Por Laura Soto · 22 de Septiembre de 2017

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Luz Alba Figueroa Castillo, de Armero, Tolima, lleva más de nueve años intentando ser reconocida, junto con su familia, como víctima del conflicto armado después de que a su hermano de 26 años lo mataran las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio en 1991.   

Su caso es uno de los dos que la Silla Vacía viene haciéndole seguimiento desde 2014.  

Hace dos años, cuando escribimos de ella por última vez, había logrado que la Unidad de Víctimas registrara su caso. Desde entonces, finalmente fue reconocida como víctima.

Ahora la espera un largo camino para recibir su indemnización.

Lo que ya pasó

Hace dos años, cuando finalmente logró entrar al Registro Único de Víctimas, un proceso que le tomó dos años, Luz pidió que su familia fuera reconocida como víctima de amenaza, desplazamiento forzado, homicidio, tortura y secuestro. La Unidad de Víctimas tenía tres meses para responder.

Esperó todo el 2015 y mitad de 2016. Durante este tiempo, Luz, que trabaja como niñera, fue decenas de veces a la Unidad de Víctimas en Chapinero a preguntar por su caso. “Su caso estaba en estudio”, fue la respuesta que siempre obtuvo.

Alguna vez Luz madrugó como de costumbre a hacer fila a las cuatro de la mañana, junto con 50 personas más, para lograr alcanzar un turno. Esperó hasta que los empleados llegaran a las 8 de la mañana, el guarda les pidiera sus cédulas, les asignará un turno, cinco funcionarios salieran al patio de espera a explicar sus funciones (como todos los días) y pasar por dos salas de espera más, para que una funcionaria le dijera muy grosera que dejara de ir, que ellos la llamarían.

“Uno se cansa de ir y que no le den información, lo pongan a voltear a uno, y que, además, lo traten mal”, dice Luz, una madre cabeza de hogar de tres hijos.

La libreta militar

Lo único que motivó a Luz a retomar el caso a mediados de 2016 fue que si su hijo era reconocido como víctima del conflicto armado podía evitar pagar la multa de más de ocho millones de pesos para sacar su libreta militar, pues estaba remiso desde el 2011.

“Volví a insistir varias veces pero allá (en la Unidad de Víctimas) le ponen muchas trabas para atender a la gente, lo enredan mucho a uno, y no le prestan atención”, dice Luz mientras ordena la veintena de papeles que ha acumulado durante este proceso.

Las cosas cambiaron este año. En mayo, Luz se acercó a la oficina de la Unidad y le dijeron que desde hacía un mes, es decir el 13 de marzo de 2017, Luz Alba, sus tres hijos, su mamá y sus dos hermanas habían sido, por fin, reconocidas como víctimas del conflicto armado.

Oficialmente entraban a hacer parte de las 8,208,564 registradas hasta el primero de septiembre de 2017.

Como víctimas de amenaza Luz y su familia no recibirán indemnización económica; por haber sido desplazadas recibirán hasta 27 salarios mínimos y por el asesinato de su hermano recibirán hasta 40 salarios mínimos. La primera deberán repartirla entre Luz, sus tres hijos y una hermana; la segunda entre Luz, sus dos hermanas y su mamá.

En el mejor de los casos, llegarán a recibir máximo siete millones de pesos cada uno, una plata que a todos les servirá mucho pues siempre han vivido de un sueldo que no supera el doble del mínimo.

No fueron reconocidos como víctimas de tortura y secuestro porque la Unidad no encontró suficientes pruebas. No podría hacerlo pues a José Alejandro no le hicieron necropsia porque cuando encontraron el cuerpo en el borde del río ya estaba en estado de descomposición, y su familia no tiene un acta, ni nada escrito que diga cuándo, dónde, ni en qué condiciones lo encontraron. Sólo están sus testimonios y los de algunos vecinos.

Según Gladys Prada, Directora de Registro de la Unidad de Víctimas esta valoración es correcta porque la tortura y secuestro sólo se reconocen a las víctimas directas cuándo sobreviven al hecho. En caso de haber sido asesinadas o desaparecidas, como ocurrió con el hermano de Luz, sólo se reconocen estos últimos.  

“Esta plata por lo menos servirá para que mi mamá pueda vivir tranquila y sin necesidades, y más, ahora que ya no trabaja y está más enferma” dice Luz con los ojos humedecidos.

“Me hubiera gustado que mi mamá hubiera tenido ayuda psicológica mucho antes, porque después de la muerte de mi hermano ella cambió mucho, se encerró  en sí misma y nunca volvió a ser como antes. Ahora ya es tarde porque eso sería revivir todo ese dolor y hacerle más daño” agrega.

Según Prada, los retrasos en la valoración de los casos no se deben a la presencia de grupos armados en los lugares donde ocurrieron los hechos, porque ellos no hacen investigación en terreno. Lo que hace la Unidad es cruzar la información dada por las víctimas con bases de datos de entidades públicas como el sisben, policía, ministerios, ICBF, Defensoría, Registraduría, Fiscalía y Medicina legal.

El retraso está en que las declaraciones que reciben entidades como la Personería y Procuraduría, que luego trasladan a la Unidad para su valoración, son insuficientes, no cumplen los requisitos mínimos como tener las firmas de los funcionarios o de las víctimas y no anexan los documentos de identificación, parentesco o que prueben minimamente lo que declaran. 

Por eso la Unidad tiene que regresar o congelar estas solicitudes hasta completar la información.

Según Prada, así pasó con el caso de Luz pues cuando declaró en el 2015 no presentó el documento de identidad de su hija Luisa Fernanda y sólo pudieron hacer la valoración del caso a finales de 2016, cuando consiguieron el documento.  

La entrevista

El siguiente paso es que la Unidad de Víctimas le haga una entrevista a la familia de Luz para establecer cuáles son sus condiciones económicas y en base a eso determinar la ruta para hacer la reparación.

Si la familia de Luz no tuviera donde vivir porque acababa de ser desplazada la Unidad de Víctimas tendría por ley que buscarles un refugio y darles una asistencia de emergencia. Pero como no es el caso, pasará directamente a la indemnización económica.

Luz recibió la llamada para la entrevista en junio. Le preguntaron dónde vivía, si trabajaba, si sus hijos estudiaban y cuánto ganaba. Todo iba bien hasta que le pidieron los datos de su hija menor, quien cumplía 18 años un mes después.

Entonces, le dijeron que era mejor esperar a que tuviera cédula porque si procedían con la entrevista y la indemnización Luisa figuraría como menor de edad y la plata iba a quedar en un encargo fiduciario, complicando el proceso.

Por eso la encuesta se invalidó y Luz Alba tiene ahora que esperar una nueva llamada, después de que actualice el documento de identidad de su hija, Luis Fernanda Cuellar.

Sin embargo, esto tendrá que esperar porque Luisa se presentó con su tarjeta de identidad al examen de admisión de Medicina para la Universidad Nacional por el cupo especial para víctimas y Luz prefiere esperar los resultados antes de actualizar los datos para evitar algún inconveniente.

Apenas lo haga, habrá vía libre para la entrevista y la indemnización.

Sin embargo, esto no es tan sencillo.

Las indemnizaciones de la Unidad de Víctimas dependen del presupuesto que les asigna el gobierno anualmente. Es decir, que sólo pueden indemnizar un número limitado de víctimas por año, hasta donde la plata les alcance. Lo que resulta en retrasos en los pagos y muchas víctimas en lista de espera.

Además, hasta hace poco priorizaban, por orden judicial, a las que habían puesto tutela, pero este año la Corte Constitucional ordenó que se priorice a personas vulnerables como desplazados, enfermos, madres cabeza de hogar o ancianos. 

De lo anterior dependerá el orden de los pagos que irán hasta el 2021. 

Hace cinco meses, el entonces ministro de interior Juan Fernando Cristo dijo que hasta la fecha habían indemnizado a 650 mil víctimas, un número muy pequeño comparado con las seis millones que esperan indemnizar.

“La Unidad de Víctimas ha hecho un buen trabajo en cuanto al registro y atención psicosocial de víctimas”, dice Sergio Guarín, investigador de la Fundación Ideas para la Paz. “Pero no es eficiente a la hora de aplicar las indemnizaciones y restituciones por limitaciones fiscales, que no dependen de ellos.”

Por eso, a Luz es posible que le falten unos años para recibir su plata.

“Cuando me enteré de que nos habían reconocido como víctimas me dio mucha felicidad, llame a mi mamá y ella me dijo: ‘ojalá sea cierto para arreglar la tumba de mi hermano, hacerle una lápida bonita y para que los desgraciados que mataron a mi hijo paguen’”, dice Luz. “Pensé que nos iban a pagar en unos meses, pero con las nuevas trabas y demoras perdí la esperanza otra vez”. 

 

Nota del autor: este artículo fue modificado después de su publicación para incluir la versión de la Unidad de Víctimas. 

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