Por Juan Esteban Lewin · 26 de Febrero de 2018

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Después de que el fiscal de la Jep, Giovanni Álvarez, escandalizara a sus colegas de la Jurisdicción Especial de Paz diciendo a El Espectador que la Unidad a su cargo podría investigar de oficio los delitos atroces, el jueves pasado llegaron a un acuerdo interno para evitar que esto suceda en el futuro y ‘descuaderne’ esta nueva justicia. El problema es que en el fondo dependerá de que este polémico funcionario decida respetar el ‘pacto de caballeros’ que hicieron.

Álvarez, un abogado con largo recorrido en la Fiscalía, especialmente en temas de conflicto, tendrá en sus manos un trabajo clave: acusar a los máximos responsables de los delitos más graves cometidos en el marco del conflicto.

Llegó a su cargo en medio de fricciones. La Silla supo de una fuente directa que Juan Manuel Santos le pidió a los cinco miembros independientes del Comité de Selección no designarlo yque éstos tuvieron dudas pero finalmente lo hicieron porque era la mejor de las pocas hojas de vida que recibirieron, y luego apareció la denuncia de un ex paramilitar en su contra que demoró su posesión en la JEP).

Luego, a pesar de que según un magistrado empezó a trabajar en un buen ambiente generalizado, dio la entrevista que creó un problema interno grande.

¿Quién manda a quién?

En principio, la idea de la JEP es que los casos que se juzguen sean los que define la Sala de Reconocimiento, donde cinco magistrados reciben información de la Fiscalía, de ONG de derechos humanos y de otras fuentes sobre los delitos más graves, llaman a las personas individuales que participaron en ellos a que declaren si reconocen su responsabilidad o no (de ahí su nombre) y, cuando no, los acusan ante el Tribunal de Paz.

Labores similares, para casos concretos, cumplen la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la de Amnistía.

Es decir, la Unidad de Investigación y Acusación, que maneja Álvarez, no funciona como la Fiscalía General, que recibe todo tipo de denuncias de ciudadanos y las debe sacar adelante, sino que se alimenta de los casos ya filtrados por las tres Salas. Y por eso no puede abrir investigaciones por denuncias ciudadanas ni porque se enteró de que existieron delitos, por lo menos en principio.

En esa medida, Álvarez tendría menos poder en la JEP del que tiene el Fsical General en la justicia ordinaria, pues define qué casos adelantar.

Sin embargo, Álvarez le dijo algo diferente a El Espectador hace un mes: “En caso de que los procesos ya estén bien documentados, las Salas de la JEP serán las encargadas de decidir sobre esas investigaciones. Sin embargo, ante la falta de información en un proceso, que los excombatientes no acepten su responsabilidad o que los magistrados consideren que aún falta verdad en alguna de las declaraciones, será la Unidad de Investigación y Acusación la que enriquezca esos procesos. Luego de ese trabajo, los fiscales de la JEP escogerían entre dos caminos: devolver los expedientes a las Salas de Justicia o acusar ante el Tribunal para la Paz a quienes no dijeron toda la verdad o no asumieron su responsabilidad”.

En palabras del periódico, “El fiscal de la JEP indicó también que la Unidad podrá abrir casos por dos vías: por orden de los magistrados o de oficio”, algo que, según le contaron a La Silla Vacía seis fuentes de la JEP, que hablaron todas bajo la condición de anonimato para no enrarecer el ambiente interno, prendió las alarmas.

A un problema, una solución

Para varias personas conocedoras de la JEP, que el director de la unidad investigue de oficio dañaría todo el sistema.

“Eso lo desvertebraría” dice una de las personas que participó en la configuración del sistema. “Si la UIA pudiera investigar libremente lo que quisiera, la JEP dejaría de concentrarse en los casos más graves y representativos, con lo cual las probabilidades de hacer colapsar el sistema serían muy altas”, dice otra.

"En efecto él quiere iniciar acciones de oficio, para lo cual necesitaría una nómina grande en todo el país. Pero el (curioso) diseño de la JEP es incompatible con eso", resume otra fuente que conoce la JEP desde adentro.

Álvarez dio su entrevista con la JEP empezando a funcionar con la mayoría de sus magistrados nombrados (el 15 de enero se posesionaron 30 de 38, y desde el año pasado está trabajando la presidente, Patricia Linares), que reaccionaron a la entrevista.

Aprovechando que están concentrados en sacar adelante las normas quen faltan para que esa justicia funcione (un Código de Procedimiento que debe pasar por el Congreso y un reglamento interno), hace algunos días hubo una reunión entre Álvarez, Linares, y varios magistrados más.

De ella, según tres fuentes, salió humo blanco: todos estuvieron de acuerdo con aclarar el punto en el texto del reglamento y el Código para aclarar que la unidad que maneja Álvarez no puede investigar de forma descoordinada con el sistema. Incluso, según una de las fuentes, el director explicó que El Espectador había malinterpretado sus palabras.

La Silla Vacía buscó a Álvarez para conocer su versión pero hasta el momento de publicar esta nota no había respondido.

En la reunión se modificó la redacción de los borradores de Código y reglamento, y de ellos “desapareció la expresión “investigar de oficio” ”, le explicó a La Silla un magistrado. “Hay un acuerdo muy claro con Tribunal y Sala”, dice otro. “Eso se saldó en una reunión reciente”.

Por eso, para el primer magistrado, en ella “se logró superar la dificultad.” El segundo dice que “El único momento de estrés fue por la entrevista de El Espectador”, dijo. “Pero ya está muy acordado todo y estamos funcionando de manera muy concertada”.

Pero siguen las dudas

Sin embargo, el acuerdo no necesariamente cierra del todo la puerta al problema.

No lo hace, primero, porque no dice explícitamente que el director de la unidad de Investigación no pueda iniciar procesos de oficio. “Lo que hubo fue un pacto de caballeros”, dice otros de los magistrados consultados. “Se establecieron acuerdos de interpretación, y trabajar en una misma línea”, dice uno más.

Es decir, fueron acuerdos de palabra que no cierran la puerta a que con el paso del tiempo (la Unidad tiene una vigencia de 10 años) llegue otro director y decida algo diferente.

Sobre todo por el segundo motivo que deja abierta la puerta: una frase del Acuerdo de La Habana que parece indicar que sí puede investigar de oficio.

“El plazo para la conclusión de las funciones de la Jurisdicción Especial para la Paz consistentes en la presentación de acusaciones por la Unidad de Investigación y Acusación, de oficio o como consecuencia de los informes que tratan los literales b) y c) del numeral 48, será de 10 años”, dice el punto 5.12. I 9 del texto del Acuerdo (negritas fuera del texto).

Eso podría interpretarse como un aval para que la Unidad sí pueda hacer investigaciones y presentar acusaciones de oficio, es decir, sin que las Salas hayan definido antes qué hechos son los más graves, y sin que las personas hayan tenido la oportunidad de reconocer sus responsabilidad y comprometerse a cooperar con la JEP.

Esa posibilidad parece remota, porque en el Acto Legislativo que aplica esa parte del Acuerdo y en el proyecto de ley estatutaria que la regula y que está en proceso en la Corte Constitucional, no dicen que esa sea una función de la Unidad.

De hecho el mismo Acuerdo, cuando define las funciones de la Unidad, no reitera que pueda hacer investigaciones de oficio.

“Investigar, y de existir mérito para ello, acusar ante el Tribunal para la Paz a las personas cuyos casos le hayan sido remitidos por la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, por la Sala de definición de situaciones jurídicas o por la sección de revisión del Tribunal para la Paz”, dice el punto 5.1.2.I.51.a del Acuerdo.

Sin embargo, el Acto Legislativo y el proyectode ley estatutaria retoman la frase del Acuerdo que habla de investigaciones de oficio al referirse a la duración de la JEP.

Además, como el Acuerdo es parámetro de interpretación constitucional para todas las normas de la JEP, la frase del Acuerdo puede deshacer el acuerdo de caballeros si el Fiscal decidiera hacerlo.

Y el tercer motivo es que no es fácil prever qué ocurrirá con el Código de Procedimiento en un Congreso que va de salida, especialmente si las elecciones le dan más curules a los actuales enemigos del Acuerdo, como el Centro Democrático y Cambio Radical, y un candidato de alguno de ellos gana la Presidencia.

Por todo eso, el remedio puede resultar siendo insuficiente, más porque en otra entrevista previa a El Tiempo, Álvarez ya había dicho que va a priorizar tres áreas, pero no peude hacerlo a menos de que le lleguen casos de ese tipo desde las Salas.

Mientras tanto, Álvarez arranca su trabajo. Hace dos semanas la JEP nombró los primeros 5 fiscales de los 18 que tendrá, y están publicadas las hojas de vida de otros tres para que se sumen al equipo en los próximos días.

Comentarios (17)

Martin Eduardo Botero

26 de Febrero

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En los países en los que existe un alto grado de desconfianza pública tanto en los políticos como en los funcionarios de alto nivel, los códigos de conducta, la declaración de intereses económicos y la declaración de bienes y rentas, incluidos los conflictos de intereses son necesarios en ese Estado.La adopción de criterios estrictos de integridad y transparencia se deberá aplicar a los

En los países en los que existe un alto grado de desconfianza pública tanto en los políticos como en los funcionarios de alto nivel, los códigos de conducta, la declaración de intereses económicos y la declaración de bienes y rentas, incluidos los conflictos de intereses son necesarios en ese Estado.La adopción de criterios estrictos de integridad y transparencia se deberá aplicar a los

Martin Eduardo Botero

26 de Febrero

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órganos creados en virtud de la JEP: registros de intereses, normas claras, procedimientos formales, cuantía de los recursos presupuestarios y mecanismos rigurosos de control del cumplimiento. Este último aspecto requiere una intervención activa de comités de vigilancia y la ciudadanía.De esta manera se favorecerá un proceso de reflexión continuo sobre los valores en materia de ética

órganos creados en virtud de la JEP: registros de intereses, normas claras, procedimientos formales, cuantía de los recursos presupuestarios y mecanismos rigurosos de control del cumplimiento. Este último aspecto requiere una intervención activa de comités de vigilancia y la ciudadanía.De esta manera se favorecerá un proceso de reflexión continuo sobre los valores en materia de ética

Martin Eduardo Botero

26 de Febrero

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y de prevención de los conflictos de intereses de dichos funcionarios. Es hora de reconocer que la ética no es únicamente una cuestión normativa, sino un aspecto práctico de la vida cotidiana. Existirá conflicto de intereses cuando un miembro de la JEP tenga un interés personal que pueda influir de manera inadecuada en el cumplimiento de sus deberes. Felicitaciones por el informe.

y de prevención de los conflictos de intereses de dichos funcionarios. Es hora de reconocer que la ética no es únicamente una cuestión normativa, sino un aspecto práctico de la vida cotidiana. Existirá conflicto de intereses cuando un miembro de la JEP tenga un interés personal que pueda influir de manera inadecuada en el cumplimiento de sus deberes. Felicitaciones por el informe.

Juan Ospina

26 de Febrero

95 Seguidores

Estimados amigos de La Silla. La posibilidad de investigar de oficio por parte de la UIA si tiene fundamento y es de rango constitucional. El inciso segundo del artículo transitorio 15 del acto legislativo 1 de 2017 (que crea la JEP) dice lo siguiente:

Estimados amigos de La Silla. La posibilidad de investigar de oficio por parte de la UIA si tiene fundamento y es de rango constitucional. El inciso segundo del artículo transitorio 15 del acto legislativo 1 de 2017 (que crea la JEP) dice lo siguiente:

Juan Ospina

26 de Febrero

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"El plazo para la conclusión de las funciones de la JEP consistentes en la presentación de acusaciones por la Unidad de Investigación y Acusación, de oficio o como consecuencia de las resoluciones de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad o de Determinación de los hechos y las conductas, será de 10 años (…)".

"El plazo para la conclusión de las funciones de la JEP consistentes en la presentación de acusaciones por la Unidad de Investigación y Acusación, de oficio o como consecuencia de las resoluciones de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad o de Determinación de los hechos y las conductas, será de 10 años (…)".

Juan Ospina

26 de Febrero

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De acuerdo con dicha disposición la UIA si puede investigar de oficio. Ese no es un problema de interpretación. Lo que sí es un problema es determinar como debe cumplirse este mandato constitucional, que es concordante con el Acuerdo Final, sin afectar la lógica asignada a la JEP.

De acuerdo con dicha disposición la UIA si puede investigar de oficio. Ese no es un problema de interpretación. Lo que sí es un problema es determinar como debe cumplirse este mandato constitucional, que es concordante con el Acuerdo Final, sin afectar la lógica asignada a la JEP.

Juan Esteban Lewin

26 de Febrero

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Juan: muchas gracias, ya reescribo. De hecho en eso el AL retoma la misma lóg...+ ver más

Juan: muchas gracias, ya reescribo. De hecho en eso el AL retoma la misma lógica del Acuerdo. Ahora, es curioso que aparezca ahí en los dos casos, y nunca en las funciones de la UIA. En esa medida creo que sí se requiere una interpretación constitucional. Saludos.

Elizabeth Prado

26 de Febrero

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En los periodicos que conozco cuansdo se hacen correcciones, se deja una peque...+ ver más

En los periodicos que conozco cuansdo se hacen correcciones, se deja una pequeña nota aclarando exactamente lo que se corrigió respecto a la primera versión publicada. Pienso que el comentario de Juan Ospina cambia totalmente la narrativa inicial de su artículo, porque el fiscal pasa de polémico funcionario a tener justificación constitucional para sus declaraciones.

DIDUNDI

26 de Febrero

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Pues no propiamente 'dra' Prado, el aporte d Juan es valioso pero no...+ ver más

Pues no propiamente 'dra' Prado, el aporte d Juan es valioso pero no hace cambiar la narrativa cuando es en un país como Colombia donde a la constitución se le tuerce el cuello c/vez q el verdadero poder lo requiere. Difícil es saber si el susodicho fiscal actúa x convicción y apego constitucional o x encargo.

Las dudas pasarían a ser d orden-voluntad personal

Elizabeth Prado

26 de Febrero

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Las motivaciones del fiscal son irrelevantes ante el texto de la CP que dice q...+ ver más

Las motivaciones del fiscal son irrelevantes ante el texto de la CP que dice que se podrá investigar de oficio. Lo grave es que se pacte que no lo hará. Aunque esta competencia tiene un grado de discrecionalidad, un delito atroz no confesado o una inconsistencia debe investigarse.  Sinó, mejor que nombren a un notario. 

José Saramago ..

26 de Febrero

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- “..los magistrados de la JEP pueden ordenar la interceptación de comunica...+ ver más

- “..los magistrados de la JEP pueden ordenar la interceptación de comunicaciones y quien le hace control de legalidad es otro magistrado de la JEP..” - Giovanni Álvarez Santoyo quedará investido con poderes omnímodos. Podrá, sin control alguno, ordenar allanamientos, interceptaciones telefónicas, embargos, incautaciones y detenciones preventivas. Un “SuperFiscal” de izquierda persecutor.

AlvaroH

26 de Febrero

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Mejor que no se intercepte nada, para que no puedan escuchar esos hijueputas (...+ ver más

Mejor que no se intercepte nada, para que no puedan escuchar esos hijueputas (cito a un expresidente, no son mis palabras).

José Saramago ..

26 de Febrero

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¿pacto de caballeros?:Giovanni Álvarez no tendrá contrapesos y sus actuacio...+ ver más

¿pacto de caballeros?:Giovanni Álvarez no tendrá contrapesos y sus actuaciones gozarán de blindaje jurídico. Mientras la JEP entra de lleno a darle impunidad a las FARC y a perseguir Uribe (como parte de las acuerdos), la Corte Suprema persigue a Uribe EN PLENA CAMPAÑA ELECTORAL y la Sevista Semana y sus amigos(de los Lopez y los Santos) presionan para que se llamen a Uribe a indagatoria.

AlvaroH

26 de Febrero

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Otro con ese invento. A Uribe lo tienen denunciado desde hace años, otra cosa...+ ver más

Otro con ese invento. A Uribe lo tienen denunciado desde hace años, otra cosa es que las investigaciones no avancen por su poder. No se necesita la JEP, si desde ahora uds están diciendo que no les sirve la justicia ordinaria. ¿Será Uribe un ángel a quien no se le puede cuestionar y por lo tanto debe tener impunidad absoluta? No.

DIDUNDI

26 de Febrero

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Obvio q en el aspecto jurídico neto no puedo intervenir, pero dejar esto...+ ver más

Obvio q en el aspecto jurídico neto no puedo intervenir, pero dejar esto al tal '' pacto de caballeros'', es automáticamente dejarlo a la voluntad dl buen o mal sueño q haya tenido el fiscal d turno=conveniencias políticas

No hay forma d blindar esto antes q se vuelva otra bomba d tiempo?

Se les pasó este detalle x alto?.

José Saramago ..

27 de Febrero

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Ya es mucha “jodedera” con Uribe, en mes y medio los ataques contra Uribe ...+ ver más

Ya es mucha “jodedera” con Uribe, en mes y medio los ataques contra Uribe no lo han dejado respirar: la carta de Juanita defendiendo al indefendible Samper, lo del “ÉL”, lo del Helicóptero, lo del “Aro”, ahora la Corte Suprema y su guerra sucia contra Uribe para debilitarlo electoralmente, la Revista Semana y sus amigos, tampoco.¿que no es persecución política?:por supuesto que si lo es..

Edwin Arnold Moreno Castiblanco

27 de Febrero

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Realmente el Fiscal no debe iniciar ninguna investigación de oficio, eso aten...+ ver más

Realmente el Fiscal no debe iniciar ninguna investigación de oficio, eso atentaría contra la armonía del SIVJRNR, porque no se le daría prevalencia a la Verdad.

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