La creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia y No Repetición, y particularmente la de su componente de justicia, como desarrollo de los Acuerdos de Paz celebrados en la Habana entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, ha generado mucha controversia en nuestro país; algunas voces críticas señalan que, existiendo una jurisdicción penal ordinaria, era innecesaria la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz; censuran la concesión de amnistías e indultos en el marco de la misma, y criticn que los crímenes cometidos durante en conflicto armado sean sancionados con penas más leves que las previstas en la legislación ordinaria para estos delitos. Interrogantes como estos tienen que ver con antiguas discusiones sobre la naturaleza y función tanto del derecho penal como del sistema de sanciones que lo caracteriza y, en tiempos más recientes, con el surgimiento y desarrollo de la llamada Justicia Transicional.

Las distintas reformas en el ordenamiento procesal, y, en particular, la ley 1564 de 2012 demarcan una nueva exigencia del modelo de juzgador que la realidad ofrece en la actualidad; sin duda es un problema empírico que debe ser abordado con el fin de las instituciones creadas con la operatividad esperada. El funcionamiento de la oralidad impone la necesidad de condiciones de efectivización para que la tutela jurídica efectiva logre sus cometidos a través de la institución procesal, tema que por demás resulta actual, de importancia manifiesta y de interés conceptual y pragmático.
Esta obra es un acercamiento al sistema actual de la oralidad en el marco del Código General del Proceso, particularmente estudia las competencias y atribuciones conferidas al operador judicial, el nuevo rol de los sujetos procesales frente al proceso oral, la concepción de la prueba, el desarrollo de la oralidad en las áreas laboral, penal, administrativa.

En esta páginas se encuentra una radiografía que es, al mismo tiempo, un inventario sobre es estado de la asociatividad territorial en Colombia, de sus potencialidades y desafíos, así como algunas lecciones aprendidas que ha arrojado una experiencia paradigmática en Colombia: la conformación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. El lector encontrará aquí un abordaje de todos estos asuntos que son el ámbito de lo metropolitano, los cuales contribuyen a esclarecer el panorama sobre qué hacen las áreas metropolitanas, para qué y por qué lo hacen y, especialmente, para quiénes lo hacen. Estos últimos no son otros que sus habitantes y usuarios,  quienes ven realizado a través de las áreas metropolitanas, su derecho a la actualidad,  sin cuyo goce efectivo difícilmente pueden garantizarse múltiples derechos, tanto individuales como colectivos. 

Del carácter social de la ética podría obtenerse una conclusión: donde no hay por lo menos dos personas no existen —ni pueden existir— problemas morales. A esta conclusión parecen llegar algunos filósofos con los cuales el autor del presente artículo se confronta. ¿Si se asume que con Kant cada persona tiene dignidad, pero nunca precio, no habría que aceptar, también con él, que cada uno debe respetarse a sí mismo como si se tratara de otra persona? Desde la perspectiva de la filosofía de Kant se examina aquí la posibilidad de los deberes morales del hombre para consigo mismo.

Este trabajo pretende aportar elementos filosóficos para precisar y dar contenido a dos conceptos que aparecen como alternativa a los problemas de violencia que sufre una sociedad como la colombiana: sociedad civil y ética ciudadana. La tesis central del autor es que la ética de la sociedad civil debe estar orientada por criterios de universalización, ubicándose así en una tradición que se remonta desde el idealismo alemán a la filosofía alemana contempóranea. Desde esta perspectiva, negar la universalización de la ética implica negar la ética de la sociedad civil. Para desarrollar esta tesis, el autor hace un recorrido por las teorías psicológico-evolutivas de Kohlberg y Piaget y la ética discursiva de K-0 Apel y las confronta con las propuestas por Foucault y Lyotard. Finalmente, señala la importancia de la relación que ha de existir entre la ética de la sociedad civil y la religión.

Las políticas públicas para la infancia en Colombia han tenido un importante avance en este siglo a partir de la promulgación del Código de Infancia y Adolescencia en el año 2006. Con el fin de promover la participación de los niños, niñas y adolescentes (en adelante, NNA) en las decisiones que afectan sus vidas, el Estado ha desarrollado diversas herramientas para la definición de las políticas que deben plantearse en los ámbitos municipal y departamental. No obstante, la participación de los NNA en las decisiones referidas a su hábitat aún no logra transformar algunos factores que limitan el disfrute pleno de sus derechos, especialmente para quienes viven en asentamientos urbanos de origen informal. En este artículo se presentan las reflexiones finales de un estudio exploratorio sobre la incidencia de las condiciones del hábitat en el disfrute pleno de los derechos de los NNA que habitan en asentamientos de origen informal en Bogotá. En este sentido, se hace énfasis en tres condiciones del hábitat que se postulan como factores con un alto impacto negativo: el hacinamiento en la vivienda, la segregación urbana y la estigmatización, todas en relación con las políticas públicas que deberían abordarlas