sorpresa entre los políticos santistas, ya que Acuña -pese a haber sido rechazado públicamente por los congresistas de la Unidad Nacional- se empleó a fondo por la reelección y acaba de entrar a Opción Ciudadana, que ahora es de la coalición santista.

Esa M es de Milene, el nombre de su esposa -la zootecnista y ex diputada Milene Jaraba- que será el 'plan b' a la Gobernación del cuestionado barón, que tiene abierta una investigación por parapolítica. Ya ella acaba de renunciar a su curul para, como contó La Silla, estar lista para asumir sus banderas en caso de que él no puede aspirar. Esa 'M' , al mismo tiempo, lleva la 'Y' de Yahir pintada en rojo.

Y ya Yahir tiene la nueva imagen de promoción, donde sale volando el 'plan' y entra el 'opción' en amarillo, justo como el nombre del nuevo partido que le evitará tener que salir a recoger firmas.

La pregunta que queda, entonces, es ¿le está jugando Acuña al mismo tiempo al uribismo y el santismo?

Miércoles, Marzo 25, 2015 - 12:10
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La muerte de una joven funcionaria de 25 años ha sido el tema de conversación desde la semana pasada en los pasillos del Ministerio de Agricultura.

Diana Milena Carrillo, una tecnóloga en gestión documental del Sena, trabajaba desde hace tres años en el Ministerio en la sección de archivo. Siempre había tenido contratos de seis meses y de un año, pero en este 2015 su renovación se estancó -como a muchos otros contratistas de Agricultura- más de lo habitual. Tanto que se quedó sin plata para pagar su seguridad social, por lo que quedó suspendida de su EPS.

El problema es que se había enfermado a mediados de febrero, aparentemente de chikunguña, tras ir al entierro de una tía en Melgar (Tolima). En apariencia, porque tenía todos los síntomas pero nunca fue al médico y se recetó ella misma pastillas para el dolor. ¿La razón?

Según sus familiares, porque su contrato por 1,3 millones de pesos mensuales le fue renovado por tres meses el 16 de febrero (tras no haber trabajado en enero y haberlo hecho gratis dos semanas de febrero), pero -hasta el 14 de marzo que murió- aún no le habían consignado su primer sueldo desde diciembre. Y ella, que ayudaba a su hermana mayor a sostener a su madre y su hermana menor, se quedó sin con qué pagar su EPS.

Tras un aguacero a comienzos de marzo, Diana Milena se volvió a enfermar, pero no fue al médico a sabiendas -según su familia- de que no la atenderían.

El viernes 13 de marzo su jefe la vio muy pálida y, tras enterarse de su situación, le prestó 200 mil pesos para ponerse al día con el pago de su seguridad social. Esa misma tarde ella pagó y el sábado llegó madrugada al Centro Policlínico del Olaya, pero no la atendieron por seguir teóricamente cortada del servicio médico.

Diana regresó a su casa a mediodía, con la vista nublada por completo. Su madre salió a comprar comida con qué hacerle un caldo y, cuando regresó, la encontró convulsionando. La llevaron al Hospital Meissen, pero al llegar ya había fallecido. Hasta hoy su familia no sabe de qué, dado que Medicina Legal ordenó una autopsia y el resultado solo saldrá en 45 días hábiles.

Su historia corrió como pólvora por el Ministerio, donde -en palabras de una persona del sector- “el 98 por ciento de los contratistas tenían sus contratos paralizados”.

Aunque la mayoría pagaba su seguridad social de sus ahorros, el caso de Diana reavivó las molestias con los asesores cercanos del ministro Aurelio Iragorri que manejan la contratación del sector.

Aunque el Ministerio no tiene la culpa de su muerte, y el problema de renovar los contratos a principios de año es un mal de muchas entidades, su caso es otra alerta naranja sobre las precarias condiciones laborales en las que quedan muchas veces los profesionales que le apuestan al sector público.

En el caso del Ministerio, además, la molestia se ha acentuado porque según seis empleados y ex empleados de la entidad, mientras casi todo el cuarto piso que aloja las direcciones técnicas del Ministerio estuvo más de dos meses sin renovar, a los asesores más cercanos de Iragorri les salieron rápidamente.

Es cierto que la mayoría de asesores de Iragorri tuvo que esperar poco y firmó en enero: su súper gerente político Boris Zapata renovó el 2 de enero por 32 millones en dos meses (aunque renunció un mes después). Su asesor para contratación Julián Murcia firmó el 5 de enero por un mes (a 16 millones) y luego pasó a ser funcionario de planta. Su asesor para vivienda rural, el ex Secretario de Infraestructura caucano Daniel Sussmann, firmó por 66 millones a seis meses. Su enlace legislativo Andrés Buriticá renovó por 108 millones a nueve meses. Y su asesora de despacho Natalia Sardi lo hizo a once meses por 45 millones.

Pero sus contratos no fueron los únicos que se tramitaron. En total, según el portal de contratación Secop, a 60 personas del Ministerio les salió su contrato en enero, frente a 166 en febrero y 43 en marzo.  Diana no fue una de las últimas, pero dada su precariedad económica, la espera fue más dramática.

El caso generó tanta consternación que un centenar de empleados del Ministerio organizaron una colecta y le llevaron 2 millones de pesos a la familia de Diana el miércoles pasado a sus exequias.

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