Minería

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Cristina Echavarría en la

Respuesta al Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia

Esta iniciativa de GDIAM ofrece un espacio público importante para visionar una minería que realmente contribuya al desarrollo sostenible y equitativo de los colombianos. Es un acierto la inclusión de representantes de los grupos étnicos, y de personas de reconocida trayectoria.  Es un gran vacío la ausencia de representantes y especialistas de la MAPE en el GDIAM, y eso se nota.

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Federico Taborda en la

Logros de los mineros como fuegos fatuos fueron

Una oficina pública más en el Chocó, no es “una oficina púbica más”, es la presencia del siempre ausente Estado que ha arrinconado esta región a su suerte y la que sólo cuenta para las postales de mineras que meten el cuerpo hasta la mitad al agua y la otra la exponen al calcinante sol. 

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Mª Carolina Parra Cartagena en la

Propuesta de un mapa social minero

Un elemento que ha contribuido significativamente al surgimiento de conflictos entre minería y comunidades étnicas es la inexistencia de información definitiva y oficial sobre la superposición entre solicitudes mineras y títulos mineros otorgados en territorios de resguardos indígenas constituidos  y territorios titulados colectivamente a comunidades afrodescendientes. Al respecto, el GDIAM considera prioritario que el país disponga de un mapa social minero.

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Mª Carolina Parra Cartagena en la

Propuesta de reglamentación de la consulta previa

El GDIAM ve con preocupación como en ocasiones se interpreta la consulta previa como un obstáculo para el desarrollo; o, inversamente, se le utiliza como un espacio que facilita negocios ilegítimos. Por ello, enfatiza en la importancia de que haya un entendimiento colectivo común sobre el carácter de derecho que tiene la consulta.

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Mª Carolina Parra Cartagena en la

Establecimiento de un claro ordenamiento territorial

El GDIAM hace un llamado al Gobierno Nacional acerca de la necesidad de contar con un plan nacional de ordenamiento territorial del suelo, el subsuelo y el vuelo forestal que siente las bases para un ordenamiento minero. El ejercicio incoherente de sus competencias ha generado un caótico y extenso volumen de normas contradictorias entre sí, lo que ha llevado a un grave incumplimiento de gran parte de estas. Igualmente, la falta de información, coordinación y claridad institucional por parte del Estado, especialmente en materia de ordenamiento del territorio, ha contribuido significativamente al surgimiento de conflictos entre minería y comunidades étnicas.  El GDIAM considera prioritario que el Estado se pronuncie claramente sobre en qué zonas no se puede desarrollar actividad minera alguna. El ordenamiento territorial minero debe tener en cuenta que sólo puede haber minería en donde hay recursos naturales, por lo que se requiere un balance equitativo y técnico entre los costos y beneficios generados por la actividad minera y los que se producen al limitar o prohibir la minería.

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