Minería

272 resultados

Más petróleo + más carbón = Más votantes

Esta semana el registrador Carlos Ariel Sánchez alertó sobre el excepcional incremento en el número de inscripción de cédulas en 67 municipios del país. La Silla Vacía identificó 17 poblaciones más donde el número de personas inscritas sobrepasa los históricos de las elecciones locales y que además coinciden con zonas de explotación de hidrocarburos.

La mayor sorpresa está en el departamento del Putumayo que tiene el mayor número de personas inscritas durante los casi dos meses que lleva el proceso. Hasta ayer se habían inscrito 6.085 ciudadanos. El municipio donde más inscripciones se han registrado es Villagarzón, (ver mapa) que tiene 1.084 nuevas inscripciones, el equivalente al 90 por ciento de las inscripciones de hace cuatro años. Se han inscrito más personas que en la capital Mocoa, Puerto Asís y Orito que son los municipios más grandes. La explicación es que a esa población llegó hace un año la compañía canadiense Gran Tierra a explotar petróleo y, aunque muchos de los trabajadores de la multinacional no viven en Villagarzón más que unos diez meses mientras les dura el contrato, aparentemente se están inscribiendo allí.

En el Meta también se presenta una situación atípica: es el departamento con el mayor número de municipios donde está disparado el número de inscripciones. Allí también hay producción petrolera y hay caseríos que tenían cien habitantes antes de la llegada de las petroleras y hoy tienen mil.

El caso más diciente es el de Puerto Gaitán (ver mapa) donde ya se inscribió el 22,67% del total del censo electoral; son 2.784 ciudadanos, una cifra representativa si se tiene en cuenta que en las elecciones de alcalde de 2007 sólo 1.266 votos separaron al ganador del segundo candidato.

En ese municipio, y en los otros denunciados, el Consejo Nacional Electoral tendrá que investigar si se está dando el fenómeno de trashumancia electoral. Es decir, que la gente se está inscribiendo en poblaciones diferentes a las que vive.

Lo que más sorprende de las cifras es que aún faltan cinco semanas para que concluya el período de inscripción de cédulas que comenzó el 23 de febrero y las previsiones indican que podrían triplicarse pues históricamente en las dos últimas semanas ocurren la mayoría de inscripciones.

En los municipios petroleros, fuera de que han llegado más personas a trabajar en las exploraciones o explotaciones de hidrocarburos, también está la versión de que algunas de estas compañías son las que están impulsando a sus trabajadores a inscribirse en los puestos de votación de los municipios donde operan. A estas empresas les conviene que los alcaldes elegidos sean sus amigos y con frecuencia invierten sumas considerables en las campañas electorales.

Muchos de los temas relacionados con la exploración o explotación de hidrocarburos pasan por las administraciones locales: los permisos de planeación municipal, las quejas de los ciudadanos por contaminación, el impuesto predial, el Plan de Desarrollo Local y la inversión de las regalías que pagan, que son el motor económico del municipio.

Pase el mouse por los municipios señalados para saber cuál es la cifra de inscripción de cédulas, la relación con las elecciones de 2007 y la influencia petrolera. 

Imagen mapa: 
Imagen portada: 
Hilos temáticos: 

Gobierno decidirá esta tarde cómo se reformarán las CAR

La Silla Vacía conoció el proyecto de decreto que presentará el gobierno hoy a su Consejo de Ministros para reformar las Corporaciones Autónomas Regionales. Es una reforma radical, que de ser avalada por la Corte Constitucional, tendrá un impacto gigante sobre las elecciones locales de este año y también sobre el sistema ambiental.

El decreto elimina de un plumazo las 34 Corporaciones Autónomas Regionales, que son la autoridad ambiental en las regiones e importantes fortines políticos, y las reemplaza por 17.

Las nuevas Corporaciones las crea de acuerdo a las cuencas hidrográficas, es decir, están delimitadas de acuerdo a los ríos del país y no a las divisiones político-administrativos que tienen las actuales.

También modifica la integración del Consejo Directivo, que es el órgano rector de las CAR, dandole más poder al gobierno central. Mientras hoy de los 13 miembros del Consejo Directivo, dos son delegados del Presidente o el Ministro de Medio Ambiente, de ahora en adelante el gobierno central tendría cinco de 11 miembros.

Aunque el decreto conserva prácticamente todas las funciones que tienen las CAR hoy en día, le agrega otras varias de prevención de desastres.

Y la perla: “el Presidente de la República designará los directores generales de las CAR hasta que se realice la elección correspondiente”. Las CAR actuales entran en liquidación a partir de la firma del decreto, que ordena nombrar un gerente liquidador para acabar de aquí a diciembre con estas entidades. Y las nuevas se crean inmediatamente. Como el proceso de elección del nuevo director tomará un tiempo pues la composición de los consejos directivos que lo eligen cambia en el decreto y es ahora más engorroso, Santos nombrará a los 18 nuevos directores, quien estarán a la cabeza de estas entidades posiblemente durante todo el año electoral.


(Haga click sobre las zonas en azul para conocer el nombre de la CAR y los municipios que quedarán en su jurisdicción)

 


Ver Las nuevas CAR en un mapa más grande


El impacto político


Las CAR actualmente manejan un presupuesto anual de 1,3 billones de pesos, más de la mitad de todas las cesantías del país en un año. El presupuesto que manejan es cuatro veces más que los recursos totales disponibles por el Viceministerio del Ambiente, la Unidad de Parques Nacionales y todos los institutos de investigación adscritos o vinculados a Minambiente, según un estudio de Guillermo Rudas. Casi la mitad de esos recursos están concentrados en la Corporación de Cundinamarca y la CVC (ver presupuesto).

De esta plata, solo entre el 10 y el 15 por ciento es parte del Presupuesto de la Nación. El resto lo aportan principalmente los municipios por una tasa sobre el impuesto predial y los generadores de energía por una tasa sobre las ventas brutas de energía eléctrica.

Con este presupuesto, con capacidad para hacer inversiones locales en acueductos y alcantarillados y otras obras ambientales, y con una nómina respetable, las CAR son fortines burocráticos apetecidos. Lo son tanto que, como lo explicó una nota de La Silla Vacía ayer sobre Risaralda, cada elección del director de la CAR mueve las aguas de la política local. En un año electoral, cerrar las corporaciones actuales, y nombrar los directores desde el nivel central le da al presidente Santos una injerencia en la política regional de grandes proporciones.

Sin embargo, y más aún después de la tragedia invernal en donde los medios han puesto en evidencia las falencias de las CAR para prevenir las inundaciones, la medida de Santos será muy popular y bien recibida en los círculos de opinión nacional. Otra cosa es que sea conveniente.


El impacto ambiental


Guillermo Rudas, una de las personas que más sabe del tema y de la institucionalidad ambiental en Colombia analizó el decreto y en líneas generales dijo a La Silla Vacía que la intención del decreto es buena y que la filosofía de crear las CAR alrededor de las cuencas hidrográficas fue precisamente la filosofía que inspiró inicialmente la ley 99 de 1993, mediante la cual se creó el Sistema Nacional Ambiental.

Finalmente no quedó así porque en la negociación de la ley en el Congreso, los senadores y representantes exigieron que las corporaciones, cuya principal función es regular el uso del agua, respondieran a criterios más políticos que ambientales y entonces lo de las cuencas se perdió. Con esta reforma, se recuperaría el espíritu original y “quedaría mucho mejor distribuido el presupuesto entre las regiones, por agrupar las actuales corporaciones en unas pocas con mucha más cobertura regional”, dice Rudas.

El experto también exalta que el Gobierno nacional tenga ahora control del Consejo Directivo por tener casi la mitad de los miembros y por ende, del nombramiento del Director pues eso le da mayor control sobre las decisiones presupuestales.

Sin embargo, Rudas le critica al decreto que no resuelva el principal problema que tienen las corporaciones: el ser juez y parte como autoridad ambiental. Es decir, las Corporaciones ejecutan un presupuesto haciendo obras, acueductos o reforestación sin ninguna vigilancia ni control por parte del Gobierno y con escaso control de la Contraloría. Todo esto porque son “autónomas” según la Constitución. Esto crea un conflicto de intereses que lleva a varios abusos como los señalados en la W en los últimos días.

Y en todo caso, si bien las CAR han fallado y tienen una parte de la culpa en la tragedia ambiental, el gobierno central tiene gran responsabilidad. Las carreteras y muchos megaproyectos se hacen sin licencias ambientales, y lo que es más grave, no hay quién ordene el territorio nacional. Al final, es el viceministerio de Vivienda el que decide el uso del territorio, y no precisamente según criterios ambientales. Lo más grave es que en la nueva división de ministerios, esta facultad del ordenamiento territorial sigue en manos del Miniterio de Vivienda y no del de Medio Ambiente, como lo ha señalado la experta en el tema María Mercedes Maldonado.
 

Minería feliz


“Están tratando de vender el sofá”, dice Rudas. Y más o menos en la misma línea opina Yamile Salinas, quien fue directora del DAMA en Bogotá y lleva años estudiando los temas ambientales. “Este es el golpe más grande que se le puede dar al sistema ambiental del país”, dijo a La Silla Vacía, después de que le enviamos el decreto.

Salinas cree que el decreto debilita el sistema ambiental hasta el punto que lo hace irrelevante por lo menos durante un año, precisamente cuando se prevee el auge minero, se planean varias carreteras y despegan los proyectos agroindustriales en zonas como la Altillanura de la Orinoquía.

Sus argumentos son dos. El primero tiene que ver con las funciones adicionales que le asignan a las corporaciones de prevención de desastres. Como estos decretos son expedidos en ejercicio de las funciones excepcionales otorgadas por los decretos de emergencia, una parte importante gira alrededor de las nuevas funciones de prevención de emergencias que deben cumplir las corporaciones. “Cuando le introducen en el artículo 6 que hagan parte del sistema de prevención de desastres, se desnaturaliza el sistema ambiental”, dice Yamile Salinas.

El Plan de Desarrollo es explícito en que Colombia no tiene la capacidad ambiental para enfrentar las locomotoras, sobre todo la minera. No existe el sector ambiental que soporte lo que viene, dice el Plan. Y si ya en esa situación precaria, más precaria luego de que durante el gobierno de Álvaro Uribe se le quitó presupuesto al sector ambiental y se desmontó el Ministerio, no solo se le asignan más funciones a estas entidades sino que se meten en un proceso drástico de transición, el golpe para el sector es grande.

Durante todo este año, considera Salinas, se corre el riesgo de perder los expedientes, los funcionarios dejan de cumplir su función por cuidar su puesto o buscar otro, etc, lo que permitirá que las empresas mineras se extiendan por el territorio sin ningún control ambiental.

Además, considera ella, la experiencia de Cormagdalena, organizada alrededor de la cuenca del Río Magdalena, demuestra que la delimitación alrededor de las cuencas no soluciona el problema de unas corporaciones que como otras instituciones del Estado han sido infiltradas por los paramilitares, o por la corrupción.

“Todos queremos reformar a las CAR, pero no así. Primero revivamos el Ministerio de Medio Ambiente, y luego hagamos las reformas paulatinas”, dice.

Este decreto todavía no está firmado, y por lo tanto, podrá mejorarse hoy en el Consejo de Ministros.

Nota de la Editora: El presidente Juan Manuel Santos dijo hoy en Apartadó que por tener origen constitucional no es posible liquidar las CAR, como lo proponía el borrador de reforma que reveló hoy La Silla Vacía. Pero reiteró que la intención del Gobierno es liquidarlas para hacerlas “más eficientes y compatibles con la misión para la cual fueron creadas”. Y que para ello tendrán en cuenta cuáles de las CAR funcionan bien y cuáles no.

Nota de la Editora Enero 21 3 p.m.: En una reunión que acaba de terminar en Palacio, decidieron que no acabarán con las CAR como estaba planteado el borrador de decreto sino que fusionarán algunas CAR en las zonas más afectadas por el invierno. La presión de las corporaciones regionales fue grande sobre el Gobierno.

Imagen mapa: 
Imagen portada: