Por Rodrigo Uprimny · 12 de Noviembre de 2017

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Uno de los temas más complejos y divisivos del acuerdo de paz es la relación entre la responsabilidad penal por crímenes atroces y la participación política, en especial de los líderes de las FARC. En esta entrada, redactada conjuntamente con mi colega de Dejusticia Diana Isabel Güiza, intentamos clarificar el tema y proponer posibles acercamientos entre posiciones enfrentadas.

Para lograr ese propósito y basándonos en columnas previas e intervenciones de Dejusticia ante la Corte Constitucional o el Congreso, comenzamos por mostrar que (i) la paz negociada implica aceptar que los líderes de las FARC, incluso si son responsables de crímenes atroces, puedan en algún momento, y dadas ciertas condiciones, participar en política; (ii) eso es tan claro que Uribe Vélez, cuando era presidente, defendió esa tesis para intentar negociar con las guerrillas; otra cosa es que después, para oponerse al actual  proceso de paz, haya cambiado de opinión; (iii) la experiencia comparada de procesos de paz muestra la necesidad y conveniencia de esas fórmulas que, además, (iv) son compatibles con el derecho internacional, siempre y cuando esa participación política de los responsables de crímenes atroces no permita que estas personas eludan sus deberes frente a la justicia y  las víctimas.  Terminamos proponiendo (v) algunos principios y fórmulas para armonizar la elegibilidad política de los líderes de las FARC con sus deberes frente a la justicia y a las víctimas. 

 

  1. El problema: ¿Pueden responsables de crímenes atroces participar en política?

Las FARC cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad, como fue el secuestro extorsivo sistemático. Esos crímenes no pueden ser amnistiados. Los responsables de esos crímenes deberán ser juzgados por la JEP.  Esto está claro y muestra que, contrariamente a lo sostenido por sus críticos, este es un acuerdo de paz sin impunidad para esos crímenes. Pero surge un primer lío: ¿cuál es la relación entre esas condenas y la posibilidad de participar en política?

Algunos querían que quien fuera condenado por esos crímenes no pudiera nunca ser elegido a nada. Es una reacción comprensible, pero simplemente hacía imposible la paz, pues impedía que las FARC se volvieran un actor político, que es la esencia de un acuerdo de paz. Aunque hoy no tenemos certezas sobre la situación jurídica de los antiguos comandantes de esa guerrilla, es probable que éstos sean condenados por crímenes internacionales, pues ordenaron, apoyaron,  ejecutaron o toleraron atrocidades como secuestros, asesinatos, desplazamientos forzados o reclutamiento de menores. Si los altos mandos de la guerrilla no pudieran hacer política en algún momento por haber sido condenados por atrocidades, las FARC no podrían convertirse en un movimiento político al no contar con la participación de sus principales dirigentes quienes, como en cualquier grupo político, cohesionan al movimiento.

En el Acuerdo Final se pactó entonces que las condenas impuestas por la JEP no derivarían en ninguna inhabilidad política (párrafo 36, página 150). Las reglas constitucionales actuales de los Actos Legislativos 1 y 3 de 2017, que hoy estudia la Corte Constitucional, desarrollan lo pactado en reincorporación política. El primero, en su artículo 20 transitorio (incluido en el artículo 1 de la reforma), reproduce la cláusula del Acuerdo Final, según la cual la imposición de condenas por la JEP no inhabilitará para la participación en política. Esa norma agrega que las condenas de la justicia ordinaria o disciplinaria quedarán suspendidas hasta que sean revisadas por la JEP. Los excombatientes que hayan sido condenados por jueces ordinarios no están entonces inhabilitados para ejercer sus derechos políticos, incluida la elegibilidad a cargos y corporaciones públicas. Además, el artículo 4 de esa reforma constitucional deroga el artículo 67 transitorio, que prohibía expresamente la participación política a quienes fueran condenados por “crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática”.

Por su parte, el numeral 5 del artículo 1 del Acto Legislativo 3 de 2017 señala que excombatientes de las FARC “deberá[n], en el momento de la inscripción de las candidaturas, expresar formalmente su voluntad de acogerse a los mecanismos y medidas establecidas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) contemplados en el Acto Legislativo Nº 01 de 2017”.

Por el momento, los excombatientes de las FARC que se postulen a cargos y corporaciones de elección popular pueden hacerlo así hayan sido condenados por la justicia ordinaria por crímenes atroces y, al momento de la inscripción de la candidatura, deben expresar su compromiso con los derechos de las víctimas ante el SIVJRNR.

 

  1. Una disgresión: Uribe Vélez y la elegibilidad política de responsables de atrocidades.

Si queríamos una paz negociada, era lógico entonces que se acordara, como se pactó, que las condenas por crímenes atroces no implicarían ninguna inhabilidad política.

Este punto es tan obvio que Uribe Vélez, cuando era presidente, planteó una reforma constitucional en ese sentido, a fin de negociar con la guerrilla.  En efecto, en enero de 2003, fue aprobada, por iniciativa del gobierno Uribe, la ley 796 que convocaba a un referendo para reformar la Constitución. Uno de los parágrafos de la sexta norma propuesta facultaba al gobierno no sólo a crear circunscripciones especiales de paz, sino que le permitía al presidente nombrar directamente “un número plural de congresistas, diputados y concejales” en representación de los grupos al margen de la ley que pactaran la paz. Y el parágrafo precisaba que el presidente podría ignorar las inhabilidades existentes, lo cual significaba que responsables de crímenes atroces podrían ser elegidos o nombrados en esas curules.

Esa reforma constitucional no fue aprobada pero muestra que, en 2003, Uribe no se oponía a la elegibilidad política de responsables de crímenes atroces que se desmovilizaran, pues incluso planteaba la posibilidad de que fueran directamente nombrados en cargos de elección popular. Varios años después, en octubre de 2006, Uribe reiteró en declaraciones públicas que, para negociar con la guerrilla, estaba dispuesto a proponer una reforma constitucional que eliminara las inhabilidades que impedían participar en política a los responsables de crímenes atroces.

Mientras fue presidente, Uribe mantuvo entonces la tesis de que una paz negociada con las guerrillas implicaba aceptar la participación política de responsables de crímenes atroces, pues comprendía que no de otra forma podrían transformarse en actores políticos unas guerrillas que han cometido atrocidades. Y de eso se trata la paz: que las guerrillas abandonen las armas y entren al juego democrático. Otra cosa es que después, cuando ya no era presidente y para oponerse al proceso de paz del presidente Santos con las FARC, haya variado radicalmente su posición.

 

  1. La experiencia comparada

La inclusión política de excombatientes, incluso responsables de crímenes atroces, ha sido una condición usual en distintos procesos de paz. Así lo evidencian los acuerdos de Arusha (donde el gobierno transicional incluyó al Frente Patriótico Ruandés), Lomé (que estableció un gobierno amplio de unidad donde tuvo asiento el Frente Revolucionario Unido), Chapultepec (donde el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se convirtió en partido político en El Salvador), de Madrid (que transformó la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca en partido político) y la Declaración de Downing Street (permitió que todos los partidos políticos fueran incluidos en el proceso de paz,   incluidos aquellos con vínculos con grupos armados como el Progressive Unionist Party y Ulster Democratic Party).

En nuestra tradición constitucional, las experiencias más recientes ocurrieron en el momento pre-constituyente y constituyente del 91, donde guerrillas como el Movimiento 19 de Abril (M19), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento Armado Quitín Lame (MAQL) entregaron las armas y se reincorporaron a la sociedad colombiana hasta el punto de que, algunas de ellas, tuvieron representación en la Asamblea Nacional Constituyente y, luego, en los distintos niveles de la democracia colombiana. 

Esta experiencia comparada muestra además que la fórmula de permitir la participación en política de los líderes de los grupos armados opositores es conveniente y contribuye a la sostenibilidad de los acuerdos de paz. Autores como Hartzell y Hoddie resaltan que las transiciones pactadas, a diferencia de las transiciones donde la parte victoriosa impone el nuevo régimen, requieren que las nuevas reglas del juego político sean acordadas por los distintos bandos. Estos acuerdos no son fáciles de lograr por la desconfianza entre las partes pero son necesarios para lograr una paz duradera. Más aún, Hartzell y Hoddie sostienen que entre más inclusivos sean los arreglos de participación política en los acuerdos de paz, mayor es la probabilidad de que la paz sea estable en el largo plazo. Estos autores llegan a esta conclusión luego de analizar 38 pactos de paz firmados entre 1945 y 1998.

A su vez, Walter muestra que la reincorporación política de excombatientes y arreglos para incluir a la oposición en la arena política reducen las probabilidades de volver a la guerra, si son adoptados con medidas suplementarias como integrar terceras partes garantes.

  1. La compatibilidad con el derecho internacional

La paz con las guerrillas supone aceptar algo que para muchos colombianos es difícil de avalar, pero que es el precio de la paz negociada: que líderes guerrilleros responsables de atrocidades puedan participar en política. Pero  surge una pregunta: ¿es eso jurídicamente posible? ¿O existe alguna prohibición en derecho internacional que haga inviable esa posibilidad?

La respuesta simple es que esa posibilidad no viola el derecho internacional, que exige que esos crímenes sean investigados y sancionados, pero no prohíbe que los responsables de los mismos puedan en algún momento participar en política.

Mientras que es claro que el derecho internacional restringe la discrecionalidad de los Estados para conceder indultos o amnistías por graves violaciones de derechos humanos, no ocurre lo mismo frente a la posibilidad de participación en política de excombatientes. En efecto, no hay estándares internacionales que, en abstracto, prohíban a los Estados otorgar beneficios políticos en procesos transicionales a quienes hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos. En particular, ninguna de las obligaciones en materia de justicia, reparación, verdad o garantía de no repetición es totalmente incompatible con la concesión de derechos políticos para quienes hayan cometido graves violaciones de derechos humanos o graves infracciones al derecho internacional humanitario.

Con todo, esos beneficios políticos a excombatientes no pueden derivar en impunidad para éstos ni desconocimiento de los derechos de las víctimas. Por ejemplo, si se otorgaran garantías políticas a excombatientes sin que les sea exigible un proceso de rendición de cuentas y de responsabilidad política y jurídica, la obligación de satisfacer a las víctimas sería desconocida. Que se confieran perdones jurídicos y políticos totales a quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos y, en cambio, se les otorguen amplias garantías políticas como la opción de ser congresista de la República, podría afrentar gravemente la dignidad de las víctimas y, por ende, sería una violación del núcleo de la obligación internacional de investigar y juzgar graves violaciones de derechos humanos. Más aún, beneficios políticos en blanco, sin ningún tipo de responsabilidad moral, jurídica y política, pondrían en riesgo la no repetición de los derechos.  

En síntesis, el derecho internacional no prohíbe la elección a cargos públicos de responsables de crímenes atroces, pero siempre y cuando rindan cuentas ante la justicia. La elegibilidad política es posible, pero no cualquier fórmula es viable jurídica y políticamente, ya que debe ser compatibles con el principio democrático y con el deber de las guerrillas de rendir cuentas por sus atrocidades ante la JEP.  

  1. Principio y fórmulas para armonizar elegibilidad política y justicia

Los distintos procesos de paz han coordinado la participación política y la rendición de cuentas de excombatientes, de distinta forma. En Suráfrica e Irlanda del Norte, por ejemplo, se establecieron indultos y amnistías para presos políticos a la vez que obtuvieron beneficios políticos. Con el auge de los mecanismos de justicia transicional, estas garantías políticas se enfrentan al desafío de permitir la apertura democrática y reincorporación política de excombatientes y, al mismo tiempo, que estos respondan por los crímenes del pasado.

Hoy, la cuestión es cómo armonizar el deber con la justicia y la posibilidad de ser elegido. Algunos planteamos que lo mejor era que hubiera primero justicia y luego elegibilidad política, esto es, que pudieran ser elegidos quienes ya hubieran cumplido sus sanciones. O al  menos parte de ellas. Pero esa secuencia no se logró en el primer acuerdo de paz. Durante la renegociación, desde Dejusticia y otros centros académicos y de la sociedad civil, propusimos que los responsables de crímenes internacionales adquirieran derechos políticos a medida que se verificara el cumplimiento efectivo de las sanciones impuestas por la JEP. Esa posibilidad no fue aceptada. El acuerdo de paz habilita a los anteriores dirigentes de las FARC a aspirar a ser elegidos inclusive antes de que sean juzgados por la JEP y hayan cumplido sus sanciones.

Esta fórmula indigna a muchos colombianos, pero no es arbitraria. A su favor puede adelantarse el siguiente argumento: exigir que todo comandante deba pasar por la JEP y cumplir toda su condena antes de poder ser elegido tomaría muchos años, posiblemente unos 10 años, que corresponden al plazo que tomaría que las primeras sentencias de la JEP fueran adoptadas y a los posibles 8 años de cumplimento de las sanciones. Si en ese plazo de 10 años, los antiguos comandantes guerrilleros no pueden ser elegidos, la cohesión de la guerrilla y su transformación en actor político estaría en riesgo, con lo cual la paz misma estaría amenazada, ya que los primeros cinco años del posacuerdo son cruciales para la consolidación de una paz estable, como lo muestra el Uppsala Conflict Data Program. En todo caso, incluso si puede no gustarnos, esa fórmula fue la base del acuerdo final y de la reincorporación de las FARC y, por ello debe ser respetada. 

¿Cómo lograr que esa fórmula, que a muchos no nos gusta, pero que fue la acordada y que es compatible con el derecho internacional, no genere en la práctica impunidad, o al menos una sensación de impunidad que erosione la legitimidad del acuerdo de paz?

Nuestra tesis es que eso podría lograrse aplicando un principio simple, que surge de una interpretación sistemática del acuerdo de paz y que podría formularse en la siguiente forma: así como la justicia decidida por la JEP no deriva en inhabilidad política, la elegibilidad  tampoco puede conllevar a una impunidad de facto. Es decir, aunque las sanciones de la justicia ordinaria revisadas por la JEP ni las que ésta imponga generan inhabilidades políticas; a su vez, ni la participación política ni la elección a cargos públicos pueden denegar el cumplimiento efectivo de las sanciones por crímenes atroces ni los derechos de las víctimas los que, en todo caso, prevalecen sobre la participación política. La idea es simple: aunque es claro que las penas impuestas por la JEP no generan inhabilidades políticas, es también claro que la elección a cargos públicos no puede inhibir el cumplimiento de las sanciones, cuya aplicación prevalece. Las sanciones, una vez impuestas por la JEP, deben ser ejecutadas rigurosamente, sin que la persona pueda alegar que ocupa un cargo público para abstenerse de cumplirla.

Consideramos que este principio no sólo surge del acuerdo sino que además es un desarrollo del derecho internacional y coincide con las preocupaciones de la Fiscal de la CPI Bensouda, en su reciente texto presentado a la Corte Constitucional. La Fiscal considera que son admisibles las sanciones previstas en la JEP, incluso la llamada “sanción propia”, que no implica cárcel sino la restricción efectiva de la libertad para cumplimiento de sanciones restauradoras, pero siempre y cuando esas sanciones sean efectivas y cumplan con los propósitos de evitar la impunidad de esos crímenes. Y específicamente, en el numeral 52 de su escrito, Bensouda señala que la compatibilidad de ese tipo de sanciones con el derecho internacional dependerá “de una implementación efectiva de las restricciones de libertades y derechos, de un sistema riguroso de verificación, y de si su operacionalización con actividades que no forman parte de la sanción, como la participación en los asuntos políticos, no frustren el objeto y fin de la pena” (subrayado nuestro)  

El problema práctico consiste entonces en cómo materializar ese principio de la prevalencia del cumplimiento efectivo de la sanción, teniendo en cuenta que el acuerdo de paz posibilitó que los líderes de las FARC pudieran ser elegidos antes de haber cumplido plenamente las sanciones impuestos por la JEP. Creemos que las siguientes fórmulas permiten avanzar en esa dirección.

Primero: aunque este principio de prevalencia del cumplimiento efectivo de la sanción surge con claridad del acuerdo y del derecho internacional, puede ser mejor que quede explícito, ya sea en la ley estatutaria o en la sentencia de la Corte Constitucional sobre el Acto Legislativo de la JEP.

Segundo: debe establecerse un sistema de garantías previo a la elección a un cargo público de cualquier posible responsable de crímenes atroces. En particular, los líderes de las FARC que quieran participar en política deben dar garantías serias y creíbles de que cumplirán sus deberes con la JEP y con todo el SIVJRNR. Esto parece parcialmente resuelto en el Acto Legislativo No 1 de 2017 de la JEP y en el proyecto de ley estatutaria, según lo que se conoce al momento de escribir este blog, pues esas normas exigen que los candidatos que sean posiblemente responsables de crímenes internacionales expresen su compromiso de que acudirán y responderán ante el SIVJRNR. En caso de que resulten elegidos, podría exigirse como condición para su posesión que acudan ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, como muestra de su pronto compromiso para asumir responsabilidades, contar la verdad y acudir ante la justicia.

Tercero: deben establecerse criterios y reglas para que el cumplimiento de la sanción sea efectivo, en caso de que un excombatiente que ya haya sido electo a un cargo público resulte ulteriormente condenado por la JEP. Pueden preverse varias hipótesis: si hay una incompatibilidad radical del cargo con el cumplimiento de la sanción (como podría ser, por ejemplo, que resulte condenado a prisión quien fue electo a una alcaldía), entonces la única alternativa parece ser que esa persona tenga que ser removida del cargo para que cumpla su pena y sólo posteriormente pueda participar nuevamente en política. Pero existen hipótesis en que puede haber simultaneidad entre el cumplimiento de la sanción y el ejercicio del cargo, como podría ser la situación de un excombatiente elegido al congreso o a un concejo municipal y que resulte ulteriormente condenado por la JEP a la sanción propia de restricción efectiva de la libertad para realizar labores restauradoras. En este caso, no hay incompatibilidad radical pues esa persona podría cumplir esa sanción propia en los tiempos no laborales del Congreso o del concejo, como los días en que no hay sesiones. Pero eso implicaría, para que el cumplimiento de la sanción sea efectivo y no una burla, que el tiempo de la sanción sería mayor al inicialmente fijado porque su cumplimiento sería escalonado. Así, una sanción de 5 años se cumpliría en un periodo más extenso porque se descontaría el tiempo en que el respectivo responsable ejerce sus funciones en el concejo o en el Congreso. 

Cuarto: es importante regular la posibilidad de cumplimiento anticipado de las sanciones propias, esto es, antes de que sean formalmente impuestas por la JEP.  El acuerdo de paz prevé que las FARC, ya sea colectivamente o sus integrantes individualmente, realicen actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad y adelanten labores personales restauradoras para la paz y las víctimas (punto 5.1.3.1 y 5.1.3.2). Igualmente prevé, en el punto 60 de la pag 166, que podrán ser considerados tiempos de cumplimiento de la sanción aquellos períodos en que excombatientes hayan realizado labores reparadoras, siempre y cuando éstas se hayan efectuado en una ubicación territorial definida y verificable, y siempre y cuando haya habido verificación por parte de la JEP de la seriedad de esas labores en esos espacios, inicialmente por parte del secretario de la JEP y una vez instalada la JEP, por parte del tribunal para la paz. Debería entonces regularse en forma más precisa en la ley estatutaria la posibilidad de que excombatientes puedan desde ya adelantar actos de reconocimiento de responsabilidad y puedan cumplir con las labores reparadoras por sus eventuales crímenes y que esos tiempos puedan ser reconocidos ulteriormente por la JEP como cumplimiento anticipado de la pena. Obviamente eso requiere que exista un mecanismo de verificación riguroso para garantizar que se trata labores serias que puedan equivaler a un cumplimiento anticipado de una eventual sanción propia.

En esa forma, algunos líderes de las FARC, para aclimatar la paz, podrían optar por esa opción de cumplimiento anticipado de las sanciones restauradoras, en vez de participar en política, lo cual cumpliría un doble propósito: a las FARC les sería útil pues estos líderes estarían ya descontando los tiempos de su probable sanción, con lo cual, en algunos años, podrían participar en política sin ningún impedimento; y esto mostraría a la sociedad colombiana que parte de los líderes de las FARC ya están cumpliéndole a la justicia y a las víctimas, incluso antes de ser condenados por la JEP, lo cual fortalecería el apoyo al proceso de paz.

  1. Reflexiones finales.

Los anteriores criterios podrían ayudar a encontrar una solución al difícil dilema de cómo permitir una reincorporación exitosa de las FARC, lo cual supone que sus líderes puedan participar en política, pero respetando los deberes que frente a la justicia y a las víctimas tiene todo responsable de un crímen atroz. Estos criterios muestran que incluso si en las próximas elecciones participan y resultan electos algunos líderes de las FARC que sean responsables de crímenes atroces, esto no significará una impunidad de facto pues esas personas resultarán condenadas por el JEP y el cumplimiento de la sanción prevalecerá sobre su participación política. Las sanciones tendrán que ser rigurosamente cumplidas.

Pero a su vez,  estas reglas dan cierta flexibilidad a las FARC para que, si tienen la suficiente visión y grandeza con Colombia, tomen decisiones que ayuden a aclimatar la paz y a disminuir la peligrosa polarización que estamos viviendo.

Las FARC deben reconocer que para muchos colombianos, incluso entre aquellos que apoyamos la paz y votamos SI en el plebiscito, resulta muy difícil aceptar que en este momento ningún líder de las FARC esté reconociendo sus responsabilidades por las atrocidades cometidas por esa guerrilla y esté desarrollando labores reparadoras a favor de las víctimas y de la reconciliación. Es comprensible que algunos de los antiguos comandantes aspiren a cargos públicos y hagan política pues esto es necesario para asegurar la cohesión de las FARC y su reincorporación. Pero indigna a muchos colombianos que otros líderes de las FARC no hayan comenzado ya a hacer ellos mismos directamente actos de reconocimiento de responsabilidad y labores reparadoras significativas a favor de las víctimas y de la sociedad, como contribuir al desminado. Si varios líderes de las FARC estuvieran adelantando en forma genuina esas labores reparadoras, el apoyo ciudadano a la paz sería mucho mayor.

Comentarios (45)

José Saramago ..

12 de Noviembre

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Solo se necesita un mínimo de sentido común, entendimiento, inteligencia, y ...+ ver más

Solo se necesita un mínimo de sentido común, entendimiento, inteligencia, y sin ser abogados,  para saber que ASESINOS delincuentes de Lesa Humanidad de las FARC deben responder con verdad y reparación a las victimas: eso es justicia, y no el ser recompensados, premiados con cargos de poder. No es paz unos acuerdos que las FARC-Santos quieren imponer sin la participación del pueblo..

Ricardo Bustos

12 de Noviembre

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Mas claro no puede ser. No entiendo como personas como el Señor Uprimny insis...+ ver más

Mas claro no puede ser. No entiendo como personas como el Señor Uprimny insiste en llamar a ese esperpento proceso de paz. Uno no da lo que no tiene. Como pues estos asesinos narcoterroristas pueden darnos paz? acaso es como un producto o servicio que se entrega a discreción?  no podemos seguir premiando a los criminales en Colombia.

Angel Bravo

12 de Noviembre

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¡Pues claro que no entienden, si no hacen el esfuerzo requerido! No entiendo ...+ ver más

¡Pues claro que no entienden, si no hacen el esfuerzo requerido! No entiendo como personas como Saramago y Bustos insisten en utilizar solo un mínimo de sentido común, entendimiento e inteligencia cuando se requiere mucho más de su MÁXIMO si pretenden debatir asuntos de derecho con Uprimny, quien no es infalibe pero, señores, por favor, pónganse a la altura, "elaboren" alguna idea o controviertan.

Ricardo Bustos

13 de Noviembre

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Excuseme por no ser tan inteligente como usted para estar a la altura de este ...+ ver más

Excuseme por no ser tan inteligente como usted para estar a la altura de este debate. De cualquier manera, me pregunto, ¿en que lugar perverso vivimos que premia a los delincuentes y castiga a la gente decente?  está mal premiar a los criminales, así de simple. Nunca jamás va a haber paz sin justicia.

Rodrigo Uprimny

13 de Noviembre

259 Seguidores

Hola Ricardo
Pues esta es una paz con justicia. Los responsables de críme...+ ver más

Hola Ricardo
Pues esta es una paz con justicia. Los responsables de crímenes atroces tendrán que rendir cuentas y si son culpables, serán sancionados. Otra cosa es que la sanción no sea la pena ordinaria del codigo penal. Pero con las penas ordinarias, es imposible cualquier negociación de paz, aquí o en cualquier parte del mundo.

Ricardo Bustos

13 de Noviembre

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Señor Uprimny en eso estamos de acuerdo, que paguen por sus crímenes y luego...+ ver más

Señor Uprimny en eso estamos de acuerdo, que paguen por sus crímenes y luego si hagan política. Lo inaceptable es que anden por el mundo como próceres sin haber pasado por un juez que los condene, así sea media hora de cárcel. Además, es inexplicable como quieren gobernarnos sin haber pasado por el sistema de justicia. Todo parece un chiste: santrich asegura estar amnistiado.

Angel Triste

14 de Noviembre

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Que pasen por una JEP que no existe porque quienes eso exigen están haciendo ...+ ver más

Que pasen por una JEP que no existe porque quienes eso exigen están haciendo todo lo posible para que no exista.
Esa sí que es una trampa lógica muy fácil de entender "sin ser abogado" y con solo "un mínimo de sentido común".
No se puede exigir que alguien haga lo que simultáneamente se le impide que haga, "así de simple".
Sí, señor, "todo parece un chiste" de "lugar perverso" y gente perversa.

Angel Triste

13 de Noviembre

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¿Cuando dice que castiga a la gente decente, a cuál gente se refiere? Yo no ...+ ver más

¿Cuando dice que castiga a la gente decente, a cuál gente se refiere? Yo no sé si seré decente o indecente, pero no me siento amenazado por la JEP ni en mil años, a pesar de lo que diga Vargas Lleras. El lugar en el que vivimos es tan perverso que hay criminales decentes e indecentes y la gente toma partido por unos u otros sin entender que "justicia" es MUCHO más que castigar a los delincuentes.

José Saramago ..

12 de Noviembre

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“que no nos metan los dedos en la boca, bobitos si no”: la verdad, la real...+ ver más

“que no nos metan los dedos en la boca, bobitos si no”: la verdad, la realidad es que la JEP es un mecanismo creado por las FARC y el gobierno Santos en los acuerdos de la Habana Cuba para dar impunidad a las FARC, y permitirles a la “izquierda” llegar al poder, persiguiendo el aparato productivo del país y sobre todo perseguir al opositor político, y a todo aquel que “les sepa a derecha”

AlvaroH

12 de Noviembre

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La JEP es más generosa que la justicia ordinaria, lo cual aplica tambié...+ ver más

La JEP es más generosa que la justicia ordinaria, lo cual aplica también para los "TERCEROS" que ni siquiera están obligados a acudir a la misma. Es una mentira hipócrita y cínica de un propagandista uribista argumentar que van a perseguir a todo el mundo, pero entiendo que para la derecha del país no importan detalles ni realidades, sino vender miedo.

Elizabeth Prado

12 de Noviembre

3 Seguidores

Ir al Congreso, es un premio. Sobre derechos políticos, de entrada se deben e...+ ver más

Ir al Congreso, es un premio. Sobre derechos políticos, de entrada se deben excluir antes de cumplir la pena los que no tienen los demás colombianos, como una curul gratis. Eso no es un derecho. Queda el de ser elegidos, que dependerá de si conforme al preámbulo del Estatuto de Roma, esa pena tan atractiva logra DISUADIR. ¡Cuántos no quisieran en colombia esa condena! 

AlvaroH

12 de Noviembre

0 Seguidores

Excepto que el derecho internacional y hasta el nacional están llenos de caso...+ ver más

Excepto que el derecho internacional y hasta el nacional están llenos de casos donde sí otorgaron curules a otros grupos armados, ninguno de ellos compuestos por héroes ni por ángeles, antes de o sin ninguna pena. Que ud quiera una interpretación estrecha y antihistórica del Estatuto de Roma no cambia la historia de cómo funciona el mundo y lo que ha pasado en muchos procesos.

Elizabeth Prado

12 de Noviembre

3 Seguidores

Y qué pena la pequeñez, pero hablando de penas-premio, yo si quisiera saber ...+ ver más

Y qué pena la pequeñez, pero hablando de penas-premio, yo si quisiera saber cuál es el régimen de pensiones que le van a aplicar a las curules regalo. ¿Las mismas de los congresistas?; ¿Se van a pensionar con algo más de 17 millones mensuales (no se bien la cifra) aún así no hayan hecho aportes proporcionales a la Segurirdad Social, tal cual sucede ahora con los congresistas?

AlvaroH

12 de Noviembre

0 Seguidores

Muy buen análisis. Pero, como era de esperarse, a uribistas como alias Sarama...+ ver más

Muy buen análisis. Pero, como era de esperarse, a uribistas como alias Saramago y a la señora Elizabeth Prado no les importan ni los precedentes de otros casos donde la elegibilidad política le ha sido otorgada a grupos armados que cometieron graves crímenes, ni la historia de otros procesos de paz dentro y fuera del país, ni el cambio de posición de Uribe.

Elizabeth Prado

12 de Noviembre

3 Seguidores

Alvaro, mi análisis no tiene nada que ver con Uribe. Supere eso, que es una p...+ ver más

Alvaro, mi análisis no tiene nada que ver con Uribe. Supere eso, que es una postura que en realidad no tiene ningún sentido. La vida nacional no se divide en PRO ni ANTI uribista. A mi me tiene sin cuidado esa distinción. Le recomiendo analizar si los otros casos de los que habla se presentaron antes o después del Estatuto de Roma. 

Andres Felipe Garcia Rovira

17 de Noviembre

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Que mediocre ni siquiera puede entender un argumento cuando lo ve, Elizabeth l...+ ver más

Que mediocre ni siquiera puede entender un argumento cuando lo ve, Elizabeth le explica lo que se llama una tesis diferente que cualquier persona puede entender si supiera leer, yo se que es un facista totalitario que se cree Dios y que los demas debemos pensar como usted, pero el problema es que la evolución nos trae la maquina mas poderosa para discernir, el cerebro humano(uselo)

coronado

12 de Noviembre

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Empiezan a ladrar los perros que nos acusaban de descerebrados guerreristas. La cosa es sencilla: el único chance que tiene el acuerdo de tener legitimidad más allá de la oligarquía mamerta es trancar la impunidad que querían (o quieren) imponer con tanta alegria.

Empiezan a ladrar los perros que nos acusaban de descerebrados guerreristas. La cosa es sencilla: el único chance que tiene el acuerdo de tener legitimidad más allá de la oligarquía mamerta es trancar la impunidad que querían (o quieren) imponer con tanta alegria.

coronado

12 de Noviembre

0 Seguidores

Empiezan a ladrar los perros que nos acusaban de descerebrados guerreristas. La cosa es sencilla: el único chance que tiene el acuerdo de tener legitimidad más allá de la oligarquía mamerta es trancar la impunidad que querían (o quieren) imponer con tanta alegria.

Empiezan a ladrar los perros que nos acusaban de descerebrados guerreristas. La cosa es sencilla: el único chance que tiene el acuerdo de tener legitimidad más allá de la oligarquía mamerta es trancar la impunidad que querían (o quieren) imponer con tanta alegria.

Angel Bravo

12 de Noviembre

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Detecto un patrón: "... con solo un mínimo de sentido común ...", " ... sin...+ ver más

Detecto un patrón: "... con solo un mínimo de sentido común ...", " ... sin ser abogados ..." (sin saber mucho), "LA COSA ES SENCILLA ..."
Hay un exceso de simplificación, la COSA no es sencilla, y no basta con el mínimo de inteligencia y entendimiento, se necesita el máximo de eso, además de conocimiento y capacidad de razonamiento complejo.
"Descerebrados" me parece un poco exagerado, pero ...

DIDUNDI

12 de Noviembre

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Hice dos comentaros aquí hace un rato y desaparecieron.

Hice dos comentaros aquí hace un rato y desaparecieron.

Martin Eduardo Botero

12 de Noviembre

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Optima análisis, sin embargo:
1. es un ejercicio inútil comparar los dis...+ ver más

Optima análisis, sin embargo:
1. es un ejercicio inútil comparar los distintos procesos de justicia transicional puesto que cada mecanismo es disímil como disímiles son las atrocidades cometidas (Kofi Annan, 2004)
2. hay que considerar la compatibilidad del análisis con el Estatuto de Roma de la CPI, específicamente con el Artículo 52, letra C. (interés de la justicia)

Rodrigo Uprimny

13 de Noviembre

259 Seguidores

Hola Martin
Parcialmente de acuerdo con 1) Es cierto que cada proceso tran...+ ver más

Hola Martin
Parcialmente de acuerdo con 1) Es cierto que cada proceso transicional es singular pero eso no hace inútil la comparación. De las experiencias comparadas se aprenden cosas que uno toma en cuenta según las particularidades de cada proceso. Totalmente de acuerdo con 2)

Martin Eduardo Botero

12 de Noviembre

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3. respecto a las victimas cabe recordar que la CPI en su jurisprud...+ ver más

 
3. respecto a las victimas cabe recordar que la CPI en su jurisprudencia privilegia el aproche de civil law que aquel del common law;
4. La Corte Constitucional tendrá que tener en cuenta el rol de la sociedad civil como víctima del genocidio a los fines de la prevención del genocidio.

Martin Eduardo Botero

12 de Noviembre

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La inicial purificación de la memoria, el arrepentimiento y la solicitud de p...+ ver más

La inicial purificación de la memoria, el arrepentimiento y la solicitud de perdón por parte de los responsables sobre el plano político (y moral) es para la paz social mucho más importante que el castigo ejemplar de los criminales. Aquí, la tendencia activada al logro de la participación política es meramente individualística, se desconoce un papel autónomo a la dimensión comunitaria.

Rodrigo Uprimny

13 de Noviembre

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Hola Martin. Creo que debe haber una combinación de mecanismos: reconocimient...+ ver más

Hola Martin. Creo que debe haber una combinación de mecanismos: reconocimiento de responsabilidades, imposición de sanciones, mecanismo de verdad como comisiones de verdad, y programas de reparación. Es un enfoque holítico, defenido por Pablo de Greiff. Ver su primer informe como relator:
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/21/46
 
 

DIDUNDI

12 de Noviembre

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1-Muy buena la entrada, constructiva y aclaratoria, sobre todo para personas q...+ ver más

1-Muy buena la entrada, constructiva y aclaratoria, sobre todo para personas q d derecho solo tenemos el mero sentido común y q habiendo apoyado el proceso, x falta d explicación terminamos igual q la oposición, primando la emoción + q la razón. Sobre la solicitud-recomendació final a La Farc y q compartimos, la considero corta. Desenredar este nudo es también obligación d la contraparte.

Rodrigo Uprimny

13 de Noviembre

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Hola Didundi. De acuerdo, las FARC tienen que poner de su parte para mostrar q...+ ver más

Hola Didundi. De acuerdo, las FARC tienen que poner de su parte para mostrar que la participación en política de sus líderes, necesaria para la paz, no se traducirá en impunidad ni en afrenta a los derechos de las víctimas.

Juanita León

12 de Noviembre

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ya vamos a revisar qué pasó. Se nos dañó algo en el sistema de comentarios pero ya lo estamos arreglando.

Angel Bravo

12 de Noviembre

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Lo que sucede es que este artículo aparece duplicado en otro URL (.../blogs/....+ ver más

Lo que sucede es que este artículo aparece duplicado en otro URL (.../blogs/...), y allí están los comentarios reportados como "desaparecidos".

DIDUNDI

12 de Noviembre

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2-Contraparte q tiene ARTE Y PARTE, liderada x hombres y HOMBRAS responsables ...+ ver más

2-Contraparte q tiene ARTE Y PARTE, liderada x hombres y HOMBRAS responsables d la mala hria dl país, q decidieron hacer oposición mezquina, cuyo fin es el poder y x sostenerse son capaces d todo, olvidando la deuda histórica q les quedó grande, con exigencias extremas cuyo propósito es desconocer la escencia d un acuerdo x la finalización d un conflicto IDEOLÓGICO. Exigiendo lo q no dan.

EduardoSaenzRovner

12 de Noviembre

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Se invita a los profesores de la Universidad Nacional a adherir a la carta en ...+ ver más

Se invita a los profesores de la Universidad Nacional a adherir a la carta en solidaridad con el profesor Miguel A. Beltrán, expulsado injustamente de la institución.

JSebastiánHR

12 de Noviembre

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Buenas noches.
Tengo la siguiente duda a cerca de (i) ¿la  JEP de qu...+ ver más

Buenas noches.
Tengo la siguiente duda a cerca de (i) ¿la  JEP de qué manera prioriza los crimenes para juzgar a los individuos de las FARC? y (ii) ¿cuáles son las clases de sanciones restaurativas de la JEP? 

Rodrigo Uprimny

13 de Noviembre

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Buenas preguntas Sebastían. En el acuerdo de paz (pasgs 173 y ss) hay un lis...+ ver más

Buenas preguntas Sebastían. En el acuerdo de paz (pasgs 173 y ss) hay un listado de sanciones restaurativas, como desminado y participación en programas de coinstrucción de infraestructura. Corresponde a la JEP precisar la sanción en cada caso. Y hay unos criterios en el acuerdo y en la ley estatutaria sobre priorización y selección, que la JEP desarrollará.
 

Julián Darío Bonilla Montenegro

13 de Noviembre

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Es de lograr compensar el campo de la transición y la punición es tarea hart...+ ver más

Es de lograr compensar el campo de la transición y la punición es tarea harto complicada, la cual también está influenciada por los sistemas de creencias de cada quien. Por eso, hace ya unos 11 años, los simpatizantes -aunque lo nieguen- con el pesamiento conservadurista de (extrema) derecha no decían nada sobre la Ley de Justicia y Paz, que era TAN laxa con los paras.

Rodrigo Uprimny

13 de Noviembre

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Hola Julián. De acuerdo, pero además la ley de justicia y paz no era la prop...+ ver más

Hola Julián. De acuerdo, pero además la ley de justicia y paz no era la propuesta uribista frente al paramilitarismo. Era el proyecto de alternatividad penal que era mucho más suave.
En esta columna desarrolló el tema:
https://www.elespectador.com/opinion/el-uribismo-la-paz-y-la-impunidad-c...
 
 

Julián Darío Bonilla Montenegro

13 de Noviembre

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La "Ley de Alternatividad Penal" era más laxa: incluía la tipificación de l...+ ver más

La "Ley de Alternatividad Penal" era más laxa: incluía la tipificación de la asonada que resultaba favorable para los grupos paramilitares. Tampoco hay que olvidar que la misma Corte Constitucional logró construir mayores marcos de transición que la ley originalmente pactada. El quid es que solamente tenemos 400 carácteres y es demasiado lo que hay sobre el tema

jgm

13 de Noviembre

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Muy interesante artículo. Quedo, sin embargo, con algunas dudas. El par. 36, num. 5.1.2. no deja a mi parecer claro que miembros de FARC puedan entrar directamente al congreso sin pasar por la JEP. El páragrafo habla de las sanciones derivdas del SIVJRNR, no de cualquier limitación previa al sometimiento a dicha justicia. 

Muy interesante artículo. Quedo, sin embargo, con algunas dudas. El par. 36, num. 5.1.2. no deja a mi parecer claro que miembros de FARC puedan entrar directamente al congreso sin pasar por la JEP. El páragrafo habla de las sanciones derivdas del SIVJRNR, no de cualquier limitación previa al sometimiento a dicha justicia. 

jgm

13 de Noviembre

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En cuanto a las sanciones, parecen derivarse consecuencias contradictorias de la aplicación del principio rector del proceso de satisfacción de los derechos de las víctimas y la prohibición absoluta del par. 36 de cualquier limitación de los derechos de participación. Esto, tarde o tempreano, lo deberá resolver la JEP, pero es probable que no se respetará al pie de la letra el par. 36.

En cuanto a las sanciones, parecen derivarse consecuencias contradictorias de la aplicación del principio rector del proceso de satisfacción de los derechos de las víctimas y la prohibición absoluta del par. 36 de cualquier limitación de los derechos de participación. Esto, tarde o tempreano, lo deberá resolver la JEP, pero es probable que no se respetará al pie de la letra el par. 36.

chjarami

13 de Noviembre

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Hola Rodrigo. Habría que dejar estipulado que los señores en esta situación de limbo no podrían, bjao ninguna circunstancia, tomar parte en votaciones cuyo objeto fuera relacionado con el Acuerdo de Paz ni con las sanciones y reparaciones asociadas. Que no pudieren votar por librarse de sanciones. Chjh

Hola Rodrigo. Habría que dejar estipulado que los señores en esta situación de limbo no podrían, bjao ninguna circunstancia, tomar parte en votaciones cuyo objeto fuera relacionado con el Acuerdo de Paz ni con las sanciones y reparaciones asociadas. Que no pudieren votar por librarse de sanciones. Chjh

EduardoSaenzRovner

13 de Noviembre

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Yo me sigo preguntando de cuál delito es culpalble el profesor Miguel A. Belt...+ ver más

Yo me sigo preguntando de cuál delito es culpalble el profesor Miguel A. Beltrán, injusta y antiacadémicamente expulsado de la Universidad Nacional.

Diego

14 de Noviembre

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Señor Rodrigo, excelente su explicación, a pesar de la complejidad del asunt...+ ver más

Señor Rodrigo, excelente su explicación, a pesar de la complejidad del asunto, parece que la estuviera plasmando en una tablita de triplex y con plastilinas de todos los colores. Por los comentarios se evidencia que existen los enemigos de la paz, con las Farc, estos fanáticos jamás aceptarán ni siquiera el punto ( i ), mucho menos los otros puntos

José Saramago ..

15 de Noviembre

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“...el proceso electoral colombiano debe configurar una alternativa polític...+ ver más

“...el proceso electoral colombiano debe configurar una alternativa política de poder real, igual a lo que ha pasado en otros países de América Latina; Colombia ha sido la excepción a esos movimientos sociales y populares de izquierda en la región, pero ese debe ser su futuro y la mayor utilidad del proceso de paz...”:
palabras recientes de Enrique Santiago -el abogado de las FARC-

Diego

15 de Noviembre

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Para los fanáticos enemigos de la paz, con las Farc, eso llama, corrupci...+ ver más

Para los fanáticos enemigos de la paz, con las Farc, eso llama, corrupción, autoritarismo, si, no estas deacuerdo conmigo eres mi enemigo, falsos positivos, guerra, muerte, reclutamiento de menores, querer quedarse eternamente en el poder, hacer articulitos para modificar la constitución, apoyo de grupos armados y otros crimenes que se vivieron con uribe

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