Por LaSillaVacia.com · 25 de Abril de 2018

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Durante el debate de control político al que fueron citados ayer en el Congreso, tanto el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas como el general Mejía, comandante de las Fuerzas Militares, dieron un parte de victoria en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad en el posconflicto.

Las cifras de resultados son impresionantes: solo en este año, 351 miembros del ELN fueron “neutralizados” (el 20 por ciento de su fuerza); 262 de los 1200 disidentes que ya hay de las Farc fueron sacados de combate; así como el 25 por ciento de los integrantes de las bandas criminales de los Pelusos y Puntilleros.

En términos de narcotráfico las cifras son históricas: 436 toneladas de cocaína incautadas el año pasado, una diaria durante este año, 8720 laboratorios destruidos, y cincuenta y tres mil hectáreas de coca erradicadas a la fuerza, tres mil por encima del compromiso hecho con Estados Unidos.

Sin embargo, estos logros y optimismo del ministro de Defensa contrastan con la situación de violencia y la creciente aparición de grupos armados ilegales en diferentes regiones del país, lo que plantea la discusión sobre si los indicadores de éxito utilizados para valorar la gestión del sector defensa siguen siendo los adecuados. Sobre si en vez de ‘neutralizaciones’, ‘bajas’ y toneladas incautadas, valdría la pena medir el éxito de la política de seguridad por los niveles de tranquilidad de los habitantes, la reducción de la extorsión y el control del territorio por parte de las autoridades legítimas.

Bajo esos indicadores, por lo menos en las siguientes zonas donde las diferentes sillas regionales hicieron la reportería el panorama es mucho menos alentador que el retratado ayer por Villegas en el Congreso. En estas regiones, la gente que entrevistamos siente que la oportunidad que abrió el Acuerdo con las Farc de construir la paz se está diluyendo. Esto fue lo que encontramos:

Muchos disidentes 'neutralizados' pero surgen nuevas disidencias

En su debate Villegas dijo que habían 'neutralizado' a 342 disidentes pero siguen surgiendo nuevas disidencias de las Farc.

En el sur del país, además del plan de revivir a la guerrilla que tiene Gentil Duarte, el líder de la disidencia del frente séptimo de las Farc que se mueve entre Meta, Guaviare y Caquetá y de la disidencia de Iván Mordisco en Guaviare y Vichada, hay otra amenaza: un grupo armado que está operando en la zona rural de Neiva y en los municipios de Tello y Baraya en el Huila, donde por años hizo presencia el frente 17 de las Farc.

De acuerdo con una alerta temprana que la Defensoría del Pueblo en el Huila sacó hace diez días, en 20 de las 32 veredas de Tello y en el corregimiento de Vegalarga en Neiva, hay un grupo que se hace llamar la “Resistencia Guerrillera Nacional Ejército del Pueblo”.

La primera vez que se supo de este grupo fue en junio del año pasado cuando, como contamos en La Silla Sur http://lasillavacia.com/historia/las-disidencias-que-enfrentara-el-ejerc..., la Alcaldía de Neiva y la Defensoría tenían información de que ahí operaba un nuevo grupo a cargo de alias ‘Benjamín’, que era el jefe de finanzas del frente 17 y que se escapó con plata de un punto de preagrupamiento de la guerrilla hace dos años.

 

El grupo citó a campesinos y comerciantes a dos reuniones a mediados del año pasado a decir “que se mantienen como Farc y que seguirán ejerciendo control en el territorio”, nos dijo una fuente que lo sabe de primera mano porque tiene finca ahí.

En esas reuniones, un exmiliciano de las Farc que se llamaba Fredy Alexander Musse, alias el ‘Indio’, era el encargado de repartir los panfletos con el nuevo manual de convivencia y cobrar las vacunas. Seis meses después, en diciembre, apareció muerto en un centro poblado de Tello. La versión de la Defensoría es que “personas que decidieron hacer justicia por mano propia” le quemaron la moto en la que iba y lo mataron.

Pero la muerte del ‘Indio’ no hizo que se dejaran de repartir manuales ni de cobrar vacunas. De acuerdo con dos fuentes que hablaron con La Silla bajo la condición de no ser citados por su seguridad, los cobros y los manuales siguieron.

En ellos, este grupo que se autoproclama como la “autoridad popular”, dice que quiere “contrarrestar la delincuencia común y continuar con las medidas impuestas en su momento por las Farc”, dice el reporte de la Defensoría.

El manual incluye reglas como no ayudarle con información ni al Ejército ni a la Policía, no andar de noche e informarle a la “Resistencia Guerrillera” todo negocio de compra y venta de fincas que se haga en la región.

Encima de eso, en Baraya, un municipio que queda a 45 minutos por tierra de Neiva, en las veredas El Hotel, Laureles y Patía también hay denuncias de personas armadas que han pintado piedras con las siglas del ELN, pero no se sabe si efectivamente son de esa guerrilla. Por cuenta de eso, el batallón de desminado humanitario que estaba ahí tuvo que suspender sus viajes.

A pesar de que esto lo saben y se ha discutido desde hace meses en los consejos de Seguridad a los que va la alcaldía, el Ejército, la Policía, la Onu y la Defensoría, las denuncias formales por extorsión en estos sitios son muy poquitas. La Policía reportó en 2017 apenas una denuncia en Tello, tres en Baraya y 36 en Neiva.

La respuesta de la Novena Brigada del Ejército, que es la que hace presencia aquí, ha sido enviar tropas que se rotan por semanas en los corregimientos y dicen que por ahora la ‘Resistencia’ no es una disidencia sino un grupo delincuencial.

En la región Norte de Antioquia, en Ituango, la Gobernación sostiene que hay disidencias de los frentes 18 y 36 (frentes que están concentrados en la vereda Santa Lucía, en ese municipio, en cabeza de alias ‘Cabuyo’, del 36, ‘Carnitas’, del 18, y ‘Diomedes’.

Desde principios de este año, “en Ituango está un sujeto alias Cabuyo, del 36, que ha estado haciendo reuniones con las comunidades de Ituango y Briceño a decirles que ya no hacen parte del proceso de paz, e incluso se han enfrentado con el Clan del Golfo”, le explicó a La Silla Juan Esteban Jaramillo, analista del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación.

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, sostiene que en el departamento hay varios grupos de disidencias de las Farc que tienen vínculos con el ELN.

El primer mandatario de los antioqueños aseguró que hay unos 10 desmovilizados que han ido regresando a sus territorios para rearmarse. Reconoció, además, que hay —por lo menos— 10 bandas criminales "que están perturbando el territorio y que han ido creciendo, conformándose en pequeños ejércitos".

Al respecto, el comandante de la Policía Antioquia nos confirmó que alias Cabuyo es la principal cabeza de las disidencias en Antioquia.

"Este tipo (alias Cabuyo) está conformando un grupo en esta área. Prácticamente es un narcotraficante porque vive de las rentas criminales y del tráfico de estupefacientes. Se está enfrentando al Clan del Golfo por el control territorial", dijo Sierra.

Gracias a una labor de Policía Judicial y de Inteligencia y de la Fiscalía General de la Nación, ya se tiene el prontuario de Cabuyo —que nunca se desmovilizó— y se emitió una orden de captura.

Desde Ituango, por esa disputa de territorio entre disidencias, Clan y otros grupos, se han desplazado 158 personas a Medellín desde el 1 de enero del 2018 hasta el 15 de abril, y los homicidios este año, según la Fiscalía, han crecido en un 566 por ciento frente a los primeros cuatro meses del 2017.

La Oficina del Valle de Aburrá, antes la de Envigado, también ha expandido sus tentáculos en los últimos años. Con extorsión y la venta y distribución de droga, salieron de Medellín y sus alrededores y ahora han llegado hasta el Suroeste, el Oriente, e incluso al Norte Bajo Cauca y Nordeste, le dijeron por aparte a La Silla Jaramillo y Fernando Quijano, director del think thank de crimen organizado Corpades.

Los jefes de las bandas abatidos, pero reemplazados

Durante su debate, el Ministro reportó la cantidad de mandos de bandas criminales capturados o asesinados, pero tan pronto caen, son reemplazados por otros.

En Antioquia, por ejemplo, avanza el rearme y reacomodo de fuerzas criminales, muy parecido a lo que sucedió con la desmovilización de los paramilitares en 2005.

Para atacar el Clan del Golfo, la Policía y el Ejército adelantan hace tres años la Operación Agamenón, catalogada ayer por el ministro Villegas como “la más grande contra el crimen organizado”, y que había dejado, desde febrero de 2015 hasta el pasado 29 de enero, 1.476 capturas a esa estructura y 79,9 toneladas incautadas a esta, según información del Ministerio de Defensa.

La Fuerza Pública ha dado golpes fuertes a esa banda criminal en el último año. En los últimos ocho meses han caído cabecillas como alias Gavilán, en septiembre de 2017 en Urabá; alias Inglaterra, en noviembre; y El Indio, tercero al mando en la cúpula que murió el pasado 28 de marzo en un operativo en el sur de Córdoba. El pasado 22 de abril, capturaron a alias Chengo, el hermano de alias Otoniel, líder del Clan del Golfo, el hombre más buscado de Colombia.

A través de Agamenón, le dijo una fuente del Ministerio de Defensa a La Silla, ese grupo se ha debilitado porque “hace seis años el Clan del Golfo tenía cuatro mil hombres en armas y ahora va por la mitad”.

Pero esa estructura, cuyo principal centro de operaciones es el Urabá antioqueño, parece no afectarse por esos golpes. Sus cabezas son fácilmente reemplazables porque el grupo funciona de forma franquiciada o federada, con facciones que se reciclan sin problema cuando alguien falta, y se fortalecen con el enlace en otros territorios o con pactos con otros grupos, según le dijeron a La Silla dos expertos por aparte. “Son franquicias que no se quiebran, cambian”, le dijo uno de ellos a La Silla.

La última muestra de que el Clan sigue fuerte en Antioquia es el asesinato de ocho policías que cuidaban una misión de la Unidad de Restitución de Tierras en San Pedro de Urabá.

Ese atentado, según una fuente de la Policía Nacional en Antioquia que nos pidió reserva, “Es algo sin antecedentes. Eso no había pasado en 11 años de lucha contra los Urabeños (el Clan del Golfo)”.

Otra prueba del poder del Clan del Golfo es la pelea por el territorio que libra ese grupo con una de sus estructuras antes aliada, Los Caparrapos (herederos de alias Macaco) en el Bajo Cauca, como habíamos contado.

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Carlos Mauricio Sierra, le dijo a La Silla que esto se debe a que el grupo de la "Virgilio Peralta Arenas" —los Caparrapos— se desvincula del Clan del Golfo, algo que no le gusta a alias Otoniel —máximo cabecilla del Clan del Golfo— y manda a alias Gonzalito para que vaya y retome el control de las rentas ilícitas en esta región de Antioquia. A esto se le suma la intención del ELN de querer controlar la zona.

"Son tres grupos que están peleando por el control en Caucasia, Cáceres y Tarazá".

La guerra con los Caparrapos, solo este año, ha propiciado el desplazamiento de 2.006 personas hacia Medellín desde Tarazá, Cáceres, Caucasia, Zaragoza, El Bagre y Nechí, según datos de la subsecretaría de Derechos Humanos de la capital antioqueña. Incluso, de las muertes de líderes que se han registrado en los últimos 16 meses en Antioquia, 8 de 25 se dieron en Caucasia, Cáceres y Tarazá, donde se han generado esos desplazamientos.

Según el último censo delictivo de la Fiscalía, Tarazá es el noveno municipio del país con más homicidios en lo que va de  2018, con 47; y Cáceres es el undécimo con 44, en Tarazá, Caucasia y Cáceres han aumentado los homicidios en lo que va del año así: Tarazá en un 327 por ciento; Caucasia en un 193 por ciento; y Cáceres en un 200 por ciento.

Gustavo Duncan, investigador experto en narcotráfico, dice que es difícil identificar una sola causa para explicar por qué la Fuerza Pública ha tenido tantos problemas para someter al Clan del Golfo.

"El asunto no es solo acabar con esta bacrim, sino a tantas organizaciones criminales que monopolizan las rentas de actividades tan variadas como el narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones. Son organizaciones con capacidad de control social, que ayudan a la gente olvidada por el Estado y que son más efectivas para imponer orden en comunidades periféricas y marginales", sostiene el investigador.

Y agrega: "al tiempo administran justicia de manera inmediata y a costos ínfimos donde el Estado es incapaz de resolver las disputas cotidianas. Ante esa realidad, el poder militar de la Fuerza Pública, que es de lejos superior al de las bandas criminales, tiene grandes restricciones para imponerse de manera definitiva".

Con el dinero y el poder armado tienen la capacidad de silenciar con prebendas o con terror a la institucionalidad y a las  comunidades.

En las fronteras, más militares pero sin controlar el territorio

El Ministro reconoció que el problema en el Catatumbo sigue siendo crítico.

Y es que en Norte de Santander, además de la guerra que sostienen el ELN y el EPL en el Catatumbo, hay otro enfrentamiento por el manejo del contrabando y el narcotráfico que está ligado directamente con la frontera del departamento.

En Cúcuta y los municipios del área metropolitana, el Clan del Golfo y Los Rastrojos, así como una serie de bandas más pequeñas entre las que están Águilas Negras, Autodefensas Nortesantandereanas, y el Ejército Paramilitar de Norte de Santander,  y más recientemente el ELN, están peleándose el manejo de las poco más de 200 trochas que se calcula que hay en los 2.219 kilómetros de frontera.

Desde hace dos años la guerra ha ido escalando porque todos los grupos han querido aumentar su control territorial.

Solo en 2017, según cifras oficiales, en el área metropolitana se contabilizaron 242 asesinatos. Además la capital de Norte entró al ranking de las cincuenta ciudades más peligrosas del mundo.

El panorama, por ahora, no ha cambiado. Apenas arrancó el año hubo reportes de tres muertos más, y luego, en febrero, hubo una masacre de otras siete personas.

La gran mayoría de muertes, según le explicaron a La Silla dos fuentes que trabajan en organizaciones defensoras de derechos humanos y una del Ejército, tienen que ver con los enfrentamientos entre todos los grupos que operan en la zona.

“Son los colaboradores de un lado y de otro. La guerra es sin cuartel y el que está mal parqueado se muere”, le contó a La Silla una de esas fuentes.

El manejo de los pasos ilegales hacia Venezuela representa una economía muy rentable. Según cifras de Inteligencia del Ejército un solo galón de gasolina vale $1.700 en el lado venezolano, $2.400 en Colombia en zona de frontera y entre $5.000 y $6.000 puesto en el sur de Cesar.

Eso sin  contar las rentas de todo lo demás que mueven (alimentos que aún quedan en el vecino país, carne, medicinas) y la coca, que es la que negocian al lado venezolano de la frontera con los carteles de los soles y lo que queda del Sinaloa.

“Los campesinos que viven de la venta de coca nos han contado que en el aeropuerto de San Antonio -contiguo a la frontera-, que ya no tiene vuelos comerciales, es usado para mover coca y pasta de coca. Es información no comprobada”, nos contó una fuente que se encarga de hacerle seguimiento a la frontera.

En la frontera el Ejército tiene desplegados 18 pelotones (cada uno con 36 hombres) para vigilar la frontera, además de los hombres que tiene la Policía.

Aunque hace cuatro meses fue en un operativo en Chinácota, Norte de Santander, que cayó alias ‘Inglaterra’, miembro de la cúpula del Clan del Golfo, y constantemente la Policía da positivos sobre el ataque a todos los grupos, en la práctica el fenómeno ha seguido igual.

“Todos los días se trafica, hay contrabando y eso no es un secreto para nadie”, dijo a La Silla un funcionario de la Gobernación que pidió la reserva de su nombre por no estar autorizado a dar declaraciones.

Según esa fuente y otras tres más que conocen detalladamente la complejidad de la frontera, el principal problema es la corrupción tanto de la Guardia Nacional en Venezuela como de la Policía y el Ejército en el lado colombiano.

“Eso es lo que nos está matando. No hay forma de que lo que se haga tenga un impacto a fondo”, dijo a La Silla Wilfredo Cañizares de la Fundación Progresar. “Todo tiene precio en una  frontera cooptada por la criminalidad, si la persona tiene con qué pagar, puede hacer lo que quiera”.

Una alta fuente del Ejército que pidió la reserva de su nombre, nos explicó que era cierta esa percepción y que aunque trataban de controlarla rotando el personal era muy difícil asegurar que ninguno de sus miembros terminara haciendo negocios con ilegales.

Además dijo que es difícil combatir las estructuras porque se mueven de civil en la mayoría de los casos.

“La guerra es invisible porque siempre ha estado y solo se mide en función de homicidios que se le atribuyen a delincuencia urbana, la frontera es porosa y es imposible controlar cada centímetro, y hay una cultura de lo ilegal en toda el área que favorece a los grupos ilegales”, nos contó esa fuente.

En Nariño, más allá de Guacho

Guacho ocupó parte del debate de control político, y tanto el ministro como el general Mejia contaron el nivel de copamiento militar que hay en Nariño.

A la par de la ofensiva militar de casi 10 mil uniformados colombianos y poco más de 4 mil ecuatorianos en la frontera en el sur de Nariño para capturar a Guacho, el líder de la disidencia Óliver Sinisterra, otros grupos armados que buscan el control del territorio dejado por las Farc y la ruta del narcotráfico que desemboca en Tumaco se hicieron más visibles.

El ELN atentó contra el oleoducto trasandino a mediados de abril y la semana pasada, según el Ejército, el frente de guerra Comuneros del Sur derribó una torre de energía que dejó sin luz al Puerto y hubo otro atentando al oleoducto el domingo. (aunque aún no se sabe al autor).

En Samaniego, en el centro de Nariño, donde la semana pasada fueron capturadas seis personas acusadas de presuntos nexos con el ELN (junto a otras 27 de Nariño y Valle), en las que están incluidas cuatro exalcaldes, el Frente Comuneros del Sur ha tenido presencia desde los ochenta. Pero desde que arrancaron los diálogos en Quito en 2016, se han vuelto más fuertes allá, según nos dijo el párroco de Samaniego, Jhon Fredy Bolívar.

“Acá el que no tenga cercanía con esa gente (ELN) no puede vivir en Samaniego porque ellos entran a las casas, exigen cosas, mercados, comida, es parte de la dinámica del conflicto que estamos viviendo. Campesinos, iglesia, funcionarios, todos de alguna manera terminados untados del conflicto porque usted ayuda o ayuda y si se niega se atiende a las consecuencias. Estamos entre la espada y la pared”, le explicó el padre a La Silla.

Una versión similar nos dieron, por aparte, una fuente humanitaria y otra de la Gobernación.

De otro lado, en las últimas semanas circuló un video que muestra a una disidencia que hasta ahora había pasado por debajo del radar, llamada Stiven González.

Según el comandante de la brigada 23 del Ejército, general Óscar Moreno, esta disidencia tiene alrededor de 30 hombres y se mueve por Policarpa, Cumbitara y Magui Payan, al noroccidente del departamento.

Aunque la Policía y el Ejército nos negaron que sea una amenaza mayor y que esta disidencia sea aliada de la de Guacho -que según Villegas tiene solo 100 hombres- en la zona rural de Tumaco no descartan que haya articulación entre ambos grupos para mantener el control territorial.

Tanto Villegas como el general Mejía anunciaron que la semana pasada se había suscrito con Estados Unidos un acuerdo de cooperación a 5 años para combatir el narcotráfico y que habían diseñado con Ecuador una estrategia binacional para enfrentar la violencia en la frontera.

Mejía también reiteró el llamado a que ojalá lleguen a estas zonas “fuerzas de despliegue” pero de carreteras, de apoyo al agro y de educación para que los soldados no sean el único símbolo del Estado en estas regiones. Este último era, precisamente, el objetivo de la paz territorial que por ahora no ha logrado despegar.

Comentarios (7)

José Saramago ..

25 de Abril

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Santos cambio soldados 'troperos' y honestos, por gente en oficinas ...+ ver más

Santos cambio soldados 'troperos' y honestos, por gente en oficinas y que ahora explotan en casos de corrupción mientras doblo el presupuesto en defensa ¿pero para que?.
El ministro de Defensa Luis Carlos Villegas es un pelele de Santos, lo tienen ahí para digan que hay ministro de defensa y para sirva de “costal de papas”. Lo tienen ahí para derrochar recursos a través de las fuerzas militares.

Angel Bravo

25 de Abril

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Muy cierto. Saramago tiene razón.
Villegas, lo que se necesita es ... ¡...+ ver más

Muy cierto. Saramago tiene razón.
Villegas, lo que se necesita es ... ¡MÁS MUERTOS! Ya deje la pendejada de los DD.HH. ¡Mindefensa se apendejó!
Como sea, más muertos, en los caminos, en las veredas, en los titulares de prensa. Jóvenes o viejos, culpables o inocentes, pobres o miserables. Que se caguen del susto y verá cómo se portan bien.
¿Buscan indicadores? Les tengo este KPI: ¡MÁS MUERTOS!

Carlos Mejía Montes

25 de Abril

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En el tema de lso indicdores hay que recordar que cuando a esos grupos se lso ...+ ver más

En el tema de lso indicdores hay que recordar que cuando a esos grupos se lso golpea tan duro, su reacción es el terrorismo que no necesariamente es un tema de mucha gente sino de unos pocos haciendo mucho daño. Los indicadores son importantes, mientras no se premie a la fuerza pública por mejorarlos, son solo un mecanismo de control. Hay que relacionarlos siempre contra el total o el histórico

José Saramago ..

26 de Abril

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La“paz”resulta ser mucho mas jugosa para la CORRUPCIÓN.
Ahora Colomb...+ ver más

La“paz”resulta ser mucho mas jugosa para la CORRUPCIÓN.
Ahora Colombia esta con mucha mas corrupción como nunca antes en su historia, para eso ha servido al tal“paz”.
Santos se va y deja las cuentas desocupadas, todo vendido,con el despilfarro y la burocracia y endeudado al país como nunca antes en su historia.
En la era Santos Las fuerza militares han recibido el doble de plata por hacer NADA.

Angel Bravo

26 de Abril

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Lea despacio para que entienda:
1. Lo que ha permitido la tal paz es que ...+ ver más

Lea despacio para que entienda:
1. Lo que ha permitido la tal paz es que se le vea el feo rostro a la corrupción, sin guerra para encubrirla.
2. Es normal que la corrupción ajena se vea más jugosa y más cochina que la propia y la de los amigos.
3. Que se duplicó el presupuesto de las FF.MM. con Santos es no tener ni idea de lo que habla.
4. "Como nunca antes"... dicen los tontos desmemoriados.

José Saramago ..

26 de Abril

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En la administración de Samper, entre 1995 y 1998, el presupuesto d defensa f...+ ver más

En la administración de Samper, entre 1995 y 1998, el presupuesto d defensa fue cercano a los 15.9 billones. En el gobierno Pastrana, entre 1999 y 2002, se destinaron aproximadamente 29.2 billones de pesos. Entre 2003 y 2010, en el mandato de Uribe, se destinaron cerca de 121.3 billones de pesos (que se veían reflejados en seguridad). En el gobierno Santos 217 billones de pesos ¿en que?:(puestos).

Angel Bravo

26 de Abril

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Le faltó:
Crecimiento con Santos: 4.9% anual. A esa tasa duplica en 15 a...+ ver más

Le faltó:
Crecimiento con Santos: 4.9% anual. A esa tasa duplica en 15 años, no en 8.
70% del ppto es inflexible: nómina y gastos asociados a nómina... asignaciones de retiro del personal militar y pensiones...
¿Adivine quién montó un ejército de 500.000 hombres y puja hacia arriba este ppto en el congreso cada año? La próxima generación seguirá pagando.
¿Cuánto costarían los falsos positivos?

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