Por Rodrigo Rojas · 18 de Abril de 2013

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El gobierno presentó el pasado 21 de marzo, su proyecto de reforma al Código Penitenciario vigente desde 2013, haciendo caso omiso a un estudio, que había hecho la Universidad de los Andes, el cual fue “retomado” por el senador Edgar Espíndola como la alternativa a la propuesta gubernamental. El Ministro de Justicia le ha pedido al Senador Espíndola que retire su proyecto  para facilitar el trámite del nuevo régimen carcelario.
En síntesis, la propuesta de Los Andes-Espíndola es la excarcelación parcial de 48 mil condenados, aquellos que tienen condenas inferiores a 12 años con excepciones como el concierto para delinquir agravado, el terrorismo y en general los delitos conexos  con actividades que atentan contra  la seguridad del estado y/o el paramilitarismo.
Lo más llamativo de esto es que consagra que todo interno será puesto en libertad de forma inmediata, cuando haya cumplido la pena y no tenga requerimiento judicial pendiente, norma que increíblemente no se está cumpliendo.
El proyecto gubernamental prevé la creación de seis nuevas megacárceles de 4.500 reclusos para un total de 27.000 nuevos cupos a cuatro años. Aunque contempla hechos positivos como la eliminación de los brazaletes electrónicos o que por lo menos haya un juez de ejecución de penas por reclusorio y que los condenados no sigan en la cárcel cuando no puedan pagar las multas, éste no solo no resolverá la actual crisis, sino que la agravará.
La aritmética es muy simple y no miente:
Hay 115.780 privados de la libertad, 107.056 hombres y 8.742 mujeres y el hacinamiento  es del 52%, es decir que hay más de 38.000 presos y presas por encima de la capacidad carcelaria. El crecimiento anual de nuevos convictos es de 19.000, en solo 2011 hubo 16.007 internos nuevos y el gobierno piensa que con una inversión de $1,5 billones en los 27.000 nuevos cupos va a solucionar el problema.
Se habla de que la justicia no funciona y que eso se justifica porque Colombia es un estado en construcción. Pero hay cifras más aberrantes que las de impunidad. En los últimos 5 años 500 internos han muerto dentro de las cárceles, en su mayoría por una deficiente atención médica. De los 35.338 sindicados 1.684 lo han estado más de 36 meses sin que se les condene o absuelva.
El populismo punitivo o judicial como lo denunciaba La Silla Vacía hizo que leyes como la de Seguridad Ciudadana creara nuevos delitos y endureciera el régimen de detención preventiva, incrementando el número de presos, pero no mejorando la seguridad  ciudadana.
Se estima también que medidas que piensa tomar el Gobierno de Estados Unidos para fortalecer su lucha antinarcóticos tales como la detención preventiva y extradición por la simple sospecha de narcotráfico atiborrará las cárceles de máxima seguridad. Aunque se está negociando en Cuba con las FARC y es inminente un diálogo con el ELN, esta disposición de paz  gubernamental no se refleja en la política carcelaria, ni ambienta las condiciones para una reconciliación.
Decenas de presos políticos con enfermedades terminales, cáncer entre otras, se están muriendo sin recibir atención médica otros están incapacitados y no pueden valerse por sí mismos, facilitar su salida  a través de los subrogados penales es un acto no solo de piedad, sino de coherencia.
Mejorar las condiciones de  atención médica para todos los reclusos es una urgencia, ellos no perdieron sus derechos humanos por estar recluidos.
La vigencia de un conflicto interminable se refleja en un país carcelero que de 80 internos por cada 100.000 pasó a 231 por 100.000 personas. Por ahora, lo único sensato es acoger la propuesta de la excarcelación parcial para aquellos que tengan hasta 10 años de condena, haciendo una concesión a aquellos que dicen que los 12 años es demasiada laxitud y acelerar un acuerdo de paz que permita la salida masiva de todos aquellos que purgan cárcel por efectos de conflicto armado.

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