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Lunes Noviembre 24, 2014

Lunes, Septiembre 2, 2013 - 09:15

¿Conductores borrachos a la cárcel: sí o no?

Septiembre 4 de 2013

El próximo martes se designarán los ponentes de un proyecto de ley que busca penalizar como delito el manejar embriagado. Con miras a esta discusión que arranca en el Congreso, la Universidad Javeriana y La Silla Vacía organizaron un nuevo debate de la serie "Sí o No: El Poder de los Argumentos" alrededor de la pregunta: ¿Conductores borrachos a la cárcel: sí o no?

Gloria Stella Díaz, representante a la Cámara del MIRA por Bogotá y autora de este proyecto de ley, argumentó que sí lo es. Sus argumentos giraron alrededor de la necesidad de tomar medidas más fuertes que las que se han tomado hasta ahora, debido a la gravedad de lo que pone en riesgo un conductor borracho y a la insuficiencia de las medidas. El ex ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra argumentó que no, puesto que el derecho penal debe ser la última instancia y sólo cuando hay daños reales, no por la posibilidad de crearlos.

Primero tuvieron diez minutos para presentar su posición, luego tres minutos para replicarse mutuamente, y al final respondieron las preguntas de los dos miembros de la Universidad Javeriana, Adriana María Urrea Restrepo, profesora de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, y Nicolás Rivera Sarmiento, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas, y representante estudiantil en el Consejo Directivo de esa universidad.

El debate lo ganó la representante Gloria Stella Díaz. Después de escuchar los argumentos de ambos lados, aumentó en un dos por ciento el porcentaje de asistentes a favor de aplicarle a los conductores borrachos la prisión: al comienzo del debate el 76 por ciento opinaba que sí había que penalizar y al final lo hizo el 78.

Estos fueron los argumentos de los contendores:

LOS QUE HICIERON LAS PREGUNTAS FUERON:

Adriana María Urrea Restrepo

Filósofa y candidata a Doctorado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Profesora en la Maestría de Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional de Colombia y asesora de proyectos culturales y editoriales.

 

Nicolás Rivera Sarmiento

Estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Miembro elegido por los estudiantes para el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y para el Consejo Directivo de la Pontificia Universidad Javeriana.

 
 
SI

Gloria Stella Díaz

Representante a la Cámara de Bogotá por el movimiento Mira

La primera parte de este escrito, se ocupa de plantear los argumentos a favor de esta posición, y en la segunda, de indicar las debilidades de los argumentos en contra de la penalización.

Tanto en la exposición oral, como en este escrito, se procura cumplir con las condiciones esenciales de estos debates, consistentes en “[…] contrastar opiniones diversas, enriquecer las posiciones sobre los temas más fundamentales y llevar a la práctica el respeto por el otro, por más diferente que sea.”

1. Argumentos a favor de la penalización de la conducción en estado de embriaguez.

Cuatro argumentos se formulan a favor de la penalización de la conducción en estado de embriaguez: En primer lugar, que para corregir la conducción en estado de embriaguez ya se han adoptado medidas legislativas de educación, salud pública y de sanción administrativa.

En segundo término, cuando los daños en la sociedad son incontenibles a pesar de las medidas educativas y administrativas de renovación cultural, se debe acudir a complementar con medidas más rígidas, tales como la penalización.

Una tercera razón, consiste en que  la conducción en estado de embriaguez genera un riesgo 

socialmente inadmisible, y para evitar ese comportamiento así como daños a bienes jurídicos individuales pero de interés social, es necesaria la penalización. 

Finalmente, la penalización de la conducción en estado de ebriedad es una oportunidad de transformación punitiva.

1.1. Para corregir la conducción en estado de embriaguez ya se han adoptado medidas legislativas de educación, salud pública y de sanción administrativa.

La seguridad vial se constituyó en un escenario prioritario de renovación cultural en la agenda programática de la Bancada del Movimiento Político MIRA en el Congreso, durante el periodo 2006-2010. Desde entonces, formulamos propuestas para dotar de mayor exigencia las disposiciones legales ya existentes. 

Una de las propuestas que logró sus frutos fue la reforma del Código de Tránsito con el apoyo del Congreso. Se instauró la creación de una categoría especial de infracciones y sanciones en la que se resalta la conducción en estado de alicoramiento.  

En virtud de ese incremento en las sanciones administrativas, hoy en día cuando un conductor es sorprendido conduciendo en estado de embriaguez, se le inmoviliza el vehículo, se le suspende la licencia de conducción, se le impone efectuar un curso sobre seguridad vial con un mínimo de horas que oscila entre cuarenta y ochenta horas y se le impone una multa de 45 días de salario mínimo legal diario vigente ($884.250) si conduce un vehículo particular y de 90 días de salario mínimo mensual vigente si conduce servicio publico ($1'768,500). Con antelación, la multa costaba 30 y 60 días de salario mínimo legal vigente si se incurría en esta conducta.

Así mismo, se elimina la posibilidad de pagar con el descuento del 50%  las multas impuestas por embriaguez.

El curso se dirige a la sensibilización, y a la divulgación de conocimientos y consecuencias de la alcoholemia y drogadicción, y se imparte en centros de rehabilitación debidamente autorizados.  

Adicionalmente, presentamos una iniciativa que finalmente se convirtió en ley, dirigida a incrementar las penas de los delitos de lesiones personales y homicidio, cuando éstos se cometen en estado de embriaguez.

Las medidas administrativas se reforzaron con la ley 1548 de 2012, la cual dispuso la suspensión de la licencia de conducción de quienes conduzcan en primer grado de embriaguez. En la misma disposición se ordenó que si el conductor se niega a la práctica de la prueba,  por este hecho será suspendida su licencia por un periodo de 5 a 10 años y pagará multa equivalente a conducir en estado de embriaguez. Si reincide en la conducción alcohólica por segunda vez su licencia será cancelada.

Conscientes de que las transformaciones culturales tienen su mayor sustento en la educación, la agenda en seguridad vial se complementó con la propuesta y aprobación de una ley que define y obliga a realizar procesos de formación para mejorar el comportamiento vial.  

Por ello en 2011 propusimos la ley “Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones.” En ella se ordena la inclusión de la seguridad vial como contenido obligatorio en la educación preescolar, básica y media. Con el mismo fin, se ordena que el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) determine políticas de bienestar universitario y de prevención vial. Así mismo se ordena la formación, a nivel nacional, de docentes en seguridad vial y  se crea el servicio social en seguridad vial, para estudiantes de educación media.

Con el fin de incorporar al sector empresarial y a las entidades públicas y privadas en los procesos formativos, se dispuso que empleen flotas de transporte para cualquiera de sus fines, bien sea propias o contratadas y que formulen e implementen Planes Estratégicos de Seguridad Vial.

Además, entre otras disposiciones, se ordenó que los establecimientos que devengan más del 40% de sus ingresos del expendio de licores, adopten acciones orientadas al consumo responsable de alcohol, contenidas en un plan estratégico.

La misma ley ordenó: “El Gobierno Nacional, mediante un trabajo coordinado entre el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud y Protección Social, con apoyo del Fondo de Prevención Vial o el organismo que haga sus veces, y otras entidades y organizaciones del sector educativo y civil especialistas en seguridad vial, desarrollarán los programas marco para la implementación de la enseñanza en educación vial de manera sistemática en todos los niveles de la educación formal.” 

En virtud de esa disposición ya están ordenadas por el legislador la creación del Portal de la Seguridad Vial, la expedición por parte de las entidades territoriales de la tarjeta de compromiso personal con la seguridad vial para funcionarios, servidores públicos, peatones o transeúntes pasajeros y conductores en general. Del mismo modo, se ordenó definirlos incentivos para las entidades, organizaciones o empresas que demuestren un compromiso decidido en pro de mejorar los problemas en materia de seguridad vial.

Por otra parte, todas las entidades territoriales están obligadas a elaborar un mapa de siniestralidad vial con el propósito de determinar de manera específica los puntos cruciales en que se requiere la intervención pública y las estrategias para lograr mejorar los índices de siniestralidad vial detectados. Finalmente, también en virtud de la ley, todos los Planes de Desarrollo han de incluir capítulos específicos sobre medidas en pro de la seguridad vial en la respectiva entidad territorial con el correspondiente presupuesto.

Finalmente, el 20 de julio de 2013, presentamos ante el Congreso de la República una iniciativa que busca que se sancione con la pérdida de la propiedad o decomiso definitivo del vehículo que sea empleado en tres oportunidades por conductores embriagados.

Este amplio esfuerzo para transformar la cultura de conducir en estado de embriaguez, pone en evidencia que la penalización no nace como una reacción de primer orden, sino como una decisión obligada, ante la obstinación de miles de colombianos.

1.2. Cuando los daños en la sociedad son incontenibles a pesar de las medidas educativas y administrativas de renovación cultural, se debe acudir a complementar con medidas más rígidas, tales como la penalización.   

La ley debe contribuir a los cambios culturales. Lo hace, por ejemplo en materia de equidad de género y no deja el tema solamente en manos de la educación.  Así, a manera de ilustración, incorpora cuotas de inclusión de las mujeres en las listas a corporaciones públicas o sanciona la desigualdad en la remuneración laboral.

Llegará el momento en que para la sociedad no sea admisible el trato inequitativo entre hombres y mujeres, pero entre tanto se hacen necesarias medidas que imponen el tratamiento equitativo. Desde el legislativo se procura con las iniciativas que hoy son ley y las que están en curso, lograr que se erradique de la cultura de los colombianos conducir en estado de embriaguez.

Para evitar la conducción en estado de ebriedad, existen medidas educativas y administrativas. Sin embargo, la reducción de homicidios y lesiones personales en el periodo de aplicación de las principales reformas (2011-2012), no ha sido tan significativa como debiera.

Así, según datos de la Policía Nacional, el total de  siniestros y lesionados se redujo de un año al otro en un 4.6%, pero el número de muertos se incrementó en un 1.6%.  Del 01 de enero al 31 de Agosto de 2013, comparado con el mismo periodo de 2012, la reducción de siniestros ha sido de un 9%, de lesionados de un 7%, y de muertos de un 6%. Aunque la reducción parece ser más significativa en el último periodo, seguramente por las medidas adoptadas y por la divulgación y censura social a la que los medios de comunicación han contribuido de forma, aún queda mucho por hacer.

De hecho, las cifras de comparendos por conducir en estado de embriaguez, ratifican la necesidad de profundizar las medidas que hagan mínima la conducción bajo efectos del alcohol: 2009: 38.874; 2010: 50.731; 2011: 78.324; 2012: 68.492 (SIMIT – Policía Nacional).  Si bien el total puede variar e incluso incrementarse en razón al mayor rigor de los controles policiales, más de 68 mil conductores en estado de embriaguez por año, confirman la insuficiencia de las medidas educativas y administrativas y la necesidad de la actuación penal.

Los homicidios y lesiones, y los comparendos por conducir en estado de embriaguez, comprueban que ese comportamiento se reitera a pesar de los efectos que puede llegar a tener, por lo cual se hace necesario adoptar medidas sancionatorias de mayor nivel que el administrativo para evitar y corregir su ocurrencia.  

Además la penalización debe concebirse como un fenómeno transitorio, de evaluación periódica cada cinco o diez años, de modo que en la medida que se disminuya la ocurrencia de la conducta de conducir en estado de embriaguez también pueda modificarse su tratamiento sancionatorio.  

Por otra parte, si bien hoy existen sanciones penales para el homicidio y las lesiones personales, que se agravan cuando éstos se comenten en estado de embriaguez, el conducir en esa situación no es penalizado.  Aunque manejar un automotor bajo los efectos del alcohol sí es castigado administrativamente con la imposición de multas y la suspensión del pase, a nivel penal no existe efecto si no se hiere o mata a alguien.

En la iniciativa que proponemos, sí se busca penalizar la conducción en estado de embriaguez, pero las sanciones no son un fin en sí mismo. No se lleva a la cárcel a un ciudadano por llevarlo, sino para salvar su propia vida y la de otros que pueden verse afectados por su comportamiento.

1.3. La conducción en estado de embriaguez genera un riesgo socialmente inadmisible, y para evitar ese comportamiento así como daños a bienes jurídicos individuales pero de interés social, es necesaria la penalización

La conducción en estado de embriaguez lesiona la seguridad pública y concretamente la seguridad vial, pues suscita entre la comunidad un mayor sentimiento de vulnerabilidad y una efectiva amenaza especialmente para su vida y  su integridad personal.  

Adicionalmente, se trata de un acto comprobable por medios técnicos. De allí que la detección y sanción por conducir en estado de embriaguez no proceda frente a supuestos, sino con respecto a actos técnicamente probados.

Esa penalización descalifica la idea de quienes conducen ebrios acerca de su capacidad para evitar la pérdida de su propia vida y de la de otros, ignorando que la desgracia ajena puede volverse propia. De allí que para evitar la complicidad social con un comportamiento inexcusable, que desafía las medidas administrativas y educativas, el paso siguiente es la penalización.

Ante la misma problemática, ya varias naciones han unido la penalización a las demás medidas.

De fondo, la penalización cumpliría con los criterios constitucionales que debe respetar el legislador al hacer uso de su margen de configuración en materia punitiva, señalados en la sentencia C-365 de 2012 de la Corte Constitucional, y que con respecto a este caso se configuran así:

• Cumple el “Principio de necesidad de la intervención penal relacionado a su vez con 

el carácter subsidiario, fragmentario y de ultima ratio del Derecho penal.”  

La necesidad de la penalización de la conducción en estado de embriaguez se configura con la presencia de esos tres principios:

- Subsidiariedad, el cual indica en la mencionada sentencia que “se ha de recurrir primero y siempre a otros controles menos gravosos existentes dentro del sistema estatal antes de utilizar el penal”

En el caso que se penaliza y como ya quedó explicado, se han adoptado las medidas educativas, de control y sanción administrativos y de incremento punitivo para efectos o resultados de la  conducción en estado de embriaguez, tales como el homicidio y las lesiones personales. De este modo, el legislador acudió primero a otros controles menos gravosos.  

- Ultima ratio, según el cual “el Estado sólo puede recurrir a él cuando hayan fallado todos los demás controles” 

A pesar de los controles indicados en el aparte anterior, centenares de conductores desafían permanentemente estas medidas, continúan poniendo en riesgo la seguridad vial y causando homicidios y lesiones.  

- Fragmentariedad, según el cual “el Derecho penal solamente puede aplicarse a los ataques más graves frente a los bienes jurídicos".

La gravedad de la conducción en estado de embriaguez es equivalente y aún mayor que la de delitos como la amenaza o la misma obstrucción de vías, pues en ellos la relación entre el acto y el bien jurídico colectivo e individual es menos estrecha, mientras que en este caso la efectiva lesión del derecho a la seguridad y la inminente afectación de bienes jurídicos individuales como la vida o la integridad personal son de mayor predecibilidad y contundencia. 

• Cumple el “Principio de exclusiva protección de bienes jurídicos de acuerdo con el cual, el Derecho penal está instituido exclusivamente para la protección de bienes jurídicos, es decir, para la protección de valores esenciales de la sociedad” 

Nuestro ordenamiento penal protege la seguridad pública, como bien jurídico.  El capítulo XII del actual Código así lo enuncia y autoriza la persecución penal de conductas de menor e igual gravedad que la conducción en estado de embriaguez. 

Entre la seguridad pública, se encuentra la seguridad vial, que permite realizar el valor y derecho constitucional a circular libremente sin restricciones injustificadas de las que es ejemplo la inseguridad que suscita la conducción en estado de embriaguez por parte de otros ciudadanos.

De este modo, la iniciativa cumple también con la justificación del derecho penal, siempre que se dirija a proteger bienes jurídicos.

• El principio de legalidad también se observa, pues nuestro esfuerzo se orienta justamente a adoptar mediante una ley el delito de conducción en estado de embriaguez. 

Por tratarse de dar efectos penales a ese comportamiento, solamente la ley puede establecerlos y es desde del debate democrático de donde debe surgir la decisión jurídica de penalizar la conducción en estado de embriaguez. 

• El principio de culpabilidad es respetado en esta iniciativa, pues no se persigue a la persona alcohólica o a la persona que conduce, sino a la que lo hace en estado de embriaguez.  Se castigará “al hombre por lo que hace, por su conducta social, y no por lo que es, ni por lo que desea, piensa o siente”. 

Justamente la penalización garantiza la evaluación de la decisión, la conciencia y la voluntad de la persona que conduzca en estado de ebriedad. Del mismo modo, asegura que antes de la imposición de la pena, se evalúe la culpabilidad. 

• También se observan los principios de racionabilidad y proporcionalidad, pues la iniciativa fija una pena de prisión que no supera los seis meses, dando preponderancia al carácter preventivo (evitar que la vida e integridad del conductor y de los demás ciudadanos se ponga en riesgo) y a la proporcionalidad represiva que debe ser especialmente atendida en los delito de peligro (en los que se sanciona el riesgo y lesión colectiva y no un daño individual), pero sin desatender la consecuencia que amerita el exceso de riesgo que genera el conducir en estado de ebriedad. 

Adicionalmente, este rango sancionatorio asegura que la pena pueda ser excarcelable, pero que no pase desapercibida ni inmune en medio de la sociedad, pues deberá ser cumplida bien en el domicilio de la víctima o en las casa cárceles, previos algunos ajustes normativos para este último caso.  

Esa sanción es proporcional y, por ende, respetuosa de la libertad, que legítima y legalmente puede ser restringida cuando se lesiona un bien jurídico, sin desconocer además el debido proceso que en el derecho penal tiene las máximas garantías.

1.4. La penalización de la conducción en estado de ebriedad es una oportunidad de transformación punitiva.

La detención en flagrancia que generaría este delito, puede ser cumplida en las casas cárceles. La pena que se propone, que iría de  prisión de 1 a 6 meses se puede cumplir en establecimiento domiciliario, es decir en cárcel domiciliaria, que podría conjugarse con actividades de trabajo comunitario, estudio o trabajo que permitan la reducción de la pena.  

Lo anterior exige algunos ajustes normativos del Código Penitenciario, la reactivación de las 11 casas cárceles existentes (hoy casi vacías) y el cumplimiento por parte de los Centros Integrales de Atención para Conductores de su obligación de contar con esos establecimientos, tal como ya se prevé en Código de Tránsito, que al garantizarles ingresos a los CIAC, también les impuso deberes.

El incorporar elementos como una prisión alternativa, el trabajo comunitario en relación con la superación social del comportamiento de conducción  en estado de embriaguez y la responsabilidad de los CIAC, muestran la posibilidad de construir un modelo alternativo de penalización, al tiempo que se avanza en la prevención y superación cultural de esa conducta.   

Por otro lado, la ley 1654 de 2013 facultó al Gobierno Nacional por 6 meses para reestructurar la Fiscalía General de la Nación, oportunidad perfecta para fortalecer y preparar a esa institución en lo requerido para crear el delito de la conducción alcohólica (entre otros fines).

Esta finalidad de transformación punitiva, resulta perfectamente compatible con la búsqueda contemporánea de humanidad del derecho penal y con sus propósitos clásicos, que en voz de Cesare Beccaria, en su texto De los delitos y de las penas, equivalen a decir:  

“… la base sobre que el Soberano tiene fundado su derecho para castigar los delitos: sobre la necesidad de defender el depósito de la salud pública de las particulares usurpaciones; y tanto más justas son las penas, cuanto es más sagrada e inviolable la seguridad, y mayor la libertad que el Soberano conserva a sus súbditos. 

[…]

Consideradas simplemente las verdades hasta aquí expuestas, se convence con evidencia  que el fin de las penas no es atormentar y afligir un ente sensible, ni deshacer un delito ya cometido. ¿Se podrá en un cuerpo político, que bien lejos de obrar con pasión, es el tranquilo moderador de las pasiones particulares; se podrá, repito, abrigar esta crueldad inútil, instrumento del furor y del fanatismo o de los flacos tiranos? […] El fin, pues, no es otro que impedir al reo causar nuevos daños a sus ciudadanos, y retraer los demás de la comisión de otros iguales. Luego deberán ser escogidas aquellas penas y aquel método de imponerlas, que guardada la proporción hagan una impresión más eficaz y más durable sobre los ánimos de los hombres, y la menos dolorosa sobre el cuerpo del reo.”

2. Los Argumentos en contra de la penalización en estado de embriaguez parecen válidos, pero no lo son.

La propuesta de imponer cárcel a las personas que conduzcan en estado de ebriedad, ha sido objeto de diferentes descalificaciones.  Las principales críticas se señalan a continuación y para cada una se indica la razón de la invalidez del argumento.

2.1. Propuesta de coyuntura

Se indica que la propuesta surge como una reacción con pretensiones electorales y ante la presión mediática de lograr soluciones.  

Como se indicó, la propuesta de cárcel por conducir en estado de embriaguez no es una iniciativa de temporada, sino que es una más de las medidas que se consideran necesarias, ante la insuficiencia de las decisiones legales de tipo educativo y administrativo que ya se han adoptado.

La formulación de esta propuesta se ha hecho ya en tres ocasiones y no precisamente en épocas electorales, sin que se haya contado con la aprobación de las mayorías en el Congreso.

El carácter estructural de la conducta de conducir ebrio, como un patrón cultural entre un amplio segmento de la población, hace que las medidas en su contra no puedan calificarse como reaccionarias o coyunturales, sino que ameriten una evaluación de fondo.

2.2. Propuesta en contra de la administración de justicia.

Se indica que la propuesta va en contra de la administración de justicia, porque la congestionaría más y porque ignora los recursos que necesitaría para resolver esta penalización.

Al respecto es de señalar que la congestión de la justicia no la exime de su responsabilidad para contribuir a resolver los problemas sociales. Sin duda la justicia debe fortalecerse para garantizar los derechos de la ciudadanía, pero no puede ser absuelta de tal responsabilidad.  

Hacerlo, equivaldría a prescindir de uno de los poderes públicos y, por ende, de una de las bases del Estado Social de Derecho.

La excusa de la incapacidad de la justicia, y el reprochar que a ella lleguen problemas sociales como el conducir en estado de embriaguez, equivale a decir que es mejor no contar con el miembro enfermo, es decir que sería mejor amputarlo, antes que fortalecerlo para que cumpla su labor. Nada más lejano de una concepción democrática y garantista del Estado.  

No se puede esperar a resolver todos los problemas de la justicia para evitar la conducción en estado de ebriedad, ni culpar a ésta de la fragilidad del aparato jurisdiccional. 

Tampoco se puede absolver al Estado de su deuda con la administración de justicia, a costa de negar el acceso de los ciudadanos a las soluciones institucionales.

2.3. Propuesta para hacinar las prisiones

Se dice que la propuesta generaría mayor hacinamiento de las prisiones. 

Este argumento ignora que el ordenamiento penal considera la prisión menor de seis meses entre aquellas que admiten la detención domiciliaria y adicionalmente desconoce que un ajuste del sistema de casas cárceles hoy existente y con recursos para financiarse, es una alternativa con perfecta aplicabilidad para dar cumplimiento a la pena.

Adicionalmente, se desconoce que el fin preventivo del derecho penal no es simbólico, sino real, y que las actividades de estudio, trabajo y trabajo comunitario, en el marco de una prisión corta, contribuirían a construir un modelo alterno de penalización.

2.4. Populismo Punitivo

Se indica que la iniciativa es propia del populismo penal, con el que se cree que todos los males de la sociedad pueden ser superados con la cárcel.

Asume esa postura que la intervención penal tiene fines de venganza solamente, como el sistema de salud que interviene la enfermedad, pero no la previene. Ignora que esa capacidad preventiva bien puede cumplirse desde el momento de expedición de la norma y con la aplicación de la pena, sin que eso sea censurable de por sí, sino propio e inherente al derecho penal. 

En este caso, ese carácter preventivo es mucho más poderoso, por cuanto evita conductas de mayor gravedad y desgaste para el sistema penal, como el homicidio y las lesiones personales, que al liberar el aparato judicial, bien podrá ocuparse más de prevenir que de castigar su ocurrencia, gracias a que se dirige a la causa y no solamente a la consecuencia.  

Los argumentos que se oponen a la penalización equivalen a decir que prefieren que la justicia se ocupe de los homicidios y las lesiones personales causados por personas en estado de embriaguez, antes que atacar la causa, que  es justamente conducir bajo los efectos del licor y otras sustancias psicoactivas.

Posiblemente esta postura obedezca a una reacción que podríamos llamar de populismo antipunitivo, obstinado y desconocedor de las sanciones  que resultan indispensables.

2.5. Propuesta contradictoria a decisiones propias del posconflicto

Se ha indicado que la penalización de la conducción en estado de embriaguez contradice las políticas de priorización de casos, planteadas para la justicia transicional y para la justicia en contextos de paz.

Esa lectura confunde varias cosas.  La primera que la justicia transicional y en contextos de paz, debe venir acompañada con la reconfiguración y el fortalecimiento de la justicia especializada en esos ámbitos, apropiados para atender las conductas que resulten justiciables luego de los acuerdos de paz, pero por causa del conflicto.

En segundo lugar, la justicia del postconflicto no puede equivaler a una renuncia a la justicia en los demás ámbitos de nuestra realidad.  La justicia transicional no puede llevar a una desaparición forzada de la justicia que atiende los demás conflictos sociales ni a su mayor debilitamiento.

Finalmente, una condición de la paz debe ser un reequilibrio de los poderes públicos, que pasa por fortalecer la justicia y por dotarla mejor.  Si la paz renuncia a una justicia mejor, no será real.

NO

Juan Carlos Esguerra

Ex ministro de Justicia y de Defensa

Nuestra oposición al proyecto de ley 16 de 2013 se dirige a que la misma está concebida al margen de una verdadera política criminal y penitenciaria. Una política que además debe ser una política de Estado, la cual ya se ha venido construyendo de acuerdo a las necesidades de nuestra sociedad y que ha partido de la creación del Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, el cual ha reunido diferentes ramas, órganos y disciplinas que deben permitir afrontar la criminalidad de una forma integral e interdisciplinaria.

Al crear nuevos tipos penales o al aumentar las penas para los existentes, debe siempre tenerse en cuenta la integralidad del sistema penal para no sacrificar, como en este caso, conceptos dogmáticos por un afán estrictamente político y además coyuntural. 

La reforma, buscando un fin aparentemente laudable, pretende desnaturalizar las figuras jurídicas del dolo y la culpa, conceptos que han tenido tratamientos jurídicos, doctrinales y jurisprudenciales pacíficos hasta recientes desvíos jurisprudenciales por lo demás altamente criticables, en los cuales se han distorsionado figuras jurídicas con fines políticos.

Como en esas decisiones, esta reforma adolece de un grave indicio de estarse impulsando al calor de un momento, y no con la frialdad de la razón que debe sustentar toda reforma legal.

El legislador no puede dejarse llevar por hechos que conmueven a la opinión pública, la cual es sumamente reactiva y apasionada, y que son altamente difundidos por los medios de comunicación.

Son hechos sumamente graves pero que no pueden utilizarse como carta de batalla para una reforma penal que pareciera más intencionada a congraciarse con el público emocionalmente ofendido por los hechos, que como parte de una política criminal de estado, estructurada e integral. 

Desde los albores del Derecho Penal clásico, fue objeto de la ciencia jurídica el indagar sobre la eficacia de reformas que buscaban aumentar las penas con el objetivo de disminuir la criminalidad, para lo cual autores de la talla y reconocimiento de Beccaria han concluido que no es la crueldad de los castigos sino la certeza del mismo lo que crea el elemento disuasivo en el individuo.

Dichas tesis se han corroborado hoy con plurales investigaciones, en especial en los EE.UU, donde se advierte que mayor pena no comporta menor riminalidad y sin embargo sí influye el grado en que las penas se hacen cumplir.

No es elevando las penas sino aplicándolas efectivamente como se logra disminuir los índices de criminalidad.

 
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¿Es Petro un buen alcalde?

Contendores: Guillermo Asprilla y Carlos Fernando Galán

Encuestas: 
Si
94% (369 votos)
No
6% (23 votos)
Total de votos: 392
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Mié, 2013-09-11 08:53

carcel a conductores borrachos: si, siempre y cuando se le aplique a todos los estratos. No, si solo se va a quedar en el papel como siempre y se la van a imponer al mas demalas. asi las cosas para que.
Nuestros congresistas son muy artistas y hacen las cosas de manera que si ellos o la clase alta se ve envuelta en estos casos, como el del joven salamanca, se resuelva con "platica" y ya. Porque somos un pais de pobres, en donde la vida tiene precio ,conforme quiera pagar y hasta donde le alcance al oligarca, quien sea.

Mié, 2013-09-04 17:55

Muy buen debate gano el Si,como lo dijo la Representante Gloria Stella Díaz, ya todo se hizo en materia administrativa y sancionatoria, conductores ebrios a la cárcel, como ocurre en España y Francia no más permisividad con estas reprochables conductas.

Mié, 2013-09-04 13:15

No hay interés Político, por que como todos sabemos a muchos de los que legislan, y a sus familiares y amigos, les encanta la mezcla perversa del alcohol con la gasolina. ¡ POR FAVOR COMO VA A CONVENIR !

Mié, 2013-09-04 13:07

Abogado

Mar, 2013-09-03 07:30

Didundi, JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO renunció a la cartera de Justicia, precisamente por el fracaso de la reforma a la Justicia tramitada en los inicios de la Administración SANTOS. No sé si recuerdes que él también fue Ministro de Defensa durante el gobierno de SAMPER. En ese lapso, las FARC atacaron la base de Las Delicias en la que murieron un apreciable número de soldados y retuvieron o secuestraron otros que más adelante su liberación se negoció con este Gobierno. Elló indignó sobremanera al General del Ejército, HAROLD BEDOYA PIZARRO.

Mar, 2013-09-03 20:28

Gracias chicos valió la pena la pregunta, pero hagamos una aclaración aprovechando la payasada de coyuntura ministerial, el caso de Esguerra es igualito a la "renuncia" obligatoria del Min-agro, que deben estar redactando, eso si, sin dejar de recalcar el agradeciendo por su TALANTE y el sacrificio por el País .

Estas despedidas se parecen a los noticieros cuando y trasmiten alguito de otro país y nunca dejan de recalcar frases tan comunes como}: gracias el esfuerzo tremendo de..., a su personal técnico y humano aquí y allá, como si en pleno siglo 21, la era de las comunicaciones pichar un botón para dar paso a una imagen fuera mucha cosa, acaso para ello no es que los contratan?.

Lun, 2013-09-02 14:50

Alguien me puede recordar, por qué fue que este señor salió del ministerio?.

Yo no se de cárceles, pero si creo que conducir borracho debe ser un delito con castigo ejemplarizante. Para todos es conocido que se asume un riesgo muy alto de hacer daño,.. si es al borracho, ..vaya, el se lo buscó, pero por qué alguien que no está en la rumbata debe asumir los "costos"?.

Mar, 2013-09-03 14:52

A Esguerra le tocó pagar los platos rotos del pobre manejo que le dio Santos al tema de la reforma a la justicia.

Mar, 2013-09-03 20:11

Uy pana gracias,

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